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Inicia un nuevo año y, con él, un momento delicado en la vida democrática de México, ante la inminencia de una reforma en materia político-electoral que, si bien aún no se conocen sus alcances, no puede considerarse democrática si se pretende imponer sin el consenso de las diversas fuerzas políticas que integran el Congreso.

México atraviesa hoy una coyuntura sensible para su democracia. No se trata de una ruptura consumada del orden constitucional, sino de una acumulación de tensiones que, poco a poco, pueden vaciar de contenido a las instituciones que garantizan el pluralismo, la legalidad y la rendición de cuentas.

Guillermo O’Donnell sostenía que la democracia no se agota en la existencia de elecciones, sino que requiere un entramado efectivo de controles al poder y de vigencia real del Estado de Derecho. Cuando estos controles se debilitan, la democracia persiste en lo formal, pero se erosiona en lo sustantivo.

En el mismo sentido, Levitsky y Ziblatt han mostrado cómo las democracias contemporáneas suelen deteriorarse no mediante golpes de Estado, sino a través de procesos graduales de concentración del poder y deslegitimación de los contrapesos. México no es ajeno a esta lógica.

Asimismo, Giovanni Sartori advirtió que las reglas electorales no son simples instrumentos técnicos, sino “el corazón operativo de la democracia”, porque definen quién compite, en qué condiciones y con qué garantías. Alterarlas desde el poder, y no desde el consenso, debilita la confianza en el sistema y erosiona la equidad que debe prevalecer en toda contienda.

Los retos actuales son claros: preservar la autonomía de los órganos constitucionales, evitar la captura política de las instituciones, garantizar elecciones libres y competitivas, y reconstruir una cultura de respeto a la legalidad. La oposición no debe ser un actor de bloqueo, sino de vigilancia democrática.

La democracia no se perfecciona debilitando sus árbitros ni simplificando artificialmente su complejidad. Se construye respetando sus reglas, perfeccionándolas con prudencia y consolidando acuerdos, no imponiéndolos. México no necesita una reforma que fortalezca al gobierno frente a los ciudadanos; necesita una que fortalezca a los ciudadanos frente al gobierno.

Defender la democracia hoy no es defender privilegios ni estructuras inmutables; es defender reglas justas, árbitros confiables y un espacio público donde la crítica no sea vista como amenaza, sino como condición de la vida democrática.

Esta tarea no corresponde únicamente a los partidos políticos ni a las élites institucionales. La defensa de la democracia es una responsabilidad compartida que exige ciudadanía informada, participación crítica y una sociedad civil activa que no renuncie a su derecho de exigir cuentas, transparencia y respeto a la Constitución.

En este contexto, el diálogo político deja de ser una cortesía y se convierte en una necesidad democrática. Escuchar, deliberar y construir acuerdos no es señal de debilidad, sino de madurez institucional. Las reformas que nacen del consenso suelen ser más legítimas, más estables y, sobre todo, más respetuosas de la pluralidad que caracteriza a nuestra nación.

Apostemos por una democracia que no tema a la crítica, que no cierre espacios al disenso y que encuentre en la diversidad política no un obstáculo, sino su mayor fortaleza. Que este nuevo año sea el de la responsabilidad, el diálogo y la convicción compartida de que cuidar la democracia es, en el fondo, cuidar el futuro de todos.

Sen. Cristina Ruiz Sandoval

Presidenta del CDE del PRI en el Estado de México.

Fuentes de consulta

Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). Cómo mueren las democracias. Barcelona: Ariel.

O’Donnell, G. (2010). Democracia, agencia y Estado: teoría con intención comparativa. Buenos Aires: Prometeo Libros.

Sartori, G. (1997). Ingeniería constitucional comparada. Una investigación de estructuras, incentivos y resultados. Madrid: Alianza Editorial.