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Parece bastante cierto afirmar que el principio de checks and balances no basta para resaltar la importancia que un tribunal constitucional tiene dentro de una democracia. Desde 1995, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dado pasos trascendentes en su consolidación como un tribunal constitucional. Su nueva identidad se cristalizó de la mano de un conjunto de cambios que repercutieron en el ámbito de su competencia, su estructura y organización. A partir de entonces, el máximo Tribunal pretende refrendar una narrativa que ponga énfasis en la metamorfosis de su responsabilidad constitucional.

Convertida ahora en una institución estratégica para el equilibrio, la estabilidad y la gobernabilidad de nuestro país, la SCJN ha contribuido de distintas maneras a la consolidación de la democracia mexicana. En su transformación hacia un genuino tribunal constitucional, sostiene el Ministro Arturo Zaldívar, la Corte ha sido un contrapeso real a la acumulación del poder, ha favorecido el pluralismo y el debate democrático, y es hoy un factor determinante para el fortalecimiento de las instituciones.

Con la finalidad de asumir un papel fundamental, que antes no había tenido, la SCJN es algo más que un árbitro de los conflictos políticos y garante de la constitucionalidad de las leyes y actos del Estado. A partir de ser un tribunal constitucional, comenzó a generar criterios con los que dotó de mayor contenido a las normas constitucionales y convencionales. Gracias a la capacidad para invalidar cualquier acto de gobierno que contravenga a la Constitución y los tratados de derechos humanos, la Corte ha suscitado cambios significativos en la manera como se planea y se hace política. Tal vez no del modo más deseable, pero al menos sí decoroso.

Una SCJN fuerte, sólida e independiente, gana legitimidad frente a la función que le toca en una democracia representativa. Si bien la democracia es una forma de gobierno en la que el poder de decisión de la cosa pública pertenece al pueblo, siempre es pertinente garantizar algunas precondiciones para su funcionamiento. Una de ellas consiste en invalidar aquella ley o decreto que vulnere el goce o el ejercicio de los derechos fundamentales.

Cuando un juez constitucional invalida una ley, el coste democrático recae sobre el legislador. Una democracia constitucional está comprometida, por un lado, con los valores democráticos entre los que destaca la soberanía popular y, por otro lado, con la limitación del poder que evita la arbitrariedad. Por esa razón, no debe presumirse mayor legitimidad en los legisladores por el simple hecho de ser electos popularmente. De esa manera, los mecanismos de control constitucional de leyes y actos del Estado tienen, precisamente, un origen democrático.

Bajo el principio de la división de poderes, como forma de organización del poder público estatal, el control constitucional de las leyes y decretos tiene un enorme significado para los Estados modernos. Proteger los derechos de las personas mediante la declaración de invalidez de una ley o acto del Estado por no ser constitucional, es una forma de defender a las instituciones democráticas. Corresponde a la SCJN exigir, en todos los casos, el

cumplimiento de un parámetro de regularidad constitucional, donde el primer comprometido es el legislador.

Puede ser que a los legisladores y funcionarios públicos no les guste el tono o la retórica de las ministras y los ministros, pero cuando se invalida una ley o decreto por inconstitucional, la SCJN no invade poderes, solo respeta su separación. Eso es, precisamente, defender la democracia.