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Existen diversas teorías sobre una caja negra: en la psicología, la administración, la filosofía, la ingeniería, por citar solo algunas de las disciplinas que las manejan; para efectos de exposición utilizaré el concepto más conocido que es el de la aviación, es decir, el de las cajas negras que todo avión tiene para registrar datos vitales del vuelo tanto de la aeronave como de la tripulación en cabina.

Haciendo una metáfora de este dispositivo para la navegación aérea, podemos señalar que en materia electoral, históricamente hemos tenido una evolución y cambios en los componentes básicos de los procesos electorales; por ejemplo: hace varias décadas los responsables de organizar y calificar una elección eran el gobierno en turno a través de la Secretaría de Gobernación y de un organismo llamado Comisión Federal Electoral (1951) que se replicó en nuestro estado como Comisión Estatal Electoral (1966), ambas creadas para preparar y vigilar el desarrollo de una elección.

Fue a partir de 1991 con la creación del IFE y los institutos electorales en los estados; después INE (2014) y los correspondientes organismos públicos locales electorales, que esta responsabilidad quedó en manos de órganos autónomos sin la participación de los gobiernos federal y estatal. Estas modificaciones dieron mayor certeza, credibilidad y legitimidad a las elecciones, y sobre todo a los ganadores.

Un segundo ejemplo ha sido el financiamiento público a los partidos políticos que en el siglo pasado inició con la exención de impuestos en el arrendamiento de inmuebles, rifas, franquicias postales, tiempo limitado en radio y televisión administrado por el gobierno y un financiamiento monetario discrecional que beneficiaba al partido mayoritario de aquel entonces, hasta llegar hoy en día a las normas y procedimientos que las instituciones electorales realizan con transparencia para asignar las prerrogativas que la ley otorga a los partidos políticos, las cuales son fiscalizadas permanentemente. Aunque en la actual caja negra electoral aún existen algunos componentes que deben ser revisados para ser claros y que atañen a los partidos políticos, éstos últimos, son instituciones indispensables para el funcionamiento de una democracia.

Un tercer ejemplo es que mientras la organización de los procesos electorales estuvo en manos de los gobiernos federal y estatales, los votos los contaban los funcionarios de casilla, designados por las Comisiones Electorales por su cercanía con el partido gobernante, razón por la cual los resultados eran fuertemente cuestionados. Fue en 1991 cuando por vez primera ya con la existencia del IFE, que se realizaron comicios con funcionarios de casilla insaculados de la lista nominal de electores, con lo que se atendió una vieja demanda de los partidos opositores para que los votos contaran y se contaran bien, dándose un enorme paso en la democratización y ciudadanización de las elecciones.

En suma, la caja negra electoral en nuestro país ha tenido una notable evolución en sus componentes que nos ha permitido a todos los mexicanos, conocer con certeza los datos de las elecciones y el comportamiento de sus principales actores, haciendo creíbles y confiables los procesos electorales, lo que ha disminuido considerablemente la violencia electoral.

A la caja negra no tenemos que acudir para revisarla únicamente cuando hay un conflicto electoral, entendido éste como la tensión, inconformidad, desacuerdo, descalificación; los ajustes debemos y podemos hacerlos periódicamente de manera preventiva para así evitar posibles enfrentamientos violentos.

Finalmente, no está por demás apuntar que, con la elección de integrantes del Poder Judicial, que se realizará a nivel federal y en la entidad mexiquense en este 2025, a nuestra caja negra electoral se le estarán sumando nuevos componentes y con ellos incertidumbres que seguramente se irán despejando poco a poco de manera positiva, constructiva y pacíficamente.

Más allá de la numeralia sobre la elección de personas juzgadoras federales y en algunos casos estatales, que por primera vez se efectuará el primer domingo del mes de junio del año 2025, quiero resaltar algunas de sus complejidades, pero sobre todo la ruptura de algunos paradigmas electorales que durante décadas hemos venido repitiendo, actualizando y fortaleciendo.

Sobre lo primero, es decir, algunas de las dificultades que todos los organismos electorales tendrán que afrontar, está el diseño de boletas las cuales deberán incluir con toda claridad el nombre de las personas candidatas, así como el poder que las propone ya sea el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial.

Una segunda complicación es la emisión del voto de los ciudadanos que estarán acudiendo a votar por seis cargos diferentes a nivel federal, en igual número de boletas, que en algunos casos, será extenso el listado de aspirantes y posiblemente otro número igual de boletas para elegir personas juzgadoras en las entidades que así lo decidan.

Una tercera complejidad es el cómputo de los votos ya que los tradicionales 300 distritos electorales federales que tenemos, no coinciden geográficamente con los distritos judiciales federales; lo mismo pasa en nuestra entidad donde la actual geografía electoral indica 45 distritos electorales y 18 distritos judiciales. La cartografía electoral también será uno de los retos que deberán atenderse para su adecuación a los distintos ámbitos territoriales judiciales federales y locales y para la ubicación de las casillas o centros de votación, teniendo en cuenta que los organismos electorales deben garantizar y facilitar la emisión del sufragio.

Junto a lo anterior, resalto el cambio del paradigma electoral, es decir, la modificación de la teoría del modelo electivo que durante muchas décadas hemos venido construyendo en México.

Para la elección de personas juzgadoras no solo los órganos electorales constitucionales: Instituto Nacional Electoral y Organismos Públicos Locales, serán los responsables de dicha elección, la corresponsabilidad se extiende con la incorporación de los Comités de Evaluación de los Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) a nivel federal y estatal con funciones concretas, integrado cada uno de ellos por cinco personas que tienen como facultad: a) recibir las solicitudes de registro de las personas aspirantes a juzgadoras; b) determinar quiénes si cumplen con los requisitos establecidos; c) hacer una evaluación de las personas aspirantes; d) realizar un proceso de insaculación para eliminar aspirantes y hacer ajustes de género; y, e) obtener un listado definitivo de aspirantes que este Comité de Evaluación enviará al Senado y a la Legislatura local en el caso de nuestra entidad.

En una segunda fase electiva de este proceso electoral el INE y el IEEM recibirán las listas depuradas con lo cual la organización de esta elección estará a cargo de los organismos electorales. Podríamos decir sin que así se establezca, que estamos en una especie de segunda vuelta y quien gane obtendrá el cargo para el que se inscribió.

En este nuevo esquema resalta el hecho de que los partidos políticos no aparecen en este proceso electivo, ya que está expresamente prohibida su participación y su apoyo a cualquier candidatura; en contraparte serán los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial los que aparezcan en las boletas con sus listados de aspirantes.

En este nuevo paradigma en el desarrollo de este proceso electoral no habrá representación de los partidos políticos ni de las personas candidatas en ninguno de los espacios de los órganos electorales.

Estos breves ejemplos de lo que tendremos que atender en el próximo proceso electoral junto con otros temas estrictamente técnicos, nos hace re-pensar que la elección del Poder Judicial aparte de ser inédita en México, modificará nuestro modelo electoral y la visión que teníamos como mexicanos de la organización y desarrollo de los procesos electorales. De aquí en adelante cuando en la conversación hablemos de elecciones, estaremos obligados a aclarar de qué elección estamos hablando. Finalmente, y no menos importante es sacar conclusiones sobre la relevancia o no, de la participación de los partidos políticos en los procesos electorales.

No puedo cerrar esta colaboración sin desear al personal de este diario y a quienes nos leen, que tengan una Feliz Navidad y un año 2025 con mucha salud, paz y éxitos.

Del 25 de noviembre y hasta el 10 de diciembre se desarrollan 16 días de activismo para poner en la centralidad de la discusión pública en todo el mundo, que debemos combatir y erradicar la Violencia de Género.

Las mujeres vivimos dos tipos de violencia: violencia directa y violencia estructural; antes de explicarlas me gustaría hacer una aproximación al significado general de violencia, la cual no es otra cosa que el daño físico, mental o emocional causado a una persona que atenta en contra de su integridad como ser humano, ésta puede ir desde una broma hiriente (violencia verbal), hasta la muerte de la víctima (violencia directa); pero también hay otras formas de violencia en las que tal vez no hemos reparado y que a diario lastiman a niñas, adolescentes, jóvenes mujeres, adultas, adultas mayores, esa violencia que no se ve pero se siente, es el no poder estudiar, no poder alimentarse, no tener trabajo remunerado, no tener un espacio donde vivir, no tener atención médica, no tener quién pueda cuidarte, no contar con medicamentos, ser marginada e invisibilizada en su espacio laboral, ser segregada, ser secuestrada, ser desaparecida, ser asesinada.

La violencia directa, es la que se ve, la que daña de manera inmediata a la persona, la que se practica inercial y consistentemente, es aquella acción que amedrenta, obstaculiza, intimida, es la agresión física, es el daño mental–emocional muchas veces sin retorno a la “normalidad”, es la que conlleva a la muerte. Este tipo de violencia es la que cada día vemos y escuchamos en las noticias, se reproduce en las redes sociales, o lamentablemente, comentamos en la mesa de nuestros hogares.

La violencia estructural es más difícil de distinguir pero su impacto es igual de destructivo, este tipo de violencia es la que se produce por las políticas del Estado y sus instituciones de procuración de bienestar y justicia social; pero también es la que se genera en las empresas, en las organizaciones sociales y gremiales; debido a que no se atienden las necesidades más elementales en el corto y mediano plazo, lo que a la larga va sumiendo en la pobreza y extrema pobreza a los segmentos de bajos ingresos, afectando particularmente a las mujeres que son quienes llevan la carga emocional y económica de sus familias.

La pobreza es la condición de insatisfacción de necesidades esenciales que los seres humanos necesitamos para subsistir, la falta de políticas públicas encaminadas a atender ese mínimo de necesidades no solo conlleva pobreza económica, genera pobreza cultural, social, política; y aquí encontramos la violencia cultural, la que margina, la que excluye por una preferencia sexual; por la pertenencia a un grupo originario; por alguna discapacidad; por ser pobre, por no tener un título y un grado universitario. Contra este tipo de violencias es que el movimiento feminista ha venido luchando

La lucha de las mujeres por sus reivindicaciones particulares como el derecho al trabajo y a una remuneración justa, por votar y ser votadas, por alcanzar una real paridad, ha propiciado cambios de poder en el mundo que nos obliga a leer, ver y dialogar en claves de pluralidad y diversidad entre mujeres y hombres. La materialización de esas exigencias reivindicativas, son, junto con la revolución tecnológica, los cambios globales más relevantes de la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del presente siglo.

Sin embargo, los retos aún son muchos; en estos 16 días de intensa actividad para generar conciencia de que existe violencia de género, solo pequeños segmentos poblacionales conocen esta labor, las campañas de difusión, los esfuerzos de instituciones y de la sociedad organizada, no llegarán a todos los rincones. El Estado mexicano juega un papel primordial en las acciones presentes y de futuro inmediato para erradicar todo tipo de violencia; urgen políticas públicas reales y eficaces con perspectiva de género; de inicio y entre otras, trabajo con ingreso digno y seguro al igual que el de los hombres, mismas condiciones y oportunidades para acceder a un cargo público; pero lo más importante que la mujer deje de ser violentada directa, estructural y culturalmente por su condición de mujer mediante campañas preventivas y punitivas.

En la inmediatez de nuestro contexto, todo empieza desde casa y esta es la tarea: cambiar nosotras mismas, cambiemos la mentalidad de los integrantes de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestros entornos, no permitamos la violencia verbal, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica, la violencia física, no permitamos que nos invisibilicen. Tenemos derechos y seguiremos en lucha por ellos: derecho a la salud, al bienestar físico y mental, a una vida digna; mientras no logremos lo anterior, no habrá una felicidad de género.

Hoy en día las mujeres debemos buscar el derecho a ser felices como parte de nuestra agenda en los distintos ámbitos sociales en los que cotidianamente participamos; el derecho a la felicidad no es una aspiración romántica ni utópica, es el derecho que tenemos a gozar de una vida digna, más humana, en paz y sin violencia.

No se trata únicamente de la suma de días; esta semana a partir del 25 de noviembre y hasta el 10 de diciembre, han iniciado a nivel mundial, una serie de actividades que buscan crear y movilizar conciencias para visibilizar que existe violencia contra las mujeres y que no debemos permitirla, por el contrario, debemos combatirla de manera permanente.

La Historia nos dice que la primera campaña de 16 días de activismo contra la Violencia de Género, se lanzó en el año de 1991 por el Centro para el Liderazgo Global de las Mujeres, con el objetivo de poner en el debate que la violencia contra las mujeres era un problema de Derechos Humanos.

Fue en 1993 en el contexto de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, realizada del 14 al 25 de junio de ese año, en Viena, Austria, donde las discusiones tenían como centralidad la más amplia protección de los derechos humanos en todo el mundo, que se reconoció que los derechos de las mujeres eran un tema de Derechos Humanos y se adoptaron medidas para promocionar y proteger esos derechos.

Los 16 días de activismo, lamentablemente tiene sus orígenes en hechos violentos contra las mujeres; el 25 de noviembre de 1960 en República Dominicana se registró el asesinato de las hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa) conocidas también como las Mirabal o Las Mariposas, asesinadas por el régimen militar que gobernó en ese país entre 1930 y 1961.

Las Mirabal formaban parte de un movimiento llamado “Agrupación Política 14 de Junio” que estaba en contra de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo; el nombre de la “Agrupación” se adoptó en honor a una expedición armada que venía de Cuba integrada en su mayoría por dominicanos expatriados, y habían llegado a República Dominicana el 14 de junio de 1959 para apoyar el movimiento contra el dictador Trujillo. El régimen militar lanzó una ofensiva contra la “Agrupación” y varios de sus integrantes fueron torturados y asesinados. En este contexto de protestas se dio el brutal asesinato de las hermanas Mirabal.

Por eso esta convocatoria de sensibilización sobre la violencia contra las mujeres, inicia cada 25 de noviembre y concluye el 10 de diciembre; en este breve periodo, encontramos acontecimientos importantes:

• 29 de noviembre Día Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos.
• 1 de diciembre, Día Mundial del SIDA.
• 6 de diciembre, otro acontecimiento violento: La Masacre de Montreal.
• 10 de diciembre Día Internacional de los Derechos Humanos. (En conmemoración y para recordar la Declaración Universal de los Derechos Humanos registrada el 10 de diciembre de 1948).

Son 16 días de activismo en los que la memoria histórica nos recuerda las luchas, las resistencias, las demandas, las exigencias, las revoluciones de las mujeres, por el reconocimiento de sus derechos. Hoy en día, la causa de las mujeres suma la causa de los jóvenes, de los indígenas, de los discapacitados, de la diversidad sexual, de los migrantes, de los afromexicanos, de los enfermos, de más amplios sectores poblacionales marginados, excluidos, olvidados.

Las conquistas de las mujeres han propiciado cambios sociales, culturales y de poder en el mundo, lo que nos obliga a leer, ver, dialogar en claves de pluralidad y diversidad; necesitamos la solidaridad y la sororidad porque la labor no ha terminado.

No hay que olvidar que una broma hiriente, no ir a la escuela, no comer, no dormir, no tener trabajo, no tener una casa, ser marginada e invisibilizada en el espacio laboral, no ser amada, no ser feliz, ser secuestrada, ser asesinada, ser olvidada, ser discriminada, ser excluida, sigue siendo violencia contra las mujeres y prevalece en todo el mundo. Contra esto debemos seguir combatiendo.

Los 16 días de activismo contra la violencia de género han comenzado.

Sumémonos!

Estamos tan acostumbrados y familiarizados con nuestro entorno cotidiano que únicamente ponemos interés a aquello que tiene que ver con el consumo básico de bienes y servicios que impactan directamente nuestra economía y actividad social, pasando por alto lo que regula nuestra convivencia social día a día.

Poca atención ponemos a la organización de los gobiernos municipales, estatales o federal, de las cámaras legislativas, del Poder Judicial, en suma, al funcionamiento de las instituciones públicas, vitales para el desarrollo de una sociedad con un relativo orden, armonía y paz social.

No nos hemos puesto a pensar cómo sería nuestra convivencia sin instituciones  por ejemplo, aquellas que se encargan de servicios como la salud, o de la prevención sanitaria, las que aplican vacunas, las que se encargan de las campañas de concientización para prevenir enfermedades crónicas como el cáncer, la obesidad, la hipertensión, la diabetes que hoy día aquejan a un sector importante de la población, o bienla ausencia de clínicas, hospitales y centros de salud de carácter público para la atención de los enfermos.

Imaginemos a nuestras localidades sin servicio de alumbrado público, sin energía eléctrica en nuestras casas, sin agua potable, sin drenaje, sin el servicio de recolección de basura, simplemente sería el caos por todas partes.

Aunado a lo anterior pensemos nuestro país, estado y municipios sin gobiernos, sin autoridades que de manera organizada y permanente nos proporcionen un mínimo de servicios básicos dentro y fuera de nuestros hogares. O bien ¿cómo viviríamos sin un mínimo de leyes o reglamentos que nos obligan al orden, el respeto y cierta armonía? Tendríamos un régimen político muy diferente al actual y seríamos rehenes de grupos de poder de toda índole.

La creación de instituciones con normativas generales y particulares, con mínimos de regulación, han servido para que la sociedad aún con sus distintos intereses, en pluriculturalidad y en distintos momentos históricospueda convivir, regularse y administrarse.

Una de las instituciones creadas para dar orden, credibilidad y certeza a la disputa por el poder político son los organismos electorales federales y estatales cuya principal tarea es la organización de elecciones; sin embargo, la praxis de un proceso electoral también pasa por la discusión y el acuerdo de leyes, reglamentos y procedimientos, que den ese orden a cada una de las etapas, a cada uno de los pasos que implica organizar una elección. Es justamente a esos momentos en que se privilegian los intereses de una sociedad por encima de los intereses de grupo y en diálogo franco se construyen acuerdos, se generan esperanzas; a todo lo anterior lo he llamado laimperfecta paz electoral.

Esa imperfecta paz electoral es una herramienta que nos permite acordar pacíficamente, mecanismos procedimentales que se deben agotar para que tengamos como productos finales instalación de casillas, conteo de los votos y autoridades e instituciones de gobierno que nos garanticen la dotación de aquellos mínimos serviciosindispensables.

En síntesis, en lo simple de la satisfacción de nuestras necesidades básicas, subyace la complejidad de una sociedad cada vez más diversa, más plural, más demandante, lo que implica necesariamente que las instituciones públicas deben ser más eficientes para atender dichas demandas. De ahí que el fortalecimiento de las instituciones sea una tarea permanente y cambiante que pasa por una buena planeación y ejecución de lo programado, pero teniendo como centralidad la complejidad y diversidad social.