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Todos los cambios requieren de la implementación de nuevos procedimientos que permitan ejecutar las nuevas facultades y encomiendas que los textos normativos mandatan.

Una reforma en cualquier materia por supuesto que va acompañada de una visión distinta, una forma de concebir determinado proceso de manera opuesta a como se venía desarrollando.

El poder judicial federal y todo su entramado jurídico no había sido modificado en 30 años en los cuales se generaron vicios que cualquier institución sin un mínimo de refrescamiento en sus estructuras genera, este hecho por supuesto incomoda a muchas personas particularmente quienes por décadas se han visto beneficiados y beneficiadas de esos espacios y ocurre no solamente en el ámbito judicial hay que decirlo con toda claridad; ocurre en el electoral, en las universidades y en todos aquellos espacios en donde una vez conquistado el poder se hace difícil soltar y hacer cambios para mejorar.

Se hace una gran crítica a esta reforma y todo lo que implicará, pero no debemos olvidar, insisto, en que todo cambio requiere de nuevas curvas de aprendizaje y la generación de normatividad acorde al momento presente.

Un ejemplo de ello lo tenemos con la reforma electoral de 2014, a 10 años de su implementación, nos damos cuenta de que hay un modelo que se tuvo que construir paso a paso y con el que se han tenido importantes experiencias en la vida democrática del país como lo es la alternancia política en diferentes esferas de gobierno, entre ellas la presidencia de la república en 2018.

Cuando esa reforma se dio, recordemos que el entonces nuevo INE tuvo que implementar a través de diversos acuerdos adoptados por el Consejo General, la forma en la que tendría que atender sus nuevas facultades, más de 70 facultades le fueron encomendadas y nada menores entre ellas, la capacitación a quienes serían funcionarios de mesas directivas de casilla, la geografía electoral nacional, la fiscalización, la coordinación para temas del Programa de Resultados Preliminares, conteos rápidos, por mencionar solo algunos.

Surgió entonces el Reglamento de Elecciones que hoy todos conocemos como aquel cuerpo normativo que regula las disposiciones de Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales, así como la competencia del INE y los organismos públicos locales, con la finalidad de sistematizar las normas que regulan la organización de los procesos electorales, ordinarios y extraordinarios con el fin de evitar la dispersión normativa y la sobrerregulación.

Eso es exactamente lo que ocurrirá en los próximos meses, el INE ya inició con la generación de la normatividad que regulará la coordinación y la organización de este inédito proceso electoral, sin duda, el tema de la participación ciudadana seguirá en primer lugar de los desafíos porque las instituciones electorales saben organizar elecciones, pero la participación de la ciudadanía depende no exclusivamente de los organismos electorales, es una cultura que en nuestro país es muy incipiente aún.