Comunicación
Social

El pasado 10 de abril los ciudadanos y ciudadanas mexicanas tuvimos la oportunidad de participar en el primer proceso de revocación mandato y, de este modo, ejercer uno de nuestros derechos fundamentales consagrado en la constitución federal.

Debemos recordar que este instrumento de participación ciudadana se centra en determinar si el titular de la Presidencia de la República deja su encargo antes del periodo constitucional para el que fue electo o continúa en él.

Una vez desarrolladas las distintas etapas de este proceso, para el día de la jornada el INE instaló 57,449 casillas para que pudiéramos acudir a ellas 92,823,216 personas inscritas en la lista nominal (48,160,197 mujeres y 44,645,227 hombres), con la certeza de que al acudir a las casillas tuviéramos una boleta para cada ciudadana y ciudadano.

De esos más de 92 millones, acudieron a votar 16,502,636, equivalente al 17.7785%. Si bien con este porcentaje la revocación no es vinculante, ya que se requería la participación de al menos el 40% de la ciudadanía, los resultados de la participación ciudadana no pueden considerarse menores.

No hay que perder de vista que se trata de la primera vez en la historia de nuestro país que se nos consulta a los ciudadanos si deseamos o no que el presidente continúe, que venimos saliendo de una pandemia que nos mantuvo alejados de nuestras actividades cotidianas por más de 2 años y si a eso le sumamos la gran polémica y desinformación que se generó alrededor del proceso, no es de extrañar los resultados que se tuvieron.

También es dable apuntar que los mexicanos tenemos un porcentaje relativamente bajo de participación en las elecciones, sobre todo cuando se trata de elecciones intermedias; es decir, aquéllas donde sólo se eligen diputaciones federales, por ejemplo, las elecciones de 2009, 2015 y 2021 se tuvieron porcentajes de participación del 44.8%, 47.7% y 52.66% respectivamente. Con la perspectiva de que en cada proceso es mayor el número de la ciudadanía acude a ejercer su derecho al voto.

De ahí que otra lectura que se le puede dar a este ejercicio inédito es que, en lo subsecuente, a las autoridades electorales corresponderá difundir entre las personas este derecho y cómo ejercerlo, para que se convierta en un mecanismo que está al alcance de los ciudadanos para que, en caso de ser necesario, se aplique.

Este proceso aún no concluye, falta que la Sala Superior del Tribunal Electoral resuelva las impugnaciones que se presentaron y realice el cómputo final para tener los porcentajes concluyentes.