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En México, y en cualquier país que se precie de ser democrático, la igualdad y la no discriminación, son derechos fundamentales cuya tutela, protección y salvaguarda, corresponde a todas las autoridades de los diferentes niveles de gobierno. Por ende, entre otras cuestiones, las autoridades (incluyendo las electorales obviamente), tienen el deber de fomentar e incorporar en sus políticas públicas, medidas y procedimientos de inclusión destinados a garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad.

Lo anterior es así, toda vez que nuestra Constitución federal prohíbe todo tipo de discriminación motivada, entre otras cuestiones, por razones de discapacidad; además, establece el principio pro persona para favorecer, en todo tiempo, la protección más amplia de los derechos de las personas y establece la obligación para los poderes públicos de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Esto es muy importante si tomamos en cuenta que en el país, según el Censo de Población y Vivienda 2020, el 16.5% de la población en México son personas con discapacidad, lo que equivale a casi 21 millones de personas. De esta cifra, 6 millones 179 mil 890 (4.9%) es población que es identificada como personas con discapacidad, más 13 millones 934 mil 448 (11.1%) con alguna limitación para realizar actividades de la vida diaria (caminar, ver, oír, autocuidado, hablar o comunicarse, recordar o concentrarse), y 723,770 (0.6%) con algún “problema o condición mental”. Cabe precisar que la mayor parte de esta población, el 40.9%, se concentra en el grupo de mayores de 60 años, luego están los de 30 a 59 años, 29.8%, enseguida los de 18 a 29, 9.8%, y al final los menores de 17 años, con el 9.1%.

De esta manera, en el ámbito de la preparación, organización y desarrollo de las elecciones, las autoridades electorales deben implementar políticas públicas encaminadas a garantizar los derechos político electorales de la ciudadanía con algún tipo de discapacidad los cuales, dicho sea de paso, son los mismos derechos con los que cuenta la ciudadanía en general, es decir: el derecho a votar y ser votado, de asociación, de afiliación y el derecho a integrar las autoridades electorales.

En este sentido, los organismos electorales deben remover cualquier obstáculo sea formal o material, para que todas las personas, incluidas aquellas que tengan algún tipo de discapacidad, puedan ejercer sus derechos político electorales. Por ende, entre otras cuestiones, en cada elección se deben garantizar medidas inclusivas para que las personas con algún tipo de discapacidad puedan votar, tales como:

• El uso de la plantilla de lecto-escritura Braille (la boleta convencional se coloca dentro de la plantilla para que las personas con discapacidad visual puedan votar).
• Etiquetas braille para identificar las urnas en las que se deberá ingresar la votación.
• La ubicación de las casillas en lugares de fácil acceso y el uso de mamparas movibles para facilidad de las personas en sillas de ruedas con discapacidad motriz.
• Preferencia y prioridad para que las personas con discapacidad puedan votar primero (sin necesidad de hacer fila) e inclusive puedan ser asistidos por alguien de su confianza.
• La posibilidad de que las personas con discapacidad visual puedan ir acompañadas de un perro guía.
• Folletos de información básica electoral con lenguaje accesible y sistema de lecto-escritura Braille.
• El uso del sello “X”, auxiliar para que las personas con discapacidad motriz puedan votar.
• El uso del señalamiento del procedimiento de votación para personas con discapacidad auditiva y/o de lenguaje.

Debemos recordar que la inclusión y la no discriminación resultan ser imperativos democráticos, como condición necesaria para hacer efectiva la participación en la vida pública de las personas con algún tipo de discapacidad y que puedan decidir la conformación de la representación política nacional. En suma, cabe decir que no hay democracia con discriminación, por ende, es necesaria la construcción de un modelo social incluyente y tolerante, que erradique estereotipos, prejuicios y conductas antidemocráticas relacionadas con una desigualdad de trato.