Del derecho al voto a la participación política de las mujeres
Escrito por Unidad para la Coordinación de los Trabajos de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia Política en Razón de GéneroEl sufragio de las mujeres representa un triunfo esencial en la lucha por la igualdad de género y los derechos humanos, así como el progreso hacia sociedades más justas e inclusivas. Como sustento de la democracia, garantiza su participación de forma equitativa en la vida política y pública.
Hace más de un siglo las mujeres en el mundo no tenían permitido votar, antes de la década de los cincuenta sucedía lo mismo en México. Múltiples razones negaban su derecho político electoral: la tutela masculina, la falta de ciudadanía, el descuido de sus hijas e hijos y hogares, la deshonra o la creencia de la pérdida de la fertilidad.
Los movimientos sufragistas abrieron el camino. Nueva Zelanda otorgó el derecho a votar a las mujeres en 1893, le siguieron Australia en 1902, Finlandia en 1906 sin limitaciones, Noruega en 1907, Reino Unido en 1918 y Estados Unidos en 1920 excluyendo, este último, a mujeres afrodescendientes (Amnistía Internacional, 2022).
Es de destacar que, en Arabia Saudita, hasta el 12 de diciembre de 2015, las mujeres pudieron ejercer su derecho al voto y ser votadas (BBC, 2015), aunque con restricciones motivadas en los arraigos a la cultura e ideología religiosa, en particular de la posición de subordinación que tienen a los hombres en este país.
A la fecha, en curso de 2024, en estados como Brunei y Eritrea, tanto mujeres como hombres no tienen derecho a votar ni a ser personas electas por la ciudadanía (The World Factbook, 2024).
Ahora bien, en América Latina, Uruguay fue el primero que permitió a las mujeres votar a nivel local en 1927, no obstante, Ecuador otorgó el derecho al sufragio femenino constitucionalmente en 1929. En este tenor, en México, el 17 de octubre de 1953, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto que estableció que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular a nivel nacional (CNDH, s.f.).
Derivado de lo anterior, se reformaron los artículos 34 y 35 de la Constitución federal. En consecuencia, se concedió la ciudadanía plena a las mujeres mexicanas, quienes, el 3 de julio de 1955, por primera ocasión emitieron su voto en unas elecciones federales para integrar la XLIII Legislatura del Congreso de la Unión (UNAM, 2018).
Actualmente, en la participación electoral existe una tendencia: las mujeres votan más que los hombres, como sucede en nuestro país. En la elección para la presidencia de la república efectuada en el 2000, en términos de lo analizado por el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), más mujeres que hombres ejercieron el sufragio.
Igualmente, en las elecciones federales del año 2009, 47.4% de las mujeres registradas en la lista nominal ejercieron su derecho al sufragio, a pesar de ello, resulta importante mencionar que, según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS, 2010) 7.7% de las mujeres que fueron encuestadas pidieron permiso para votar.
Para 2018, en términos del estudio muestral sobre la participación ciudadana en las elecciones federales de 2018 presentado por la Comisión de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE, 2018) la participación de las mujeres fue mayor en comparación a la de los hombres en ese proceso electoral. Del 62.3% del electorado que ejerció el voto, 66.2% correspondió a las mujeres y 58.1% a los hombres, configurándose una diferencia de 8 puntos porcentuales.
En el Proceso Electoral 2023-2024, el INE señaló que el 52% de personas de la lista nominal fueron mujeres, es decir, 51,103,424, quienes tuvieron una participación alta al momento de acudir a la votación. Se espera el próximo diciembre la información completa con los números precisos al respecto.
Con el liderazgo de las mujeres en el ámbito público se ha cambiado la percepción de su papel en la política desafiando los estereotipos de género. Seguiremos influyendo en el rumbo electoral, inspirando a las nuevas generaciones mediante el activismo que hizo posible la materialización del derecho al voto y, en general, al ejercicio de los derechos político electorales libres de discriminación y de violencia.
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