Comunicación
Social

El año que corre ha resultado ser de múltiples cambios en todos los órdenes, basta con subrayar lo que originó la propagación del COVID-19 que alteró la dinámica de millones de personas alrededor del mundo. En nuestro país, quizás como en ningún otro, las repercusiones de este virus impactaron hasta en el propio sistema electoral y de partidos. En efecto, conviene recordar que se tenían programadas elecciones locales en Coahuila e Hidalgo y que, debido a esta contingencia, el Instituto Nacional Electoral (INE) decidió aplazarlas hasta que se contaran con el mínimo de garantías para la ciudadanía de que se realizarían en un entorno sin riesgos para la salud.

En ese contexto, se ha abierto un intenso debate en la opinión pública acerca del papel que juegan varios organismos autónomos incluidos, desde luego, aquellos que forman parte de la estructura del régimen político-electoral mexicano: tanto el INE como las autoridades electorales en cada entidad federativa. Cabe señalar que estas instituciones surgieron luego de la reforma constitucional de 2014 que dotó de nuevas atribuciones al INE y ordenó un nuevo esquema de coordinación con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE’s).

Esta nueva forma de interacción entre organismos electorales ha venido funcionando de manera regular y respondido de manera eficaz en los procesos de renovación de poderes federales y estatales. Así, se puede decir que fungen como columna vertebral del sistema político-electoral en tanto que garantizan el derecho a votar y ser votado, además de otros aspectos centrales como el aliento de la participación ciudadana, la vigilancia sobre el actuar de los partidos políticos, el buen desarrollo de comicios y un conjunto de tareas que son visibles para todos los mexicanos.

Las consideraciones anteriores no son menores, tomando en cuenta que se trata de elementos sin los cuales no podríamos entender el proceso de democratización que estamos viviendo en el país. Si bien este ha sido un camino largo y a veces lento, no hemos dejado de avanzar en la ruta que nos lleva hacia escenarios de instituciones sólidas, de elecciones confiables, de actores políticos que se conducen bajo la lupa ciudadana, de nuevas formas de interlocución entre gobernantes y gobernados. En suma, tanto el INE como los OPLE’s son engranes de una maquinaria que, hasta ahora, no ha dejado de moverse buscando la consolidación de la democracia.

Por ello, vale la pena reflexionar sobre la importancia que tienen nuestros organismos electorales, más en momentos críticos en que los cambios sociales y políticos se han visto acelerados por causas externas como la pandemia que actualmente padecemos. Se trata, entonces, de dimensionar en su justa medida el por qué de su existencia y cuál es nuestra responsabilidad ciudadana de dotarles con credibilidad para que sigan funcionando como hasta ahora.

No se puede olvidar que a lo largo de estos seis años en los que se decidió tener nuevas reglas del juego electoral, ha habido momentos de duras críticas a su rol de árbitros en los comicios pero también de reconocimiento plural por parte de actores y partidos políticos que han visto con buenos ojos el desempeño de las autoridades electorales. Un ejemplo claro de ello fue el caso de las elecciones de 2018 que fueron de las más complejas que se tengan registro porque en ellas coincidieron tanto la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo federales como numerosas gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos.

Dicho antecedente es relevante porque, de cara a los procesos electorales del próximo año -federales para renovación de la Cámara de Diputados y estatales para elegir quince gubernaturas, varias legislaturas locales y nueva integración de cabildos municipales- es imprescindible continuar la ruta democrática que nos hemos dado, bajo los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, máxima publicidad que son, en esencia, los pilares sobre los que descansa la credibilidad de las instituciones electorales.

En suma, se trata de consolidar nuestros mecanismos de renovación de poderes a través de un seguimiento puntal tanto de los partidos políticos como de las propias autoridades, quienes en última instancia han garantizado desde su origen la vigencia del sistema político y de la misma democracia.

¡Hasta la próxima!