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Uno de los principales logros de la agenda feminista ha sido colocar en la discusión pública la necesidad de diseñar políticas públicas con enfoque de género. No se trata simplemente de una concesión progresista o de un ánimo incluyente. Además de estas consideraciones, la perspectiva de género va más allá, pues permite a las autoridades y organizaciones de la sociedad civil diagnosticar de manera más precisa los problemas públicos y atenderlos con mayor eficacia.

Este es el caso de los asuntos demográficos, los cuales, por cierto, impactan a su vez en múltiples rubros de nuestra sociedad como la distribución del ingreso, las políticas de empleo, la movilidad social o la participación política. Al respecto, es importante comentar que recientemente se presentó en nuestro país el “Informe sobre el Estado de la Población Mundial 2023”, en el marco de las Conferencias del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población.

El documento consigna un dato sumamente relevante: de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, en noviembre de 2022 la población mundial rebasó la cifra de los 8 mil millones de habitantes. Además de la radiografía de la población mundial, lo que se destaca de este documento es su aplicación del enfoque de género para la interpretación de fenómenos complejos. Lo anterior debido a que el informe subraya la necesidad de abandonar enfoques demográficos vetustos, poco funcionales y contrarios a los derechos humanos.

Sus autores afirman que ningún sector poblacional debe ser visto como un ente objetivo, a merced de las decisiones tomadas desde el poder con el fin de controlarlo, segregarlo o manipularlo. Antes al contrario, cualquier segmento poblacional debe verse como un sujeto colectivo, con dinámicas propias, y sobre todo con derechos que debe ejercer.

Atendiendo a ello, un Estado democrático debe replantearse la manera en que son diseñadas, implementadas y evaluadas las decisiones en materia de política demográfica. No se trata de controlar a una población —sean jóvenes, adultos mayores o mujeres— y sus expectativas de vida, sino de garantizar el ejercicio de sus derechos, proporcionando información, sentido de responsabilidad y el acompañamiento institucional a sus decisiones.

Uno de los mejores ejemplos de este enfoque de género está relacionado con la necesidad de garantizar que las mujeres ejerzan su libertad sexual y decidan sobre sus cuerpos. El informe advierte, por ejemplo, que en 68 países alrededor del 44% de las mujeres con pareja no tiene la posibilidad de tomar decisiones sobre su atención médica, actividad sexual o uso de anticonceptivos. Esto demuestra que ningún control patriarcal sobre las mujeres debe ser fomentado como método para el control o incremento de la población. Otra evidencia de que cerrar brechas de género impacta positivamente radica en la relación entre productividad y demografía. En países donde la población ha envejecido y la productividad laboral declina, el método más eficaz no es elevar las tasas de fecundidad sino integrar a más mujeres a la fuerza de trabajo y a la economía formal. En sentido opuesto, en lugares donde existe fecundidad elevada y sobrepoblación, el mejor mecanismo no es una política de natalidad coercitiva, sino la educación, el empoderamiento de la mujer y ofrecer mejores horizontes de desarrollo personal.

Es importante conocer este tipo de análisis no solo para diseñar nuevas políticas, sino para reflexionar nuestros espacios públicos y, con ello, nuestros procesos democráticos.