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A punto de concluir 2025 es obligado el balance sobre los cambios estructurales en materia electoral, así como los retos para los próximos años.

2025, un año previsto inicialmente como no electoral, terminó siendo clave para la configuración del nuevo Poder Judicial Federal y de al menos 19 entidades del país, donde los institutos electorales nos enfrentamos a una elección de personas juzgadoras, algo que nunca se había llevado a cabo.

Las complejidades fueron diversas, desde determinar cuál sería el marco geográfico, identificar y utilizar inmuebles que lograran almacenar el material y documentación electoral, hasta generar la mejor pedagogía para explicar las boletas electorales.

La elección fue el primero de junio, en general con una baja participación ciudadana. A nivel federal fue del 13% y en el Estado de México alcanzó el 12%.

Concluido este proceso electoral, la mayoría de los institutos electorales han realizado foros para intercambiar experiencias, el Instituto Nacional Electoral (INE), como autoridad nacional, también convocó a esta reflexión.

En nuestra entidad, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) realizó mesas de análisis para escuchar a diferentes personas y especialistas que participaron en el desarrollo del proceso, entre los comentarios están el mejorar la elección de inmuebles. También constatamos que, en los distritos más grandes como Ecatepec, Toluca y Naucalpan, el alto número de personas en las Juntas del IEEM generó problemas de organización, lo que nos obligaría a determinar si debe haber una nueva propuesta del marco geográfico.

Además, fue una elección no incluyente, pues a personas con alguna discapacidad, como debilidad visual o personas en prisión preventiva no se les garantizó el ejercicio de este derecho. En muchos casos la ciudadanía consideró muy complejas las boletas y existió desconocimiento de la conformación del Poder Judicial Federal y local.

Ahora vienen más procesos electorales y está en puerta la próxima reforma electoral que camina desde la creación de la Comisión Presidencial, la cual convocó a audiencias públicas para elaborar la propuesta final.

Pablo Gómez, quien encabeza esta comisión, ha expresado que los órganos locales electorales deben desaparecer, así como que las consejerías electorales han sido revestidas como majestad política que rechazan críticas, derrochan fondos en asuntos irrelevantes o personales y ganan más que la presidenta de la República.

En este contexto termina 2025. La próxima reforma electoral está en marcha y hay muchas tareas rumbos a los comicios de 2027. 

2026 no es un año electoral, pero la clase política desde este año definirá sus estrategias. Y en el caso de las autoridades electorales estarán a la espera de la iniciativa para transformar al sistema electoral.