Comunicación
Social

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han propiciado cambios significativos en las relaciones de las personas, pues ahora es muy común que la población interactúe a través de las redes sociales o por las plataformas de Internet. Durante la contingencia sanitaria del Covid-19 (coronavirus), los avances tecnológicos han sido una herramienta importante, ya que han permitido que la población continúe con sus actividades laborales o académicas por medio del uso de programas virtuales.

No obstante, las TIC también se han utilizado de manera negativa para agredir a las personas mediante la denominada violencia digital. Esta problemática se ha presentado en la sociedad mexicana; por lo que en el Primer Encuentro Virtual Voces por los Derechos Humanos se abordó el tema En busca de prevenir y erradicar la violencia digital.

En ese espacio, las especialistas en la materia señalaron que tal problemática se ha agravado en México. Para ilustrar la trascendencia del asunto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), por medio del Módulo sobre ciberacoso (MOCIBA) 2019, mostró que “17.7 millones de personas de entre 12 a 59 años que utilizaron Internet fueron víctimas de ciberacoso”[1]. Al desagregar dicha cantidad por sexo, se observa que han sido acosados 8.3 millones de hombres, frente a 9.4 millones de mujeres, es decir, el género femenino es quien más recibió ataques virtuales mediante la difusión sin su consentimiento de videos o fotografías de contenido sexual.

Cabe destacar que la violencia digital puede provocar secuelas psicológicas, emocionales, laborales, profesionales e inclusive políticas en las víctimas. Por tal motivo, la sociedad civil y las autoridades gubernamentales han emprendido acciones concretas para evitar que esta problemática continúe propagándose y para que existan mecanismos de reparación del daño causado a la víctima.

En ese sentido, las panelistas resaltaron que recientemente se reformó el Código Penal del Estado de Colima. En dicho ordenamiento se tipificó la violencia digital, por tanto, a quien trasgreda la norma se le impondrá una pena de cuatro a seis años de prisión y multa de quinientas a mil unidades de medida y actualización (UMA); aunado a ello, en algunos casos la penalidad se agravará hasta ocho años de cárcel si la víctima es menor de edad, o cuando entre el agresor y el ofendido haya existido una relación de matrimonio, concubinato, noviazgo, entre otros supuestos.

Asimismo, en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima se especificó en su artículo 30 Ter que la violencia digital es cualquier acto realizado mediante el uso de materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales, plataformas de internet o cualquier medio tecnológico por el que se obtenga, exponga, distribuya, difunda, exhiba, reproduzca, transmita, comercialice, oferte, intercambie y comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona, sin su consentimiento, que atente contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada de las mujeres o cause daño psicológico, económico o sexual tanto en el ámbito privado como en el público, además de daño moral, tanto a ellas como a sus familias.

Es importante mencionar que, en el Estado de México, también se han adoptado políticas públicas tendentes a garantizar y respetar los derechos de toda la ciudadanía; por eso, se ha legislado para atender y erradicar la violencia digital, la cual se encuentra regulada en los artículos 211 Ter al 211 Quinquies, del Código Penal de la entidad.

Finalmente, es importante señalar que toda la ciudadanía debe sumarse al combate y erradicación de la violencia digital, para lo cual ésta tiene que evitar difundir mensajes, videos o fotografías que dañen la integridad o la vida íntima de las personas.

[1] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Módulo sobre Ciberacoso MOCIBA 2019. Disponible en <https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/mociba/2019/doc/mociba2019_resultados.pdf> Consultada el 19 de mayo de 2020.

El surgimiento de la pandemia del COVID-19 (coronavirus) a nivel mundial ha transformado la vida cotidiana de la población, ya que, para controlar su propagación las autoridades gubernamentales han decidido suspender temporalmente las actividades laborales, académicas, políticas, administrativas, jurisdiccionales, económicas y culturales; dicha medida tiene como finalidad evitar que las personas salgan de sus domicilios y se ponga en riesgo su salud.

En el caso mexicano, el cese de las actividades laborales ha afectado significativamente al género femenino, toda vez que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 28.5%[1] de mujeres son jefas de familia.

De lo anterior, se advierte que un amplio número de mujeres tienen que buscar fuentes de empleo para solventar los gastos de los integrantes de su familia. Aquellas que trabajan de manera informal no perciben un sueldo fijo, es decir, su sustento lo obtienen de las actividades que desempeñan cotidianamente, así que, debido al aislamiento, no tienen la posibilidad de trabajar, lo cual las coloca en un entorno de vulnerabilidad al no percibir los ingresos para alimentar a su familia. Es importante mencionar que este sector de la sociedad tampoco goza de la prestación de servicios médicos; por lo que, si llegara a enfermarse de coronavirus, no podría solventar los gastos clínicos.

Igualmente, las mujeres que se encuentran laborando en el sector formal pueden enfrentar situaciones que transgredan sus derechos laborales como sufrir un despido, o bien, la disminución o negativa del pago de su salario. Por ello, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en coordinación con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo han abierto el sitio web https://procuraduriadigital.stps.gob.mx/, con la finalidad de que las mujeres reciban la orientación legal mientras dura esta crisis sanitaria.

Aunado a ello, con el aislamiento en casa es posible que sea un espacio de riesgo en cuanto a violencia se refiere. En efecto, ya que a través de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016, se detectó que el 40.1%[2] de las mujeres han sufrido violencia emocional en sus casas. Esto significa que durante el confinamiento se puede incrementar la violencia de género, dado que estas se encuentran conviviendo más tiempo con su agresor. Ante esta situación, las autoridades gubernamentales han dispuesto que en “el número 911 se reciban y atiendan las llamadas de emergencias relacionadas con distintos tipos de violencia, como: abuso sexual, acoso u hostigamiento sexual, violación, violencia de pareja y familiar”[3].

Ahora bien, las mujeres que se enfrentan a dicho entorno, igualmente pueden recurrir a organizaciones civiles que tienen refugios para víctimas de violencia intrafamiliar, en los que podrán encontrar ayuda psicológica, legal y médica. Debe destacarse que las autoridades gubernamentales han emitido los Lineamientos de operación del programa de apoyo para refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos, para el ejercicio fiscal 2020. Esta acción tiene como propósito que dichos centros continúen ayudando a las mujeres que así lo requieran.

Otra realidad que ha evidenciado la pandemia es la discriminación de la que han sido víctimas las mujeres que laboran en el sector salud, pues se cree de manera errónea que se han infectado de coronavirus por prestar sus servicios en los hospitales y, en consecuencia, que pueden propagar la enfermedad entre la población. Esta situación no debe alentarse, por el contrario, es indispensable que en estos momentos se reconozca el trabajo que realizan en las instituciones de salud.

En conclusión, es pertinente invitar a las autoridades gubernamentales, partidos políticos y a toda la ciudadanía a crear lazos de solidaridad, con el fin de evitar que los derechos humanos de las mujeres sean vulnerados durante la contingencia sanitaria. De igual modo, es importante que las mujeres tengan la seguridad de que no están solas para enfrentar a sus agresores, sino que sepan y se informen sobre las acciones que han implementado las autoridades gubernamentales para ayudarlas a obtener recursos económicos, legales, médicos y laborales, en el ánimo de romper con el circulo de la violencia de género del que son objeto.

[1] Información obtenida de la Encuesta Nacional de Hogares 2017, la cual efectuó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Disponible en <https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enh/2017/doc/enh2017_resultados.pdf> Consultada el 14 de abril de 2020.

[2] Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016. Disponible en <http://bdsocial.inmujeres.gob.mx/index.php/endireh/17-acervo/acervo/361-encuesta-nacional-sobre-la-dinamica-de-las-relacones-en-los-hogares-endireh-2016> Consultada el 16 de abril de 2020.

[3] Información disponible en <https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/servicios-de-atencion-a-mujeres-en-situacion-de-violencia-de-los-estados?idiom=es> Consultada el 14 de abril de 2020.

La democracia mexicana se caracteriza por celebrar elecciones libres y periódicas, esto permite que las y los ciudadanos a través de su voto elijan a los integrantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y del ámbito municipal, es decir, por medio del sufragio legitiman a quienes desempeñarán un cargo de elección popular.

Atendiendo lo anterior, el 7 de junio del año en curso se iba a llevar a cabo la jornada electoral, para que la ciudadanía del estado de Coahuila eligiera diputadas y diputados; en tanto que las y los electores de la entidad de Hidalgo votarían por la integración de sus ayuntamientos; pero debido a la crisis sanitaria que se vive a nivel mundial por el surgimiento y propagación de la pandemia del COVID-19 (coronavirus), ha sido necesario que las autoridades comiciales suspendan temporalmente las actividades de dichos procesos. Esta medida tiene como finalidad evitar que la población se contagie y ponga en riesgo su salud.

Dicha situación no solo impacta en los comicios de este año, sino también en los procesos futuros, por lo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) organizó de forma virtual la Mesa Elecciones 2021 ¿Qué retos y cuáles (posibles) soluciones?

En este espacio, las y los ponentes abordaron temas de gran interés como la educación cívica y la participación ciudadana, pues a pesar de la crisis sanitaria, las autoridades electorales se enfrentan al reto de lograr que no se disminuya la participación efectiva de las y los votantes en los próximos comicios. Para ello, es indispensable que el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales establezcan mecanismos innovadores que capten la atención de la juventud y del resto de la ciudadanía, por ejemplo, recurrir al uso de redes sociales para incentivar la participación de las y los electores. 

También, se tocó lo concerniente al empleo de herramientas tecnológicas en las elecciones que permitan a las y los ciudadanos ejercer el derecho al voto desde su domicilio, por consiguiente, una posible solución sería la implementación del voto electrónico vía Internet. No obstante, para integrar este mecanismo al sistema electoral mexicano es preciso tener un marco jurídico que lo regule. Asimismo, se requiere que las autoridades electorales efectúen acciones tendentes a incrementar la confianza del electorado a fin de que las y los ciudadanos tengan la certeza de que su sufragio será contabilizado y respetado en los resultados. 

Otro aspecto fundamental a destacar de la mesa virtual es la inminente modificación de la logística y de los calendarios electorales, dado que están restringidos los eventos masivos. Por tanto, las autoridades electorales deben planear estrategias para desarrollar actividades colectivas no presenciales; un área de oportunidad estará presente en la capacitación de los funcionarios de las mesas directivas de casilla, en la cual pueden optar por el empleo de cursos virtuales que permitan a dichos funcionarios adquirir los conocimientos para desempeñar su cargo.

En suma, la crisis sanitaria ha provocado que se transforme la organización de los procesos electorales; toda vez que, para mantener la estabilidad democrática del país, las autoridades electorales se encuentran diseñando mecanismos virtuales que permitan armonizar las actividades de los comicios en curso y los que se efectuarán el próximo año.

El 06 de junio del año 2019, las y los legisladores federales reformaron la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Para establecer que a nivel federal, local y municipal debe prevalecer el principio de paridad entre los géneros. Esta acción es significativa, ya que, ahora en los organismos autónomos como en las candidaturas de representantes de ayuntamientos en los municipios con población indígena, los espacios deben ser ocupados por 50% mujeres y 50% hombres. Derivado de lo anterior, el género femenino tendrá mayor participación en la esfera pública.

Otra acción relevante es que las autoridades gubernamentales generen espacios en los cuales se aborden temas como la transparencia y la rendición de cuentas; dado que si las mujeres acceden a la información pública que generan o tienen en su posesión las instituciones, estarán mejor informadas sobre la gestión gubernamental y, con ello, podrán evaluar las políticas públicas implementadas y el desempeño de los servidores públicos.

En este sentido, el 13 de marzo del año en curso, el Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM) y el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) celebraron el encuentro denominado “Mujeres Mexiquenses: su participación en la política y el acceso a la información pública”.

En este evento, las y los ponentes destacaron las acciones que se han implementado para favorecer la inclusión de las mujeres en la democracia mexiquense; por ejemplo, el IEEM se ha preocupado por divulgar información con una perspectiva incluyente. Muestra de ello son las traducciones a las lenguas mazahua y otomí de las Guías para la presentación de las solicitudes de Acceso a la Información Pública y de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de los Datos Personales ante el IEEM, así como los formatos de solicitudes de Acceso a la Información Pública y de Derechos ARCO.

Con dicha medida, las personas indígenas podrán acceder a la información en materia electoral y, con ello, contribuir en su formación y liderazgo político. También, aquellas mujeres que no saben leer ni escribir, tienen a su alcance cápsulas y videos institucionales que se difunden a través de las redes sociales mediante los cuales se promueve el ejercicio del derecho de acceso a la información pública con el que cuentan. 

Otra acción del IEEM en favor de las mujeres fue la creación de la Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación. Este órgano se encarga de supervisar que los partidos políticos cumplan con el principio de paridad de género en la postulación de las y los candidatos, así como velar para que las mujeres mexiquenses que participen en los procesos electorales no sean discriminadas ni violentadas y, en caso de darse esta situación, asesorarlas para que se repare la violación a sus derechos. 

De igual forma, la autoridad comicial mexiquense ha establecido una encuesta de satisfacción sobre la disponibilidad y accesibilidad de la información que se acompaña con una evaluación de calidad sobre la atención a solicitudes de derechos ARCO. Esto permite medir la frecuencia en la que acceden las mujeres a la información pública del organismo electoral, toda vez que dicha encuesta y sus resultados se encuentran publicados en la página oficial del IEEM.

Finalmente, es importante que toda la sociedad se sume a los esfuerzos que está realizando el IEEM; porque solo así se podrán derribar las barreras que aún impiden el acceso de las mujeres a los espacios de toma de decisiones.

Actualmente, los avances tecnológicos como la radio, televisión, telefonía, computación, Internet, teléfonos inteligentes, entre otros, han favorecido la evolución de la comunicación entre las personas, ya que el intercambio de información se puede realizar desde cualquier parte del mundo en tiempo real.

En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para el año 2018, el 44.9% del total de los hogares mexicanos tenían por lo menos una computadora; además, en cuanto al uso de la Internet, se reportó que el 52.9% de la población se conecta a dicha red. Esto significa que un porcentaje importante de la ciudadanía mexicana puede acceder a las tecnologías de la información y comunicación (TIC).

Ante la nueva realidad tecnológica, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha decidido implementar estas tecnologías, mediante el voto electrónico en el 10% de las casillas que se instalarán en los procesos electorales locales de los estados de Coahuila e Hidalgo, los cuales se celebrarán este año. En la primera entidad, se elegirán 16 diputaciones de mayoría relativa y 9 de representación proporcional, mientras que, en el segundo estado, se renovarán 84 ayuntamientos.

En dichos comicios se emplearán las urnas electrónicas, las cuales han sido diseñadas con un sistema accesible y fácil de utilizar, lo que permitirá que la ciudadanía ejerza plenamente su derecho al sufragio. Asimismo, debe destacarse que los votos emitidos a través de este mecanismo serán vinculantes y, por ello, el INE ha establecido los lineamientos para regular el uso de la urna electrónica con la finalidad de salvaguardar la secrecía del voto, así como evitar que sean alterados los resultados de la elección.

Por otra parte, el INE ha señalado que el uso de la urna electrónica en los ejercicios democráticos tiene varias ventajas, por ejemplo, facilitará el trabajo de las personas que integran la mesa directiva de casilla, puesto que ya no será necesario llenar el acta de escrutinio y cómputo, ya que los resultados se imprimirán automáticamente.

Incluso, con la implementación del voto electrónico, la ciudadanía conocerá más rápido los resultados de la elección, toda vez que el Capacitador Asistente Electoral (CAE) deberá transmitir los resultados desde la casilla. Para tal efecto, el INE usará códigos bidimensionales que colocará en las actas correspondientes.

Por otra parte, el Instituto Electoral de la Ciudad de México empleará el voto electrónico en la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021; en ambos casos, se utilizarán dos modalidades de voto digital; la primera, se hará a través de una aplicación que podrá instalarse en los dispositivos móviles que utilicen los sistemas operativos iOS y Android; la segunda, se efectuará por medio de la instalación de mesas receptoras de votación y opinión, las cuales serán equipadas con tabletas que dispondrán de una boleta virtual. Es importante mencionar que esta última modalidad solo se llevará a cabo en las alcaldías de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo de esta ciudad.

En conclusión, los mecanismos electrónicos que se utilizarán en los procesos electorales los harán más eficaces y se reducirán los costos de los materiales comiciales. De igual modo, permitirán que la estabilidad imperante en el sistema democrático mexicano transite del voto tradicional al electrónico, pues la tecnología está presente en todos los ámbitos y niveles de gobierno; instituciones públicas y privadas, así como en el entorno social.