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En naciones donde la democracia se ve amenazada por la inseguridad y delitos de alto impacto. La integridad electoral deviene en una utopía si las campañas electorales están condicionadas por las amenazas y el miedo. El proceso electoral deja de ser libre y justo, sobre todo, porque es un ataque directo no solo a la soberanía popular sino al derecho de votar y ser votado. Esto lo menciono a propósito del lamentable suceso ocurrido el pasado domingo 2 de noviembre de este año, en el municipio de Uruapan, Michoacán. El asesinato de un alcalde en funciones nos recuerda, indirectamente, la importancia de los mecanismos de protección para quienes aspiran a un cargo de elección popular. Ante este trágico acontecimiento en la vida política del país, es oportuno referir a los esfuerzos que se hacen desde los Organismos Públicos Locales Electorales para proteger a quienes aspiran a servir desde un cargo público.

En el caso del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) —conscientes del flagelo que causa la inseguridad y violencia homicida relacionada con el crimen organizado y sus disputas por incrementar su control territorial— se han establecido estrategias para coadyuvar con las instancias estatales correspondientes en la protección de los candidatos a un cargo de elección popular. Lo anterior se hace con base en lo dispuesto por el Código Electoral del Estado de México. En este, se estipula que la autoridad electoral en la entidad tiene la atribución de ser el vínculo con otras instituciones para fortalecer el sistema democrático.

En específico, el Artículo 190 del Código Electoral es claro al señalar que: le corresponde a la Presidencia del Consejo General “firmar convenios con autoridades federales, estatales y municipales para lograr su apoyo y colaboración cuando sea necesario para el cumplimiento de los fines del instituto”.

Por mencionar algunos ejemplos, durante el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 y en el Proceso Electoral Judicial Extraordinario 2025, para atender las demandas de mayor seguridad y garantías para realizar campañas electorales de los candidatos registrados, se firmó el convenio entre el IEEM, la Secretaría General de Gobierno (SGG), la Secretaría de Seguridad (SSEM) y la Fiscalía General de Justicia (FGJEM).

La coordinación institucional que se refleja con la firma de este tipo de convenios no es un simple trámite burocrático, sino todo un protocolo de acción en el cual se establece un procedimiento claro: la candidatura que se sienta en riesgo puede llenar un formato en el cual se recibirá la denuncia, después es remitida a la FGJEM para valoración técnica de su gravedad y en caso de ser posible, recibir protección durante el proceso, a cargo de la SSEM.

Este mecanismo de apoyo institucional tiene como objetivo reducir y prevenir los riesgos frente a posibles delitos, no únicamente buscando la protección de la vida y los derechos de quienes participan en las elecciones, sino también asegurando la transparencia y legitimidad del proceso electoral. Esta tarea, no está sujeta a intereses políticos ni a acciones coyunturales. Aunque el IEEM no cuenta con atribuciones directas en materia de seguridad, sí ha logrado fortalecer la colaboración con instituciones y ejercer su papel garante de la legalidad electoral, protegiendo el ejercicio de los derechos políticos de toda la ciudadanía que aspira a un cargo de elección popular en el Estado de México.

El 17 de octubre representa más que la conmemoración de un hito histórico para el país y para nuestra democracia. Es el resultado de una larga trayectoria política e institucional por la dignidad, la igualdad, la justicia y la participación política de las mujeres en México.

El haber logrado, hace 72 años, el derecho al voto evidenció que los derechos no fueron favores que el Estado otorgó o concedió. En cambio, fueron la culminación de las luchas de mujeres como Hermila Galindo, Elvia Carrillo Puerto y Juana Belén Gutiérrez de Mendoza. Ellas hicieron posible que sus batallas lograran el reconocimiento pleno de la ciudadanía femenina. Nuestras mujeres dieron ese gran paso trascendental por la defensa de nuestra capacidad de decidir, de influir y de ser escuchadas.

Hoy en día, cuando tenemos gobernadoras, alcaldesas, presidentas municipales, regidoras, síndicas, diputadas, senadoras y hasta nuestra primera mujer presidenta de la república, a muchos les podría parecer normal el que participemos en política. Sin embargo, este camino va más allá de lograr depositar una boleta en una urna. Han sido más de siete décadas de lucha por los derechos políticos, el derecho a decidir y la dignidad que nos pertenecen.  

Dignidad, la cual no es una medalla al mérito por ser buenas ciudadanas, sino ese valor intrínseco que poseemos por el solo hecho de ser personas y el cual nos habían negado. Ya lo decía Hermila Galindo en su momento: “Creo firmemente, intensamente, que la mujer es digna de mejor suerte que aquella que le han deparado”, de esa magnitud es el logro de ser reconocidas como mujeres con el derecho a votar hace 72 años.

En una sociedad democrática, no se puede hablar de libertad política sin nosotras, sin que se reconozca nuestra capacidad para decidir, para representar y ser representadas. Aun con eso, es imperativo dejar claro que en la actualidad —donde hay reglas de paridad de género y mayor participación política de las mujeres— no basta con exigir reconocimiento; también lo ganado implica responsabilidades y la primera de ellas es abrazarnos, saber que el contexto de cada mujer importa por la simple razón de que la lucha política de las mujeres no ha terminado. Debemos seguir vigilantes de que los derechos no se debiliten ni se pierdan. Queda mucho camino por delante y solo siendo solidarias lo lograremos.

En 1996, la historia política y democrática del Estado de México tiene un punto de inflexión con la creación del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM). Este hito marcó un nuevo paradigma en la entidad debido a que se inició la institucionalización de un sistema electoral competitivo, dejando atrás un sistema claramente hegemónico. A lo largo de casi tres décadas, el IEEM ha demostrado ser una institución responsable, técnica, autónoma e imparcial en la que su labor ha sido la de salvaguardar la voluntad ciudadana como la única que fije la trayectoria democrática del Estado de México.

En el pasado, la organización de las elecciones estaba a cargo del Ejecutivo estatal. En ese contexto y de acuerdo con el Histórico de Procesos Electorales del portal digital del IEEM, los resultados siempre favorecían a una sola organización política, la cual fue dominante por más de seis décadas. Por ejemplo, en las elecciones de ayuntamientos de 1990 un solo partido ganó los 122 municipios.

Sin embargo, con la creación y autonomía del IEEM, el panorama político inició un cambio. En 1996, la competencia, la pluralidad y la existencia de un árbitro electoral que garantizara equidad y transparencia conllevó que otras organizaciones políticas ganaran en las urnas 51 municipios. Otro de los grandes cambios políticos que enfrentó la institución fue la elección del año 2000, donde por primera vez no hubo mayoría en la legislatura local. Esta nueva realidad política en el estado se replicó en los subsiguientes procesos electorales de 2003 y 2006.

Este panorama evidenció que el resultado de las elecciones en el estado ya no era una constante para una misma organización política. La custodia del IEEM sobre el sistema democrático mexiquense permitía afirmar que se estaba siendo testigo de una competencia político-electoral real con una ciudadanía cada vez más participativa. Una de las pruebas más recientes fue lo vivido en 2018 y 2023. La primera, cuando un partido político opositor ganó la mayoría de los municipios; la segunda, en 2023 con la elección de una gobernadora, también proveniente de un partido político diferente al hegemónico de aquel tiempo.

Pero ¿qué sentido tiene esto? Tengo al menos dos respuestas. La primera, el IEEM ha superado todas sus pruebas desde su creación y la entidad mexiquense ha vivido sus alternancias de manera pacífica e institucional. La segunda está en el hecho de que se ha cimentado el capital valioso que representa el personal técnico, cuya entrega, imparcialidad y ética ha sido el pilar para garantizar la transparencia y credibilidad de cada uno de los procesos electorales en la entidad.

Asimismo, es evidencia de que el IEEM es ese árbitro imparcial que respeta las reglas y los cambios políticos en la entidad, asegurando que todos y cada uno de los procesos electorales que se celebran reflejen una sociedad en movimiento, una ciudadanía que sufraga con la confianza de que su voto será respetado por los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, objetividad, máxima publicidad, transparencia y, recientemente, con paridad y perspectiva de género.

El propósito del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) es el de organizar comicios y fomentar la vida democrática en la entidad. Con 29 años de experiencia, el IEEM ha cumplido con esta encomienda abstracta y ha atendido a una realidad concreta y monumental. Esto ha sido posible gracias al trabajo que el personal electoral que lo conforma ha desarrollado a lo largo de su historia. El IEEM ha celebrado con éxito 15 elecciones ordinarias y 9 extraordinarias bajo los principios de certeza, imparcialidad, independencia, objetividad, legalidad, transparencia, máxima publicidad y, recientemente, con perspectiva de género; comicios complejos que requirieron de planeaciones y ejecuciones particulares y eficientes, derivado de la cantidad de lista nominal que se atiende y las dimensiones y complejidades territoriales que hacen peculiar a la entidad.

Este trabajo técnico-operativo —que no siempre es reconocido ni visible en la narrativa de los avances democráticos de la entidad— no sólo es complejo, sino que, a medida que los procesos de elección aumentan su ámbito de atención, se requieren mayores recursos humanos. Por ejemplo, para la elección judicial de 2025 en el Estado de México participaron 5 mil 158 servidores electorales. De este total, 843 se desempeñaron en el órgano central, mientras que 4 mil 315 operaron en los órganos desconcentrados que se instalaron para atender este proceso inédito.

Lo anterior, más allá de numeralia, es una clara muestra de la fortaleza de despliegue y ocupación territorial por parte del IEEM para cumplir con sus encomiendas. Este grupo de servidores electorales, en su mayoría personal eventual, integrado por Vocalías y Consejerías Electorales, personal de apoyo, Supervisores Electorales Locales (SEL) y Capacitadores Asistentes Electorales Locales (CAEL), casi siempre supera sus funciones, dejando de lado su eventualidad y mostrando su compromiso con la democracia. Es personal electoral que no es ajeno y comprende la lógica electoral e idiosincrasia local, el terreno, la geografía y además, mitiga los riesgos político-sociales, que se presentan durante el proceso para que se salvaguarde la transparencia y legalidad de cada elección en la entidad.

No obstante, es justo reconocer que no es suficiente la captación; es igualmente crucial capacitar y profesionalizar a todos estos funcionarios para que ejerzan, aunque sea eventualmente, sus roles y sepan cómo desarrollar cada etapa del proceso electoral de forma correcta, con la confianza de que desempeñan un trabajo invaluable y digno de reconocimiento. Por ejemplo, para que el IEEM atienda las elecciones de ayuntamientos y diputaciones locales se requiere como mínimo la participación de 385 Vocalías y 2 mil 040 consejerías. Todos deben ser ciudadanas y ciudadanos comprometidos con la democracia y sin alianzas partidistas.

Cada persona que colabora en el IEEM coadyuva para convertirlo en una institución indispensable en la construcción y consolidación de la democracia mexiquense. Es un recordatorio de que la credibilidad de un proceso electoral —ya sea ordinario, extraordinario o judicial— no la deciden únicamente los resultados, sino la integridad y el profesionalismo de todos los que hacen que el proceso sea posible. Este reconocimiento al trabajo del personal electoral del IEEM es una obligación para comprender que la democracia es una proeza logística y humana. En el Estado de México, tienen nombres y apellidos y son cada uno de los que conforman el personal electoral del IEEM.

El pasado 11 de agosto y con miras a la organización de las elecciones concurrentes de 2027, tuve la oportunidad de participar en el foro de análisis dedicado a evaluar los resultados de los procesos electorales extraordinarios del Poder Judicial 2025 en las entidades de Veracruz, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Sonora y San Luis Potosí, organizado por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ).

El foro se centró en las exposiciones de las diversas experiencias locales, respecto a la organización y ejecución de la elección del poder judicial. La Ciudad de México, por ejemplo, hizo hincapié en sus criterios en el diseño de su propuesta de distritación, donde se priorizó el equilibrio poblacional, acompañado de un criterio de distribución, que procuró que los capitalinos tuvieran la oportunidad de votar por jueces de todas las materias. En el caso del Estado de México, mi exposición se enfocó en señalar algunos de los elementos que dotaron al proceso de personas juzgadoras de una complejidad sin precedentes y que nos obligó a definir directrices sobre la marcha. Más allá de los desafíos técnicos y operativos, ambas experiencias, coincidimos en señalar el vacío en el diseño institucional respecto a una “representatividad ciudadana” ante las personas juzgadoras elegidas por voto popular. Un tema que, de acuerdo a las experiencias, está pendiente por discutir a profundidad.

En los casos de los estados de Veracruz y Durango se expusieron las estrategias diferenciadas para los mecanismos de recolección, así como los de escrutinio y cómputo de votos, de acuerdo con las particularidades de cada entidad federativa y en consideración a que fueron éstos, los dos únicos estados en los que además del poder judicial, se llevaron a cabo elecciones ordinarias. La importancia de estas presentaciones es incuestionable considerando que la elección de 2027 será concurrente y la elección de los cargos del Poder Judicial, en algunos casos será del 100% de los cargos y en otras entidades, no menor al 50%. Esta discusión hizo evidente el tema de la ubicación de las casillas para la emisión del voto de ambas elecciones, señalando la necesidad de hacer coincidir o ubicar casillas en espacios cercanos, especialmente en zonas rurales donde la accesibilidad es un desafío en la gran mayoría de los estados.

En las experiencias de San Luis Potosí y Sonora se dejó claro que todos los Organismos Públicos Locales (OPLEs) que organizaron elecciones judiciales cumplieron con los mecanismos de paridad de género. Sin embargo, persisten desafíos en la verificación de candidaturas. Mientras algunos OPLEs se limitaron a la revisión de la documentación básica, hubo casos como los de Sonora en los que sus atribuciones sí les permitieron tener mecanismos más rigurosos. Una de las coincidencias más evidentes fue el señalamiento de la falta de un sistema nacional para aplicar el procedimiento de revisión “8 de 8 contra la violencia”, esto debido a que, como la normativa se establece hoy en día, hay agresores impugnados en un estado que pueden competir en otro.

El intercambio de ideas, experiencias y, sobre todo, de desafíos comunes tuvo como resultado una serie de conclusiones enriquecedoras, las cuales podrían explicarse a partir de dos preguntas: ¿Qué desafíos revelaron estas experiencias? ¿Cómo prepararse para una elección concurrente que asegura ser aún más compleja que la de 2025? Las respuestas se centran, primero, en el trabajo fundamental que realizan los Institutos Electorales Locales. Instituciones que atienden una serie de desafíos geográficos, actividades técnicas, operativas y logísticas propias de cada entidad federativa. La segunda es la necesidad de iniciar los trabajos preparatorios hacia el 2027, lo que involucra desde hoy, una coordinación entre los OPLEs y los Congresos locales para articular una planificación presupuestal realista y anticipada que permita hacer frente a los desafíos de la elección de 2027.

Este tipo de intercambios, son una oportunidad invaluable para quienes tendremos frente a nosotros, en el 2027, una de las tareas más desafiantes de nuestra historia democrática contemporánea, llevar a cabo un proceso de elección de dimensiones inéditas, que no solo implica más derechos ciudadanos, sino también trabajo técnico, planificación y capacidad de adaptación de cada uno de los actores político-electorales.