Comunicación
Social

Es fundamental reflexionar sobre los pilares que sostienen nuestra democracia. Uno de ellos, insustituible, es la libertad de expresión, derecho que permite el debate público y el escrutinio de quienes aspiran a representarnos. Sin embargo, en el ejercicio de esta libertad, emerge una frontera delicada, pero trascendental: que la separa de la violencia política en razón de género.

La libertad de expresión es la base de una sociedad informada y participativa, habilita la crítica constructiva, el contraste de ideas y la difusión de posturas que enriquecen el proceso democrático. Las autoridades electorales, como el IEEM, tienen la responsabilidad de salvaguardar este derecho, asegurando que todas las voces puedan manifestarse en el marco del respeto y la legalidad. Es a través de un debate robusto y sin censura, pero respetuoso de la legislación y de los derechos de terceros, que la ciudadanía puede tomar decisiones informadas.

No obstante, la libertad de expresión encuentra un límite ineludible cuando transgrede los derechos y la dignidad de las personas. La violencia política en razón de género no constituye una opinión válida ni una crítica política legítima, pues se basa en manifestaciones que, basadas en elementos de género, tienen por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de las mujeres. Se manifiesta, por ejemplo, a través de descalificaciones basadas en estereotipos, ataques a su vida privada o apariencia o la minimización de sus capacidades, con el fin de silenciarlas, desalentar su participación y perpetuar la desigualdad.

Claramente estas acciones no abonan al debate de propuestas ni al análisis de trayectorias; por el contrario, contaminan el ambiente electoral y erosionan la equidad de la contienda.

Por ello es imperativo que los actores involucrados —autoridades, partidos políticos, candidaturas, medios de comunicación y ciudadanía— comprendamos esta distinción. Debemos fomentar un intercambio de ideas que informe con rigor y pluralidad, que cuestione los puntos de vista, las propuestas y el desempeño, pero que se abstenga de replicar o generar discursos que constituyan violencia política.

Por supuesto que el desempeño político o de servicio público de una mujer está sujeto a escrutinio público y a señalamientos; sin embargo, éstos se deben centrar en las deficiencias o inconsistencias detectadas en su actuación y nunca en descalificativos personales o por su apariencia u origen. Promover la participación de las mujeres en igualdad de condiciones implica reconocer y denunciar activamente cualquier acto de violencia en su contra.

La consolidación de nuestra democracia exige que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos político-electorales sin sufrir intimidación ni discriminación. Proteger la libertad de expresión y erradicar la violencia política son responsabilidades compartidas que contribuyen a un Estado de México más justo, incluyente y democrático. El IEEM, en su rol de garante, reitera su compromiso con el fortalecimiento de procesos electorales que privilegien el debate informado y el respeto irrestricto a la dignidad de todas las personas.