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El 21 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna, proclamado por la Conferencia General de la UNESCO en 1999, efeméride que invita a reconocer la diversidad lingüística como un componente esencial de los derechos culturales, la identidad de los pueblos y la riqueza de las naciones. En una entidad plural como el Estado de México, esta fecha adquiere un significado particular, al reflejar la diversidad cultural que históricamente caracteriza a la sociedad mexiquense.

En efecto, el Estado de México se ubica entre las principales entidades federativas con población hablante de lenguas indígenas, al ocupar el séptimo lugar a nivel nacional con 415,450 personas hablantes en 2020, de acuerdo con datos del INEGI. Por su parte, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) identifica en la entidad la presencia de cinco lenguas: náhuatl, otomí, mazahua, bot'una (matlatzinca) y tlahuica (ocuilteco), las cuales constituyen una expresión viva de la diversidad cultural e histórica del estado. No obstante, algunas de estas lenguas registran una disminución sostenida en el número de hablantes, particularmente entre niñas, niños y jóvenes, lo que compromete su transmisión intergeneracional y coloca en situación de riesgo, de manera especial, al tlahuica y al matlatzinca.

Su eventual desaparición no solo pondría en riesgo el patrimonio histórico y cultural de la entidad, sino que también tendría implicaciones en el ámbito democrático. En la actualidad, la democracia no puede concebirse únicamente como un sistema de reglas electorales, sino como un entramado institucional orientado a garantizar la inclusión efectiva de la pluralidad social. En este sentido, la diversidad cultural y lingüística constituye un elemento esencial del Estado democrático, en tanto reconoce la existencia de múltiples identidades colectivas que deben incorporarse en condiciones de igualdad al espacio público. Bajo esta premisa, la preservación de las lenguas indígenas no solo representa un imperativo cultural, sino también una condición necesaria para el ejercicio pleno de los derechos políticos y la consolidación de una democracia sustantiva.

En México, la riqueza lingüística refleja la profundidad histórica de sus pueblos originarios; sin embargo, también evidencia las brechas estructurales que han limitado su participación en la vida pública. La exclusión lingüística ha operado, durante décadas, como una barrera para el acceso a la justicia, a la educación y a la representación política, generando una ciudadanía diferenciada en detrimento de los hablantes de lenguas indígenas. En este contexto, la agenda de preservación lingüística adquiere una dimensión democrática: garantizar que la lengua no sea un obstáculo, sino un vehículo para el ejercicio efectivo de los derechos.

El Partido Revolucionario Institucional ha desempeñado un papel relevante en la construcción de este enfoque. Desde la consolidación del Estado mexicano en el siglo XX, los gobiernos emanados del PRI impulsaron la creación de instituciones orientadas a la atención de los pueblos indígenas, así como políticas educativas y culturales que, con sus limitaciones, sentaron las bases para el reconocimiento de la diversidad lingüística. La evolución de este paradigma, que transitó de esquemas integracionistas a modelos de reconocimiento de derechos, refleja una adaptación institucional a las exigencias de una sociedad plural.

En etapas más recientes, el PRI ha sostenido una agenda que vincula la preservación de las lenguas indígenas con el fortalecimiento de la democracia. Ello se ha traducido en la promoción de medidas orientadas a garantizar la accesibilidad lingüística en los servicios públicos, particularmente en los ámbitos de la justicia y la salud, así como en el impulso a la educación bilingüe e intercultural. Estas acciones responden a un principio fundamental: sin comprensión lingüística, no puede existir un ejercicio efectivo de los derechos.

No obstante, el desafío de la preservación lingüística sigue siendo significativo. La pérdida progresiva de lenguas indígenas no solo implica la desaparición de formas de expresión cultural, sino también la reducción de espacios de participación para sus hablantes. Frente a este escenario, la consolidación de una democracia incluyente exige redoblar esfuerzos institucionales, fortalecer las políticas públicas y garantizar que los derechos lingüísticos sean plenamente exigibles.

Esta conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna constituye un recordatorio de que la preservación de las lenguas indígenas es un componente central del proyecto democrático mexicano. La experiencia del PRI muestra que la construcción de instituciones, el impulso de políticas públicas y el reconocimiento de la diversidad cultural son elementos indispensables para avanzar hacia una democracia más incluyente. En la medida en que se garantice que todas las voces puedan ser escuchadas en su propia lengua, se fortalecerá no solo el tejido cultural de la nación, sino también la legitimidad y profundidad de su vida democrática.

Sen. Cristina Ruiz Sandoval

Presidenta del CDE del PRI en el Estado de México.

Fuentes de Consulta

UNESCO. (2026). Día Internacional de la Lengua Materna, https://www.unesco.org/
es/days/mother-language

INALI. (2026). Catálogo de las lenguas indígenas nacionales, https://www.inali.gob.mx/

INEGI. (2020). Lengua Indígena, https://www.inegi.org.mx/temas/lengua/