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En las últimas décadas una buena parte de países latinoamericanos ha experimentado cambios sustantivos en su orden democrático

En las últimas décadas una buena parte de países latinoamericanos ha experimentado cambios sustantivos en su orden democrático. Con alternancias partidistas, el surgimiento de personalismos nunca antes vistos, con grandes y nuevas mayorías políticas o reformas electorales, hoy vivimos un momento clave para inscribir a América Latina y el Caribe al frente de principios democráticos. En ese sentido, recién fue publicado el Latinobarómetro 2023, uno de los recursos más completos en materia de opinión pública y de política comparada. Aprovecharé este espacio para comentar algunos de sus hallazgos más relevantes.

En primer lugar, el reporte de este año apunta a que la región está en medio de una recesión en su consolidación democrática. Los datos globales indican lo siguiente: el 48% de las y los latinoamericanos apoya la democracia, lo que representa el nivel más bajo de las últimas tres décadas. Más aún, las mediciones indican que el número de personas que prefieren un gobierno autoritario aumentó en todos los países de la región donde se realizaron levantamientos, salvo en Panamá.

Ciertamente, en estudios de opinión como éste el fraseo de las preguntas es fundamental. Por ejemplo, a 45% de los encuestados le da igual su régimen de gobierno o considera que uno autoritario puede ser preferible a uno democrático. Sin embargo, el 66% de las y los latinoamericanos consideró que la democracia puede tener problemas, pero es el mejor sistema de gobierno. La educación cívica es fundamental para reducir estas discrepancias. Autoridades y actores políticos debemos asociar la democracia no sólo a la emisión de un voto; sino al goce efectivo de un conjunto muy amplio de derechos.

Debemos prestar también mucha atención a los hallazgos del caso mexicano. Los datos de la encuesta arrojan que el apoyo a la democracia disminuyó 8% y que el apoyo al autoritarismo aumentó 11 puntos porcentuales. Uno de cada tres mexicanos, cree que un gobierno autoritario puede ser mejor. Cambiar estas tendencias pasa por un rango de actividades diverso. Desde el IEEM, por ejemplo, estamos impulsando consultas a pueblos originarios y a las infancias mexiquenses. La inclusión y la participación ciudadana son vitales para la toma de decisiones. En mi columna anterior, hablé de algunas áreas de oportunidad para mejorar como país en estos indicadores. El Latinobarómetro, refuerza la necesidad de actuar conjuntamente.

Con los datos de este levantamiento, vale recordar las palabras de Eduardo Galeano, uno de los latinoamericanistas más destacados de la historia reciente. El escritor uruguayo decía que, a partir de lo que nos une, y sobre la base del respeto a las numerosas identidades nacionales que nos configuran, América Latina es, sobre todo, una tarea a realizar. Nuestras democracias tienen todavía mucho por avanzar. Hagamos uso de estos datos para entender los fenómenos detrás del descontento ciudadano con la democracia. Es posible erradicar estas tendencias.

POR AMALIA PULIDO

@pulido_amalia

El Continente Americano es la segunda región con la percepción de integridad electoral media más alta del mundo. México y EU ocupan la posición 16

Hace algunas décadas, en uno de los estudios pioneros sobre consolidación democrática, Juan Linz y Alfred Stepan destacaron el factor actitudinal de la población hacia la democracia. La consolidación, decían, también se expresa cuando, frente a las crisis políticas y económicas más severas, la gran mayoría de las personas creen que cualquier cambio político futuro debe emerger y respetar parámetros y procedimientos democráticos.

No son pocos los académicos que resaltan la importancia de los valores y los aspectos culturales. Lo cierto, sin embargo, es que este factor se nutre, en buena medida, de las condiciones materiales en las que se desenvuelve la sociedad: el crecimiento económico, la igualdad de oportunidades y especialmente, los procedimientos bajo los cuales se organizan los comicios.

Nueve partidos políticos de ese país centroamericano presentaron ante la corte constitucional un recurso para detener la calificación de los comicios

Transformar la voluntad de la ciudadanía en representación es un tema complejo. La diversidad de sistemas electorales que existen en la actualidad es sintomática del desafío que representa la agregación de preferencias y la nivelación de la competencia política. De ahí que cobre interés analizar cómo se desempeñan estas reglas en otras latitudes. La elección guatemalteca, es un buen ejemplo para ello.

El pasado 25 de junio, el Tribunal Supremo Electoral convocó a poco más de 9.3 millones de personas a elecciones generales, en las que se votó por los miembros del Congreso y en primera vuelta, por la Presidencia. Sin embargo, con la publicación de los resultados preliminares, nueve partidos presentaron ante la corte constitucional un recurso para detener la calificación de los comicios. El argumento fue el del fraude electoral, un discurso cada vez más recurrente en América Latina y que en ocasiones no encuentra sustento en la realidad.

Hay múltiples elementos para estudiar de esta elección. Me detendré en uno de ellos: la segunda vuelta, implementada también en Francia y Brasil. Esta regla típicamente es entendida como una medida que beneficia a la gobernabilidad. Al elegir a alguna de las dos candidaturas más votadas, las primeras vueltas permiten al votante expresar su primera preferencia y después actuar estratégicamente. Asimismo, a la candidatura electa, le dotan de una mayor legitimidad.

En Guatemala, sin embargo, sucedió algo distinto. Para diversos analistas, las encuestas jugaron un papel clave. Por ejemplo, aunque varios de estos instrumentos apuntaban a la candidata Zury Ríos Sosa entre las primeras posiciones, los datos preliminares la ubicaron en el sexto lugar. La narrativa del fraude se alimentó de esta aparente contradicción.  Lo cierto es que la probabilidad de error es natural en estos insumos, más aún cuando se generan estimaciones para una gran cantidad de propuestas. Las encuestas no hacen pronósticos, sino que ofrecen estimaciones sobre las preferencias en el día del levantamiento.

Aunque algunas casas encuestadoras omiten reportarlo, el estadístico calculado está asociado siempre a un intervalo de confianza. El caso guatemalteco nos deja, por tanto, una importante lección. Las encuestas no están diseñadas para garantizar cómo resultarán los cómputos finales. Nadie puede tener esa total seguridad. Ese acto de enajenación del control de los resultados es, precisamente, el que constituye el paso definitivo hacia la democracia.

Aunque las principales misiones observación internacional han enfatizado que la elección operó con eficacia y seguridad, en Guatemala, se extiende una narrativa del fraude electoral. Es fundamental que las fuerzas políticas apuesten por el respeto a las reglas y por los cauces institucionales. En democracia, a veces se gana y a veces se pierde. No hay triunfos ni derrotas absolutas. Vale la pena siempre recordarlo.

POR AMALIA PULIDO

PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO

@PULIDO_AMALIA

No debe verse en el sentido acotado de la asistencia a las urnas. Dentro y fuera de la jornada electoral hay vías para participar y ejercer los derechos políticos

Los ejercicios comiciales suelen evaluarse desde la nitidez con la que logran generar una adecuada representación política y a partir de los incentivos que logran para la participación ciudadana. En ambas dimensiones, se requiere del ejercicio de derechos como las libertades de expresión y de asociación, así como el acceso a la información.

La participación, en ese sentido, es fundamental para que una democracia representativa funcione y evolucione en beneficio de la población. Sin embargo, participar no debe verse en el sentido acotado de la asistencia a las urnas. Dentro y fuera de la jornada electoral hay canales para participar y para ejercer los derechos políticos.

Joseph Klesner, en uno de los estudios pioneros sobre participación política en México, atinadamente advirtió que la determinante más fuerte de la participación es el involucramiento en actividades generadoras de capital social. El caso mexicano coincidió así con textos paradigmáticos de la ciencia política que encuentran que las personas son más proclives a participar en cuestiones públicas cuando pertenecen a organizaciones, participan en obras de caridad y desarrollan actividades en común con sus vecinos, por ejemplo.

La construcción de capital social es esencial para promover tasas altas de participación política en México. A esa misma conclusión nos dirige el Informe País realizado por el PNUD y el INE. La participación cívica y comunitaria se distinguen por ser las dimensiones de mayor intensidad entre las y los mexicanos. La base de esto radica, principalmente, en la confianza. Las personas establecen lazos más fuertes con sus conocidos y vecinos, que cuando se trata de funcionarios públicos.

De lo anterior se desprenden dos líneas de acción bastante claras. En primer lugar, es preciso seguir fomentando el involucramiento ciudadano en actividades cívicas y comunitarias. Como autoridades, debemos fomentar el estrechamiento de los lazos sociales.

Ello pasa por un conjunto amplio de programas de gobierno: la recuperación de espacios públicos, la erradicación de la violencia de género y la discriminación, por mencionar algunos ejemplos. Lo segundo es reducir la distancia entre la ciudadanía y las instituciones.

Debemos lograr que la participación política se entienda como una forma eficiente de resolver problemáticas. Mecanismos como el presupuesto participativo, acciones afirmativas, candidaturas independientes, consultas indígenas, pueden implementarse. La innovación tecnológica también acotará la distancia entre la gente y sus autoridades. El voto debe ser útil y accesible. Para tener una democracia de todas y de todos, es necesario fortalecer el tejido social.

Emitir un voto libre e informado, también pasa por practicar la deliberación y la acción colectiva en muchas otras facetas de la vida social. Acudir a las urnas no es un evento aislado, sino una decisión que parte del involucramiento que tenemos en los entornos más próximos a todas y todos nosotros.

POR AMALIA PULIDO

PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO

@PULIDO_AMALIA

El proceso 2023 refrendó que la coordinación interinstitucional es posible. En el caso del Estado de México, se acordó un calendario con 202 actividades a realizar en forma entrelazada. La elección llegó a buen puerto porque cada una de éstas se llevó a cabo en tiempo

¿Cómo evaluar las elecciones del 4 de junio pasado? Desde su realización, académicos y analistas tratan de descifrar qué nos dicen los resultados de los comicios mexiquenses y coahuilenses sobre nuestra democracia. Proponen lecturas en términos de liderazgos, sistemas de partidos y posibilidades de alternancia.

Quiero proponer una lectura distinta. Sugiero revisar los comicios, en términos de lo que éstos nos dicen sobre la institucionalidad electoral en México. Vale la pena estudiar desde ese ángulo, pues con frecuencia se leen textos desinformados que piensan que los institutos electorales locales son redundantes, o bien que las autoridades son ineficaces. Ambas premisas son falsas.

El modelo de organización de la administración electoral de nuestro país es único. En México, el INE y los institutos electorales de las entidades federativas participan en la gestión de procesos locales, cada uno con su tramo de responsabilidad. Sincronizan tiempos y movimientos.

El proceso 2023 refrendó que la coordinación interinstitucional es posible. En el caso del Estado de México, se acordó un calendario con 202 actividades a realizar en forma entrelazada. La elección llegó a buen puerto porque cada una de éstas se llevó a cabo en tiempo.

Pero la institucionalidad mexicana no se conforma sólo con el cumplimiento de la Ley. En esta elección se buscó expandir la comunidad política, a través de la inclusión de personas privadas de la libertad y nuevas opciones de votación para residentes en el extranjero y personas con discapacidad. El ámbito local arroja ya resultados útiles para la toma de decisiones en el plano nacional. En el Estado de México se sufragó dentro de 20 centros penitenciarios, con total seguridad.

Además, esta elección demostró que las capacidades técnicas del INE y de los institutos locales están al punto. El miércoles pasado terminó el cómputo oficial de las más de 20 mil casillas que fueron instaladas en la entidad mexiquense. Cuando fue necesario (casi el 15% de paquetes), los votos se recontaron para dar certeza de la integridad de los resultados.  Los datos son contundentes: el conteo rápido realizado por el INE, así como el PREP y cómputos desarrollados por el IEEM convergen con sorprendente precisión. La ciudadanía pudo tener resultados preliminares oportunos y la seguridad de poder ver – acta por acta – el resultado de la elección.

Pero la integridad electoral no sólo supone hacer las cosas adecuadamente. Deben ser verificables. La elección mexiquense captó la atención de más de 7 mil observadores electorales y 140 internacionales. El escrutinio ciudadano disuade conductas irregulares y multiplica las garantías de que cualquier desviación sea detectada y denunciada.

La actuación pulcra de las autoridades electorales es fundamental para alcanzar procesos íntegros. Son de destacar también el clima de paz y gobernabilidad en el Estado de México, así como el liderazgo y responsabilidad de las candidatas en el proceso. Sobre todo, hay que valorar a las y los 6.3 millones de ciudadanos mexiquenses que con su voto ayudaron a definir el futuro político de su entidad.

Gracias por su participación.

POR AMALIA PULIDO 

PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO

@pulido_amalia