Comunicación
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Las mujeres en el Estado de México representamos poco mas del 50% de la población. Con esta cifra la pregunta obligada es ¿en ese mismo porcentaje las mujeres participamos en las instituciones, partidos políticos y espacios de toma de decisión tanto públicos como privados? Si, no, porqué.

 

De ser la respuesta NO, resulta importante explicar algunas de las barreras a las que se enfrentan cotidianamente mujeres que están dispuestas a participar e involucrarse en la vida política de su colonia, municipio o entidad y que topan con pared a la hora de querer hacerlo.

 

En este avance paulatino de nosotras de materializar el ejercicio de los derechos humanos de los cuales forman parte los derechos políticos existen los denominados techos que son barreras que afectan nuestra participación como mujeres en la esfera pública.

 

Así el techo de cemento se refiere a las dificultades autoimpuestas por mujeres que al hacer un balance entre lo que representa incursionar en la vida política y los altos costos personales en relación a las exigencias de su familia deciden no hacerlo y optan por quedarse en casa al considerar una gran dificultad conciliar su vida privada con la laboral.

 
 
Cuando al fin deciden participar por ejemplo en algún partido político, las mujeres se enfrentan a la complejidad de recaudar los fondos necesarios para poder planear e implementar una campaña, en muchas ocasiones cuando por fin logran una candidatura se les condiciona a ser ellas quienes cuenten con los recursos o los generen lo que implica un techo financiero que imposibilita su participación.

 

Y otro mas es el techo de cristal que se da en aquellos casos en los que a las mujeres se les impide llegar a cargos de dirección o de alta jerarquía por ejemplo de un partido político, de una institución o de una empresa; este techo es producto de prácticas veladas y muy sutiles que se viven en el día a día en la sociedad, en las propias instituciones, es un estereotipo en el que se ve solo a los hombres como directivos.

 

Estos techos están relacionados con una cultura machista que se resiste a que las mujeres ocupen espacios que consideraron por décadas exclusivos de ellos.

 

Veamos algunos ejemplos: en 2012 había 1 mujer postulada por cada 9 hombres en candidaturas a presidencias municipales.

 
 

En 2014 el principio de paridad ya estaba reconocido en la constitución federal no así en nuestra constitución local por lo que no se aplico y el resultado de ello fue que en 2015 en el ámbito municipal solo 24.21% fueron candidatas mujeres contra un 75.79% hombres.

 

Para 2018 se reconoce en la legislación local la paridad tanto vertical como horizontal por lo que 49.48% fueron candidatas mujeres y 50.52% hombres. Los cambios¡

 

A pesar de los avances estos techos siguen presentes acompañados en muchos casos de violencia la que tenemos que erradicar.

 

El llamado a todas las mujeres sigue siendo NO acepten un NO a sus postulaciones, NO acepten un NO a sus demandas y exigencias.

 

No sin mujeres.

Lunes, 01 Febrero 2021 09:00

Protocolos urgentes y necesarios

Son múltiples los desafíos que se presentan ante la pandemia SARS- COVID-19. Se ha normalizado la frase de los retos no son menores reflejada en diferentes ámbitos de nuestra vida privada y pública.

 

Esta por demás decir que los estilos de vida que solíamos tener se han desmantelado que la economía, la religión, la cultura se han visto terriblemente trastocadas por la crisis sanitaria y que la política no ha sido la excepción y con ella los procesos electorales.

 

El gran reto que representa el garantizar dos derechos humanos como lo son el derecho a la salud y el ejercicio de los derechos político-electorales implica generar las mejores y optimas condiciones para que las elecciones se lleven a cabo bajo los mas altos estándares de sanidad, seguridad y respeto al voto libre y secreto.

 

¿Cómo se hace esto posible? ¿Lo llevamos a cabo? Las experiencias de países en todo el mundo que decidieron llevar a cabo elecciones en lugar de postergarlas nos dicen que es vital contar con un Plan de Contingencia que acompañe la planeación integral del proceso electoral.

 

Este Plan de contingencia debe contener un conjunto de procedimientos y de instrucciones que permitan desarrollar todas y cada una de las actividades del proceso electoral en un contexto distinto al que normalmente prevalecía.

 

Para ello la generación de Protocolos que detallen la secuencia de pasos a seguir se hace fundamental.

 

Las actividades de preparación de la jornada electoral como son el registro de candidaturas, las campañas electorales, el registro de representantes, lo relativo a la documentación y material electoral en donde se lleva a cabo el conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales hasta llegar a la jornada electoral implica que miles de personas confluyan e interactúen en diversos espacios.

 

Por ello es tan importante y urgente que cada institución cuente con Protocolos que establezcan de forma detallada instrucciones y precauciones que se deben seguir. Vale la pena tener reuniones con expertos en materia de salud para contar con el mayor número de medidas que eviten contagios y prevengan posibles brotes.

 

Un buen ejemplo es el Instituto Electoral de Coahuila que cuenta con diversos protocolos de seguridad sanitaria en registro de candidaturas, campañas electorales, distribución de paquetes, PREP y simulacros, entrega de paquetes electorales posterior a la jornada electoral y cómputos distritales.

 

La colaboración interinstitucional para cuidar y proteger a los y las mexiquenses es importante; sin embargo la autonomía de las instituciones faculta y exige crear Protocolos y Lineamientos propios que garanticen la salud y a la par que se cumpla el contrato social entre la ciudadanía y el gobierno en sus diferentes niveles para el Estado de México: Ayuntamientos y Congreso Local.

Lunes, 25 Enero 2021 09:09

Mujeres indígenas: deuda histórica

 

En un Estado que se considera democrático, garantizar los derechos humanos de grupos que han sido discriminados por siglos es una obligación más aún cuando uno de esos grupos son mujeres y son indígenas.

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Discriminación 2017, la población indígena se encuentra entre los grupos más discriminados del país, 65% de la población considera que a las personas indígenas se les respeta poco o nada sus derechos.

 

La discriminación esta relacionada con la desigualdad. El tema cobra mayor relevancia si hablamos de mujeres que enfrentan una triple discriminación por ser mujeres, indígenas y la mayoría de ellas en situación de extrema pobreza.

 

Mujeres mazahuas, Otomís, Nahuas, Matlatzincas y Tlahuicas forman parte de la diversidad cultural y carácter pluriétnico del Estado de México, viven en su mayoría en los municipios de Toluca, Atlacomulco, Temascalcingo, Metepec, San Felipe del Progreso, Temoaya, San José del Rincón e Ixtlahuaca, y con presencia en prácticamente los 125 municipios.

 

Las mujeres indígenas se ocupan de las labores de cuidado y crianza pero también trabajan duro en las actividades agrícolas, artesanales y comerciales que les permite tener recursos para subsistir.

 

Participan activamente en las mayordomías, sociedades de padres de familia y faenas o tequio como le llaman al trabajo obligatorio comunitario sin remuneración, sin embargo, están ausentes en los espacios de decisión, esos lugares siguen ocupados por hombres resultado de relaciones de poder inequitativas en donde permea el autoritarismo y los condicionamientos socio-culturales no han cambiado.

 

La población indígena equivale al 17% de la población de la entidad mexiquense, más del 51% son mujeres. Muchas han sido participes en luchas para reivindicar los derechos colectivos de sus comunidades, el costo ha sido muy alto, minimizado y en algunos casos nulificado.

 

Las instituciones y las autoridades no pueden ser ajenas a este tema, el artículo 1º constitucional obliga que se garantice la participación efectiva de las poblaciones indígenas en los espacios de toma de decisión, sus derechos humanos y su derecho a la libre determinación.

 

En la actualidad las reformas de paridad en todo y la eliminación, erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género debe poner en el centro de discusión a las mujeres indígenas y su inclusión en los espacios públicos.

 

Su visión, su mirada, lo que viven y enfrentan día a día al ser parte de los espacios donde se toman decisiones trascendentes hará que se generen políticas publicas diferentes tal y como sucede ya en el ámbito federal.

 

Se requiere la implementación de medias afirmativas para corregir la histórica condición de desigualdad.

 

Necesitamos alcanzar y materializar una igualdad sustantiva verdadera. Una vez que ocupen esos espacios toca ver que los ejerzan libres y sin violencia.

En 9 meses de pandemia por la COVID-19, nuestros estilos de vida han dado un giro de 360º. Si la economía, la cultura, la religión no han escapado a los efectos de la pandemia tampoco la política y por ende los procesos electorales; razon suficiente para hablar del voto electrónico como una necesidad de pronta aplicación en nuestra entidad.

 

Este no es un tema nuevo, como dato histórico desde 1918 en la “Ley Carranza” se estipulo la posibilidad de realizar la votación por medio de maquinas automáticas.

El voto electrónico es aquel que se ejecuta a través de un dispositivo electrónico y que se realiza de forma automática a través de una urna electrónica o en una computadora.

 

Puede ser supervisado físicamente por la autoridad electoral, partidos políticos, candidaturas independientes, observadores electorales y ciudadanía que acuda a la casilla a sufragar a través de una urna electrónica o puede ser vía remota.

 

En ambos casos se debe garantizar que el voto electrónico sea universal, secreto, directo, personal, libre e intransferible.

 

En México desde 2003 la hoy CDMX ejecuto una prueba piloto mediante el uso de urnas electrónicas, en 2009 usaron la urna electrónica de forma vinculante y para 2012 implementaron el voto por internet para que la ciudadanía residente en el extranjero emitiera su voto por la jefatura de gobierno.

 

Otras entidades como Coahuila desde 2003 y Jalisco en 2006 han puesto en práctica el voto electrónico, no solo lo han ejecutado sino que han diseñado su propia urna electrónica.

 

Hay quienes dirán que la urna electrónica no evita que la ciudadania tenga que acudir a su casilla a votar lo cual es cierto, sin embargo el tiempo que permanece en la misma para ejercer su derecho se reduce considerablemente algo muy relevante en estos momentos en los que debemos evitar concentraciones de personas.

 

El contacto de los y las funcionarias de mesas directivas de casilla que entregan la boleta a la ciudadanía una vez que fue identificada en la lista nominal también se reduce.

 

No solo eso, la boleta electrónica como parte de la urna electrónica puede significar un ahorro importante en el costo que genera la impresión de la documentación electoral como lo es la boleta de papel que usamos para votar que en el Anteproyecto de Presupuesto de egresos del IEEM para este proceso electoral asciende a casi 93 millones de pesos entre boletas de Diputaciones Locales y Ayuntamientos sin contar otro tipo de materiales que se requieren para su uso.

 

La urna electrónica no requiere de mamparas, permite que el escrutinio y cómputo de los votos sea más ágil al ser la misma máquina la que imprime las actas de resultados, los cuales pueden ser verificados con los testigos de votación que contiene la misma urna una vez que la ciudadanía emitió su voto.

 

Las autoridades electorales en esta crisis sanitaria estamos obligadas a proteger dos derechos fundamentales de la ciudadania: el derecho a sufragar para la renovación de los cargos públicos y el de la salud que implica garantizar las mejores condiciones para evitar contagios.

 

La urna electrónica es una opción para hacer eficiente el proceso electoral, vale la pena analizar su implementación, tal vez vamos tarde para este proceso pero 2023 no es tan lejano.

 

 

 

 

El 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

 

La ONU decreto esta fecha una vez que salió a la luz pública la historia de torturas y persecución que culminó con el feminicidio de las activistas: Minerva, Patria y María Teresa Mirabal por parte del gobierno dominicano de Rafael Leónidas Trujillo en noviembre de 1960.

 

Hechos vergonzosos para la humanidad que lamentablemente no cesan y nos obligan a reflexionar y analizar la violencia contra las mujeres como un problema que lacera y perjudica de manera sustancial la democracia de cualquier país incluido el nuestro.

 

En el ámbito político la lucha de las mujeres ha significado una ardua tarea que ha consistido primero en formar parte de los espacios públicos en donde se toman decisiones para después exigir la paridad.

 

Los patrones culturales y formas de pensar machistas en ocasiones son una difícil barrera que las mujeres combatimos día a día.

 

Sin duda, sensibilizarnos como sociedad en lo que significa una verdadera igualdad de oportunidades en contiendas electorales ha representado un gran reto para las mujeres que aspiran a cargos de representación popular y también a ejercerlos con todas las facultades inherentes a los mismos sin violencia.

 

Avances positivos

 

En la actualidad podemos decir que la lucha que durante décadas un número importante de mujeres han dado a lo largo y ancho del territorio nacional comienza a materializarse en leyes, sin que ello signifique en los hechos que las mujeres ejerzan a plenitud sus derechos, ahí están los casos de Chiapas, Oaxaca y el propio Estado de México en la última elección a la gubernatura del Estado.

 

Hemos transitado de las cuotas al concepto de paridad, hasta llegar a la paridad total.

 

Aunado a lo anterior contamos con la reforma del 13 de abril de 2020, publicada en el Diario Oficial de la Federación misma que impacta en leyes estratégicas. Esta reforma: define la violencia política contra las mujeres en razón de género, establece las conductas que deben considerarse violencia política y define las autoridades competentes para conocer de los casos, así como las sanciones.

 

Por su parte, desde el ámbito jurisdiccional, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 30 de junio de dos mil veinte, ordenó a las autoridades electorales nacional y estatales crear una lista de personas sancionadas por violencia política de género con el fin de utilizarlo como criterio para negar el registro de una candidatura a quienes hayan incurrido en este delito.

 

El Estado de México y el IEEM

 

En la entidad, el Congreso mexiquense el 13 de agosto de 2020 tipificó la violencia política de género, eliminó el lenguaje sexista en la Constitución local y propuso reformas al interior del Organismo Publico Local de la entidad.

 

El Instituto Electoral del Estado de México por sus siglas IEEM tiene un gran reto encomienda y obligación que es armonizar al interior sus lineamientos, reglamentos y normatividad, pero no solo ello, también crear y proponer, de ser el caso, nueva reglamentación encaminada a garantizar un adecuado seguimiento, acompañamiento, asesoría y actuación en los casos de violencia política contra candidatas, precandidatas, aspirantes, militantes de los partidos políticos, periodistas, servidoras públicas, defensoras de derechos humanos o similares que manifiesten ser objeto de violencia política en razón de género.

 

En enero de dos mil veintiuno, iniciará formalmente el proceso electoral en nuestra entidad, como autoridad electoral estaremos a prueba y escrutinio de la ciudadanía tenemos un gran compromiso: la violencia política en contra de las mujeres en razón de género debe combatirse, erradicarse y repararse.

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