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La fortaleza de una democracia no se mide solo en las urnas, sino en la solidez de la cultura cívica de sus ciudadanos. En el Estado de México, la entidad con el Padrón Electoral más grande del país, elevar esta cultura representa una de las tareas más urgentes y complejas para su desarrollo social y político. Superar el enfoque meramente teórico y construir una práctica democrática cotidiana exige enfrentar una serie de retos multifacéticos.

El primer gran desafío es estructural y de escala. La inmensa diversidad geográfica, económica y social del territorio mexiquense hace casi imposible aplicar estrategias únicas. La realidad de un estudiante en un municipio urbano y con alta conectividad es radicalmente diferente a la de uno en una comunidad rural o indígena. Diseñar programas educativos que sean relevantes y accesibles para todos estos contextos, garantizando equidad, es una labor monumental.

Junto a esto, persiste una profunda desconexión entre la teoría cívica y la experiencia vital de los ciudadanos. La desconfianza generalizada hacia las instituciones, alimentada por casos de corrupción y opacidad, y la percepción de impunidad, crean un escepticismo que el sistema educativo por sí solo no puede erradicar. Los jóvenes perciben una brecha abismal entre lo que se enseña en las aulas sobre valores democráticos y la realidad que observan en sus comunidades. Esta apatía resultante es el mayor enemigo de la participación ciudadana.

Por ello, el reto pedagógico es fundamental. Es imperativo evolucionar de una educación cívica memorística, centrada en fechas y conceptos legales, hacia una educación para la democracia práctica. Esto implica promover metodologías activas como debates, simulaciones de procesos legislativos, proyectos de solución de problemas comunitarios y el fomento del pensamiento crítico. La meta no es crear ciudadanos que solo sepan cómo funciona el sistema, sino que se sientan empoderados para mejorarlo.

De manera lamentable, el Estado de México ocupa el puesto 24° del Índice de Desarrollo Democrático de México (IDD-MEX, 2024). Esto significa una disminución de dos lugares en comparación con el año anterior, siendo la cuarta ocasión en que obtiene una baja calificación desde 2010, año en que comenzó a llevarse a cabo esta medición.

Para revertir estos bajos niveles de desarrollo democrático, es necesaria la existencia de ciudadanas y ciudadanos activos, y sobre todo bien capacitados e informados, para lo cual se requiere un esfuerzo que trascienda las aulas. La cultura cívica se forma también en el hogar, en los medios de comunicación y en los espacios públicos. Una estrategia integral debe involucrar a padres de familia, líderes comunitarios y periodistas en la promoción de valores como la tolerancia, el respeto al Estado de derecho y la resolución pacífica de conflictos.

El reto mayor consiste en concientizar a la ciudadanía de que tiene el poder del sufragio para decidir lo que más le conviene a la entidad. En el caso de las personas que no están de acuerdo con el gobierno en turno, tienen que entender que para lograr un cambio deben acudir a las urnas para manifestar su voluntad; de nada sirve que organicen protestas o expresen sus inconformidades en redes sociales si el día de las elecciones no votan.

También se debe superar la noción que prevalece en el inconsciente colectivo de que los programas sociales subsistirán solamente mientras el gobierno en funciones ocupe el poder, y que si se vota por otra opción, los van a perder. Ello lo aprovecha el oficialismo para reducir a la ciudadanía a clientes electorales.

En conclusión, los retos para el Estado de México son profundos: superar la desconfianza institucional, adaptarse a su vasta diversidad, modernizar la enseñanza y crear una alianza social por la democracia. Ello solo se puede lograr mediante un estrecho trabajo de los partidos políticos directamente con la ciudadanía en el territorio.

Para el PRI, el objetivo final es claro: formar no solo votantes pasivos, sino ciudadanos activos, deliberantes y comprometidos con el bien público, que sean el verdadero cimiento de una democracia vibrante y resiliente. Solamente con ciudadanos bien informados se puede combatir el clientelismo electoral promovido desde el oficialismo y en lugar de ello, consolidar una auténtica manifestación popular expresada en las urnas.

Sen. Cristina Ruiz Sandoval

Presidenta del CDE del PRI en el Estado de México.

Fuentes de consulta

IDD-Mex (2024) Índice de Desarrollo Democrático de México, Fundación Konrad Adenauer- INE, https://idd-mex.org/

Pirela, Johann, Et. Al. (2019). Educación en y para la Democracia, Universidad del Zulia, Colombia, https://www.redalyc.org/journal/279/27961483
005/html/

La legitimidad política consiste en la capacidad de un poder para obtener obediencia sin necesidad de recurrir a la amenaza de la fuerza. De tal forma que un Estado es legítimo si existe un consenso entre los miembros de la comunidad política para aceptar la autoridad de sus gobernantes.

El proceso mediante el cual una persona obtiene legitimidad se denomina legitimación, y hay dos tipos: dinastía y democracia. La primera obedece al derecho hereditario, o derecho de sangre, propio de las monarquías; y el segundo, a la elección periódica del gobernante por parte de los miembros que integran la comunidad. Para una república constitucional interesa precisamente la legitimación democrática, que es la que garantiza el respaldo del gobernante por la mayoría de los ciudadanos.

Ahora bien, existen dos clases de legitimidad: la de origen, que es la que el gobernante obtiene en las urnas, y la de ejercicio, que apunta al modo como se ejerce o se desempeña el poder. Quien ostenta legitimidad de origen puede carecer de legitimidad de ejercicio, o perderla, si ejerce mal o injustamente el poder al que accedió legítimamente. Quien no posee legitimidad de origen puede adquirir legitimidad de ejercicio si la desempeña con justicia (Bidart, 1986).

El problema surge cuando los gobernantes se escudan en la legitimidad de origen para abusar del poder; es decir, bajo el argumento de que obtuvieron una votación contundente en las urnas, cometen toda clase de excesos en el ejercicio de la función pública.

Un ejemplo lo constituye Abdalá Bucaram, quien en 1996 obtuvo la presidencia de Ecuador con el 47% de los votos. Cuando asumió el cargo cometió excesos inaceptables y en 1997, fue depuesto por el Congreso tras declararlo incapacitado mentalmente para gobernar. Lo más grave fue que dichos excesos los cometió en nombre de la legitimidad que lo llevó al poder. Mediante el discurso de que era un presidente electo por mayoría absoluta, sostenía que sus decisiones se encontraban legitimadas de origen y, en consecuencia, debían ser incontrovertibles y acatadas por todos (Barrientos, 2004).

Lamentablemente, en México estamos viviendo una situación similar, en la que el oficialismo nos dice que el pueblo es el que respalda todas sus acciones, que en realidad atentan contra la República. Esto significa que la legitimidad de origen, a semejanza de lo ocurrido en Ecuador, es utilizada como narrativa para justificar toda clase de atropellos en contra de la división de poderes.

Esto es así porque la falta de contrapeso efectivo del Poder Legislativo al Ejecutivo ha permitido la desaparición de los órganos autónomos y la subordinación del Poder Judicial a la voluntad presidencial, lo que evidentemente produce una concentración del poder en una sola fuerza política; situación que ya había sido superada durante décadas de avances democráticos que en la actualidad están en franco retroceso.

Ya está en puerta la reforma electoral; todavía no se sabe a ciencia cierta cuáles serán sus alcances, pero a nadie sorprendería que tuviera la intención de aniquilar el sistema democrático que hasta el día de hoy ha garantizado la celebración de elecciones competitivas con alternancia en el poder.

Existe una tendencia internacional que consiste en que los partidos gobernantes desmantelen democracias desde dentro. Casos como los de Túnez, Venezuela o Hungría muestran que la subversión democrática es gradual. Como advierte el informe 2025 del Instituto Varieties of Democracy (V-Dem), el mundo vive su peor retroceso democrático en décadas: por primera vez en más de veinte años, el número de autocracias (91) en el mundo supera al de las democracias (88).

México no es ajeno a esa tendencia, y la narrativa se escucha de manera reiterada: que la legitimidad de origen fue la que permitió la sobrerrepresentación en el Congreso y, de ahí, que todas las reformas que destruyen los avances democráticos pretendan ser legitimadas con un supuesto apoyo popular, cuando en realidad ni siquiera existió esa legitimidad en las urnas, sino que se obtuvo de manera artificial, como es de dominio público.

Ningún gobierno se encuentra legitimado para desaparecer la democracia por más votos que haya obtenido en las elecciones. Simplemente constituye un absurdo pretender que el pueblo pueda otorgar facultades a la clase gobernante para destruir los mecanismos de legitimación en los procesos electorales venideros, en los que el ejercicio del sufragio se reduzca a una mera simulación y se ponga fin a la etapa de elecciones libres y auténticas.

Como señala Anne Applebaum, el declive democrático no es inevitable, pero requiere acción ciudadana e institucional para defender normas democráticas. En el PRI estamos convencidos de ello y seguiremos adelante con nuestra labor desde el territorio y en los espacios de representación en los que tenemos presencia, para seguir luchando en contra de la destrucción de la democracia mexicana.

Sen. Cristina Ruiz Sandoval

Presidenta del CDE del PRI en el Estado de México.

Fuente de consulta

Bidart Campos, Germán (1986), Legitimidad de los procesos electorales, Costa Rica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos – Capel, p.9.

Barrientos Del Monte, Fernando (2004), La Segunda Vuelta Electoral y la Gobernabilidad en los Sistemas Políticos Latinoamericanos, Revista del IEEM, apuntes electorales. Año IV, número 15, enero-marzo 2004, p. 511.

Cardoso, Ramón (2025). Avanza el declive global de la democracia, DW, https://www.dw.com/es/avanza-el-declive-global-de-la-democracia/a-7211
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El pasado 8 de agosto se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, establecido por la Asamblea General de la ONU mediante la Resolución 49/214 (1994) con fecha oficial el 9 de agosto. No obstante, al coincidir este año con un sábado, las actividades se adelantaron al viernes 8 bajo el lema "Pueblos Indígenas y la Inteligencia Artificial: defendiendo derechos, de cara al futuro".

Durante la ceremonia, el Secretario General de la ONU, António Guterres, reconoció el potencial de la inteligencia artificial (IA) para preservar lenguas indígenas en riesgo, salvaguardar la tradición oral, cartografiar territorios ancestrales y potenciar los conocimientos tradicionales en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, advirtió que, sin la participación activa de los pueblos originarios, estas tecnologías podrían reproducir patrones de exclusión, distorsionar culturas y vulnerar derechos fundamentales. Esto se debe a que los datos utilizados para entrenar modelos de IA frecuentemente excluyen o tergiversan las realidades indígenas, mientras que los algoritmos reflejan los sesgos culturales de sus desarrolladores, perpetuando e incluso agravando desigualdades existentes (ONU, 2025).

En paralelo, el Consejo de la Unión Europea, en su declaración oficial con motivo de esta conmemoración, subrayó que la IA está reconfigurando el mundo con impactos inevitables —tanto beneficiosos como perjudiciales— sobre los derechos indígenas. Destacó que estos pueblos enfrentan una doble amenaza: por un lado, el cambio climático intensifica la disputa por tierras y recursos; por otro, la revolución digital los expone a la apropiación indebida de sus conocimientos tradicionales, prácticas culturales y patrimonio histórico (UE, 2025).

Como parte de su apoyo, la UE financia el Navegador Indígena: una plataforma comunitaria de código abierto que funciona como sistema de recolección de datos y herramienta de incidencia política. Este instrumento busca empoderar a las comunidades mediante información relevante y facilitar su participación en foros multilaterales sobre temas críticos como la propiedad de datos y el desarrollo de IA. La estrategia europea combina así dos enfoques: 1) el desarrollo de herramientas tecnológicas accesibles y 2) la promoción de espacios de deliberación democrática.

Para contrarrestar efectivamente estos desafíos, se requieren medidas integrales que trasciendan lo digital. Es indispensable complementar las plataformas virtuales con el fortalecimiento político de las comunidades, garantizando su representación en instancias de decisión.

Los partidos políticos tienen aquí un rol crucial: deben fomentar liderazgos indígenas que accedan a cargos públicos para impulsar agendas legislativas y municipales que reduzcan las asimetrías tecnológicas. Solo así podrá mitigarse la brecha que amplifica la IA, tal como alertan los organismos internacionales.

El PRI es un partido arraigado en el territorio. No nos limitamos a buscar soluciones desde la comodidad de nuestras oficinas, sino que trabajamos directamente en campo, manteniendo un vínculo permanente con los cinco pueblos originarios del Estado de México: Mazahuas, Matlazincas, Nahuas, Otomíes y Tlahuicas. A través de este trabajo cercano, hemos impulsado liderazgos indígenas que fortalecen a sus comunidades para enfrentar los retos de la era digital, incluyendo la brecha tecnológica y los impactos de la IA en la preservación de sus derechos culturales.

Con acciones concretas y un enfoque basado en el respeto a sus usos y costumbres, el PRI reafirma su papel como una fuerza política que no solo escucha, sino que actúa para garantizar que los pueblos originarios tengan las herramientas necesarias para su desarrollo integral. Su labor en el Estado de México, atendiendo a los cinco grupos étnicos de la entidad, es un claro ejemplo de cómo la política puede ser un instrumento de justicia, equidad y progreso para todos.

Agosto adquiere especial relevancia para reflexionar sobre los derechos de las comunidades originarias, ya que durante este mes se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Esta efeméride, instituida por la Asamblea General de la ONU mediante la Resolución 49/214 (1994), rinde homenaje a la primera sesión del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas, realizada en el 9 de agosto 1982 (ONU, 2025).

Como el 9 de agosto cae en sábado este año, la conmemoración se realizará virtualmente el viernes 8, bajo el tema: "Pueblos Indígenas y la Inteligencia Artificial: defendiendo derechos, de cara al futuro".

La propuesta anterior resulta especialmente relevante al contrastar los derechos y prácticas comunitarias de los pueblos originarios con los avances tecnológicos más disruptivos de la actualidad. Este análisis revela una aparente incompatibilidad entre ambos ámbitos: por un lado, la protección de saberes ancestrales; por otro, la implementación de tecnologías que, lejos de promover la inclusión, generan exclusión social e invisibilización de estos grupos históricamente marginados.

Si bien resulta crucial examinar la tensión entre los derechos indígenas y el impacto de las nuevas tecnologías, igualmente importante es enfocarse en los avances políticos logrados por los pueblos originarios, a efecto de no perder de vista los desafíos que debemos afrontar para impulsar la participación política de este grupo social.

En América Latina, existen entre 45 a 50 millones de personas indígenas, lo que representa el 10% de la población regional (CEPAL, 2020). México cuenta con 68 pueblos originarios, independientemente de si hablan lengua distinta al español a 25.7 millones de personas se identifican como miembros de alguna comunidad indígena, esto representa el 21.5% de la población mexicana (INEGI, 2015). En lo que respecta al Estado de México son cinco grupos étnicos que habitan en la entidad: Mazahuas, Matlazincas, Nahuas, Otomíes y Tlahuicas.

Los pueblos indígenas han sido históricamente marginados de los sistemas políticos formales. A pesar que forman parte importante de la población mexicana han sido objeto de una exclusión estructural que afecta su acceso a los cargos públicos que se refleja en la falta de acceso a educación política y recursos financieros para hacer campaña, aunado a que persisten prácticas discriminatorias, que se reflejan con mayor frecuencia en las mujeres indígenas que sufren una triple discriminación: por género, etnia y clase social.

Por fortuna, la participación política de los pueblos indígenas ha avanzado en los últimos 30 años gracias a reformas constitucionales, movimientos sociales y liderazgos visibles. Sin embargo, la inclusión sigue siendo desigual y muchas veces simbólica. Esto se aprecia en Guatemala, que es un país con una población indígena del 42%, pero su porcentaje de legisladores en el Congreso es del 12% y no ha implementado mecanismos efectivos de inclusión (Global Americans, 2023).

En México, desde 2018, a nivel federal se han establecido acciones afirmativas para garantizar el registro exclusivo de candidaturas indígenas en distritos con mayoría de población originaria. A nivel estatal, el Estado de México implementó medidas similares en 2024, mediante las cuales se determinó:

1. La obligatoriedad de postular al menos:

• 1 candidatura indígena para presidencia municipal.
• 1 para sindicatura.
• 5 para regidurías.

2. La posibilidad de registrar más candidaturas indígenas en los ocho espacios de regidurías reservados para grupos en situación de vulnerabilidad (que incluyen afromexiquenses, personas con discapacidad y comunidad LGBTIQ+).

Adicionalmente, se reservaron dos espacios para diputaciones locales exclusivamente para representantes de estos grupos vulnerables.

Se puede advertir que existe un avance en la participación política indígena. Sin embargo, falta mucho por hacer para consolidar una representación plena en los espacios de poder en el que accedan integrantes de los pueblos originarios que impulsen una agenda de derechos humanos y justicia social, en que se reviertan los escenarios de discriminación, principalmente la que día a día sufren las mujeres indígenas.

En el PRI estamos conscientes que es necesario fortalecer los mecanismos institucionales y promover un cambio cultural que permita una verdadera representación de los pueblos indígenas desde sus propias cosmovisiones y formas de gobierno. Con esa convicción estamos trabajando y no descansaremos hasta lograr un México más justo y equitativo.

Sen. Cristina Ruiz Sandoval

Presidenta del CDE del PRI en el Estado de México.

Fuentes de consulta

CEPAL (2020). Los pueblos indígenas en América Latina: avances en el reconocimiento de sus derechos y desafíos pendientes. https://
repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/b1b631f7-30df-4668-9047-6e2060cb30a6/content

Global Americans (2023). Indigenous Political Representation in Latin America. https://globalamericans.org/report-indigenous-political-representation-introduction-summary/

INEGI. (2015). Encuesta Intercensal 2015, https://www.inegi.org.mx/
programas/intercensal/2015/

ONU. (2025). Día internacional de los pueblos indígenas 2025, https://
social.desa.un.org/issues/indigenous-peoples/events/dia-internacional-de-los-pueblos-indigenas-2025

Durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, la reforma político-electoral de 2014 estableció la paridad de género como un principio constitucional, obligando a los partidos políticos a postular igual número de mujeres y hombres como candidatos al Congreso. Este marco normativo se consolidó mediante jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), resoluciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y reformas posteriores, logrando que, en la actualidad, la paridad sea un estándar aplicable prácticamente a todos los cargos públicos.

Sin embargo, la paridad no se limita a cumplir una cuota numérica de mujeres, sino a garantizar su acceso efectivo a espacios de poder decisorios dentro de los órganos legislativos. Pese a los avances normativos, persiste una segregación vertical en la distribución de comisiones: los hombres concentran la presidencia de aquellas con mayor relevancia política y presupuestaria (como hacienda o energía), mientras las mujeres siguen relegadas a temas asociados a estereotipos de género (como bienestar social o familia). Esta dinámica evidencia un problema estructural que trasciende el ámbito legal y exige transformaciones culturales y prácticas políticas para alcanzar una participación verdaderamente equitativa (Osorio, 2024).

Existen investigaciones que destacan que las comisiones de género (asignadas mayoritariamente a mujeres) suelen tener menor impacto en la agenda legislativa comparadas con otras, como las de medio ambiente, lo que refleja una jerarquización temática vinculada al género (Estudios Políticos, 2017).

Como señalara María Lavalle Urbina, primera senadora mexicana emanada de las filas del PRI: "Nos dan un sitio, pero no nos dan nuestro lugar". Esta afirmación conserva vigencia en el México contemporáneo, donde si bien se ha logrado la paridad numérica en los espacios legislativos, persisten asimetrías en la distribución real del poder.

Lo anterior se refleja en la LXII Legislatura del Estado de México (2024-2027), la cual ha exacerbado esta tendencia discriminatoria mediante la exclusión sistemática de diputadas en órganos clave de decisión, particularmente en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO). Este hecho configura una flagrante contradicción con los principios constitucionales de paridad de género, los estándares internacionales de democracia paritaria (Convención CEDAW) y el propio marco legal estatal.

La ausencia de mujeres en la JUCOPO perpetúa una visión parcial de la realidad y reduce la capacidad del Congreso para responder con sensibilidad e inclusión a los problemas que afectan a más de la mitad de la población. Además, bloquea el acceso de las diputadas a redes de poder, visibilidad mediática y experiencia técnica, dificultando su futuro político y reproducción de liderazgo femenino.

El impacto de esta exclusión también es simbólico y cultural. Envía un mensaje de normalización de la desigualdad y debilita los avances obtenidos gracias a décadas de lucha feminista. La ciudadanía observa que, aunque las mujeres pueden votar, postularse y ser electas, aún hay espacios donde se les niega el acceso bajo criterios "técnicos", "partidistas" o "de tradición". Esto mina la confianza en las instituciones y en el discurso de igualdad promovido desde el Estado. Peor aún, refuerza estereotipos que asocian el liderazgo con lo masculino y la representación de intereses colectivos con una lógica patriarcal.

La solución no es únicamente jurídica, sino también política y ética. Las leyes orgánicas de los congresos deben reformarse para establecer la obligatoriedad de la paridad en órganos de gobierno, tal como ha sucedido en otros espacios como el INE o los gabinetes ejecutivos. Sin embargo, también es necesario que los partidos políticos asuman un compromiso real con la paridad en sus decisiones internas. La democracia contemporánea exige que todas las decisiones sean tomadas bajo una perspectiva de género. Sólo con voluntad política se puede saldar la deuda pendiente con la democracia paritaria.

Sen. Cristina Ruiz Sandoval

Presidenta del CDE del PRI en el Estado de México.

Fuentes de consulta

Congreso Estado de México. (2025). Junta de Coordinación Política, https://legisla
cion.legislativoedomex.gob.mx/asuntosparlamentarios/comision/TVE9PQ==

Estudios Políticos. (2017). Desempeño parlamentario de las comisiones legislativas permanentes sobre género en legislaturas de América Latina, Elsevier, Vol. 42, https://www.elsevier.es/es-revista-estudios-politicos-79-resumen-desem
peno-parlamentario-comisiones-legislativas-permanentes-S01851616173003
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Osorio, Fabiola (2024). Las comisiones legislativas: un pendiente de la paridad, Revista Voz y Voto, https://www.vozyvoto.com.mx/articulo/las-comisiones-legislativas-un-pendiente-de-la-paridad