Comunicación
Social

Cuando las democracias parecen estancarse, la salida a menudo ha implicado la participación de personas que hasta ese momento no habían contado con el derecho al voto.

En efecto, ello se demuestra considerando que hace poco más de sesenta y cinco años, a las mujeres les fue otorgado el derecho al voto y hace apenas 50 años, a los jóvenes de 18 años se les concedió el derecho a votar en las elecciones por primera vez.

Hoy, motivados por preocupaciones que incluyen una disminución de la participación en las elecciones y una baja participación de jóvenes votantes, un número creciente de países está adoptando diversas medidas orientadas a reducir la edad mínima para votar a 16 años.

Los jóvenes de dieciséis años tienen derecho a abandonar la escuela, a tener un permiso de conducir e ingresar a un empleo a tiempo completo con las limitaciones que marca la Ley Federal del Trabajo, entonces, ¿por qué no incluir el derecho a votar?

En Latinoamérica, Argentina, Brasil y Ecuador se convirtieron en los primeros países en reducir la edad para votar a 16 años.  Otro ejemplo lo constituye el referéndum de independencia de Escocia en 2014, en el que el derecho de voto se extendió a los jóvenes de 16 y 17 años por primera vez.

En los últimos años, el debate también ha estado ganando terreno en México, donde un cambio en la edad para votar podría otorgar derechos a aproximadamente 10.8 millones jóvenes de 16 y 17 años.

Como se mencionó, ese sector de la población tiene derecho a abandonar la escuela, conducir un automóvil e ingresar a un empleo a tiempo completo (y pagar impuestos), entonces, ¿por qué no incluir el derecho a votar?

Otro argumento a favor del cambio en la edad mínima para votar es que mejoraría la participación en la política y mantendría un interés de por vida en la democracia. La participación entre los jóvenes de 16 y 17 años fue mayor en el referéndum de independencia de Escocia que en algunos otros grupos de edad.

Podríamos decir, en este sentido, qué los jóvenes están mejor informados, con acceso a la web y cursos como educación cívica y política que ahora forman parte de los planes de estudios. Las huelgas escolares a gran escala sobre el cambio climático han aumentado la sensación de que las personas más jóvenes están a la vanguardia en un tema que nos amenaza a todos y, en general, presentan alto grado de involucramiento en asuntos públicos, por lo que cada vez buscan mejores canales de participación e incidencia.

Los que se oponen al cambio, por otro lado, afirman que las personas más jóvenes carecen de la madurez necesaria para tomar decisiones sobre cómo somos gobernados, incluso hay quienes señalan que, de permitirles votar, los adolescentes también serían vulnerables a ser explotados por las promesas de los partidos políticos. Además de que, a su juicio, que se corre el riesgo de erosionar la infancia al colocar la responsabilidad de votar sobre los hombros de los grupos de edad más jóvenes.

Cambiar la ecuación del cuerpo electoral incorporando a jóvenes de entre 16 y 17 años hará que la sociedad preste más atención a los problemas que sufre ese sector desde la educación hasta el desempleo. Sus votos contarán y resultarán relevantes en la toma de decisiones y diseño e implementación de políticas y programas públicos.

El derecho al voto no generará ni conciencia ni participación política por su sólo otorgamiento; pero sí dará una herramienta de inclusión a los jóvenes para integrarse al proceso democrático, ese que domestica espíritus y canaliza rebeldías.

Por último, no debe pasar desapercibido que si bien ya se han presentado propuestas legislativas a favor de mayor inclusión de las personas jóvenes en la toma de decisiones en asuntos públicos, a través de su postulación a cargos electivos, a la fecha se carece de políticas generales que hagan efectiva dicha inclusión y se otorguen derechos como el de votar.

En los últimos procesos electorales, la Justicia Electoral también ha emitido importantes criterios de protección a sectores de población integrados por niños y jóvenes; sin embargo, dicha tutela resulta insuficiente si el derecho a votar a los jóvenes continúa siendo excluido de la agenda pública. A mi consideración, en México existen las condiciones óptimas para otorgarles dicho derecho a ese importante sector de la población y debiera hacerse un estudio pormenorizado que conduzca a la materialización efectiva del mismo.