Comunicación
Social

El actual proceso electoral nos ha mostrado que el principio de paridad de género no se ha terminado de consolidar y que aún nos queda mucho camino por recorrer. En este sentido, ha sido notorio que, entre otras cuestiones, en la integración de los órganos colegiados existen múltiples criterios e interpretaciones del referido principio por parte de las autoridades administrativas y jurisdiccionales, tanto a nivel local como federal. A guisa de ejemplo, se ha podido observar que en los cuerpos que se integran también mediante listas de representación proporcional, la paridad se puede alcanzar si se determina que los primeros lugares de esas listas sean ocupados por mujeres; sin embargo, este tipo de medidas no ha sido suficiente, por lo que mientras no se legisle al respecto, debemos seguir instrumentando acciones afirmativas e interpretar la normatividad de manera que se armonice el principio de paridad de género con los demás principios constitucionales que rigen la materia electoral.

Por el otro lado, si bien México puede sentirse orgulloso de ser un país pionero por tener legislación en materia de paridad de género, e incluso porque éste sea un principio constitucional, no debemos perder de vista que hasta el momento nos hemos concentrado en que la paridad sea alcanzada a través de cuotas de género para que los números y porcentajes, tanto en la postulación de candidaturas como en la integración de órganos colegiados, sean lo más cercanos al cincuenta por ciento para cada género.

Sin embargo, hay un aspecto que poco se ha estudiado y discutido: si los avances en la paridad de género lograda a través de cuotas también ha contribuido para que la sociedad vea que tanto hombres como mujeres tienen las mismas capacidades y derechos. No debe perderse de vista que la perspectiva de género es un problema social y cultural que no se agota en la materia electoral ni en la posibilidad de ocupar cargos públicos, sino que debe permear en todas las actividades humanas y estratos sociales, ya sean del ámbito público o privado.

En este sentido, considero que son muy positivos los esfuerzos, trabajos y capacitación que se realiza por parte de los organismos electorales, mediante sus programas de educación cívica, pero si no logramos que como sociedad en su conjunto (gobierno, sector privado y ciudadanía) hagamos nuestro el principio de paridad de género, no lograremos que México tenga una auténtica democracia.

Desde luego, lograr apropiarnos de este principio pasa por el sistema educativo nacional y, necesariamente, por nuestro modelo económico y social como país. Recordemos que el principio de paridad de género busca, finalmente, lograr la igualdad de oportunidades para todas las personas, más allá de su género, toda vez que, por el solo hecho de ser persona, se debe contar con los mismos derechos y oportunidades.