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La celebración periódica y pacífica de las elecciones permite que la ciudadanía ejerza de manera libre y plena su derecho de votar por quienes serán sus representantes ante los Poderes Ejecutivo y Legislativo, tanto a nivel federal como estatal y en el gobierno municipal. De ahí la importancia de que las autoridades electorales establezcan reglas claras antes de iniciar los procesos electorales, con ello se garantiza el desarrollo y vigilancia de los comicios, así como la equidad en la contienda.

Actualmente, la crisis sanitaria que se vive en todo el mundo ha modificado la organización de las elecciones; por tal motivo, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) llevó a cabo la Mesa de análisis: La pandemia COVID-19 y sus efectos en el Estado constitucional y la democracia.

Las y los ponentes señalaron que la propagación de la pandemia del COVID-19 (coronavirus) no sólo afectó la vida cotidiana de las personas, sino que también ha representado un reto en la organización de los procesos democráticos, toda vez que el Instituto Nacional Electoral (INE), en ejercicio de su facultad de atracción, tuvo que suspender temporalmente los comicios en las entidades de Coahuila e Hidalgo y, por ende, se postergó la jornada electoral en esos estados hasta el 7 de octubre del año en curso. La finalidad de esta medida fue prevenir el incremento de los casos de coronavirus entre la población.

En ese contexto, se advierte que la pandemia afectará la administración y gestión en los procesos electorales del próximo año, dado que las autoridades electorales deberán considerar la implementación de acciones tendentes a proteger la salud de la población, del personal de las instituciones comiciales y la de los actores políticos. Por esa razón, es necesario que las actividades se lleven a cabo a través de herramientas tecnológicas y, así, evitar la realización de eventos masivos que pongan en riesgo la salud de la población.

En el foro se destacó que el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) se enfrentan al desafío de garantizar que los 90,036,367[1] millones de ciudadanas y ciudadanos que acudirán a ejercer su derecho al sufragio el 6 de junio del año 2021, lo hagan sin exponer su salud por el coronavirus. Para tal efecto, se requiere que en las 164 mil 500 casillas que se instalarán el día de la jornada electoral se coloque gel antibacterial; que los funcionarios de casilla y los electores utilicen cubrebocas, además, de que se respete la distancia entre las personas que estén en la mesa directiva de la casilla.

Por otra parte, las y los panelistas manifestaron que es indispensable que las autoridades en materia de salud y las electorales trabajen de forma coordinada a fin de que estas últimas tengan datos estadísticos, la tendencia y evolución de la pandemia; pues ello, permitirá que las actividades del proceso electoral se desarrollen de manera eficiente y en el plazo establecido por la normativa comicial.

Otro tema relevante que se abordó fue la afectación a derechos fundamentales a la libertad y al trabajo, pues fue forzoso que la población se resguardara en su domicilio para no contagiarse, esto ha provocado que algunas personas perdieran su empleo, lo cual los ha colocado en situación de vulnerabilidad y pobreza.

Incluso las y los estudiantes han dejado de asistir a clases presenciales y ahora se utilizan plataformas virtuales para adquirir los conocimientos; sin embargo, no toda la población mexicana tiene las posibilidades económicas y sociales de estudiar por medio del uso de las tecnologías de la información, esta situación puede generar una brecha de desigualdad por no tener los recursos para acceder a la educación.

En suma, las autoridades gubernamentales y electorales tienen el compromiso de proteger la salud de las y los ciudadanos, pero las acciones que se lleven a cabo para atender el coronavirus no deben afectar otros derechos como el ejercicio de derechos políticos. Por tanto, se requiere que el INE y los OPLE cuenten con la capacidad y estructura técnica para organizar, desarrollar y vigilar los procesos electorales que están en puerta ante esta adversidad.

[1] Datos obtenidos de la página del Instituto Nacional Electoral (INE) con corte al 27 de marzo del año 2020. Recuperado en <https://www.ine.mx/credencial/estadisticas-lista-nominal-padron-electoral/> Consultada el 23 de septiembre del 2020.

La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 (coronavirus) propició la interrupción de las actividades sociales, económicas educativas y electorales, entre otras, para evitar que se propagara la enfermedad. Ante esa situación, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó ejercer su facultad de atracción, a efecto de suspender temporalmente el desarrollo de los procesos electorales locales en Coahuila e Hidalgo.

Posteriormente, la Secretaría de Salud emitió la estrategia sanitaria a fin de reanudar las actividades esenciales sin poner en riesgo la salud de la población. En ese sentido, el Consejo General del INE consideró que era viable continuar con la preparación y desarrollo de los procesos comiciales de las dos entidades federativas; por tal motivo, estableció el domingo 18 de octubre de 2020, como la fecha para celebrar la jornada electoral en ambos Estados.

Bajo esa consideración, el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de las entidades referidas, ajustaron el Plan Integral y los Calendarios de Coordinación de los procesos electorales 2019-2020. En esta programación se estableció que la reanudación de las actividades sería de forma gradual; esto es, se podría hacer uso de las tecnologías de la información y comunicación con el objeto de evitar la aglomeración de personas.

En ese contexto, el Instituto Electoral de Coahuila implementó el Sistema de Registro de Candidaturas, mecanismo mediante el cual las y los ciudadanos interesados en postularse como candidatos a diputados enviaron su información en el plazo del 26 al 30 de agosto del año 2020. Por su parte, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo diseñó el Sistema Integral de Gestión Administrativa con el que se registraron las planillas de las y los candidatos a miembros de los ayuntamientos en el periodo comprendido del 14 al 19 de agosto del año en curso.

Lo anterior, permitió agilizar, monitorear y evaluar la información de las personas que se postularon a los distintos cargos de elección popular, sin poner en peligro la salud de la población. Por otra parte, con la finalidad de que la ciudadanía confiara en los sistemas de registro, las autoridades electorales de Coahuila e Hidalgo desarrollaron medidas de seguridad, con las cuales se protegieron los datos personales de las y los candidatos.

Es importante señalar que las autoridades electorales también establecieron protocolos de seguridad sanitaria en aras de efectuar la revisión física de los documentos presentados por las y los candidatos, es decir, se dispuso que las áreas comunes y privadas se limpiaran y desinfectaran constantemente para que no hubiera focos de contagio del coronavirus.

Cabe mencionar que las y los ciudadanos que hayan cumplido con los requisitos para ser candidatos, tanto en Coahuila como en Hidalgo, podrán hacer actos de campaña del 05 de septiembre al 14 de octubre del año en curso, pero en las reuniones que celebren deberán respetar la sana distancia entre las personas, usar cubrebocas y lavarse constante las manos con agua y jabón.

En suma, el INE y las autoridades electorales de Coahuila e Hidalgo están trabajando de manera coordinada para que la ciudadanía de estas entidades ejerza plenamente sus derechos político-electorales y, con ello, se garantice el ejercicio del poder público en un contexto democrático y pacífico, sobre todo, se protege la salud de la ciudadanía.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los Organismos Públicos Locales (OPL). Con esta disposición se garantiza que haya equidad en los procesos comiciales y que la ciudadanía ejerza plenamente sus derechos político-electorales, tales como emitir su sufragio o postularse mediante candidaturas a un cargo de elección popular.

De tal manera que, las elecciones deben efectuarse de manera periódica con la finalidad de que el electorado elija democráticamente a quienes asumirán un cargo de elección popular; sin embargo, a partir de la propagación de la pandemia del Covid-19 (coronavirus), ha sido necesario suspender eventos masivos para evitar la propagación de la enfermedad, lo cual ha generado retrasos en los procesos electorales.

En ese contexto, el Instituto Electoral de la Ciudad de México llevó a cabo el conversatorio virtual Voto presencial o remoto: dilemas en el contexto de una pandemia, cuyo objetivo fue analizar los retos y desafíos que enfrentan el INE y los OPL en la organización de los procesos electorales del próximo año, ya que dichas autoridades deben implementar medidas sanitarias durante el desarrollo de las actividades comiciales y en la jornada electoral.

Al respecto, las y los ponentes señalaron que, en el 2014, se presentó una crisis sanitaria en Liberia provocada por “el ébola”; por lo que, las autoridades electorales de ese país, para no poner en riesgo la salud de la población durante la jornada electoral, determinaron colocar en puntos estratégicos los centros de votación y restringir campañas en físico. Este ejemplo podría replicarse en las elecciones del 2020 en Nueva Zelanda (septiembre), Tanzania (octubre), Rumania y Estados Unidos (noviembre) y Ghana (diciembre).

En el conversatorio referido igualmente se comentó que en Estados Unidos se ha planteado la opción de implementar el voto postal en todo el país a fin de prevenir que las personas acudan de manera masiva a los centros de votación. Además, se señaló que en México el voto postal está reconocido únicamente con el propósito de que las y los mexicanos residentes en el extranjero emitan su sufragio en las elecciones para la presidencia de la república, senadurías, gobernaturas de las entidades federativas y la jefatura de la Ciudad de México, siempre que así lo determinen las Constituciones locales.

Debe destacarse que, para desarrollar el voto extraterritorial, el INE y los OPL han contratado el servicio postal para hacer llegar las boletas a los electores que residen en el extranjero, asimismo, las autoridades electorales han tenido que planear la logística en la instalación de los centros de recepción de votos. Este mecanismo se puede aplicar como área de oportunidad ante esta contingencia, lo que podrá ser una solución para el éxito de los procesos comiciales en puerta, en la medida que

esto ayude a contrarrestar los efectos de la pandemia del coronavirus.

Otra modalidad alternativa de votación que se examinó fue el sufragio electrónico, respecto del cual las y los panelistas señalaron que con su implementación se evitaría colocar mesas directivas de casilla a las que acude la ciudadanía de manera presencial, con la finalidad de no poner en riesgo su salud. No obstante, se mencionó que las personas desconfían de este mecanismo al considerar que puede ser utilizado para propiciar un eventual fraude electoral.

Ante este escenario, es indispensable que el INE y los OPL implementen estrategias para generar confianza entre la sociedad en cuanto al voto electrónico, por ejemplo, incluir elementos de seguridad que garanticen que la voluntad de la ciudadanía se respete y no se modifique el triunfo del candidato o candidata.

En conclusión, es elemental que las autoridades electorales y quienes estén inmersos en el ámbito político sumen esfuerzos para lograr que los comicios del próximo año sean exitosos; por tanto, se deben realizar campañas para concientizar a la población de que el voto postal o electrónico tienen como objetivo proteger la salud de las personas y lograr la renovación democrática de los cargos de elección popular.

Las personas de los pueblos y comunidades indígenas; las y los adultos mayores; afrodescendientes; la ciudadanía en prisión preventiva; quienes tienen una discapacidad; integrantes de la comunidad LGBTTTIQ; migrantes; así como los niños, niñas y adolescentes, son grupos de atención prioritaria, porque se encuentran en situación de vulnerabilidad, ya que en muchas ocasiones tienen que superar obstáculos para ejercer plenamente sus derechos.

En virtud de ello, la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente (RENACEDI, AC), se constituyó con la finalidad de implementar mecanismos que contribuyan a la consolidación de una ciudadanía participativa e informada en temas de interés público y electorales. En ese sentido, su finalidad es lograr que los grupos minoritarios intervengan en la vida política, así como en la toma de decisiones del ámbito público.

Desde esta perspectiva, el 19 de julio del presente año, dicha asociación celebró su primer aniversario y refrendó su compromiso de cumplir con sus objetivos, los cuales son: fomentar la capacitación de las y los ciudadanos en temas de la vida pública, al igual que efectuar acciones tendentes a garantizar y potencializar los derechos político-electorales de los grupos en situación de vulnerabilidad.

Es menester puntualizar que, durante esta anualidad, la RENACEDI se ha enfrentado a situaciones complejas debido a la pandemia que provocó el COVID-19 (coronavirus), toda vez que los eventos masivos tuvieron que suspenderse para evitar poner en riesgo la salud de la población.

Ante ese imponderable, las y los integrantes de la asociación determinaron realizar foros y páneles a través de la plataforma de YouTube y la red social Facebook. Esta decisión ha permitido que la ciudadanía de todas las entidades federativas esté involucrada y actualizada en temas electorales. También, la asociación diseñó su página institucional, cuyo sitio web es <https://renacedimx.wixsite.com/renacedi>.  En ella, las personas pueden encontrar la agenda de los eventos que se llevarán a cabo, además, contiene una pestaña denominada zona editorial, en la cual se publicarán libros y revistas en materia electoral, a fin de que los usuarios puedan consultarlos y descargarlos.

En suma, es importante señalar que las y los integrantes de la asociación han elaborado una compilación de acciones afirmativas y buenas prácticas en las entidades federativas hacia los pueblos y comunidades indígenas; documento en el que se ha identificado que varios Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) todavía no han puesto en marcha mecanismos que permitan que las y los integrantes de los pueblos originarios accedan a cargos de elección popular, por lo que es indispensable que se trabaje arduamente para encontrar e implementar acciones que impulsen la intervención de las personas indígenas en la toma de decisiones del ámbito público, y que las autoridades electorales hagan su parte.

Con la aplicación de la paridad en los comicios del año 2018, en la entidad mexiquense se incrementó significativamente la presencia de las mujeres en el Congreso local, puesto que 37 curules son ocupadas por diputadas y las restantes 38 por diputados, es decir, se produjo un equilibrio entre ambos géneros en el órgano legislativo.

Sin embargo, en el ámbito municipal el escenario político es distinto, debido a que, en los 125 municipios mexiquenses, únicamente 39 mujeres se desempeñan como presidentas municipales; en cambio, el género masculino es quien más alcaldías dirige al haber 86 ediles varones. En este caso, se observa que la paridad no ha sido suficiente para incentivar la participación de las mujeres en la toma de decisiones de los ayuntamientos.

De frente a esta desigualdad, la asociación civil 50+1 Estado de México llevó a cabo el foro virtual denominado “El Estado de México, trabajando por los derechos políticos de las mujeres. Paridad en todo y violencia política en razón de género”. En el citado evento, las panelistas señalaron que el 13 de abril del año 2020 se publicó la reforma en el Diario Oficial de la Federación, en la cual se establece que las legislaturas locales deben armonizar su marco jurídico local a fin de promover la paridad y tipificar la violencia política contra las mujeres en razón de género.

La reforma en comento tiene como objetivo promover la igualdad sustantiva, la cual consiste en que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos al intervenir y opinar en los asuntos de índole pública; por lo tanto, el género femenino que participe en las contiendas debe recibir recursos en la misma proporción que los hombres.

Parte del problema que se mencionó en el foro es que en los comicios del 2018, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) identificó que las mujeres solo tuvieron el 31% de los spots en radio y televisión, esto significa que los hombres recibieron el 69% de la totalidad de las menciones[1]; lo anterior reflejó que la cobertura de los medios de comunicación en las campañas electorales se concentró de manera mayoritaria en los candidatos y, con ello, se dejó en desventaja a las candidatas quienes debieron posicionarse mediante el uso de otro tipo de propaganda. 

Adicionalmente, las panelistas mencionaron que, para alcanzar la igualdad sustantiva en los comicios del próximo año, es indispensable que las y los legisladores mexiquenses establezcan mecanismos eficaces como los bloques de competitividad para evitar que las candidatas sean postuladas en distritos o municipios perdedores y, por ende, no tengan oportunidad de ganar. Cabe destacar que el IEEM implementó dichos bloques en el último proceso electoral, aún sin un precepto regulado en el Código Electoral del Estado de México.

Otro elemento que consideraron las panelistas que debe incorporarse en la norma electoral, es el relativo a la creación de una base de datos con información de las y los ciudadanos que hayan sido condenados o sancionados por haber cometido violencia política contra las mujeres en razón de género. Esta medida tiene como propósito evitar que los agresores continúen vulnerando los derechos político-electorales de las ciudadanas, candidatas y servidoras públicas.

En suma, las autoridades electorales, los partidos políticos y la sociedad civil tienen el compromiso de elaborar programas de capacitación para que las mujeres se conviertan en líderes políticas a fin de impulsar su participación en la vida democrática mexiquense y en el entorno nacional.

[1] Informe final acumulado monitoreo a medios de comunicación electrónicos, impresos e internet. Disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=9-QXF5ziUPA> Fecha de consulta 10 de junio de 2020.