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En el mes de junio anterior, se llevaron a cabo diversos encuentros entre legisladores, académicos y especialistas para discutir sobre una reforma electoral que redefina algunas reglas del juego democrático para fortalecer este régimen de gobierno que nos hemos dado los mexicanos. En ese sentido, vale la pena recuperar una de las propuestas que fueron puestas sobre la mesa de análisis, relacionada con la posibilidad de implementar en un futuro la denominada urna electrónica. Esta manera de recibir la votación ha sido llevada a la práctica en otras latitudes a nivel mundial (Estados Unidos, Filipinas, Francia y Corea del Sur) así como nacional (Ciudad de México, Coahuila y Jalisco). Se trata de un modelo de votación que consiste en el diseño y programación de una máquina en la que el ciudadano, de manera virtual, elija la opción de su preferencia en una boleta que se despliega electrónicamente en una pantalla como la de una computadora.

Esta forma sencilla de interacción de un elector ha presentado varias bondades en los lugares en que se ha puesto en práctica. Una de ellas es, sin duda, el ahorro en la producción de material impreso (boletas) que, al menos en las elecciones en nuestro país, no se utilizan al cien por ciento debido a los niveles de abstencionismo presentes. Así, la urna vendría no sólo a facilitar la emisión de un sufragio sino también a incidir positivamente en cuestiones medio ambientales y financieras de los organismos electorales responsables de organizar los comicios.

Otra faceta positiva es que, ya que se trata de un sistema operativo computarizado, los votos empiezan a ser contados en el momento mismo en que son enviados a la base de datos, lo cual genera que en tiempo real se tengan las tendencias de votación, agilizando el cómputo de los mismos. Como es sabido, en el caso mexicano, los votos se cuentan una vez que ha cerrado la casilla el día de la jornada (regularmente a las 18:00 hrs.); en algunas experiencias anteriores, se observó que este procedimiento tardaba horas especialmente cuando se trataba de elecciones concurrentes. En ese sentido, la utilización de la urna electrónica ahorraría tiempos y esfuerzos humanos para dar a conocer el sentido del voto ciudadano, abonando a la certeza del proceso.

Si bien lo anterior puede dar una idea de que la urna resolvería algunos problemas detectados en elecciones recientes, hay otras perspectivas que disminuyen el valor práctico que tiene. Por ejemplo, si se aplicara en el Estado de México, se requeriría de un gran esfuerzo logístico para la instalación de al menos una casilla en distritos urbanos o semi urbanos representativas de las más de 19 mil que ordinariamente se instalan. Además, considerando que nuestra geografía presenta áreas de difícil acceso –como por ejemplo el sur de la entidad-, es probable que haya electores a quienes no llegue esta modalidad de voto. Aunado a lo anterior, puesto que se trata de un sistema informático, se requiere de una óptima conectividad a internet para que se alimente sin contratiempos la base de datos y es de dominio público que hay zonas en el país en que se reportan constantes fallas en la red.

Otro aspecto no menor tiene que ver con la confianza ciudadana en este tipo de herramientas. En efecto, una característica sociocultural de nuestro país es que vemos con ciertas dudas las innovaciones tecnológicas puestas al servicio de los procesos electorales. Baste con recordar los inicios del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) que fue cuestionado por no arrojar información de manera rápida lo cual derivó en cuestionamientos hacia él. Una situación similar podría registrarse con la urna electrónica con mayor énfasis si se tratan ya no de cifras extra oficiales sino de resultados al momento.

Además, para garantizar la inviolabilidad del sistema (es decir, que no se corra el riesgo de intromisiones o ataques cibernéticos) se deberían procurar servidores, respaldos virtuales y demás medios para que la base de datos no se vea comprometida durante toda la jornada. En ese sentido, también implicaría una inversión importante considerando que los desarrollos tecnológicos en estos ámbitos suelen ser elevados en costos.

Con todo, la propuesta reviste de gran importancia especialmente en nuestro contexto político-electoral en donde el reclamo constante de la ciudadanía es que los resultados sean transparentes, confiables y certeros. La incorporación de tecnologías a las elecciones no es algo desconocido en México, sin embargo, hace falta trabajar para que los procesos de renovación de cargos públicos en los diferentes ámbitos gocen de toda la credibilidad posible y atraigan a más electores, sobre todo del sector juvenil que pueden ver en esta modalidad algo más cercano a sus formas de interacción cotidiana. Si la urna cumple con el objetivo, habrá sido una óptima incorporación al sistema electoral y a la democracia misma.

¡Hasta la próxima!

Hace seis años tuve el honor de ser designado como Consejero del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM). El encargo que estoy por concluir este próximo 30 de septiembre ha sido una experiencia grata e interesante por la diversidad de temas y asuntos en los que, de manera directa e indirecta, tuve el gusto de conocer y colaborar. A partir de la reforma electoral del 2014, la relación entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el IEEM se estrechó a tal punto que durante los tres procesos electorales en los que participé desde la Consejería pude apreciar la solidez del diseño institucional, la vigencia de las reglas de juego de competencia democrática y el interés ciudadano por contar con elecciones limpias y confiables.

Así, por ejemplo, durante los procesos 2014-2015 y 2017-2018 en los que se renovaron ayuntamientos y el Congreso local, los esfuerzos del Instituto se volcaron a aplicar las nuevas reglamentaciones y directrices emanadas del INE. Esta tarea se volvió un reto para todos quienes organizamos dichos comicios pues recién estábamos adaptándonos a los cambios producto del esquema de coordinación entre autoridades electorales nacionales y estatales. En ese sentido, vale la pena destacar que las discusiones en reuniones, comisiones, así como las propias del Consejo General, siempre tuvieron el ánimo crítico pero a la vez constructivo en aras de ofrecer a la ciudadanía certeza en los procesos. Estoy seguro que desde la pluralidad de opiniones se construyen mejores acuerdos.

Aprovecho este espacio para reconocer el trabajo y la dedicación de mis compañeros integrantes del Consejo, así como las representaciones de los partidos políticos pues a través del diálogo y la deliberación conjunta, pudieron salir adelante todos los retos a los que constantemente se enfrenta una institución. Entre algunos desafíos a los que hubo que hacer frente estuvieron la implementación del voto de los mexiquenses residentes en el extranjero, modalidad que por primera vez se llevó a cabo para la elección ordinaria de Gobernador en el 2017. De igual manera, y sabedores de que el Estado de México es la entidad con mayor número de electores en la República, fue fundamental apuntalar los trabajos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y el Conteo Rápido para garantizar la mayor transparencia y dar certidumbre de las tendencias de la votación en 2015, 2017 y 2018.

Por otro lado, y derivado de las constantes transformaciones sociales en las que estamos inmersos, el IEEM se dio a la tarea de sumarse a la agenda a favor de la participación de la Mujer en el ámbito público. En ese sentido, se alentó una visión renovada del papel de las mujeres en la arena política; resultado de ello y al aplicar con criterio de equidad las reglas de la contienda democrática, es que tanto ayuntamientos como la legislatura están integradas equilibradamente entre hombres y mujeres lo cual supone un avance en la Paridad de Género.

Es indudable que el quehacer del IEEM es fruto del profesionalismo y capacidad de todos quienes aportan su granito de arena para fortalecerlo. Desde aquí quiero manifestar mi reconocimiento a todas las áreas y unidades del Instituto con quienes tuve el privilegio de trabajar, mexiquenses con un alto grado de responsabilidad sabedores que el anhelo de consolidar la ruta democrática en la entidad es una meta que se logra diariamente entregando todo de sí. Deseo la mejor de las suertes a quienes estarán incorporándose como nuevos Consejeros Electorales, pues en sus manos está el cuidado de una institución fundamental para la entidad.

Por último, quiero agradecer a los lectores que durante este tiempo hicieron el favor de prestar su atención a esta columna. Que el intercambio de ideas, de argumentos, sea la tónica que distinga a la ciudadanía mexiquense que sigue construyendo una alentadora ruta democrática.

¡Hasta pronto! 

En días recientes salió a la luz una obra editorial que aborda los más recientes comicios en la entidad desde diferentes perspectivas. Se trata de un esfuerzo colectivo en el que participaron las y los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), así como de docentes cuyas líneas de investigación se centran en el sistema electoral y de partidos, así como en el proceso de democratización.

“El Estado de México a la luz de los procesos electorales de 2017 y 2018: una mirada compartida”, editado por el IEEM en colaboración con la española Tirant LoBlanch, es un primer esfuerzo por sintetizar las miradas de las autoridades electorales que tienen un acercamiento directo con la organización de los procesos comiciales, con aquellas voces que, desde la academia, han estudiado a profundidad los cambios que se han registrado en la arena político-electoral mexiquense en los últimos años.

El libro se divide en dos partes: en la primera, las y los consejeros electorales desarrollan temas diversos que dan cuenta de un panorama amplio sobre la vida democrática en la entidad. Así, por ejemplo, en el primer capítulo se desglosa la evolución que han tenido las candidaturas independientes desde que esta figura se permitió luego de la reforma de 2014 y de qué forma ha incidido o funcionado en el sistema político local. En esa misma línea, el segundo apartado explora cómo ha avanzado la paridad de género en las planillas de ayuntamientos y la conformación de la legislatura estatal, destacando que a la fecha casi se ha logrado que los espacios de representación política estén integrados en una proporción de 50-50.

Un tercer texto analiza el impacto de la estrategia institucional de promoción de la participación ciudadana, lo cual se ha convertido en una herramienta que, a través de charlas, conferencias, foros, entre otras actividades, ha incrementado de manera importante la asistencia de ciudadanos en las jornadas electorales. Seguido de lo anterior, el cuarto capítulo indaga sobre la elección consecutiva en el Estado de México, ofreciendo datos interesantes que permiten observar que aún no se han experimentado numerosos casos tanto a nivel municipal como en el ámbito legislativo.

Los últimos dos capítulos de esta sección se enfocan a desmenuzar aspectos técnico-operativos que se llevan a cabo antes, durante y después de una elección. El primero de estos textos presenta una descripción pormenorizada de cómo funcionan los órganos colegiados del IEEM (comisiones, comités, etc.), dando cuenta de una complejidad que, aún cuando no está a la vista del electorado, es fundamental para lograr una adecuada jornada electoral. Finalmente, el segundo capítulo detalla el funcionamiento del Programa de Resultados Electorales Preliminares y el Conteo Rápido, que son los mecanismos estadísticos previstos en la legislación que sirven para dar a conocer de forma ágil el avance en el cómputo de los votos en una elección.

La segunda parte de la obra está conformada por cuatro colaboraciones de especialistas investigadores de universidades de alto prestigio, que se han dedicado a estudiar y explicar los cambios políticos a nivel local. Así, un capítulo examina el peso que ha ejercido la violencia en los últimos procesos electorales que, a decir del autor, supone una amenaza latente para el sistema político mexiquense. Desde otro ángulo, también se aborda cómo las diferentes expresiones de violencia inciden en aspectos nodales como la selección de candidatos a puestos de elección popular.

Las aportaciones restantes realizan una radiografía puntual sobre el perfil del votante mexiquense y el rumbo que se empieza a configurar en la entidad luego de los resultados electorales de 2018, teniendo como mira una posible alternancia en el poder Ejecutivo estatal. Ambos textos son complementarios pues de ellos se desprende información valiosa para comprender los escenarios bajo los cuales se dan la participación del electorado según criterios sociodemográficos o, incluso, por preferencias partidistas.

En suma, se trata de un libro cuyo contenido es de gran interés tanto para estudiosos de la materia electoral como para el público en general. Si bien es apenas un primer paso para integrar visiones sobre un mismo fenómeno, también constituye un ejemplo claro de cómo es posible generar sinergias analíticas entre academia y autoridades electorales.

¡Hasta pronto!

El año que corre ha resultado ser de múltiples cambios en todos los órdenes, basta con subrayar lo que originó la propagación del COVID-19 que alteró la dinámica de millones de personas alrededor del mundo. En nuestro país, quizás como en ningún otro, las repercusiones de este virus impactaron hasta en el propio sistema electoral y de partidos. En efecto, conviene recordar que se tenían programadas elecciones locales en Coahuila e Hidalgo y que, debido a esta contingencia, el Instituto Nacional Electoral (INE) decidió aplazarlas hasta que se contaran con el mínimo de garantías para la ciudadanía de que se realizarían en un entorno sin riesgos para la salud.

En ese contexto, se ha abierto un intenso debate en la opinión pública acerca del papel que juegan varios organismos autónomos incluidos, desde luego, aquellos que forman parte de la estructura del régimen político-electoral mexicano: tanto el INE como las autoridades electorales en cada entidad federativa. Cabe señalar que estas instituciones surgieron luego de la reforma constitucional de 2014 que dotó de nuevas atribuciones al INE y ordenó un nuevo esquema de coordinación con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE’s).

Esta nueva forma de interacción entre organismos electorales ha venido funcionando de manera regular y respondido de manera eficaz en los procesos de renovación de poderes federales y estatales. Así, se puede decir que fungen como columna vertebral del sistema político-electoral en tanto que garantizan el derecho a votar y ser votado, además de otros aspectos centrales como el aliento de la participación ciudadana, la vigilancia sobre el actuar de los partidos políticos, el buen desarrollo de comicios y un conjunto de tareas que son visibles para todos los mexicanos.

Las consideraciones anteriores no son menores, tomando en cuenta que se trata de elementos sin los cuales no podríamos entender el proceso de democratización que estamos viviendo en el país. Si bien este ha sido un camino largo y a veces lento, no hemos dejado de avanzar en la ruta que nos lleva hacia escenarios de instituciones sólidas, de elecciones confiables, de actores políticos que se conducen bajo la lupa ciudadana, de nuevas formas de interlocución entre gobernantes y gobernados. En suma, tanto el INE como los OPLE’s son engranes de una maquinaria que, hasta ahora, no ha dejado de moverse buscando la consolidación de la democracia.

Por ello, vale la pena reflexionar sobre la importancia que tienen nuestros organismos electorales, más en momentos críticos en que los cambios sociales y políticos se han visto acelerados por causas externas como la pandemia que actualmente padecemos. Se trata, entonces, de dimensionar en su justa medida el por qué de su existencia y cuál es nuestra responsabilidad ciudadana de dotarles con credibilidad para que sigan funcionando como hasta ahora.

No se puede olvidar que a lo largo de estos seis años en los que se decidió tener nuevas reglas del juego electoral, ha habido momentos de duras críticas a su rol de árbitros en los comicios pero también de reconocimiento plural por parte de actores y partidos políticos que han visto con buenos ojos el desempeño de las autoridades electorales. Un ejemplo claro de ello fue el caso de las elecciones de 2018 que fueron de las más complejas que se tengan registro porque en ellas coincidieron tanto la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo federales como numerosas gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos.

Dicho antecedente es relevante porque, de cara a los procesos electorales del próximo año -federales para renovación de la Cámara de Diputados y estatales para elegir quince gubernaturas, varias legislaturas locales y nueva integración de cabildos municipales- es imprescindible continuar la ruta democrática que nos hemos dado, bajo los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, máxima publicidad que son, en esencia, los pilares sobre los que descansa la credibilidad de las instituciones electorales.

En suma, se trata de consolidar nuestros mecanismos de renovación de poderes a través de un seguimiento puntal tanto de los partidos políticos como de las propias autoridades, quienes en última instancia han garantizado desde su origen la vigencia del sistema político y de la misma democracia.

¡Hasta la próxima!

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó como pandemia el brote de coronavirus COVID-19, por la cantidad de casos de contagio y de países involucrados y emitió una serie de recomendaciones para su control.

Ajustándose a dicha determinación, el 31 de marzo de 2020 la Secretaría de Salud de la Federación, dictó medidas para atender la emergencia sanitaria generada por el virus que han venido implementado los sectores público, social y privado entre las que destaca “la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional”.

En ese contexto y dadas las condiciones que imperan en el país, al estar implementada la fase 2 de la contingencia (acorde a las recomendaciones de la OMS), se fijaron medidas de prevención tañes como la prohibición de reuniones públicas de cualquier tipo y sobre todo evitar que la población en general salga de sus domicilios para evitar la propagación del virus.

Estas acciones impactaron en todos los ámbitos, incluidos el político-electoral. En efecto, la crisis de salud generó que las autoridades administrativas electorales plantearan la posibilidad de suspensión de los procesos electorales en Coahuila e Hidalgo, que se celebrarían en junio de este año y en los que se disputarían más de 100 cargos públicos (entre ayuntamientos y diputaciones locales). La razón de lo anterior fue que no era posible el llevar a cabo, en condiciones de normalidad, varios de los actos relacionados con la preparación de la jornada electoral e, incluso, la celebración de la misma puesto que, en caso de continuarlas, implicaría una movilización importante de personas que violaría las indicaciones de las autoridades sanitarias.

En ese contexto, resultaba evidente la imposibilidad de continuar con el desarrollo de las actividades logísticas previas a la elección, entre las que destacan las relativas a la capacitación y selección de ciudadanas y ciudadanos que conformarán las mesas directivas de casilla, los trabajos encaminados a la conformación y distribución de los paquetes electorales o la campaña electoral en sí misma, que comúnmente implica actos públicos en las localidades y que generan congregación de personas. El conjunto de actividades enlistadas implica, en condiciones ordinarias, contacto físico y la salida de personas lo cual, bajo las restricciones actuales violaría las medidas de prevención y contención del virus.

Con todo lo anterior, y teniendo como referente la reforma electoral de 2014, que estableció una nueva forma de estructurar el entramado institucional y dotó de facultades al Instituto Nacional Electoral (INE) para atraer a su conocimiento facultades reservadas a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), el pasado 01 de abril el Consejo General del INE resolvió posponer la celebración de la jornada electoral del 7 de junio de 2020 tanto en Coahuila como en Hidalgo, a efecto de que se lleve a cabo preferentemente entre finales del mes de julio o durante agosto de este año, siempre y cuando así lo permitan las condiciones sanitarias y las medidas de emergencia dictadas por las autoridades competentes.

Esta decisión se tomó con el objetivo de privilegiar la debida y oportuna organización de los comicios para la integración de los órganos estatales a renovarse puesto que, por ahora, es materialmente imposible continuar las actividades propias de los procesos electorales locales. En el fondo, se trata de proteger la integridad de la población en general, así como de los ciudadanos inmersos en el desarrollo de dichos procesos.

Finalmente, es oportuno señalar que el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) también ha implementado medidas para prevenir la transmisión y propagación del COVID-19, destacándose entre ellas la estrategia de guardias de los servidores públicos electorales para garantizar que la operación general del Instituto no se detenga. De esta forma, quienes laboramos en esta institución, coadyuvamos a disminuir la propagación del virus en beneficio de nuestras familias y la sociedad mexiquense en su conjunto.

¡Hasta pronto!