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En México, hablar de la paridad como Principio Constitucional, implica reconocer que este logro no fue espontáneo ni inmediato, sino el resultado de una larga lucha política nacional e internacional. Muestra de ello fueron los movimientos sufragistas que, en un primer momento, demandaron el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas para tener derecho a votar y, eventualmente, a ser electas en condiciones de igualdad con respecto a los hombres, tanto para ser candidatas como para ejercer el poder político. Todo ello, actualmente, nos permite ver a más mujeres en espacios donde anteriormente no solíamos hacerlo.

En nuestro país, tras la promulgación de la Constitución de 1917, las mujeres no fueron reconocidas como ciudadanas; en este sentido, el Estado no estaba obligado a garantizarles derechos políticos-electorales ni sus derechos humanos. En 1947 fue cuando a las mujeres se les reconoció su derecho a votar en elecciones municipales y hasta 1953, a nivel federal.

El ascenso de la paridad tiene como antecedente a las acciones afirmativas, es decir, medidas de carácter temporal que buscaron reducir la brecha de desigualdad. En este caso, se trataron de reformas constitucionales que, con el tiempo, obligaron a los partidos políticos a postular, en un primer momento, el 30 % de las candidaturas para diputaciones y senadurías de un mismo sexo y, posteriormente, aumentar a 40 %.

En este lapso, el espejismo de cumplir con las cuotas de género nos dejó diversos aprendizajes para diseñar reglas que fortalecieran nuestro “régimen electoral de género”, esto es: crear nuevas reglas del juego democrático que aseguraran condiciones igualitarias para el acceso y ejercicio de los derechos político-electorales entre mujeres y hombres. En este caminar, el papel de las autoridades electorales jurisdiccionales, “a golpe de sentencia”, fue fundamental para avanzar hacia la Reforma Constitucional de 2014 que estableció la paridad como principio constitucional. Finalmente, la reforma de 2019, conocida como “Paridad en Todo”, extendió esta obligación a los tres poderes del Estado y a todos los niveles de gobierno.

Ahora bien, en 2024 se aprobó una Reforma Constitucional sin precedentes: la elección del Poder Judicial por el voto de la ciudadanía, misma que implicó reformas a nivel Estatal. En ambos casos, la paridad se reafirmó como principio constitucional. En este contexto, el pasado 30 de enero de 2025, en el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), dimos inicio al Proceso Electoral Judicial Extraordinario 2025 del Estado de México. Derivado de lo anterior, el 27 de febrero de 2025, en el Consejo General del IEEM, aprobamos el Acuerdo IEEM/CG/29/2025 “Por el que se expiden los Lineamientos para garantizar la paridad en el Proceso Electoral Judicial Extraordinario 2025 en el Estado de México”.

A manera de contexto histórico y frente a los cuestionamientos sobre la paridad en el Poder Judicial, en nuestra Entidad elegiremos 91 cargos: la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia; 5 Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial; 30 Magistraturas y 55 juezas y jueces. Los datos de las personas salientes que integraban esos cargos  fueron: la presidencia del Tribunal Superior de Justicia era ocupada por un hombre; de las 30 magistraturas del Tribunal Superior de Justicia (a excepción de 6 de reciente creación), 6 eran ocupadas por mujeres y 18 por hombres; de las 55 personas juezas salientes, 24 eran ocupadas por mujeres y 31 por hombres. Por lo anterior, estos lineamientos son necesarios para garantizar la paridad y corregir la subrepresentación de las mujeres en el Poder Judicial de nuestro Estado.

En estos lineamientos se emplearon criterios como: el ajuste de paridad, la alternancia de género y la subrepresentación, los cuales incidieron en el diseño de las boletas electorales, por consiguiente, las personas electoras tendrán certeza de la cantidad de mujeres y hombres que ocuparán los cargos sujetos a elección. En suma, los lineamientos buscan revertir las desigualdades históricas a partir de reglas claras en la votación y en la asignación de los cargos.

Es el momento de que la “Paridad en Todo” transforme la configuración del Poder Judicial y se consolide en este espacio, aunque, sin duda, el desafío será que las personas electas desarrollen su labor con perspectiva de género para seguir avanzando hacia una democracia paritaria, sustantiva e incluyente.