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Nuestro país está constituido como una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de la ley fundamental, tal como lo señala el artículo 40 de la Carta Magna.

A su vez, el numeral 39 de nuestra Constitución Federal, refiere que la Soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Asimismo, adminiculado con dicho precepto, el artículo 41 refiere que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores.

Esto es, la Soberanía Nacional tiene diversas aristas en el ejercicio del poder público, no sólo en cuanto a la división clásica en el sentido horizontal de Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, sino también se presenta en sentido vertical, lo que implica las competencias federal, estatal y municipal.

Llegamos a este análisis, para argumentar que los Organismos Públicos Locales son un reflejo del federalismo y del Pacto Federal originario, los Estados de la Unión ejercen soberanía, parte de ello es contar con la posibilidad constitucional y normativa secundaria de elegir a los ciudadanos que ocuparán los cargos públicos del ámbito local, como son el de Gobernador, diputados locales y miembros de los Ayuntamientos.

Ahora bien, los Organismos Públicos Locales, no son entes creados exclusivamente para organizar elecciones y que su actividad sólo es esporádica, también son un instrumento de las entidades federativas para la promoción permanente de la cultura democrática, que es tan necesaria para el adecuado desarrollo de nuestro país, entre otras grandes tareas.

Si se dejara la tarea electoral en un solo órgano nacional, y que no existieran entes garantes y promotores de la democracia de las entidades federativas, se atentaría a la soberanía de los estados en cuanto a su régimen interior, pues desde un aspecto centralista el gobierno federal actuaría directamente en la elección de autoridades locales de manera ordinaria.

Siempre será adecuado revisar los marcos legales de actuación de las autoridades electorales para fortalecer nuestra democracia y lograr el bien común, así como obtener una mayor coordinación interinstitucional y que en un marco de subsidiariedad, todas las autoridades logren en conjunto que México sea un referente del Estado Democrático de Derecho.