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El activismo LGBTIQ+ ha desempeñado un papel fundamental en el avance de los derechos humanos, logrando que múltiples Estados reconozcan la diversidad sexual y de género en sus marcos legales y políticos. A través de la presión social, la movilización comunitaria y la incidencia en organismos internacionales, este activismo ha impulsado leyes clave como el matrimonio igualitario, la adopción homoparental y las leyes anti-discriminación.

A pesar de los avances, aún existen importantes barreras. En varios países, los derechos LGBTIQ+ no están reconocidos o están siendo amenazados por políticas regresivas. La criminalización de las relaciones homosexuales persiste en al menos 60 países (ILGA World, 2023), y las personas trans siguen enfrentando obstáculos para el reconocimiento legal, así como altos índices de violencia.

Además, muchas leyes carecen de mecanismos eficaces de implementación o sanción. En contextos donde existe legislación antidiscriminación, los prejuicios estructurales impiden su efectividad. También hay una deuda pendiente en cuanto su acceso a los espacios de representación política.

A través de alianzas con legisladores, movilizaciones masivas como las Marchas del Orgullo, y el trabajo con organismos internacionales de derechos humanos, las organizaciones LGBTIQ+ han transformado demandas sociales en políticas públicas. Su rol ha sido clave no solo en la promoción de leyes, sino también en la vigilancia de su cumplimiento y en la generación de espacios de representación política.

En el caso del Estado de México, la participación política de las personas de la diversidad sexual se encuentra en una etapa muy incipiente: fue hasta el proceso electoral de 2021 en la que tuvieron la oportunidad de participar manifestando su orientación sexual a través de la invitación que les hicieron los partidos políticos, pero solamente hubo tres candidatos y dos ganaron sin ocultar su pertenencia a la comunidad LGBTIQ+ (Caldelas, 2022).

Durante el proceso electoral local de 2024, el IEEM implementó acciones afirmativas dirigidas a grupos vulnerables (indígenas, afromexiquenses, comunidad LGBTIQ+ y personas con discapacidad). Entre estas medidas, se estableció que los partidos políticos debían postular como mínimo:

• 4 candidaturas a presidencias municipales;
• 4 candidaturas a sindicaturas;
• 20 candidaturas a regidurías (5 para cada grupo vulnerable).

Adicionalmente, podían registrar hasta ocho candidaturas más para regidurías, abiertas a cualquier persona perteneciente a los grupos vulnerables mencionados, así como dos diputaciones locales reservadas para estos sectores desprotegidos.

En cumplimiento con las acciones afirmativas, el PRI y sus aliados (PAN, PRD y NAEM) postularon 17 fórmulas de candidaturas pertenecientes a la diversidad sexual. De estas, 12 fueron postuladas por el PRI, logrando la victoria en dos regidurías y una diputación local.

Si bien existe un avance, lo cierto es que falta mucho por hacer, para impulsar los derechos de la comunicad LGBTIQ+. Comenzando por el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030, el cual invisibiliza a este sector de la población por tratarse de un documento que adolece de mecanismos de acceso para un trabajo digno, justicia sin discriminación, expedición de protocolos en materia de seguridad, así como de educación integral de la sexualidad y vivienda digna (Infobae, 2025).

En materia político-electoral, si bien la implementación de acciones afirmativas ha favorecido el incremento en la participación política de las personas de la diversidad sexual, lo cierto es que falta fortalecerlas, para ello es necesario que los partidos políticos tracen líneas de acción que impulse su acceso a los cargos públicos.

Para lograr un impulso de las personas de la comunidad LGBTIQ+, el PRI está comprometido en elaborar una agenda propia que garantice la inclusión y proyección de cuadros pertenecientes a este sector de la población. El trabajo no se agota en la capacitación y formación de cuadros políticos, sino que también en la generación de espacios en la renovación de carteras tanto sectoriales como territoriales.

Que no quede duda que en cada comité municipal siempre habrá espacio para las personas de la diversidad sexual y ello propiciará la generación de agendas que cristalicen en la postulación de candidaturas de este sector de la población y así consolidar una auténtica representación en la Legislatura y en los ayuntamientos de las personas de la comunidad LGBTIQ+, el PRI siempre será un aliado permanente en su lucha por alcanzar el poder político.

Sen. Cristina Ruiz Sandoval

Presidenta del CDE del PRI en el Estado de México.

Fuentes de consulta

Caldelas A. (2022) Participación política de las personas LGTB+ en el Estado de México, Proceso electoral 2021. Ius Comitialis.

ILGA World. (2023). State-Sponsored Homophobia Report: Global legislation overview update. International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association. https://ilga.org/

Infobae (2025). Diputada del PRI señala invisibilización de la población LGBTTTIQ+ en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.