Desde hace algún tiempo hemos escuchado que se habla de gobierno y justicia abierta, pero ¿a qué se refiere? Permítanme platicar en esta ocasión sobre ellos.
Al gobierno abierto podemos entenderlo como un modelo de comunicación que pretende acercar a las personas al centro de las actividades que llevan a cabo los órganos o instituciones. Para lograr esto, elaboran planes y acciones que permiten dar a conocer las tareas que realizan para mejorar el acceso de los servicios; ser receptores de nuevas ideas para atender demandas públicas; entender las necesidades actuales de la sociedad. Todo lo anterior, para mejorar sus condiciones de vida gracias a su participación activa (las autoridades escuchan de primera mano las exigencias y necesidades).
Un gobierno con estas características permite apreciar a la democracia como una forma de gobierno efectiva, cuando la gente demanda mayores y mejores resultados.
Muchas veces cuando se habla de gobierno abierto, también se hace referencia a la justicia abierta; la cual podemos concebirla como una forma de comunicación que busca privilegiar la comprensión fácil y sencilla de las decisiones de los órganos jurisdiccionales (tribunales) para acercarse tanto a quienes acuden para resolver una controversia, así como para explicar y fundar sus razones o motivos que fueron plasmados en una resolución o sentencia a cualquier interesado.
Para lograr verdaderos gobiernos y justicia abierta, o cualquier forma de interacción, se deben cumplir al menos los siguientes principios fundamentales:
- Como una obligación de las autoridades de exponer la información al público en general, con una visión de máxima publicidad; abrir los procesos de deliberación interna, y la información derivada de actos específicos pero de interés general (por ejemplo, la publicidad de los acuerdos de trámite, o en el caso del IEEM, información general de los procesos electorales), hasta el manejo de recursos públicos.
Otro aspecto importante es la facilidad de esta interacción, por lo que es necesario que las autoridades utilicen un lenguaje claro en sus oficios, determinaciones, resoluciones, entre otros.
- Participación. Interés e involucramiento en el quehacer gubernamental. Permite que los interesados intervengan y exijan una verdadera rendición de cuentas; además de ofrecer mejoras, conocer necesidades que se desconocían, o no estaban claras o bien definidas.
- Colaboración. Actuación que se realiza en coordinación entre instituciones y los ciudadanos, para acortar la brecha que los separa.
Cumplir con las funciones encomendadas –hoy en día- es tan importante como demostrar que sí se realizan y cómo se hacen. Por eso, las herramientas tecnológicas, incluyendo las redes sociales, han facilitado que las autoridades emitan mensajes de manera inmediata con un alcance mayor al de los medios ordinarios, y por otro lado, han propiciado que las personas puedan dialogar directamente con sus autoridades y representantes.
Diversas autoridades ocupan las redes sociales para difundir su trabajo, criterios jurisprudenciales, legales y administrativos, así como algunas etapas previas a la toma de decisiones.
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden ser el medio para modernizar la forma de gobernar, impartir justicia pero siempre como una manera de facilitar una verdadera cercanía con la sociedad; mejorar el acceso a los servicios encomendados en cualquier área de gobierno (en cualquier orden o nivel).
El uso de estas tecnologías no sólo permite ahorrar tiempo en el manejo de la información y transparentar el quehacer cotidiano de las autoridades; acercarnos permanentemente a través de una interacción ágil, fácil, como si se estuviera cara a cara.
Así, socializar, difundir, y dar a conocer toda información de interés general ayudará a mejorar la relación de los entes gubernamentales con la sociedad, fortalecer la confianza, construir una ciudadanía exigente e informada, lo cual siempre abonará para consolidar nuestra democracia.