LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS ANTE EL COVID-19.
Escrito por Lilibeth Álvarez Rodríguez
La pandemia del Covid-19 además de representar un problema de salud pública ha dejado a la vista las enormes desigualdades que existen en los países, como es el caso de México.
En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas considera que la pandemia del Covid-19 es una “crisis humana” que debe ser abordada desde un enfoque cooperativo, global y de derechos humanos, por lo cual emitió las “Directrices esenciales para incorporar la perspectiva de derechos humanos en la atención a la pandemia por COVID-19”.
Las directrices en mención, abordan aspectos relacionados con el Estado de alarma y excepción, impartición de justicia y los deberes de proteger a personas en situación de vulnerabilidad como son: las personas con discapacidad, personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, personas privadas de su libertad y pueblos indígenas entre otros.
Asimismo se menciona la importancia de los derechos a la información, expresión, de participación, económicos, sociales, culturales y la importancia de involucrar a las personas e instancias protectoras de derechos humanos como por ejemplo la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
El Estado debe tener presente que en el centro de todo estamos las personas y que todos sin importar las situaciones o circunstancias en las que nos encontremos tenemos derecho a la salud en igualdad de condiciones por lo que la escases de determinados recursos, el diseño de medidas para detener la propagación del virus o la implementación de ciertas políticas y planes en ningún momento deben ser justificación para que se discrimine a determinados grupos de personas.
Es por lo anterior que, se debe incorporar la perspectiva de derechos humanos para enfrentar con éxito la pandemia del Covid-19 y disminuir las brechas de desigualdad, así como los efectos negativos en las personas que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad que les impide gozar de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, de ahí que la implementación de cualquier tipo de medida debe ser proporcional, necesaria y no discriminatoria.