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Cualquier avance tecnológico plantea desafíos para el marco normativo de un país. En el caso de la Inteligencia Artificial (IA) debemos entender que no estamos frente a una “moda” o tecnología pasajera. Contrario a ello, la IA representa lo que Schumpeter denominó “destrucción creativa”: una tecnología disruptiva capaz de reconfigurar profundamente los procesos habituales y de reorganizar las instituciones, destruyendo las anteriores. Bajo este paradigma, aún en desarrollo, debemos preguntarnos cómo adaptar nuestros regímenes electorales a esta nueva realidad.

Diversas legislaturas en América Latina han comenzado a discutir el tema para analizar las mejores alternativas para una regulación de la IA con relación al desarrollo democrático de nuestras sociedades. Desde luego, el asunto es complejo y transversal, pues tiene que ver no solo con cuidar la integridad del sufragio, sino la equidad, la transparencia y la legitimidad de la contienda electoral. Ciertamente, no partimos de cero. La mayoría de las legislaciones electorales de nuestro continente ya prevén disposiciones que garantizan elecciones libres, informadas y transparentes o que sancionan conductas asociadas a la violencia política, la publicidad engañosa o la coacción del voto.

Sin embargo, aún quedan áreas grises que debemos clarificar. Hasta el momento, la mayoría de las regulaciones sobre IA se han quedado en el plano genérico ¾partiendo de principios reconocidos en tratados internacionales¾ o, bien, exhiben una fragmentación que hace complicada su aplicación puntual en asuntos electorales y democráticos. Quizá una excepción es la resolución TSE 23.732/2024 del Tribunal Superior Electoral de Brasil, el cual prohibió expresamente los deepfakes y el uso de chatbots para mediar en el contacto con votantes e incluyó la obligación de advertir sobre el uso de inteligencia artificial en propaganda electoral.

Al margen de ello, y como en otros temas, el modelo europeo, pionero en la regulación de la IA, ha marcado el paso para nuestra región. Sin embargo, una diferencia sustancial que varía entre regiones en estos momentos tiene que ver con la voluntad política de nuestros liderazgos. Es una realidad que candidaturas y partidos en diversas latitudes se han aprovechado de las múltiples herramientas de la IA para engañar, polarizar y posicionar discursos ajenos a los principios democráticos. ¿Cómo esperar que los gobiernos emanados de estos grupos de poder apoyarán regulaciones a la IA en clave democrática?

De ahí la necesidad de que cualquier régimen democrático cuide minuciosamente el diseño institucional de sus autoridades electorales para que, independientemente de quién las integre, éstas gocen de las facultades, independencia y autonomía necesarias para impulsar regulaciones a favor de la integridad electoral y que, al mismo tiempo, cierren espacios a cualquier uso faccioso de herramientas para la manipulación política.

Se trata de una agenda tan vigente como relevante. Debemos apostar, de manera inteligente, por un desarrollo tecnológico y económico, guiado en buena medida por la IA, pero con controles y regulaciones convenidas de manera participativa, equitativa y transparente. En esta conversación, que moldeará el futuro inmediato de nuestro desarrollo democrático, la voz de todas y todos es fundamental para combatir un modelo de sociedad “engañada”, apática o influida digitalmente desde centros de poder con intereses no siempre democráticos.