Continúa en la opinión pública, especialistas y actores políticos la discusión en torno a una nueva reforma electoral. Este martes iniciará en la Cámara de Diputados la discusión pública de 49 iniciativas de reforma al sistema electoral vigente. Se ha anunciado que a los foros de discusión está invitado el titular de la Secretaría de Gobernación, así como los gobernadores de la República. También se ha adelantado la posibilidad de extender la invitación a los actuales integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), a las magistradas y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como a ciudadanos y especialistas que deseen participar en el debate.
De entrada, es de celebrarse que la discusión de un tema toral para nuestro régimen democrático no se realice “fast track”, sino que los foros de discusión tomen su tiempo y cuenten con la suficiente representatividad en sus participantes.
Al respecto, es pertinente referirse a uno de los puntos que sin duda se discutirán: la permanencia de los Organismos Públicos Locales (OPLES). En ese sentido, me gustaría destacar fortaleza institucional que han mostrado los OPLES desde su creación a partir de la reforma electoral de 2014. Algo atribuible al funcionamiento eficiente que ha mostrado su robusto diseño institucional. Gracias a ello, la ciudadanía se ha habituado a una sana competencia democrática, en donde se ha cumplido con altísimas tasas de éxito con todos y cada uno de los procedimientos que marca la legislación electoral, desde la instalación de casillas, el establecimiento de Consejos Distritales o Municipales, la coordinación con instancias del INE, la realización de debates y, especialmente, el conteo transparente, público y legítimo de los votos depositados en las urnas.
Basta mirar la experiencia más reciente en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas en junio pasado, en donde la normalidad democrática y el correcto funcionamiento de todas las áreas de los OPLES, se impusieron a cualquier riesgo contrario a la democracia. Hoy, cada una de estas entidades cuenta con autoridades dotadas de legitimidad, capaces de asumir el poder de manera pacífica y ejercerlo por la vía democrática.
Evidentemente, existen márgenes para mejorar el funcionamiento de los OPLES. Pero ello no debe implicar su desaparición, tanto por razones de dinámica política, como de hacienda pública. En un Estado federal como el nuestro, es necesario que cada entidad federativa, municipio y comunidad cuente con un espacio propio de
deliberación política. Difícilmente un solo órgano nacional sería capaz de intervenir, arbitrar y procesar la complejidad política presente en cada una de las entidades federativas, con sus particularidades y características.
Igualmente, centralizar la instalación de casillas y vigilar el correcto cumplimiento de los procedimientos electorales, en los más de 2 mil 400 municipios del país y sus distritos locales, multiplicaría sobremanera los recursos públicos y personal operativo requeridos por la autoridad nacional electoral. Asunto que, por cierto, se busca disminuir.
Puede afirmarse, con las pruebas a la vista, que hoy los OPLES no solo son garantía para la funcionalidad de nuestro sistema electoral, sino autoridades conocedoras de sus entidades, capacitadas para cumplir con sus responsabilidades y comprometidas con la vida democrática. Estos elementos deben colocarse, también, en el centro del debate que comienza.
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