Es una verdad de perogrullo decir que todas las leyes son perfectibles, pero lo es más cuando una de esas leyes se aplica por vez primera, el ejemplo más palpable lo tenemos en las normas que regulan la elección de los integrantes del Poder Judicial tanto a nivel federal, como en las entidades del país que adaptaron su normativa para organizar la elección de personas juzgadoras en este año de 2025.
El proceso electoral en nuestra entidad aún no concluye del todo, están en estudio y definición los medios de impugnación interpuestos; esta responsabilidad corresponde al Tribunal Electoral del Estado de México; pero ya podemos empezar a delinear algunas consideraciones y pensar si es viable reformar o no reformar las reglas del juego no solo para mejorar la calidad de la reciente elección, sino sobre todo porque en el año 2027 se habrá de organizar la elección de diputados locales, de ayuntamientos y los cargos que quedaron pendientes del Poder Judicial.
De los primeros temas:
1.Reflexionar sobre la posibilidad de que los tres poderes tanto a nivel federal como local dejen de participar en la organización de la elección de integrantes del Poder Judicial, para cederla a los órganos electorales constitucionales. Recordemos que la ley respectiva, actualmente otorga al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al propio Poder Judicial, la responsabilidad, en un primer momento, de hacer el registro de aspirantes, la verificación de requisitos, la evaluación, la selección de los mejor calificados, el sorteo, la integración de listados definitivos de candidaturas y finalmente el envío de dichos listados al Instituto Nacional Electoral o al Instituto Electoral local, vía el Senado de la República o la Cámara de Diputados local respectivamente, para que los órganos electorales en un segundo momento realicen el proceso electoral.
Aunque a nivel local la primera parte de la organización de la elección de personas juzgadoras que estuvo a cargo de los tres Poderes del Estado, se realizó sin contratiempos y apegados a la normatividad establecida, muy sano sería que los órganos electorales asumieran toda la responsabilidad de este procedimiento.
El argumento es sencillo, el Parlamento fue diseñado para hacer leyes; el Poder Judicial para impartir justicia y el Ejecutivo para diseñar e instrumentar políticas públicas; son los organismos electorales los que cuentan con la experiencia en la organización de elecciones. La Historia nos dice que cuando los Poderes intervinieron en los procesos electorales, las elecciones fueron cuestionadas y poco creíbles, por lo que jurídica y políticamente sería correcto que no tuvieran responsabilidad alguna en esta materia concreta.
2.Debemos pensar cómo se podría simplificar el diseño de la boleta electoral para ahorrar tiempos durante la votación y agilizar los propios cómputos. El número de cargos a elegir que quedaron pendientes, sumados a las candidaturas de partidos políticos para diputados y ayuntamientos seguirá complicando el escrutinio y cómputo en la casilla; muy conveniente sería explorar la posibilidad de poner en práctica distintas formas de votación como el voto por correo o el voto por internet, lo que facilitaría el ejercicio del sufragio y el escrutinio y cómputo.
3.Reasignar a los organismos públicos locales la responsabilidad de todo el proceso electoral para elegir Gobernador, diputados locales, ayuntamientos e integrantes del Poder Judicial estatal; lo anterior implica facilitar procesos técnicos que ayudan a dar certeza y transparencia a cada una de las etapas de la elección.
En resumen, aún hay mucho por caminar en materia electoral, todo depende ahora de que las legislaturas también lo vean así; la elección del pasado 1º de junio fue acertada y pedagógica, ahora es necesario fortalecerla.
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