Comunicación
Social

Desde hace siglos, las mujeres se han enfrentado a los efectos que representa la conservación de un modelo de organización que, constantemente las coloca en desventaja al momento de buscar acceder a sus derechos; un sistema que pone a lo masculino por encima de lo femenino y otorga al primero la facultad poco cuestionable de decidir quiénes acceden a la educación, a la política y a la vida pública.

Uno de los elementos que permite la subsistencia y reproducción de esta forma de distribuir y otorgar ciertos espacios de participación a las personas, es la permanencia de modelos de crianza tradicionales, basados en los roles y estereotipos de género; estos hacen referencia al papel que deben desempeñar las mujeres u hombres dentro de la familia y la sociedad en general, con base en sus características biológicas, a lo que culturalmente se les ha asociado; por lo que todos sus ámbitos de interacción y desarrollo se ven atravesados por este fenómeno.

Las consecuencias de esta visión basada en lo que les corresponde hacer de manera particular a las mujeres, se han trasformado con el transitar del tiempo, dependiendo del contexto histórico, político y económico, pero han conservado algunas características, principalmente la subordinación-renegación al ámbito privado: ellas son, con más frecuencia, las responsables de los procesos de crianza, de los cuidados de personas adultas mayores, quienes se han dedicado de modo exclusivo a tareas domésticas, negándoseles (a partir de ciertos mecanismos intangibles) el acceso a la educación y al trabajo formal, frenando así su desarrollo profesional y laboral.

A lo largo de la historia, han existido una serie de movimientos sociales que han buscado romper con ese sistema y las desigualdades que trae consigo; impregnados de teoría y práctica feminista que sentaron las bases para cuestionar lo establecido, con el objetivo de lograr el desarrollo de las mujeres para así alcanzar su emancipación a partir de la desnaturalización de su papel en la comunidad y el acrecentamiento de su participación en el ámbito público.

De acuerdo con el Sistema de Consulta de la Estadística de los Procesos Electorales 2000-2022 del Instituto Electoral del Estado de México, durante el año 2012, 14 de los 125 municipios fueron gobernados por mujeres; en el 2015, hubo un aumento a 20

ayuntamientos, para las elecciones del 2018, 39 mujeres encabezaban la presidencia municipal, mientras que en el 2021 resultaron electas 47.

Si bien, ha existido un crecimiento, no alcanza ni siquiera el 50% de esos espacios; además se puede notar que, a mayor participación de las mujeres en la vida pública y política, mayores son los índices de violencias de las que son objeto en esa esfera.

La labor de frenar estas manifestaciones es una tarea en la que todas las personas deben contribuir desde una visión preventiva, pues es un paso fundamental para lograr un Estado libre, que tenga la posibilidad de reconocer las desigualdades, generar acciones para contribuir a su eliminación y garantizar el ejercicio pleno de todos los derechos. Se han generado avances significativos que se ven reflejados en los diversos ámbitos de nuestra sociedad, pero aún hay cosas por hacer y qué mejor que ponerlo en marcha desde un enfoque crítico, humanista e integral.