Comunicación
Social

Parte de un Estado democrático de derecho, es la comprensión de derechos y obligaciones por parte de la ciudadanía, pues ello otorga certeza a los destinatarios de la norma sobre qué les es prohibido, permitido, hacer y exigir; además, fortalece la difusión y la mejor comprensión de los derechos humanos.

La comprensión, por parte de los gobernados, de las actuaciones de las autoridades se constituye en un derecho, el cual garantiza el acceso a la justicia, a una tutela judicial efectiva, contribuye a la transparencia, escrutinio público y rendición de cuentas.

De tal forma que, acuerdos, resoluciones o sentencias claras son aquellas que comunican de forma eficaz el contenido de su determinación, permite acercar la argumentación empleada a sus destinatarios finales sobre las razones que justifican el sentido de la decisión, las cuales deben ser comprensibles, tanto para las personas que intervienen en un asunto, como para quienes pretendan consultarla.

En estas condiciones, al elaborar un acuerdo o resolución, se debe tener presente, que se constituirá como un medio de comunicación entre la autoridad, el interesado y la población en general.

Se debe evitar un lenguaje especializado y rebuscado que probablemente no comprendan los destinatarios de la resolución; por tanto, debe optarse por un lenguaje sencillo y claro, que aborde de una forma ordenada y coherente los temas del caso en estudio, que permitan su fácil comprensión. Además, se debe buscar evitar el lenguaje sobre recargado, pero sin incurrir en una terminología banal, debido al grado de tecnicismo que caracteriza al lenguaje jurídico. En otras palabras, se busca una narrativa breve, clara y precisa.