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El pasado viernes 24 de junio, la Corte Suprema de los Estados Unidos tomó una penosa y lamentable decisión. Más allá de su polémica, la sentencia que anula el derecho al aborto a nivel federal es un error trágico y es resultado de una ideología extremista. Otra vez corre peligro la integridad, la salud, pero, sobre todo, el espacio de libertades personales para las mujeres, pues a pocas horas de conocerse el fallo, varios estados de la Unión Americana anunciaron medidas para prohibir la interrupción voluntaria del embarazo.

En pocas palabras, la Corte estadounidense quitó un derecho constitucional. Nancy Pelosi es bastante clara y directa: el veredicto es escandaloso y desgarrador, porque cumple el oscuro y sombrío objetivo de arrebatarle a las mujeres el derecho a sus propias iniciativas de salud reproductiva. De nueva cuenta, la sociedad estadounidense deberá prepararse para un futuro sin “Roe vs Wade”.

Vale la pena explicar el antecedente. El 22 de enero de 1973, la Corte reconoció, por primera vez, que el derecho constitucional a la privacidad, es lo suficientemente amplio como para incluir la decisión de una mujer de interrumpir o no su embarazo. “Jane Roe”, soltera, quiso suspender su embarazo de manera segura y legal, y planteó entonces el cuestionamiento a una ley de Texas que determinaba el aborto como un delito. Después de revisar decenas de precedentes, la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley, argumentando que el gobierno no puede interferir en ciertas decisiones personales con respecto a la procreación, el matrimonio y otros aspectos de la vida familiar.

El caso “Roe” fue una muestra de que los tiempos cambian, pero la decisión del pasado viernes también. Y es que la sentencia no fue una sorpresa, ya desde el mes de mayo se había filtrado su borrador. En un gesto inédito, contrario al recato y prudencia usual de la Corte, se dio a conocer el parecer de la mayoría conservadora, en el sentido de que la Constitución no confiere el derecho al aborto, y la facultad de regularlo será devuelta al pueblo y a sus representantes electos, según el texto redactado por el juez federal Samuel Alito.

A pesar de la violación a la práctica decorosa del Tribunal Supremo, su presidente confirmó la autenticidad del proyecto y la investigación sobre la indiscreción pasó a segundo término. Por una mayoría de 6 a 3, entre ellos los tres jueces designados por el expresidente Donald Trump, la Corte confirmó la validez de la ley Misisipi, respaldada por los republicanos, que prohíbe la interrupción del embarazo después de las quince semanas. Dicha ley había sido bloqueada en tribunales inferiores por considerar que transgredía los precedentes sobre el derecho al aborto.

Todos sabemos que la sentencia significa una victoria para los intereses republicanos y religiosos de los estados, en donde ya se anticipa la pretensión de limitar o prohibir la interrupción voluntaria del embarazo. Quienes votaron por suprimir la consideración del aborto como un derecho, afirman que ello no corresponde con la historia o la tradición estadounidense. Sostienen que la resolución del emblemático caso “Roe vs Wade” estuvo incorrectamente ejecutado, porque la Constitución no menciona de manera específica el derecho a abortar.

En coyunturas como ésta, se extraña la presencia de los jueces defensores del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Como se sabe, la Corte sufrió en 2018 la salida del juez Anthony Kennedy quien, a pesar de ser conservador, entendía la importancia de las libertades personales, y por supuesto, la partida de la jueza liberal Ruth Bader Ginsburg, quien le ofreció al Tribunal Supremo un nuevo rostro.

Sin medias tintas, la sentencia de la Corte estadounidense es una amenaza para los derechos de las mujeres. Tomar la decisión de discontinuar la gestación, es una atribución exclusiva de nosotras.