Hay un refrán que dice que solo los seres humanos tropezamos dos o más veces con la misma piedra, lo que significa que no entendemos y tampoco hacemos caso de las experiencias y lecciones de la Historia que debieran ser pedagógicas para no cometer los mismos errores del pasado.
La Historia de las elecciones en México nos dice que el hoyo negro electoral que tuvimos por décadas, fue por la participación directa del Poder Ejecutivo en la organización y calificación de los procesos electorales que los hacía poco creíbles porque este Poder era juez y parte. Es hasta que el Ejecutivo deja de participar en las elecciones y se crea un organismo electoral autónomo cuando los comicios empezaron a tener credibilidad y certeza, y paulatinamente se alejaron de ser una fuente de conflicto violento en la disputa del poder político.
No obstante lo anterior, para la reciente elección de personas juzgadoras, de nueva cuenta se retomó la participación del Poder Ejecutivo, incluso se fue más lejos, también a los otros dos Poderes se les asignó una responsabilidad electiva lo cual pudo ser un factor más, que contribuyó para que ciertos sectores de la sociedad cuestionaran esta elección y se registrara un elevado índice de abstencionismo.
Si no se tuvieron más controversias en esta elección, fue en buena medida por la participación del INE y la gran mayoría de los institutos electorales en los estados, que pusieron en práctica toda la experiencia y prestigio que han acumulado por décadas para organizar procesos electorales apegados a la legalidad, pero sobre todo pacíficos. Al respecto, quedan muchos desafíos y tareas por resolver para los institutos electorales federal y locales; sin embargo, en cualquier escenario los procesos técnico-operativos no son asuntos que puedan improvisarse, se requiere conocimiento, especialización, vocación de servicio, convicción institucional y un gran compromiso con nuestra sociedad.
En la reforma a las leyes respectivas que regulan la elección de integrantes del Poder Judicial, sería muy sano establecer que los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial no intervinieran en ninguna de las etapas de la organización de esta elección, pues se corre el riesgo de que el proceso mismo sea fuertemente cuestionado por una posible parcialidad si se insiste en la participación de los tres Poderes.
Estos Poderes fueron diseñados como instituciones con funciones específicas y especializadas: el Ejecutivo para instrumentar y aplicar políticas públicas que garanticen el desarrollo y bienestar de los mexicanos; el Legislativo para hacer leyes, incluida la de ingreso-gasto, así como fiscalizar el uso de los dineros públicos; y el Judicial para impartir justicia; pero en ningún caso para organizar elecciones.
Para organizar elecciones tenemos al INE y a los organismos electorales en cada entidad de la República con muchos años de experiencia, que han logrado que tengamos en construcción permanente una imperfecta paz electoral. El razonamiento es simple, si tenemos una división del trabajo institucional especializado, es necesario su fortalecimiento y no la improvisación asignando funciones para las cuales no fueron concebidas de origen. Cada quien debe asumir las responsabilidades para las que fue creado, es lo más útil y saludable para el país.
En conclusión, sobre la reforma electoral que está en puerta muchos son los temas que habrán de discutirse, diversas son las visiones y experiencias; revisar la Historia político-electoral de nuestro país servirá para no tropezar con la misma piedra y repetir los errores del pasado.
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