Comunicación
Social

El pasado 1 de julio se llevó a cabo la jornada electoral del proceso electoral más complejo y de mayores dimensiones en la historia reciente de nuestro país. Durante dicha elección, los ciudadanos emitieron su voto para la renovación de cargos de elección popular federales, locales y municipales y, aunque se trató de un proceso electoral exitoso, se pusieron de manifiesto algunos retos y vicisitudes que deberán ser materia de atención legislativa a la brevedad. Entre ellos, sin duda, se encuentra el relativo a la reducción del costo de los procesos electorales, así como el relativo a la implementación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación para la emisión y recepción del sufragio.

Ambos rubros se encuentran estrechamente relacionados, pues es un hecho incontrovertible que la logística electoral, que abarca desde la preparación de la elección, hasta el escrutinio y cómputo de la votación recibida en casillas presentan altos costos financieros y humanos, los cuales podrían reducirse significativamente con la implementación del ejercicio del voto a través de alguna plataforma tecnológica, como puede ser la urna electrónica o el voto por internet.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prevé la posibilidad de que se implementen nuevas tecnologías para el ejercicio del voto de los mexicanos residentes en el extranjero; sin embargo, supedita su utilización a que así lo determine el Instituto Nacional Electoral, que éste emita los Lineamientos respectivos y se garanticen los atributos del sufragio. Si bien es cierto que la certeza, la seguridad del voto y la confiabilidad de la votación a través de mecanismos electrónicos representa un gran reto en nuestro país, en la medida en que debe formularse un mecanismo que garantice dichos atributos y dé seguridad y confianza de la inviolabilidad de los resultados.

A mi juicio, México se encuentra en condiciones de dar ese importante paso para el uso pleno de nuevas tecnologías en los procesos electorales. No debe pasarse por alto que el país ya cuenta con experiencias exitosas en el ámbito local, que en dichos ejercicios hubo efectos vinculantes y que no hubo observación alguna. Tal es el caso de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, que en 2009 utilizó urnas electrónicas con efectos vinculantes y, más tarde, en 2012, se implementó el voto de los ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero por internet, en ambos casos dichas tecnologías tuvieron efectos vinculantes y sin ninguna inconformidad por parte de las fuerzas políticas.

Si bien es cierto que el sistema político electoral mexicano encuentra su origen en revertir la desconfianza originada a partir de un régimen hegemónico, fue posible revertir la misma a partir de instituciones sólidas y confiables que permitieron la evolución de las instituciones electorales. En el caso, no es ajeno que existe gran desconfianza ante el uso de las tecnologías y la posibilidad de que puedan ser alteradas; sin embargo, México debe seguir a la vanguardia en la organización de los procesos electorales y fortalecer sus leyes e instituciones para que dichos avances respondan a esta exigencia creciente de la sociedad.

La implementación del voto electrónico permitiría, por un lado, no sólo reducir significativamente los costos de los procesos electorales; además, permitiría contar con resultados en muy breve tiempo y con mayor precisión y exactitud, reduciendo o eliminando el error humano.

México debe, en este sentido, seguir avanzando en la confianza y en la implementación de todas aquellas tecnologías y mecanismos que le permitan continuar a la vanguardia mundial en la organización de procesos electorales y garantizar el ejercicio de los derechos político electorales del ciudadano de maneras más eficientes y seguras, como la oportunidad que representa el voto electrónico, debidamente regulado en ley, no unos lineamientos de baja jerarquía normativa, e implementado con la confiabilidad y seguridad que han demostrado las autoridades electorales en el país.