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Sin embargo, la resolución que emitió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la que modificó la sentencia de la Sala Regional Toluca en cuanto a la asignación de diputaciones de representación proporcional pone de nueva cuenta a las mujeres en un número menor que el de los hombres.

Se puede pensar que se trata solo de un espacio, pues serán 38 hombres y 37 mujeres las que integren la LXI Legislatura, pero cabe resaltar que el principio de paridad es producto de un largo camino transitado por miles de mujeres, algunas que ya no lograron verlo hecho realidad y que impulsaron desde diferentes trincheras y colectivos: 1) visibilizar un problema grave como es la desigualdad entre mujeres y hombres y 2) mantener activas propuestas y actividades encaminadas a lograr reformar el texto constitucional.

Por lo que contar con un número mayoritario de mujeres en el congreso representaba un hecho histórico máxime en un Estado en el que las mujeres han estado subrepresentadas.

En el Estado de México el camino a la paridad tiene su propia historia y también por qué no decirlo, sus serias resistencias en diferentes ámbitos, mismas que deberán continuar siendo reflexionadas para lograr una mayor sensibilización del tema desde el ámbito cultural hasta las propias determinaciones que se generan en las distintas instancias administrativas y jurisdiccionales.

Desde el 13 de junio fecha en la que el Consejo General del IEEM aprobó por mayoría de votos la asignación de Diputaciones por el principio de representación proporcional quedo claro que no existía paridad en la integración del congreso con 34 mujeres y 41 hombres, algo que en ese momento expresé a través del voto particular que emití.

Posterior a ello y derivado de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local y los juicios de inconformidad el TEEM, el 16 de agosto modifico dicho acuerdo para determinar que serían 37 mujeres y 38 hombres.

La cadena impugnativa continuo para ser modificada esa resolución por la Sala Regional Toluca quien resolvió que fueran 38 mujeres y 37 hombres. El sábado cuatro de septiembre finalmente se modificó de nueva cuenta tal integración.

Los criterios en cada una de las instancias son materia de análisis pues dejan ver que la subrepresentación de mujeres por fuerza política y la falta de lineamientos para materializar el principio de paridad deberán ser tratados siguiendo la línea jurisprudencial que ya existe.

Sociólogos y politólogos de diferentes latitudes coinciden al expresar que las crisis que permitían exponer soluciones para ser superadas hoy en día son las que explican en sí el contexto que vivimos, muchos consideran que incluso existe una crisis del propio pensamiento.

Ante este panorama, y sabedores que la democracia es la mejor forma de gobierno que hasta el momento permite contar con sistemas de pesos y contrapesos, que equilibran y limitan el poder a través de elecciones libres y periódicas, que permiten que la ciudadanía se encuentre representada; la obligación de todas las autoridades de garantizar los derechos humanos y sancionar a quienes los vulneran entre otros, nos obliga a tener claridad sobre la importancia que tiene la participación de la colectividad en todos y cada uno de los actos de responsabilidad pública.

Tal vez para muchos el tema de la sociedad civil sea viejo, pero por el contrario ponerla en el centro de toda actividad económica, social y política es atemporal.

La sociedad civil concebida como esa esfera de interacción social entre la economía y el Estado compuesta por la familia, las asociaciones voluntarias, los movimientos sociales y los sistemas de comunicación, debe ser considerada e incluida no en la parte final del eslabón democrático sino como la sustancia y esencia de la misma.

Estamos obligados a pensar y repensar nuestras formas de organización y de participación porque la democracia es un proceso de constantes cambios.

No podemos olvidar que la sociedad civil es la intermediaria de grupos que han sido históricamente excluidos, que a través de ella se dan la crítica y la generación de proyectos que permiten tener opciones pues se nutre de las diferentes visiones y realidades de quienes viven día a día situaciones de carencia, de inseguridad, de violencia y de desconocimiento de un futuro que cada vez se torna más incierto.

Así la democracia también goza particularmente de un alto grado de insatisfacción relacionado con la pobreza y lo altos índices de corrupción. Vale la pena reflexionar a nivel estatal y municipal.

La ciudadanía delega su soberanía en quienes considera los mejores para tomar decisiones de lo público, es justo y necesario que se abran opciones para escuchar y para que la participación ciudadana sea verdaderamente vinculante.

¿Cuál es la respuesta a las exigencias de justicia? ¿Cómo el Estado democrático en el que vivimos puede y debe dar solución a estos acontecimientos? ¿En dónde quedan los derechos humanos y su respeto irrestricto?

Desde que doy clase en la UNAM hemos pasado alumnado y profesora debatiendo este y otros temas; los nombres por supuesto han cambiado y también los hechos, hemos pasado de Atenco a Tlatlaya, de la desaparición de los normalistas hasta la lectura de la novela de Jorge Volpi de "Una novela criminal"; sin embargo, en la mayoría de los casos la falta de resultados se ha mantenido permanente de acuerdo a las conclusiones de cada sesión antes presencial y ahora con el COVID-19 virtual.

Ante estos acontecimientos bien vale la pena tener claro que nos encontramos en un régimen democrático – constitucional en el que existen reglas que organizan y limitan el poder político y a su vez tienen la gran encomienda y finalidad de garantizar que los derechos humanos se respeten en todas sus vías y formas.

Luggi Ferrajoli decía que los derechos humanos o fundamentales son identificados como las leyes del más débil y en cierta forma tenía razón. Si revisamos la historia de los derechos humanos podemos dar cuenta que los mismos han surgido en las revoluciones o luchas sociales en las cuales se buscó terminar con la opresión y con la discriminación intolerables.

Así derechos como la igualdad, la libertad cobra sentido, el derecho a la salud, la libertad de expresión o a la educación.

El Estado de México en su Constitución hace referencia a los principios constitucionales, los derechos humanos y sus garantías. Menciona la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y en su caso sancionar y reparar las violaciones.

A pesar de ello de acuerdo al índice de estado de Derecho 2020-2021 elaborado por World Justice Project, nuestra entidad en los factores: límite al poder gubernamental, ausencia de corrupción, orden y seguridad, justica penal y derechos humanos está en todos los casos por debajo del promedio de los 32 estados, evaluado con una adhesión más débil al Estado de derecho.

Ello explica las exigencias cotidianas. Se necesita un régimen democrático- constitucional vivo que responda a las demandas ciudadanas, investigue, sancione y repare las violaciones de DDHH.

Durante las últimas dos décadas hemos sido testigos de manera sumamente paulatina de ese cambio que ha implicado cimbrar el sistema patriarcal en el que vivimos y tratar de cambiar a través de la lucha de los colectivos de mujeres, de las sentencias de los órganos jurisdiccionales y cada vez más, a través de la generación de acciones afirmativas de varias autoridades administrativas del país, la participación política de las mujeres.

El tema de que las mujeres formen parte de los espacios de toma de decisiones importantes para la colectividad está relacionado con hacer visible la discriminación de la que millones de mujeres han sido objeto no solo por el género sino por los múltiples ejes que se entrecruzan para que esa discriminación se dé, hablamos de un feminismo interseccional.

Es importante la representación política de las mujeres; un ámbito primordial es la representación municipal si consideramos que es la primera esfera de contacto con la ciudadanía, es por ello que la paridad debe ser vista en este primer gran espacio de poder.

En la entidad de los 124 municipios, 46 mujeres serán presidentas municipales lo que representa un 37.10% en contraste con los 79 hombres que ocuparán ese cargo el 62.90 %.

En cuanto a las sindicaturas vemos 86 mujeres (63.70%) respecto de los 49 hombres que representan un 36.30% esta cifra se observa como avance sin embargo no es menor considerar que derivado de la alternancia en la conformación de las planillas es evidente que el segundo cargo de mayor relevancia al ser un hombre quien encabezaba la planilla debía ser para una mujer.

En las primeras regidurías la cifra cambia de nuevo al contar con 519 hombres un 54.12% contra un 45.88% que son las 440 mujeres que ocuparan este cargo.

Datos relevantes que nos arrojan que no basta con la postulación paritaria, debemos reflexionar y hacer más, las mujeres que partieron nos dejaron grandes lecciones y ejemplos a seguir.

Ello no significa que las cosas deban mantenerse así. Es importante tener claro que en el régimen democrático en el que nos encontramos las instituciones juegan un papel sumamente importante para poder atender, investigar y reparar el grave daño que sufren mujeres, hombres, niños y personas de la diversidad sexual que son víctimas de estos crímenes de lesa humanidad.

Instituciones como las comisiones de derechos humanos fueron creadas justamente como una forma de control del poder, para investigar las violaciones de derechos humanos que son cometidas lamentablemente por diversas autoridades del Estado.

En México contamos con una Comisión Nacional de Derechos Humanos y en cada una de las entidades existe una Comisión Estatal de Derechos Humanos. La pregunta obligada es si han cumplido con su cometido y con el fin para el que fueron creadas: investigar y emitir recomendaciones que verdaderamente frenen las terribles violaciones de derechos Humanos.

Estudios académicos como el elaborado por el CIDE ratifican lo que el informe de Human Right Watch desde 2008 puso de manifiesto: parte de la ineficacia de estas instituciones es porque 1) hay una nula relación con ONG’s que sí hacen defensa de los derechos humanos con poco o nada de presupuesto, 2) el formulismo jurídico por encima de la defensa de derechos humanos y 3) ausencia de autonomía que está relacionada con la forma de elección de su titular.

Este estudio revela que es sumamente oportuno y optimo que quien sea titular de estas instituciones sea alguien que tenga una verdadera formación en la defensa de los derechos humanos, alguien que goce de reconocida autoridad moral y por supuesto que sea un o una defensora o defensor de derechos humanos en la vida práctica. Solo alguien así puede darle certeza y verdadera autonomía.

En el Estado de México durante el año 2021 se han emitido 7 recomendaciones ninguna es sobre tortura o desapariciones forzosas ¿será que afortunadamente no existen ninguna de ellas? Tlatlaya y Atenco son casos que lastiman y duelen a la sociedad sin contar los que no se denuncian.

Titular igual al grado de autonomía de la institución, eso dicen los estudios, ustedes que opinan.