Los profesionales del derecho, cuando se enfrentan a temas procesales, conocen la máxima que los plazos/términos son fatales y no ejercerlos en el tiempo perentorio que fija la norma, causa la pérdida del ejercicio de un derecho. Obviamente la materia electoral no se abstrae de esa regla y eventualmente tampoco en la política.
En materia de gobierno y administración, también existen plazos para el cumplimiento de obligaciones, que son señalados en la ley y que el incumplimiento trae consecuencias administrativas o penales.
Existen otros plazos que no están en ley, que no los fija un ente diverso al obligado, son lo que se autoimponen algunos gobernantes; en algunos casos, la metodología para establecer esos plazos son un misterio y acaban siendo ocurrencias, distractores o paliativos ante situaciones de crisis.
Un ejemplo de lo señalado anteriormente, es el plazo que en materia de seguridad estableció el actual titular del Poder Ejecutivo Federal: “Ante la ola de violencia que se vive en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en seis meses bajarán los índices en la materia.”[1] Declaración que realizó en medio de una crisis generada por una tragedia en la que murieron asesinadas 14 personas en Minatitlán, Veracruz
Esta declaración, según la fuente referida en el párrafo anterior, fue hecha el pasado veintidós de abril de dos mil diecinueve. Por lo que, siguiendo las reglas para contar términos, por ser en meses, se establece que corren de momento a momento, esto es, ese plazo feneció el veintidós de octubre del año referido.
¿Qué pasó entonces?, pues tanto para esa fecha, como para el cierre del año dos mil diecinueve, los datos oficiales indican que la violencia no ha disminuido, al contrario, este año será catalogado como el año más violento desde que se tiene registro:
“En octubre, al menos 2 mil 933 personas fueron asesinadas, lo que significa que en los primeros 10 meses de 2019 se registraron 29 mil 574 homicidios en el país, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).”
Dicha cifra representa 706 casos más que en el mismo periodo de 2018 que, hasta ahora, es el año más violento en la historia reciente de México con 34 mil 202 casos, según cifras oficiales.”[2]
Desafortunadamente para los mexicanos, a la fecha que feneció el plazo de seis meses, no se cumplió con la promesa pública realizada. Ante lo anterior, pueden destacarse dos conclusiones.
La primera conclusión, es que el plazo de seis meses que se autoimpuso el Presidente de la República fue una mera ocurrencia, que no se tenía un plan o programa para lograrlo y que al final sólo abonó en la desilusión que ha ocasionado a diversos sectores de la población de México.
Segunda conclusión: Si dicha promesa fue realizada de forma seria, al llegar el veintidós de octubre del presente año, el Presidente de la República debió de realizar un ejercicio transparente de evaluación, comunicar cuáles fueron las resistencias encontradas que impidieron cumplir ese objetivo.
A raíz del primer año de gobierno de la presente administración federal 2018-2024, el Titular del Ejecutivo nuevamente se fija un plazo: ¿Cuánto tiempo necesitaremos para consolidar la obra de trasformación?, pienso, que un año más, es decir, en diciembre, que aquí nos vamos a volver a encontrar, de dos mil veinte.”[3]
Ante el alud de críticas por promesas incumplidas, acciones erráticas de gobierno y administración que atentan a la democracia en México, se fija un nuevo plazo.
Veladamente, se reconoce que no ha logrado cumplir con la esperanza que depositó el pueblo de México.
Incumplimiento que se da a pesar que contaba con diversas circunstancias a favor:
Respaldo de la mayoría de los que votaron el pasado 1º de julio de dos mil dieciocho; sin conflictos postelectorales; transición tersa, prácticamente desde julio de dos mil dieciocho, esto es, casi cinco meses antes de tomar posesión, ya incidía en temas de gobierno y administración; un supuesto conocimiento de los problemas del país al llevar tres sexenios en franca campaña; contar con mayoría de MORENA y aliados en el Congreso de la Unión, con lo que ha logrado que prácticamente todas sus propuestas sean aprobadas por el Poder Legislativo; amplio apoyo ciudadano según diversas encuestas, aunque a la fecha va en evidente picada; los partidos políticos de oposición se encontraron en una etapa de reorganización; y demás situaciones favorables.
A pesar de todo ello, al cumplir un año de gobierno del presente sexenio 2018-2024, los índices de inseguridad siguen creciendo; la economía estancada en riesgo inminente de caer en recesión; desaparición de programas sociales consolidados que se crearon para atender a sectores vulnerables; opacidad en el ejercicio del recurso público; en obras de infraestructura de gran envergadura, se determinó a un costo altísimo la cancelación del NAIM por una supuesta y nunca comprobada corrupción, de igual forma con un costo altísimo, se iniciaron los inviables proyectos del Aeropuerto de Santa Lucía, Refinería de Dos Bocas y el Tren Maya; se han debilitado diversas instituciones garantes del Estado Democrático; se menosprecia e insulta los que tienen opinión distinta al discurso oficialista, ocasionando división en la sociedad; desconocimiento o negación de la oposición, al grado que nunca se ha reunido con líderes de partidos políticos para atender agenda en común y se dan evasivas para atender a líderes sociales; y un largo etcétera.
En conclusión, a reserva de dar el beneficio de la duda, ¿En que condición estaremos como país en diciembre 2020?, en el mejor de los casos, en un ambiente optimista, estaremos igual. Pero la realidad y con la tendencia actual, el pronóstico puede ser que estaremos mucho peor.
Ante ello, el PAN, como lo ha demostrado su historia, responsable del papel que actualmente tiene, seguirá abanderando las causas ciudadanas, actuará como oposición responsable y pugnará férreamente por los intereses nacionales, destacándose la defensa para evitar el debilitamiento del Instituto Nacional Electoral.
Los gobiernos panistas son y serán ejemplos del buen gobierno, los resultados positivos que presentan a nivel local y municipal, dan elementos objetivos para que el PAN se presente ante la ciudadanía como una viable y responsable opción de gobierno.
Al respecto el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés ha declarado de manera firme: “vamos a seguir cumpliendo nuestra responsabilidad, señalando errores y proponiendo alternativas, vamos a seguir trabajando para que en los lugares donde gobernamos, sigamos demostrando con hechos que nosotros sí sabemos dar buenos resultados. Acción Nacional ha propuesto soluciones, por lo que hoy refrenda toda su disposición para trabajar juntos y superar los enormes retos, porque México no ha sido mejor desde que la Presidencia de la República nos divide entre buenos y malos, amigos y enemigos. México es mejor cuando nos encontramos todos necesarios y aportamos para resolver nuestros problemas”.
No cumplir con lo prometido para diciembre del dos mil veinte, en este caso, no será la pérdida de un derecho o una obligación, será la pérdida de la confianza ciudadana.
Dr. en Derecho Gabriel García Martínez
Representante Suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México.
[1] https://heraldodemexico.com.mx/pais/amlo-se-compromete-a-bajar-indices-de-violencia-en-seis-meses/
[2] https://www.proceso.com.mx/607473/con-casi-30-mil-asesinatos-en-10-meses-2019-se-perfila-para-ser-el-ano-mas-violento
[3] Extracto del discurso del Titular del Ejecutivo Federal del primero de diciembre de 2019, tomado del video consultable en https://www.youtube.com/watch?v=8XHQFmH-tTg&ab_channel=ElUniversal