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Más allá del debate que ha generado la elección de integrantes del Poder Judicial tanto en el ámbito federal como en las entidades del país, encontramos algunas aristas novedosas que merecen ser analizadas de manera preliminar.

La elección mediante el voto ciudadano de personas juzgadoras, se ha reiterado ser inédito y no sin razón, sin embargo, en la conversación pública poco se ha señalado lo siguiente:

1.Qué también con dicha elección, se enriquece el modelo electoral mexicano al asignar una nueva responsabilidad a los órganos electorales constitucionales y a los ciudadanos.

2. Sin establecerlo legalmente, la elección de personas juzgadoras es a dos vueltas, la primera a cargo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial federal y estatales; ya que las tres instituciones son las encargadas de emitir la convocatoria, realizar el registro de los aspirantes, seleccionarlos mediante tres filtros (los que cumplen con los requisitos, los mejor evaluados y los que resultaron sorteados) y finalmente integrar las listas de candidaturas que aparecerán en la boleta electoral. Dichos listados son enviados a los órganos electorales para que éstos realicen los siguientes pasos de esta elección.

La segunda vuelta le corresponde al INE y a los institutos electorales de los estados (llamados genéricamente oples), donde se realizará, elección de personas juzgadoras. Los organismos electorales se encargarán de la capacitación a los funcionarios de casilla, de la instalación de casillas, del diseño de documentación (boletas, actas) y material electoral (mamparas, urnas), de la acreditación de observadores electorales, del escrutinio y cómputo de votos, de los ajustes de género, de la entrega de constancias de mayoría, de la declaración de validez de la elección, entre muchas otras actividades.

3. Ausencia directa de los partidos en lo que sería la segunda vuelta al no tener presencia en los órganos electorales, no sólo en las funciones técnico operativas sino también en la promoción del voto; sin embargo, si hay una presencia indirecta durante la primera vuelta mediante los grupos parlamentarios de cada partido en el Congreso de la Unión y en las Legislaturas de los Estados; así como a través de los titulares de los Poderes Ejecutivos federal y estatales, los cuales tienen públicamente una militancia política.

4. La sustitución de facto de los partidos políticos por los tres Poderes federal y estatales, al tener la responsabilidad cada uno de estos Poderes, de proponer una lista de candidaturas que aparecerán en las boletas, hacer su registro ante el INE o los institutos electorales locales, realizar las sustituciones correspondientes e incluso, cada candidatura estar referenciada en la boleta electoral, al Poder que la propone.

5. Un nuevo diseño de boleta en el que no aparecerán emblemas de partido, sino nombres de personas candidatas en dos columnas; del lado izquierdo estarán los nombres de las mujeres candidatas y del lado derecho los nombres de los candidatos hombres. En la parte superior de las columnas habrá recuadros donde el elector habrá de anotar el número de la candidatura o candidaturas con los que se identifica y por los cuales ejercerá su voto. Los cargos a elegir también podrán identificarse por el color de la boleta.

6. No habrá Programa de Resultados Electorales Preliminares por la propia complejidad que encierra el ejercicio del sufragio al tener varias candidaturas para distintos cargos en una misma boleta; pero los resultados empezarán a conocerse la misma noche de la elección.

7. El escrutinio y cómputo se realizará en los órganos electorales de los distritos, por los ciudadanos que forman parte de éstos. Las actividades de capacitación previa para el funcionariado que habrá de contar los votos, es sin duda una de las tareas esenciales en este proceso electoral.

Como podemos observar, este nuevo formato electivo viene a dinamizar el modelo tradicional que durante décadas hemos utilizado para elegir a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo en sus distintos ámbitos.

Generalmente lo nuevo ocasiona debate e incertidumbre, pero es la única forma de tener instituciones vivas y dinámicas, así como un modelo electoral que no sea estático. Solo el tiempo y la práctica nos confirmará su certeza y viabilidad, pero para saberlo, hay que hacerlo, y el proceso electoral para personas juzgadoras está caminando.

Todos tenemos una historia para contar como individuos, cómo colectivos y como organizaciones; cada uno con sus matices y diferencias, pero también con sus similitudes, y una de estas últimas es el hacer bien las cosas, lograr nuestros objetivos, poner todo nuestro empeño para cumplir metas y en el camino a transitar, tener en mente el “si se puede”.

Seguramente esta corta frase la hemos escuchado en múltiples ocasiones, en mi caso, la primera vez que la oí fue en una final de fútbol entre Toluca contra Necaxa (1998), como una arenga de la afición toluqueña a su equipo, para motivarlos y hacerles ver que se podía remontar el marcador adverso y ganar el campeonato; creo que a partir de ese momento su uso se masificó en México y empezó a escucharse en cualquier actividad social. Después supe que esta frase había sido utilizada por el chicano César Chávez, quien con la bandera de la “No Violencia”, encabezó un movimiento de trabajadores agrícolas en Estados Unidos en demanda de mejores condiciones de trabajo.

Los desafíos a enfrentar los vivimos y los sorteamos a diario: la violencia en sus distintas expresiones y manifestaciones, la inseguridad, los problemas estructurales de nuestra economía que ahora parecen agravarse por el probable incremento de aranceles que pretende imponer el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica a las exportaciones mexicanas hacia aquel país, lo que sin duda tendría un impacto en nuestra economía; las enfermedades que parecen no tener atención, fin, ni cura; la educación que tampoco alcanza a cubrir la demanda; y sin embargo, todo ello no es obstáculo para que se sigan haciendo esfuerzos que apuntan y buscan mejorar nuestras condiciones de vida.

En el contexto y las circunstancias de la realidad que nos toca vivir, necesitamos persistencia (terquedad) y confianza. En el escenario actual tenemos una elección de personas juzgadoras, a las interrogantes sobre la viabilidad y utilidad de esta particularidad que tenemos en el Estado de México y a nivel nacional; se suman ahora, entre muchas otras, la complejidad de la emisión del voto por los ciudadanos y posteriormente el conteo de los mismos. Sin embargo, desde la responsabilidad que corresponde a los órganos electorales constitucionales federal y estatal, está garantizada la certeza, la transparencia y la confianza de sus resultados.

Es cierto que el modelo de boleta es complejo, pero “si se puede” comunicar a los ciudadanos cómo pueden ejercer su voto. Las campañas de información que desplieguen los órganos electorales serán muy importantes para que la ciudadanía sepa que, la boleta ha sido diseñada con recuadros en la parte superior y ahí debe anotar el número o los números de identificación del candidato de su preferencia. En el caso del Estado de México, los electores recibirán diez boletas; seis para la elección federal y cuatro para la elección local.

Los futuros funcionarios de mesas directivas de casilla, se encuentran en la etapa de conocer y familiarizarse con este nuevo modelo de boletas; este proceso de enseñanza aprendizaje lo realizan los incansables capacitadores que visitan a los ciudadanos sorteados, primero para convencerlos de que se sumen a este esfuerzo colectivo y después para capacitarlos sobre las tareas que realizarán el día de la elección. La experiencia acumulada más los valores institucionales puestos en práctica en cada proceso electoral tanto local como federal, son una fortaleza para reiterar que “si se puede” tener una elección de integrantes del Poder Judicial confiable, pacífica y sin violencia.

Necesitamos confianza como individuos y como sociedad; confianza en nuestras instituciones, compromiso con lo que hacemos, porque eso es lo que nos alienta, nos impulsa, nos empuja, nos exige dar un mayor y mejor esfuerzo individual y colectivo en la organización, desarrollo y conclusión de este proceso electoral en marcha, para confirmar que “si se puede”.

¿Por qué es necesario escribir en torno a la felicidad? ¿por qué escribir sobre este concepto y no concretamente sobre los asuntos electorales que en estos momentos parecieran tornarse álgidos y complicados? Sin pretender hacer una teoría en torno al término de felicidad, tampoco llegar a tener una definición concluyente y acabada porque creo en los cambios y las transformaciones permanentes; si considero que los componentes cotidianos de dicha palabra nos arrojan a estados de satisfacción individuales y colectivos, y pueden vincularse con las actividades electorales.

Nadie es feliz por definición, pero se busca ser feliz en las distintas esferas en que nos desenvolvemos como parte de la humanidad. En lo político, por ejemplo, las mujeres fuimos y somos felices a partir de que legalmente se reconoció nuestro derecho a votar y ser votadas después de un muchos años de luchas durante la primera mitad del siglo XX; o bien cuando se conquistaron derechos laborales que no sólo fueron reducción de jornadas, sino mejoras salariales, espacios dignos de trabajo, derechos maternos, entre otros. Pero no somos felices cuando nos seguimos enfrentando a las violencias como la discriminación, la falta de equidad e igualdad para acceder a mejores puestos laborales, a cargos de elección popular, o cuando nos quitan nuestra fuente de empleo, o cuando no tenemos una vida digna. Cultural y socialmente se nos sigue menospreciando pese a ser responsables, en muchos casos, de la integridad, y de la seguridad del bienestar de nuestras familias y hogares.

Nuestras instituciones emanadas de los estados-nación, son corresponsables de la felicidad que se puede tener social e individualmente, sobre todo, cuando se logran objetivos trazados. Por ejemplo, en el Instituto Electoral del Estado de México, próximo a cumplir 29 años de existencia, hemos obtenido muchas satisfacciones; en retrospectiva, desde 1996 hemos organizado 23 elecciones de las cuales 15 han sido ordinarias (cinco de gubernatura; 10 de diputaciones y ayuntamientos) y ocho extraordinarias (de ayuntamientos); en cada uno de estos procesos electorales hemos instalado casillas en todo el territorio del Estado, los votos depositados por la ciudadanía han contado y se han contado bien, se han asignado las constancias de mayoría a los ganadores, hemos logrado involucrar ciudadanía profesionalizada e informada desde diversos espacios en el desarrollo de cada una de las actividades que implica organizar una elección, como funcionarios de mesas directivas de casilla, capacitadores, observadores, ciudadanía militante de partidos políticos, vocales, consejeros, entre otros, y también hemos atendido las disposiciones de las autoridades jurisdiccionales cuando se ha dado el caso. Lograr lo anterior y finalizar un proceso electoral apegado a la legalidad, pero sobre todo pacífico, produce momentos de felicidad institucional porque logramos hacer bien nuestras atribuciones y funciones.

Está en curso la elección de personas juzgadoras, y el 1º de junio es la fecha en que la ciudadanía mexiquense podrá acudir a las casillas electorales para ejercer de manera libre y secreta, a los integrantes del Poder Judicial. Los órganos electorales habrán de culminar solo una etapa de preparación de esta elección que, en la práctica, con sus novedades y particularidades, habrán de cumplir en tiempo y forma, es la instalación de casillas y la recepción del voto; en esto tiene una gran experiencia acreditada con aquellas 23 elecciones.

La incertidumbre organizada, presente en toda elección transparente, imparcial y apegada a la legalidad, habrá de despejarse cuando en los órganos desconcentrados distritales, inicie la etapa de escrutinio y cómputo y empiecen a perfilarse ganadores y perdedores. Será el Consejo General, integrado solo por mujeres, lo cual también es motivo de satisfacción, quien culmine con los cómputos y asignación de cargos de personas juzgadores, atendiendo el tema tan vigente de paridad. No se pierden de vista las posibles impugnaciones.

Culminar el proceso electoral número 24 habrá de generarnos una gran satisfacción y un momento de felicidad colectiva e individual. En suma, la tarea de ser felices es permanente, y eso, no se regala ni se compra; tenemos que buscarla y construirla día a día.

El pasado 30 de enero de 2025 iniciamos formal y legalmente el proceso electoral para elegir integrantes del Poder Judicial en el Estado de México. Bajo el lema “Mexiquense vota, es justo”, durante los próximos meses habremos de informar, invitar e insistir a la ciudadanía que el próximo 1º de junio los mexicanos y los mexiquenses estamos convocados para acudir a las urnas, ejercer nuestro voto y con ello definir una parte de quienes integran el Poder Judicial en los ámbitos federal y local.

En el caso federal y atendiendo el tema de paridad en candidaturas, estaremos eligiendo a cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia de Nación; dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); quince magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF; cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial; 464 magistraturas de circuito y 386 jueces de distrito; en total seis cargos a elegir, por lo tanto, tendremos seis boletas electorales.

Para la elección en el Estado de México, elegiremos una persona magistrada a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia; cinco magistraturas al Tribunal de Disciplina Judicial; 28 magistraturas para el Tribunal Superior de Justicia y 55 jueces de distrito. Lo anterior observando en todo momento la paridad de género.

El diseño de las boletas contemplará las especificaciones técnicas de identificación georreferencial que la legislación establece; al no haber emblemas de los partidos políticos, encontraremos listados con los nombres de las personas candidatas; dichas candidaturas a los distintos cargos de elección, se diferenciarán a través de los colores que tendrán las seis distintas boletas a nivel federal. En el Estado de México, la institución electoral tiene que esperar a que el Instituto Nacional Electoral le comparta el código cromático distintivo para cada elección, pero todo indica que las candidaturas se diferenciarán a través de colores. Esto facilitará la tarea final de los funcionarios de mesas directivas de casilla, que habrán de separar los votos para su envío a los órganos distritales donde dará inicio el escrutinio y cómputo de la votación.

Para ejercer el voto, la ciudadanía encontrará recuadros en la parte superior de la boleta donde deberá poner el número con el que está registrada la candidatura o las candidaturas de su preferencia. En este sentido la información previa que el electorado tenga sobre las candidaturas podrá agilizar el tiempo y facilitar la emisión del sufragio.

Esta es una elección diferente que requiere poner en juego toda la experiencia acumulada no solo de las instituciones electorales, sino de la propia ciudadanía. Los órganos electorales habremos de garantizar la imparcialidad, la legalidad, la transparencia, la certeza de la votación y sus resultados, y todos y cada uno de los actos que habremos de realizar en la organización de esta elección. A la ciudadanía por su parte, le corresponde participar como funcionario de mesa directiva de casilla si es que tiene 18 años, nació en el mes de febrero y su apellido inicia con la letra J (y letras subsecuentes en caso de que no se complete la integración con esta sola letra); o como capacitador, supervisor, observador electoral, vocal, consejero distrital, y lo más importante, acudir a votar plenamente informado. Este es el reto que ahora tenemos y no tengo la menor duda que todos juntos cumpliremos con la responsabilidad de entregar buenos resultados.

No olvidemos que nuestra imperfecta paz electoral está en permanente cambio y transformación, nuestras instituciones y el modelo electoral que se ha diseñado es perfectible y dinámico. Somos y formamos parte de una ciudadanía con experiencia en elecciones; comprobado está que realizarlas en un clima de paz, es la mejor vía para fortalecernos y dar legitimidad a la renovación de los Poderes públicos en nuestro país y en nuestro Estado. Todos somos corresponsables de seguir construyendo también, nuestra vida democrática.

Está definida la elección de integrantes del Poder Judicial tanto en el ámbito federal como en las entidades en las que se realizará este ejercicio. De manera general, en las leyes correspondientes, se ha trazado el camino que los órganos electorales tienen que agotar en la organización de la elección de personas juzgadoras. En el Estado de México algunos temas importantes han quedado plasmados en la Reforma Constitucional y en el Código Electoral, que la LXII Legislatura aprobó en la primera quincena del mes de enero de este año 2025.

Habilitar un micrositio en la página oficial del IEEM para que la ciudadanía conozca no solo el proceso electoral sino también la trayectoria profesional y las propuestas que presenten las candidaturas registradas; el acceso a radio y televisión en periodo de campaña; los medios de impugnación que pueden interponer; la participación en debates; la elaboración de propaganda electoral propia con las recomendaciones que la misma ley establece para su hechura; son algunas de las directrices establecidas que podrían considerarse como derechos de las personas candidatas a un cargo de elección del Poder Judicial.

Algunos de los temas específicos que corresponde atender a los órganos electorales durante esta elección en el Estado de México, son el de determinar el tope de gastos personales de campaña; garantizar la perspectiva de género en el acceso a medios de comunicación; en los órganos desconcentrados, realizar los escrutinios y los cómputos correspondientes, expedir las constancias de mayoría a las candidaturas ganadoras, entregarles una Constancia de Resultados; y, en Consejo General realizar la sumatoria final y asignar los cargos por materia de especialización entre las candidaturas ganadoras observando en todo momento la paridad de género.

Ciertas interrogantes, que al ser novedosas, habrán de despejarse conforme se desarrolle el proceso electoral son, la depuración que los tres poderes tanto a nivel federal como local hagan de sus listados finales de aspirantes a juzgadores, no únicamente considerando el cumplimiento de requisitos establecidos sino a través de la insaculación pública en la que ajustarán el número de postulaciones para cada cargo, tomando en cuenta la especialidad por materia y atendiendo la paridad de género. El reto será la transparencia con la que se efectúe este procedimiento, para que no exista duda de la imparcialidad con la que actúan los respectivos Comités de Evaluación.

Una segunda cuestión puede presentarse a la hora en que el ciudadano acude a votar, ya que en los ensayos previos se calculan aproximadamente 10 minutos para sufragar por las candidaturas federales, pero sin considerar la elección local. La falta de celeridad para emitir el voto, puede generar un embudo que traería como consecuencia desincentivar la participación ciudadana por la desesperación e inconformidad que pudieran presentarse entre el electorado.

Un tema para analizar es sin duda, el dinero que inviertan los candidatos en sus campañas electorales, ya que al tener prohibido recibir financiamiento público y privado, los montos utilizados y su procedencia deben quedar muy claros en los informes que presenten ante la Unidad de Fiscalización del INE, para evitar la nulidad de la elección en un probable triunfo.

No menos importantes es la determinación de cuáles son votos válidos o cuáles son nulos, si se considera que en una misma boleta se puede sufragar en varios recuadros por distintos candidatos; el tiempo para identificar el sentido del voto puede generar tensiones e inconformidades por lo que la capacitación en este tema será muy precisa y clara.

Solo al finalizar este inédito proceso electoral, cuando abramos su caja negra, podremos concluir qué debe fortalecerse y qué debe desecharse. Corresponderá a los Poderes Legislativos tanto federal como locales, realizar los ajustes necesarios a la legislación después de esta primera elección de personas juzgadoras, porque sin duda tendremos datos y experiencias que enriquecerán los procesos electorales y nuestra democracia.