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El Estado de México es una entidad culturalmente diversa, donde convergen distintas identidades que luchan por ser visibilizadas y representadas en la toma de decisiones. Entre estos grupos se encuentran los pueblos indígenas y comunidades afromexiquenses, los cuales, históricamente han sido excluidos del sistema político por ser considerados minorías. No obstante, su cosmovisión y experiencia es necesaria para fortalecer la democracia del estado.

Estas poblaciones a pesar de tener rasgos diferenciadores como su lenguaje, tradiciones, creencias y gastronomía, forman parte legal, social, económica y política del estado. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2020), las personas hablantes de lengua indígena de 3 años en adelante representan el 2.6% de la población total del Estado de México, mientras que el 1.7% son afrodescendientes.

Como una medida concreta de apoyo a la diversidad, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) promulgó el 21 de mayo como el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, con el objetivo de incentivar el intercambio de opiniones interculturales para lograr la paz y el desarrollo sostenible.

En México, para promover el respeto a los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas, se han puesto en marcha mecanismos jurídicos que contrarresten la discriminación, el racismo y la exclusión en los procesos democráticos, a través de modificaciones constitucionales y el impulso de acciones afirmativas.

Constitucionalmente a nivel federal, en el artículo 2, se establece que, con el propósito de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos determinarán las políticas necesarias para garantizar el disfrute y ejercicio pleno de sus derechos, entre ellos los políticos y electorales; además de decretar que en los municipios que tengan comunidades indígenas asentadas haya representantes ante los ayuntamientos, a fin de integrar una figura que permita gestionar los servicios que éstos prestan.

Respecto a las acciones afirmativas, el Instituto Nacional Electoral en 2021, bajo los Acuerdos INE/CG18/2021 y INE/CG160/2021, aprobó las cuotas para grupos vulnerables, como parte de las medidas compensatorias en materia de candidaturas indígenas y afrodescendientes, por lo que cada partido político indistinto de la forma de asociación – candidatura común o coalición – necesariamente debían postular personas que pertenecieran a alguna de las comunidades mencionadas, en las candidaturas federales. Asimismo, con el objetivo de evitar la usurpación de su identidad, se implementó la autoadscripción calificada, la cual, demuestra que se tiene un vínculo real con la comunidad.

Si bien estas medidas adoptadas incentivan la participación y representación política de los pueblos indígenas y afrodescendientes, es relevante que las acciones que se vayan generando, en lo consecuente, tengan un abordaje interseccional y con perspectiva de género, considerando la discriminación múltiple que viven en su interior, donde las mujeres, personas adultas mayores, pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+ y personas con discapacidad, enfrentan mayores obstáculos y complicaciones para ejercer sus derechos políticos.

Finalmente, la conmemoración de este día invita a la reflexión, a fomentar relaciones positivas, mostrar empatía y promover acciones que maximicen la participación en el ámbito político electoral de los pueblos indígenas y las comunidades afromexiquenses, ya que su participación en la vida pública resulta fundamental para la consolidación de sociedades incluyentes y justas democráticamente.

Fuentes de consulta:

· Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (2022). En línea.

· Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2020). Población afromexicana o afrodescendiente. En línea.

· Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2020). Hablantes de lengua indígena. En línea.

· Instituto Nacional Electoral. (2021). Acciones afirmativas en postulaciones de candidaturas. En línea.

· Organización de las Naciones Unidas. (s.f.). Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. En línea.

El 13 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversos ordenamientos jurídicos en materia de paridad de género y violencia política contra las mujeres en razón de género, y de manera local se logró la homologación el 24 de septiembre del mismo año con la publicación de los decretos 186 y 187.

A partir de ese momento, el camino institucional para materializar los desafíos que la reforma presentaba han ido tomando forma para garantizar que el ejercicio de los derechos político electorales de las mujeres sea libre de violencia.  

El primero, la reestructuración de la antes Unidad de Género y Erradicación de la Violencia (UGEV) por la ahora la Unidad para la Coordinación de los Trabajos de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia Política en Razón de Género (UCTIGEVP), la cual cuenta con un área especializada cuya función principal es la de apoyo, asistencia y asesoría a las precandidatas, candidatas, aspirantes, militantes de los partidos políticos, servidoras públicas, periodistas, defensoras de derechos humanos o similares que manifiesten ser objeto de violencia política en razón de género. [1]

Si bien, desde el proceso electoral local 2017- 2018 se implementó la Red de Candidatas y Candidatos desde la Comisión Temporal de Igualdad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación, esta estrategia multi actor se fortaleció para el proceso electoral 2021 así como para los extraordinarios de Nextlalpan y Atlautla, hablamos de la Red de Candidatas en el Estado de México, como un esfuerzo conjunto entre la AMCEE, el INE y el IEEM, donde a través de canales de comunicación con las mujeres que contienden para cargos de elección popular se acercan materiales sobre estrategias para prevenir y atender la violencia política contra las mujeres en razón de género. Además, se cuenta con otras dos redes, Red de Mujeres Electas y Red de Mentoría, esta última como una innovación desde el IEEM, cuyo objetivo es promover que las mujeres en el ejercicio del cargo y que llegaron a él como resultado de un proceso electoral, obtengan herramientas que les permitan identificar las conductas que podrían constituir violencia política contra las mujeres en razón de género.

Finalmente, y como parte de las acciones del Proceso Electoral a la Gubernatura 2023 así como rumbo al Proceso Electoral 2024 se pone a disposición el Centro de Atención por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género para las candidatas y toda aquella persona que estime sufrir este tipo de violencia, por medio de la atención de manera telefónica las 24 horas del día. Así como un repositorio con materiales sobre violencia política contra las mujeres en razón de género, a fin de que toda mujer que considere ser víctima o crea que se vulneren sus derechos político electorales pueda acceder a información de primera mano; consultables en el minisitio https://www.ieem.org.mx/UGEV/index.html.

Sabemos que el reto es grande, así como el compromiso de este Instituto por poner al alcance de las mujeres que aspiran a un cargo de elección popular, las herramientas que les permitan contender en espacios libres de violencia política en razón de género; celebremos los logros alcanzados y trabajemos para seguir avanzando en esta lucha que es de todas y todos.

[1] Artículo 201 Ter del Código Electoral del Estado de México

La integración de las mujeres en diversos ámbitos de la vida pública es reciente, recordemos que hace casi 70 años el reconocimiento constitucional del derecho a votar y ser votadas fue conquistado por las mexicanas y, a partir de este hecho, el ejercicio y disfrute de derechos laborales, educativos, en materia de salud y reproductivos se ha ido fortaleciendo. Con nuestra participación, las mujeres en México incidimos más en la toma de decisiones que afectan todas las esferas.

Teniendo lo anterior como marco, es importante detenernos un momento para reflexionar sobre la participación, en diferentes escenarios, de las mujeres alrededor del mundo de cara al 2023.

Datos de la Entidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) al 2022, nos permiten visibilizar cómo apenas en los 193 países reconocidos por la ONU, son solo 30 las mujeres que se desempeñan como Jefas de Estado o de Gobierno. De acuerdo con estimaciones del citado organismo, a este ritmo la paridad en las máximas posiciones de los poderes políticos de los Estados se alcanzará en 130 años.

Aunado a ello, vale la pena tomar en cuenta que el derecho al sufragio, no es una realidad para todas las mujeres, como es el caso en Brunei y Afganistán, inclusive se manifiestan limitaciones para ellas, debido a que están a lo dispuesto por la voluntad de la figura paterna como en Emiratos Árabes Unidos y Pakistán.

Otra dimensión fundamental para comprender las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, es la integración en los espacios laborales. En términos del estudio La Mujer, la Empresa y el Derecho 2023 del Grupo del Banco Mundial, en el que se analizó movilidad, remuneración, parentalidad, activos, trabajo, matrimonio, empresariado y jubilación, 2.400 millones de mujeres en el mundo que cuentan con edad laboral no tienen los mismos derechos que los hombres. De esta cantidad, 210 millones de mujeres se encuentran en América Latina y el Caribe. No obstante, es de destacar que Alemania, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Letonia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Suecia proveen condiciones jurídicas igualitarias y sobresalen con una calificación de 100 puntos, mientras que México consiguió 88.8 en su desempeño. 

En este tenor, la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2023) advierte en el informe Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo Tendencias 2023, que el llamado déficit de empleo afecta de manera más considerable a las mujeres. En 2022, la falta de empleo a nivel internacional aumentó a 473 millones de personas, que se traduce en un 12.3 %. De este monto, 205 millones de personas tienen la calidad de desempleados y 268 millones presentan una necesidad insatisfecha de trabajo. Cabe indicar que, esta carencia para las mujeres es del 15 %, y para los hombres representa el 10.5 %. Además, por cada hombre sin actividad económica existen 2 mujeres en el equivalente caso, visibilizando las desigualdades en el mercado laboral motivadas por cuestión de género.

Las mujeres en el mundo enfrentamos numerosos retos. Este año las Naciones Unidas promueven diversas actividades en el marco del 8 de marzo para incentivar que los gobiernos generen, fortalezcan y promuevan políticas públicas que permitan a las mujeres el acceso a las tecnologías de la información y comunicación a través de la campaña: Por un mundo digital inclusivo: Innovación y tecnología para la igualdad de género (ONU, 2023).

Así pues, con el inicio del Sexagésimo séptimo periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, con el asunto principal La innovación y el cambio tecnológico, y la educación en la era digital para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas, que se lleva a cabo del 6 al 17 de marzo, se ha establecido que, en el contexto global las mujeres tienen poca posibilidad de disponer de un teléfono inteligente (18 % menos, en comparación con los hombres) y ni se diga respecto a la conexión a internet o hacer uso de él, por lo que, se cataloga a la brecha digital como el nuevo rostro de la desigualdad de género (ONU, 2023).

En el sector de la economía y la educación correlacionadas con el mundo digital, sus tecnologías e infraestructura, las mujeres, las mujeres jóvenes y las niñas en la región de América Latina y el Caribe han logrado el acceso a procesos de enseñanza-aprendizaje en mayor medida que los hombres, hecho que no se refleja en la obtención de trabajos, ni en la remuneración, y tampoco en la ocupación de puestos de toma de decisiones según lo muestra la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2022).

Estemos atentas y atentos a los hallazgos que se revelen como conclusiones de esta comisión, pues sin duda serán cruciales para las determinaciones políticas, económicas y sociales de los próximos años. Sí, se han materializado avances, pero las cifras aún se observan distantes de las metas que nos propusimos para alcanzar los objetivos conjuntos enmarcados en la agenda 2030.

Como autoridades, desde nuestros ámbitos de competencia, requerimos ser sensibles a las brechas que hoy persisten en el acceso y disfrute de las mujeres a espacios en el mercado laboral, el ejercicio efectivo de los derechos reproductivos, garantizar el acceso a espacios de toma de decisiones en la esfera política libres de discriminación o violencia motivada por el género; en suma la implementación efectiva y certera de políticas públicas y acciones multisectoriales con miras a alcanzar la igualdad sustantiva. 

El artículo 1 constitucional refiere la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición y de salud, religión, preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Es importante resalta que México se compone de una gran diversidad; según cifras del último censo de población: 7, 364,645 de 3 años y más son hablantes de la lengua indígena; 2, 576, 213 se autorreconocen como persona afromexicana o afrodescendiente; 20,838,108 presentan alguna discapacidad, limitación o condición mental, y recientemente se sabe que alrededor de 5 millones de la población nacional se identifican como pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+.

No obstante, y a pesar de que el aumento de su representación en la realidad y espacios sociales, históricamente se observó y observa una serie de obstáculos sociales, culturales y políticos que han impedido el pleno acceso y ejercicio de sus derechos. Es así que, desde el activismo, compromiso, lucha y defensa, se han impulsado estrategias y herramientas para la visibilización e impulso al respeto de los derechos de los grupos históricamente discriminados, como comúnmente se les denomina, y de los esfuerzos para erradicar las violencias de las cuales han sido objeto.

En razón de lo anterior, en el caso de las personas de la diversidad sexual y de género y las personas con discapacidad el Instituto Nacional Electoral elaboró y difundió protocolos que establecen medidas para garantizar el ejercicio de su participación en las jornadas electorales en equidad de condiciones.

El Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana, tiene como propósito ser una guía que establezca las directrices para garantizar el ejercicio del voto libre y secreto y los mecanismos de participación ciudadana en igualdad de condiciones de las personas trans (travestis, transgénero y transexuales), sin que su identidad y expresión de género sea motivo de discriminación.

Como lo menciono el protocolo las diversidades sexuales, en especial las relacionadas con las identidades de género, las orientaciones sexuales y las expresiones de género, así como la apariencia de las personas, no deben significar impedimento alguno para el acceso y ejercicio efectivo a votar.

Por otra parte, el Protocolo para la adopción de medidas tendientes a garantizar el derecho al voto y a la participación ciudadana de las personas con discapacidad en los procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana, busca establecer los pasos, principios, enfoques y perspectivas para implementar la igualdad, promover y garantizar el ejercicio del derecho al voto y la participación ciudadana de este grupo vulnerable; hace énfasis al tema de la accesibilidad como una combinación de elementos constructivos y operativos que permiten a cualquier persona con discapacidad, entrar, desplazarse, salir, orientarse y comunicarse con el uso seguro, autónomo y cómodo en los espacios para ejercer su voto.

En conclusión, estos documentos son muestra de la obligación de las instituciones públicas y en este caso electorales de exponer en sus acciones una cultura de no discriminación; lo protocolos mencionados tienen un punto de partida en común:  garantizar un efectivo ejercicio, respeto y derecho a la dignidad humana en el ejercicio los derechos políticos electorales.

La reforma constitucional de 2011, implicó un cambio de paradigma en el sistema jurídico mexicano, ya que estableció que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en el texto constitucional y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forme parte, con ello el marco jurídico nacional se encuentra ampliamente fortalecido por disipaciones de carácter internacional.

En ese tenor los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a todas las personas, sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, origen nacional o étnico, religión, color, género, lengua, discapacidades, condición social, opiniones, preferencias sexuales, estado civil y que permiten el desarrollo óptimo e integral de las personas, por lo cual, el Estado debe implementar acciones encaminadas principalmente a su protección y garantía, bajo los principios de igualdad y no discriminación.

El Instituto Electoral del Estado de México, con el compromiso de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos del personal que labora en este ente comicial, el pasado veintitrés de noviembre, mediante el Acuerdo IEEM/CG/62/2022, aprobó el Protocolo interno para la Prevención, Atención y Seguimiento de casos de Acoso y Hostigamiento Sexual y Laboral en el Instituto Electoral del Estado de México, el objetivo de esta herramienta es establecer una guía de actuación para, de manera oportuna y eficaz, prevenir, atender y dar seguimiento a los casos de acoso y hostigamiento sexual y laboral al interior del IEEM garantizando el respeto y protección de los derechos humanos de las personas involucradas.

El protocolo referido contiene diversos conceptos entre los que se encuentran, violencia, violencia sexual y violencia laboral, asimismo, delimita en que ámbitos es aplicable, centrando sus líneas de acción en la prevención, atención y seguimiento de los casos de hostigamiento y acoso sexual y laboral, además, establece el quehacer de las áreas para dar atención oportuna a estos casos.

También, contempla principios fundamentales como la confidencialidad, igualdad, protección de datos personales de las personas involucradas, imparcialidad, no discriminación, no revictimización, presunción de inocencia, entre otros.

Es fundamental que las personas servidoras públicas cuenten herramientas que den atención y seguimiento a los casos de acoso y hostigamiento sexual y laboral, ya que las afectaciones que presentan las víctimas ante la perpetración de estas conductas, les afecta en diferentes aristas de su vida con consecuencias contundentes para ellas.