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En el caso de nuestro país la violencia contra las mujeres ha sido desde decenas de años una de las violaciones a derechos humanos más graves, persistentes y lacerantes, es lamentable que el Estado de México ocupe el segundo lugar con los índices más altos de violencia de acuerdo al INEGI en 2020 y el primer lugar en feminicidios a nivel nacional.

Todas las formas en las que se manifiesta como son la física, sexual, psicológica, económica y política son condenables y deben ser visibilizadas a fin de lograr su erradicación.

La reivindicación de los derechos político-electorales de las mujeres a través de diferentes movimientos feministas y de la sociedad civil ha logrado que un número importante de mujeres hoy en día formemos parte de espacios de toma de decisión y que podamos visibilizar esta violencia.

Es cierto que el camino no ha sido sencillo, las mujeres en política han peleado cada espacio, sin embargo, a la par de este aumento de mujeres en la vida pública la violencia que se ejerce contra ellas también se ha elevado de forma grave.

Contar desde el 13 de abril del 2020 con un marco normativo que definió el concepto de violencia política contra las mujeres en razón de género y enumeró las conductas que expresan violencia es un importante avance.

Existen desafíos que el proceso electoral 2021 nos evidenció, en el caso del IEEM se presentaron 72 procedimientos especiales sancionadores de los cuales 67 fueron concluidos (2 casos fueron inscritos en el Registro Nacional de personas sancionadas por VPRG) y 5 se encuentran en proceso.

Algunas interrogantes: ¿Fueron los únicos casos de violencia? ¿Cuáles son los motivos de los desechamientos? Otro gran tema es el de las pruebas que debiera ser mucho más amplio al considerar los diversos medios a través de los cuales se ejerce violencia. Es necesario analizar la aplicación o no de medidas cautelares y de protección aunado a la necesaria elaboración del análisis de riesgo.

La falta de criterios unificados en las diferentes instancias jurisdiccionales es otro tema que debe analizarse, al igual que el tema de juzgar con perspectiva de género.

Debemos empoderar a las mujeres y niñas, replantearnos la eficacia y funcionamiento de los medios actuales para hacer que realmente cumplan con su objetivo y las mujeres ejerzan sus derechos en espacios libres de todo tipo de violencia.

Los valores, símbolos y conjunto de reglas compartidas que reconocemos y se materializan en la manera en la que los y las actoras políticas y las instituciones se comportan son parte de nuestra cultura política.

Es a través de ella como la sociedad puede incidir y exigir un comportamiento integral de las instituciones, específicamente de aquellas que se encargan de organizar elecciones, surge entonces el concepto de integridad electoral que se encuentra íntimamente relacionada con la calidad que tienen las elecciones.

Esa integridad se refiere al grado en que las instituciones cumplen con estándares de equidad, libertad, transparencia, competitividad e imparcialidad. Es la correspondencia entre valores y normas.

En México, la llamada transición a la democracia, ha descansado en el ámbito electoral por ello el gran número de reformas electorales con las que contamos.

La desconfianza y el abuso del poder hizo que se pugnara por contar con órganos electorales independientes y profesionales en aras de tener imparcialidad.

La última reforma justo tuvo como eje romper con el control que los ejecutivos locales tenían en la designación de las autoridades electorales.

Sin embargo, estudios como el de Irma Méndez de Hoyos, reflejan un magro desempeño en imparcialidad y débiles resultados en independencia y profesionalismo al arrojar como resultado de dicha investigación un alto partidismo que puede medirse en las votaciones y argumentos vertidos en sesiones de los diferentes órganos electorales.

Es claro que existe un déficit en la integridad electoral el cual debe modificarse a partir de los valores éticos, de transparencia, de autonomía atendiendo la realidad y tomando decisiones en consecuencia.

La autocrítica debe ser practicada, y en el Estado de México vale la pena cuestionarnos y medir la integridad electoral que ha existido y cómo la cultura política de los y las mexiquenses exige cambios en el actuar de muchos y muchas.

Pero ¿la ciudadanía tiene pleno conocimiento de la constitución? ¿los derechos en ella contenidos se materializan en la realidad cotidiana? ¿Cómo ha sido modificada y a que atienden tales reformas?

Sabemos que la constitución es un instrumento jurídico-político a través del cual se establece un límite al poder político y que la misma deriva de un concepto liberal-garantista desde la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 que decía: “Una sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los derechos ni reconocida la división de podes, no tiene constitución”

Por lo tanto, la constitución permite que la libertad de los ciudadanos en su relación con el Estado este protegida a través de la división de poderes y del respeto de los derechos humanos.

Sin embargo, se debe tener claro que las reformas que se llevan a cabo al texto constitucional obedecen y son el reflejo del ideario y proyecto político de nación que tiene el gobernante en turno[1]

Lo anterior queda acreditado al revisar qué y quienes han sido los propulsores de las más de 700 reformas que desde su promulgación a la fecha tiene nuestra constitución.

En un primer momento, el objetivo principal estuvo centrado en la reforma en materia político-electoral para reconocer y darles garantías a las fuerzas políticas minoritarias que exigían freno al entonces avasallador poder del PRI.

Después hubo reformas constitucionales de gran calado que han tenido el fin de fortalecer a los poderes legislativo y judicial frente al poder ejecutivo.

Otras que han puesto en un lugar preponderante los derechos de la ciudadanía como lo fue la reforma en materia de derechos humanos de 2011, que trajo consigo la maximización de los efectos normativos de los derechos fundamentales, su horizontalidad, el principio pro persona y con ello nuevos parámetros interpretativos.

Sin embargo, es necesario plantearnos que la dinámica de la reforma constitucional pone de manifiesto serios desafíos al texto constitucional por parte de los especialistas, pero también de la población en general que en la mayoría de los casos desconoce el contenido de la constitución.

Estas deformaciones y disfunciones de la constitución deben ser reordenadas, reducidas o renovadas.

Pero lo más importante es forjar una cultura constitucional en donde la constitución sí sea un producto cultural con funciones amplias de integración social y representación simbólica de nuestra nación.

Hoy ante la extrema polarización que persiste parece adecuado tener fresca la memoria en torno a las reformas electorales como parte de esa transición.

El autoritarismo emanado del régimen político creado después de la revolución a través de los cacicazgos institucionalizados del entonces partido gobernante, (PNR, PRM, PRI) creó un modelo de organización electoral con un fuerte control gubernamental que logró que de 1917 a 1943 no hubiese modificación alguna.

Sin embargo, partidos de oposición al PRI como el PAN y el PRD tomaron fuerza y la sociedad mexicana dio un primer cambio que hizo que de 1977 a 1996 se gestaran reformas electorales en las que se reconoció a los partidos políticos como entidades de interés público con un sistema de prerrogativas y con el establecimiento de la representación proporcional.

La crisis de 1988 con “la caída del sistema” obligó un cambio mayor, entonces se creó el IFE en 1990 con consejeros ciudadanos en los consejos locales y distritales para después arribar esa ciudadanización al consejo general en 1994 cuando ya no era el presidente de la república quien nombraba a los consejeros sino los grupos parlamentarios de los partidos.

La naturaleza de esa decisión radicó en que siendo ciudadanos con reconocido prestigio por la sociedad serían imparciales y vigilantes extremos de la organización de las elecciones ahí encontramos a personajes como Miguel Ángel Granados Chapa y José Woldenberg.

Pero nuestro país nunca dejó de tener cambios y en 1996 Ernesto Zedillo fincó la necesidad de una nueva reforma para evitar inestabilidad política misma que trajo consigo la reorganización del consejo general del IFE retirando al secretario de gobernación del órgano electoral, terminando con los consejeros ciudadanos para dar paso a los consejeros electorales.

Perfeccionamiento de medios de impugnación y un nuevo modelo de comunicación política en 2007 son también parte de la transición.

La última reforma electoral fue en 2014 con la creación de un híbrido, una autoridad electoral de carácter nacional que organiza procesos electorales federales y locales, misma que hoy nuevamente se pone al centro del debate.

Nuestro sistema ha sido siempre perfectible sería bueno saber qué opina la ciudadanía y qué temas le interesan.

Hoy es vital que nos ocupemos en hacer una pausa para repensarnos como sociedad en lo individual y en lo colectivo.

Ver los grandes avances que tenemos como humanidad, pero también aislar todos y cada uno de los actos devastadores y perversos que esta pandemia ha puesto al desnudo.

Reforzar el cumplimiento y exigencia del respeto a los derechos humanos, muchos de los cuales han sido vulnerados a cientos y miles de personas.

El confinamiento obligatorio ha hecho visible la violencia doméstica que se elevó en un gran número de hogares en donde las mujeres, niños y niñas han resultado los más afectados al encontrarse con sus agresores sin recursos y redes de apoyo.

De acuerdo con ONU Mujeres, en México las llamadas al 911 en un lapso de 100 días aumentó en 20% y la atención brindada en casos de violencia en más del 70%.

Las aristas del Covid-19 son diversas y ninguna menor. La CIDH dictó una resolución [1] que reitera la necesidad de abordar el tema con perspectiva de derechos humanos.

El derecho a la salud es un derecho autónomo y justiciable sin tener necesidad de vincularlo con violaciones concomitantes por lo que los Estados deben ocuparse de generar e implementar políticas públicas eficaces que cuenten con los siguientes estándares:

Calidad (infraestructura adecuada para atender necesidades básicas y urgentes, así como recursos humanos), accesibilidad (bienes y servicios de emergencia de salud que deben ser accesibles a todas las personas sin distinción y discriminación alguna), disponibilidad (suficiencia en todo lo necesario para atender la crisis de COVID-19) y aceptabilidad (la ética de los profesionales de la salud al informar al paciente su diagnóstico y tratamiento.)

Se requiere implementar políticas públicas serias que den respuesta a la crisis financiera que la ciudadanía vive; datos del CONVEVAL reflejan que son los grupos de población más vulnerables los que resienten más esta crisis por pérdida de salud y empleo lo que nos lleva a mayor pobreza.

El Estado de México ocupa el 2º lugar en contagios y en aportación a nivel nacional del PIB[2] lo que obliga que se tomen medidas de vanguardia que protejan los derechos de la clase trabajadora, se minimice el número de desempleos, se amplíe el acceso a la sanidad y a los bienes y servicios de primera necesidad

Todo ello con ética y responsabilidad, no se debe lucrar con un derecho humano como la salud.

Aprovecho para agradecer a mi casa EL SOL DE TOLUCA permitirme expresar lo que pienso de diversos temas, éste uno de ellos y a mis lectores por su tiempo.

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[1] Resolución 4/2020 Corte Interamericana de Derechos Humanos.

[2] De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).