Comunicación
Social

En toda democracia constitucional, la organización de las elecciones no puede quedar sujeta a la voluntad del poder político en turno. La experiencia en otros países demuestra que cuando los procesos electorales son administrados por el gobierno, el resultado suele ser la distorsión de la competencia política, la erosión de la confianza ciudadana y la consolidación de regímenes autoritarios bajo una apariencia formal de legalidad. México no es ajeno a esa historia y, precisamente por ello, la autonomía de sus órganos electorales representa una de las conquistas democráticas más relevantes de las últimas décadas.

Resulta profundamente preocupante que, en días recientes, el presidente de la Comisión de la Reforma Electoral haya sostenido públicamente que el Instituto Nacional Electoral no debería ser un órgano autónomo. Esta postura no sólo desconoce el proceso histórico que dio origen al INE y a su antecesor, el IFE, sino que revela una concepción patrimonialista del poder, en la que el Estado (concretamente el Poder Ejecutivo) pretende afianzar el control de los árbitros electorales.

La autonomía de los órganos electorales no es una ocurrencia administrativa ni una concesión graciosa del poder político. Es una condición estructural de la democracia moderna. Como señalaba Robert A. Dahl, una democracia auténtica exige garantías institucionales que aseguren elecciones libres, justas y competitivas, lo que implica que las reglas del juego no sean definidas ni administradas por quienes compiten en él. Desde esta perspectiva, subordinar al INE a un poder político equivaldría a permitir que uno de los jugadores actúe simultáneamente como árbitro del partido, en otras palabras, el gobierno en turno se convierte en juez y parte.

Giovanni Sartori, por su parte, advirtió que la democracia no se agota en la regla de la mayoría, sino que requiere límites al poder y mecanismos institucionales que impidan su concentración. La autonomía de los órganos electorales cumple precisamente esa función: limitar al poder político, incluso cuando éste se ostenta como representante exclusivo del “pueblo”. Desmantelar esa autonomía bajo el discurso de la voluntad popular no fortalece la democracia; la vacía de contenido.

En el caso mexicano, la creación de un órgano electoral autónomo fue la respuesta a décadas de elecciones organizadas desde el gobierno, por conducto de la Secretaría de Gobernación marcadas por la inequidad y la desconfianza social. El tránsito hacia un árbitro independiente permitió construir condiciones mínimas de competencia real, alternancia en el poder y legitimidad electoral. Pretender revertir ese proceso implica ignorar deliberadamente las lecciones del pasado y abrir la puerta a un modelo de control político de las elecciones que México ya había logrado superar.

Además, la crítica a la autonomía del INE no se concibe como un hecho aislado, sino complementa el discurso que descalifica a las instituciones, presentando a los órganos autónomos como enemigos del pueblo o como élites desconectadas de la realidad social. Este tipo de narrativa es característica de los proyectos populistas que, como advierte Cas Mudde, buscan erosionar los contrapesos institucionales en nombre de una supuesta voluntad popular homogénea, negando el pluralismo que define a la democracia liberal.

Defender la autonomía del INE no significa negar la necesidad de reformas ni sostener que la institución sea perfecta. Significa reconocer que cualquier modificación al sistema electoral debe partir de un principio básico: la independencia del árbitro frente a los poderes políticos. Sin ese presupuesto, cualquier reforma se convierte en una regresión democrática.

En suma, cuestionar la autonomía de los órganos electorales no es una discusión técnica ni administrativa; es una disputa sobre el modelo de democracia que se pretende para México.

En este contexto, la anunciada reforma electoral puede tomar dos caminos. El primero, que sería el más deseable para el país, consiste en optar por una democracia constitucional, con instituciones fuertes, autónomas y capaces de contener al poder. El segundo, que pretende imponer el oficialismo, apunta a consolidar un esquema en el que las elecciones dejan de ser un mecanismo de control ciudadano para convertirse en un instrumento más del gobierno. La historia, la teoría política y la experiencia comparada son claras: sin árbitros independientes, no hay democracia que resista.

Sen. Cristina Ruiz Sandoval

Presidenta del CDE del PRI en el Estado de México.

Fuentes de consulta

Dahl, R. A. (1989). Democracy and Its Critics. Yale University Press.

Mudde, C. (2004). The populist zeitgeist. Government and Opposition, 39(4), 541–563. https://doi.org/10.1111/j.1477-7053.2004.00135.x

Sartori, G. (1994). Ingeniería constitucional comparada. Fondo de Cultura Económica.