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En las audiencias públicas para elaborar la iniciativa de reforma electoral ha resaltado la demanda del voto electrónico. 

Y es que el voto digital es una alternativa, mediante la cual varios países han logrado una disminución en el costo de las elecciones, sin demandas o cuestionamientos de fraudes electorales. Ejemplos como: Bélgica, Bulgaria, Estonia, India y en el continente americano Brasil dan muestra de ello.

En Brasil, desde 1996, las elecciones se realizan a través del voto electrónico. Los brasileños el día de la elección acuden a centros de votación, donde deben introducir el número del candidato(a) por el que desean votar. Para las elecciones presidenciales quienes son candidatos hacen propaganda a sus nombres, slogans y también al número que los identifica. Además, en Brasil el voto es obligatorio para la ciudadanía que tiene entre 18 y 69 años, opcional para los jóvenes de entre 16 y 17, así como para los mayores de 70. 

Algo relevante sobre el voto electrónico en Brasil, es que en caso de teclear un número inexistente y poner confirmar, ese voto automáticamente es nulo. 

Otro caso es el de Estonia, desde 2005 se utilizó exitosamente el voto en línea para apoyar elecciones vinculantes. Este tipo de voto ha incrementado los niveles de participación y cuenta con la posibilidad de que los votantes puedan ejercer su derecho de sufragar enviando sus boletas electorales por correo, antes del día de la elección, votar en línea o acudir a un centro de votación el día de la elección y hacerlo en la boleta tradicional de papel. 

Los estonios tienen la posibilidad de votar cuantas veces lo deseen por internet, pero solo contará el último voto emitido. Con esto se trata de mitigar la coacción del voto y el sufragio en persona tiene prioridad sobre cualquier voto emitido en línea por la misma persona.

Bélgica es otro país, donde el voto electrónico funciona y permite a los votantes incluso ejercer su sufragio en cualquiera de los tres idiomas oficiales. En este país el voto electrónico inicio desde 1991, en 1999 el sistema fue utilizado por el 44% de la ciudadanía. Y aunque en los años 2000 y 2004 existieron impugnaciones, a partir de 2024 se sigue utilizando el voto electrónico. 

La confianza y los mecanismos de ciberseguridad son indispensables. Si es voto a través de internet o voto mediante urna electrónica, los candados y mecanismos de seguridad deben ser altamente revisados y auditados. 

Lo más importante será que México realmente avance en este tema, ya tiene un gran inicio con el voto electrónico de mexicanos que votan en el extranjero y podría hacerse una gran inversión en tecnología si se deja de destinar recursos a proyectos innecesarios. En este proceso la confianza y voluntad política son vitales.

Desde 2018 comenzó un cambio de timón en la dirección de las políticas públicas del país.

Se requirió de la suma de esfuerzos de la ciudadanía, quien tenía un hartazgo generalizado, respecto de la forma de gobernar en sexenios anteriores, y también por las falencias del sistema político mexicano.

El personaje del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien conocía muy bien ese sistema fue decisivo. Con una carrera política previa, buscó por primera vez la Presidencia de la República en 2006. Un año clave, la elección presidencial fue altamente controvertida y en la sociedad comenzó un proceso de polarización aguda.

El entonces IFE, a través del Programa de Resultados Preliminares presentó los resultados: una participación ciudadana del 58.90%, un candidato ganador que fue Felipe Calderón Hinojosa del PAN con 36.38% de los votos y en segundo lugar López Obrador con 35.34%. 

Todo ello derivó en un conflicto poselectoral que puso en duda al IFE y a su Consejo General.

Desde el gobierno legítimo de López Obrador y la denuncia del fraude electoral, hasta los recorridos en todo el país que legitimaron un movimiento que se convirtió en 2014 en partido político, provocaron que en 2018 el partido Morena ganara de forma avasalladora la Presidencia de la República con un 53.19%, frente a un 22.27% del segundo lugar, y una participación ciudadana del 63.49%.

Desde entonces, y a la fecha, el cambio de timón en las políticas públicas, ha buscado transformaciones de fondo como la reforma al Poder Judicial y ahora mismo está en proceso una reforma electoral.

La erradicación de la pobreza y la corrupción han sido desde entonces el objetivo primordial. Respecto a la pobreza en 2016 había 52.2 millones de personas en pobreza y 8.7 millones en pobreza extrema; en 2024 las cifras fueron de 38.5 millones y 7 millones, respectivamente.

Sin duda es un importante avance, pero en el tema de corrupción persisten señalamientos y deuda social. La corrupción es un fenómeno por medio del cual el funcionario (a) público es impulsado a actuar de modo distinto a los estándares normativos del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa.

Datos obtenidos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

De acuerdo con el Índice del Estado de Derecho 2025, elaborado por el World Justice Proyect (WJP), México se ubica en el lugar 121 de los 143 países evaluados.

Y en el rubro de ausencia de corrupción, nuestro país obtuvo en este Índice una puntuación de 0.27, que lo colocó en el lugar 134 de 143 países incluidos en este estudio.

Hoy que una mayoría ha optado por una transformación profunda, es fundamental que los cambios sean integrales, de no ser así los cambios realizados hasta el momento, pueden no ser suficientes.

Mientras se encuentra en marcha la gestación de la reforma electoral que fijara las nuevas reglas del juego para quienes deseen ocupar un cargo de representación popular, el 2027 forma ya, parte del calendario actual tanto de actores políticos como de autoridades electorales; en ambos casos se sabe que el tiempo corre rápido y ese año electoral esta a la vuelta de la esquina.

Para las autoridades electorales la organización de las elecciones de 2027 representa un enorme reto, por ello desde el ámbito federal el INE ayer y hoy lleva a cabo la Primera Reunión de Evaluación INE-OPL para evaluar los procesos operativos, técnicos y normativos aplicados durante el proceso electoral concurrente 2023-2024 y el extraordinario del Poder Judicial 2024-2025 abordando temas como los cómputos en los órganos desconcentrados, los sistemas informáticos, el diseño de la documentación electoral, el marco geográfico empleado en el proceso extraordinario, será importante conocer los hallazgos y soluciones que se propongan para mejorar la organización de comicios.

En el ámbito local en 2027 el IEEM tendrá la responsabilidad de organizar el proceso electoral para la renovación de los 125 ayuntamientos, las 45 diputaciones por mayoría relativa y 30 representación proporcional, así como la elección de los cargos del poder judicial que será en un número muy superior a los espacios que se disputaron en la pasada elección de no existir ningún cambio en la normatividad que se aprobó en su momento.

Algunos temas que deben ser bien analizados son los siguientes: En cuanto a la producción de la documentación electoral que incluye las boletas electorales el volumen aproximado que se estima deberá producirse es de 52 millones, esto debe llevarse a cabo en 12 días contados a partir de la aprobación del registro de las candidaturas lo que significa un tiempo muy acotado, la pregunta aquí es ¿puede y debe ampliarse este plazo?, por ejemplo para el caso de las boletas de la elección judicial se tiene más tiempo 45 días.

Otro tema es la integración de las consejerías electorales de los órganos desconcentrados; se tienen datos muy precisos que año con año es menor el número de ciudadanía que desea participar en estos procesos y que deciden mejor ser parte de las convocatorias del INE, lo que ha significado realizar ampliaciones de plazo para registro en más de 3 o 4 ocasiones al no poder cumplirse lo mandatado por el código electoral y no tener el número de personas suficientes para esos espacios, sería importante para este caso iniciar con mayor anticipación la difusión de la convocatoria pero también hacer una revisión y propuesta de modificación al código electoral que este acorde con estos hechos.

Estos son solo un par de temas en lo local de cara al proceso electoral 2027.

Conocidos como OPLs, los institutos electorales de cada entidad tuvieron un cambio radical con la reforma electoral de 2014 en aquel entonces se discutió mucho su total desaparición bajo el argumento de eliminar la fuerte influencia que tenían los gobernadores en la designación de los y las consejeras electorales.

Ante la resistencia se creó un modelo híbrido que dejó a estos organismos supeditados a las decisiones de la autoridad nacional (INE).

Temas torales como la geografía electoral, la capacitación a funcionarios de mesas directivas de casilla, fiscalización a partidos políticos se trasladó al ámbito federal y a pesar de existir en la normatividad reglamentaria la posibilidad de delegar estas funciones a los institutos locales, ello no ha sucedido; por el contrario, lo que sí es la asunción que implica asumir directamente el INE la realización de actividades de los institutos locales, por ejemplo en temas de conteos rápidos y operación del PREP. Esto ha ocurrido en 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.

A los institutos electorales locales se les encomendó la educación cívica, la preparación de la jornada electoral, la impresión de documentos (con formatos previamente avalados por el INE), el escrutinio y cómputo de elecciones (que realiza la ciudadanía que el INE capacita), estas tareas están en permanente coordinación con la autoridad nacional.

Una facultad importante que realizan los OPL´s es la ministración del financiamiento público a los partidos políticos en cada entidad, este monto forma parte también de los presupuestos de los institutos que se componen del gasto operativo cuando hay y no hay proceso electoral, de procesos extraordinarios y ahora también de gasto para la elección de personas juzgadoras.

En el informe sobre situación presupuestal de los OPL´s 2025, hay institutos que se encuentran catalogados por el INE como en riesgo al no ser dotados de presupuesto suficiente para sus actividades, son el caso de Zacatecas y Yucatán. Otros se encuentran en riesgo medio como: San Luis Potosí, Ciudad de México, Guerrero y Veracruz.

De los presupuestos solicitados por los OPL´s para el ejercicio 2025 se observa que el total asignado a los 32 institutos asciende a la cantidad de $17,136,944,726.30 de los cuales $6,747,156,669.55 corresponde a financiamiento público.

Hoy vuelven a ser tema de debate; en los foros de la reforma electoral hay quienes opinan tajantemente que deben desaparecer, otras voces consideran que son fundamentales para la democracia local y hay quienes opinan que la reforma debe tomar una decisión que no continúe con un modelo híbrido.

Cada opinión presenta argumentos que tendrán que ser debatidos en la nueva propuesta del sistema político electoral.

Ayer aprobamos en el Consejo General el proyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral del Estado de México que es del orden de $2,220,349,714.59 (dos mil, doscientos veinte millones, trescientos cuarenta y nueve mil, setecientos catorce pesos con cincuenta y nueve centavos).

El presupuesto es un documento que contiene de manera detallada el gasto que el IEEM pretende ejercer en el año 2026, a través de capítulos y partidas se detallan los gastos para salarios, servicios, obras, insumos, arrendamientos y todo lo que se considera necesario para cumplir con sus fines.

Incluye el monto de las prerrogativas que les corresponden a los partidos políticos por concepto de financiamiento público local que asciende a la cantidad proyectada de $ 1,058,319,026.14 (mil cincuenta y ocho millones, trescientos diecinueve mil, veintiséis pesos con catorce centavos).

Mi reflexión al seno del consejo general fue que hay obligaciones específicas que tiene el instituto mandatadas por la Constitución Política Local y el Código Electoral; sin embargo, en la planeación no puede dejarse de lado el contexto que se vive en el país con la gestación de la reforma electoral.

Hoy se debaten temas como son el costo de las elecciones, la permanencia o desaparición de los organismos públicos locales, la lejanía de la ciudadanía de las instituciones electorales, la representatividad y el monto de financiamiento a partidos, entre otras.

Mi voto fue a favor porque estamos cumpliendo con lo que mandata el artículo 299 del Código Financiero de la entidad: formular un anteproyecto de presupuesto de egresos para el siguiente ejercicio fiscal, y presentarlo al Poder Ejecutivo.

Pero anuncié la presentación de un voto concurrente porque creo que hay gastos que aún deben ser disminuidos, por ejemplo, hay que replantearse si erogar poco más de 6 millones de pesos en artículos promocionales hará que la ciudadanía conozca al IEEM o con ello aumente el porcentaje de votación.

Otra interrogante es si erogar la cantidad de $2,670,000.00 (dos millones, seiscientos setenta mil pesos) en redes sociales funcionará para que la ciudadanía y el IEEM se vinculen efectivamente.

Considero que hay otras actividades que pueden abonar como la generación de foros regionales en donde la ciudadanía sea escuchada y la autoridad electoral este a raz de territorio dando a conocer la importancia que tiene una institución electoral obligada a organizar elecciones transparentes, austeras y a tutelar los derechos político electorales de la ciudadanía mexiquense.

En la narrativa actual se discute que los institutos electorales locales representan un gasto excesivo derivado de los presupuestos que se manejan en cada uno de ellos.

Un cuestionamiento más es si ante todo ello vale la pena tener una visión mexiquense de la organización de elecciones y si es o no necesario ahora que se determine el monto final reflexionar y tener asertividad en lo que debe emplearse el recurso que es público y que deriva de los impuestos de la ciudadanía.

La actual coyuntura debe ser un parteaguas positivo que permita la autocrítica, escuchar visiones, experiencias, pero sobre todo lograr cercanía real con la ciudadanía.