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En la segunda mitad de la década de los años noventa y con la inercia que a nivel federal había tomado la ciudadanización de los órganos electorales, en 1996 se creó el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM). El proceso de ciudadanización implicó simple y llanamente que poco a poco el Poder Ejecutivo dejara de tener injerencia directa en la organización de las elecciones tanto a nivel federal como a nivel local y que la ciudadanía con conocimiento y experiencia electoral formara parte de toda la estructura de los órganos electorales.

No fue un proceso fácil el hecho de perder el control de la vía que se había encontrado para dirimir pacíficamente la disputa por el poder político, es decir, las elecciones. La nueva ley electoral determinó que el IEEM contaría con un órgano de dirección llamado Consejo General, electo por la Legislatura del Estado.

En ese primer Consejo de 1996, todavía el Ejecutivo tenía la facultad de mandar una terna a la Legislatura para elegir a la Presidencia, el Poder Legislativo también formaba parte del Consejo con cuatro integrantes, dos propuestos por la fracción mayoritaria, uno de la primera minoría y uno más de la segunda minoría; los consejeros electorales (ciudadanos) también eran electos por la Legislatura a partir de una lista que integraban los legisladores en la que cada fracción podía hacer hasta tres propuestas. Todas estas figuras tenían derecho a voz y voto. Los representantes de partido, el Director General y el Secretario General formaban parte del Consejo, pero únicamente con voz. Las dos últimas figuras eran electas por el Consejo General.

La reforma constitucional del 2 de octubre de 1998 modificó la integración del Consejo General y la forma de designación en las consejerías; los consejeros del Poder Legislativo dejaron de formar parte del Consejo; la Presidencia ya no fue a propuesta del Ejecutivo, ahora debía ser propuesta y electa por las fracciones legislativas al igual que las otras consejerías, el resto de sus integrantes se mantuvo sin cambios. Mención importante dentro de esta reforma fue la determinación de que el Consejo General, y no la Legislatura del Estado, sería quien calificara la elección del Poder Ejecutivo estatal.

Se trataba de dar certeza, confiabilidad e imparcialidad a la hechura y resultados de los procesos electorales, en un clima de paz, tolerancia y respeto.

Con la reforma federal del año 2014, se modificó el procedimiento de designación de las consejerías electorales; al recién creado Instituto Nacional Electoral (INE) se le otorgó la facultad de designarlas en todos los órganos electorales de los estados. La nueva disposición legal dio un cambio significativo en la forma de organizar elecciones, al centralizar algunas atribuciones y funciones de los órganos electorales de los estados, al órgano electoral nacional.

La profesionalización y especialización que había adquirido la administración electoral a nivel federal y estatal, permitieron que a partir de entonces los procesos electorales en el país se organizaran de manera coordinada con el Instituto Nacional Electoral, de acuerdo a las nuevas reglas establecidas, pero respetando los ámbitos de competencia y sobre todo apegadas a los principios y valores institucionales.

La Historia electoral del Estado de México, registra en los últimos treinta años un total de 24 elecciones, de las cuales cinco han sido de gubernatura, diez de diputaciones y ayuntamientos, ocho extraordinarias (ayuntamientos) y una elección de personas juzgadoras. Esta última fue un gran reto que puso a prueba no únicamente la experiencia acumulada, sino la creatividad y el compromiso de los servidores electorales para atender y sacar adelante la compleja responsabilidad.

De cara al proceso electoral del año 2027, muy sano sería que la elección del Poder Judicial no se mezclara con las de los otros poderes a nivel federal y estatal y las de integrantes de ayuntamientos. Pero la Historia no se detiene; en cualquier escenario, los órganos electorales seguiremos cumpliendo con la función de organizar elecciones creíbles, confiables y pacíficas; y en nuestro registro, seguiremos acumulando un año más de trabajo institucional.

La ausencia de violencia o de conflictos es la definición que tenemos del concepto de paz en una primera respuesta; pero la visión desde los “Estudios para la Paz y el Desarrollo”, es que la paz son los momentos en los que se gestionan y transforman las tensiones de manera positiva y constructiva para favorecer el desarrollo de la sociedad; de ahí la importancia de utilizar las fortalezas que tenemos como Entidad federativa, para hacer frente a la distinta problemática que enfrentamos hoy en día.

Lo anterior implica necesariamente atender los conflictos desde lo local, lo mismo que su estrategia para abordarlos, bajo el entendido que es el Estado el responsable de su diseño e implementación con un enfoque incluyente, de la mano de las instituciones y la sociedad.

Hace ya varias décadas, el historiador michoacano Luis González y González planteó la necesidad de estudiar y escribir lo que denominó “la microhistoria”, para entender y abordar las particularidades de los acontecimientos locales; lo anterior, significaba dar un sentido distinto a la Historia en general, que se investigaba, se escribía y tenía que ver con grandes acontecimientos nacionales o universales.

Este método, esta propuesta, se puede asumir para estudiar, analizar y abordar distintos aspectos de la vida social y política en un país tan diverso y plural como el nuestro, mediante su deconstrucción desde cada entidad del país.

De lo que se trata es de entender y admitir que los actuales problemas que vivimos, por sus singularidades, deben ser abordados desde lo local y no necesariamente con una visión general y centralista que resta eficacia a las políticas públicas. Esto implica cambiar de paradigma el modelo de resolución de conflictos, dotando de herramientas económicas y jurídicas a las entidades federativas que les permitan tener competencias y recursos para hacerse cargo y enfrentar responsabilidades con una mayor posibilidad de acción y eficacia.

Al respecto, un ejemplo de algo muy cotidiano y simple, es el caos vehicular que se vive diariamente en la zona norte de la capital del Estado de México ocasionado por el paso del tren; la movilidad se vuelve un fuerte conflicto vial, pero, al ser las vías de comunicación férreas y la estación competencias federales, las autoridades municipal y estatal no pueden resolver unilateralmente este problema ya añejo; de ahí la importancia de reformas legales.

El desconocimiento de la Federación de cómo se vive esta situación y los problemas sociales, ambientales, económicos y de estrés que ocasiona dicha circunstancia; refuerzan el planteamiento de saber y entender la problemática desde lo local; y el diálogo es la primera herramienta para buscar soluciones locales pacíficamente, entre las autoridades competentes.

Como este, muchos otros ejemplos de la difícil cotidianidad que nos toca vivir, seguramente están en la agenda, pero las alternativas con perspectiva de paz y desarrollo deben estar presentes.

Si los conflictos tienen sus características propias según la región que se trate, las medidas y soluciones serían mucho más eficaces, si se diseña y adopta un modelo de micro política pública desde el ámbito local.

El 4 de marzo de 2026, la Presidenta de la República presentó ante la Legislatura Federal su propuesta de reforma electoral la cual incluyó solo una parte de lo que originalmente anunció, dejando fuera temas que son estratégicamente importantes para su proyecto de gobierno.

Al conocerse la propuesta oficial, el debate público se centró en la disminución de los dineros para los procesos electorales con la eliminación de la lista senadores plurinominales y en la nueva forma de elegir los doscientos diputados de representación proporcional.

Pero muy poca atención se puso a lo que por voluntad presidencial se excluyó en esta iniciativa y que son temas fundamentales en su estrategia político-electoral como la consulta sobre revocación de mandato; el rediseño de la estructura de los órganos electorales y el aplazamiento de la elección de personas juzgadoras.

Estos últimos temas de haberlos incluido, podrían haber sido contaminados por los primeros que son mal vistos y rechazados por la oposición y por sus aliados, perdiendo de esta forma la posibilidad de incluirlos en una propuesta de reforma a las leyes secundarias correspondientes.

La votación del Proyecto de Dictamen en el seno de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política Electoral de la Cámara de Diputados el pasado 10 de marzo, fue de 45 votos a favor y 39 votos en contra; quedó pendiente su discusión y aprobación en el Pleno de San Lázaro. El día 11 de marzo en la Cámara de Diputados, la propuesta de reforma electoral registró 259 votos a favor, 234 votos en contra y una abstención, por lo que la propuesta no alcanzó la mayoría calificada.

Queda claro que la no aprobación de la reforma electoral constitucional no puede ser leída solo en claves de derrota, en breve, estaremos conociendo los ajustes en las respectivas leyes secundarias en materia electoral, las cuales solo requieren de mayoría simple para ser aprobadas. También quedó muy claro que en ciertas coyunturas se pueden tomar caminos distintos, pero las alianzas se volverán a retomar; veremos nuevamente la fortaleza de la fracción mayoritaria y sus aliados.

La siguiente tarea es la configuración del llamado Plan B, que ya anunció la Presidenta Claudia Sheinbaum, va en el sentido de disminuir lo que llamó “los privilegios que persisten en los congresos locales y en los municipios”; y al mismo tiempo “fortalecer la consulta popular”; de los primeros, el planteamiento es que se puedan establecer topes máximos a los Congresos en los estados y al Senado de la República, así como la disminución del número de regidores en los ayuntamientos de todo el país. De las consultas populares la propuesta es que la revocación de mandato se realice en el tercero o cuarto año de gobierno, es decir, en 2027 o en 2028, además de que se permitan en dichas consultas algunos temas electorales.

La ruta inicial nuevamente está trazada, los acuerdos y las alianzas volverán a tejerse para impulsar y aprobar éstas y otras propuestas en materia electoral.

En el devenir histórico, pueden ser muchos o pocos años, lo que es indiscutible son los múltiples cambios que se han registrado en materia electoral. Recuerdo recién me incorporé a esta institución, hojas de papel, lápices, calculadoras, con María Luisa Farrera al frente, eran las principales herramientas para realizar muchas actividades, hoy por fortuna sistematizadas gracias a los adelantos tecnológicos; que decir cuando los trabajadores del IEEM, encabezados por Fernando Bahena Álvarez, tuvimos que realizar de manera extraordinaria el PREP, con teléfonos, radio transmisores y faxes, para recabar los resultados de todo el Estado de México.

Lo que hoy resulta anecdótico, fue la realidad tecnológica que nos tocó vivir en los orígenes de esta institución. Pero veamos algunos datos históricos:

El lunes 27 de febrero de 1995, en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, se publicó el Decreto Número 72, mediante el cual se reformaron diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; particularmente en el artículo 11, se dio paso a la creación de un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que se encargaría de la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales; dispondrían además de personal calificado necesario para prestar el servicio electoral profesional. También en esa reforma constitucional se estableció en el artículo 39, que la Legislatura del Estado se integraría con 45 diputados de mayoría relativa y 30 de representación proporcional.

No fue sino hasta el sábado 2 de marzo de 1996, también en la Gaceta del Gobierno del Estado, que salió publicado el Código Electoral del Estado de México a través del Decreto Número 134. El cuerpo normativo dio vida y sentido a aquel organismo público autónomo que se denominó Instituto Electoral del Estado de México, al que se le confirió la responsabilidad de organizar los procesos electorales en la entidad mexiquense, con lo que se materializaba un cambio importante en el sistema electoral mexicano.

Se trataba de dar certeza, legalidad y sobre todo la característica de imparcialidad a los procesos electorales al eliminar formalmente la presencia del Poder Ejecutivo en la organización de las elecciones. El reconocimiento de los distintos partidos de la época, implicaba pluralidad y respeto para quienes, en la construcción de la imperfecta paz electoral, pensaban, tenían y planteaban propuestas distintas al oficialismo imperante.

A 30 años de distancia, algunos de esos cambios políticos y técnico-operativos son:

El financiamiento público a los partidos se condicionaba a la obtención del 2 por ciento de la votación válida efectiva y su registro al 1.5 por ciento de la votación válida emitida; era un derecho de los partidos contratar tiempos en radio y televisión en periodo de campaña electoral; la eliminación de los consejeros del Poder Legislativo del Consejo General; la creación de la comisión de fiscalización para saber origen, aplicación y montos por financiamiento a partidos; el Consejo General podía aprobar la realización de dos revisiones precautorias aleatorias a un 20 por ciento del total de las campañas de diputados y ayuntamientos; la atribución al Consejo General de calificar la elección de gobernador; el establecimiento de que los partidos no excedieran 70 por ciento de candidaturas para un mismo género; la creación del Servicio Profesional Electoral; la creación del Órgano Técnico de Fiscalización; la eliminación de la figura de Director General y en su lugar la del Secretario Ejecutivo General; la facultad para que el Consejo General resolviera las sanciones en materia de fiscalización; la eliminación de la figura de candidatura común, la determinación de insacular un 10 por ciento de ciudadanos por sección para ser funcionarios de mesas directivas de casilla, después se estableció un 20 por ciento; estos y otros temas quedan en el registro de la Historia del IEEM.

En todos los cambios que se han dado, los trabajadores del IEEM han sabido hacer frente a su responsabilidad institucional con profesionalismo, garantizando certeza, confianza, credibilidad, en la disputa pacífica del poder político en la entidad; y que no quede duda que por esa ruta se continuará.

La inmensa mayoría hemos sido educados para ver el conflicto como algo negativo y destructivo, y no como una tensión positiva permanente con la que convivimos todos los días y mediante la cual se han registrado cambios importantes en la historia de la humanidad. Es muy difícil adoptar este concepto con una perspectiva distinta, máxime cuando la primera idea para su definición se asocia indiscutiblemente con la violencia.

Si bien los conflictos son complejos y globales, se regulan y se gestionan para plantear alternativas en distintas direcciones y transformar la realidad.

La era tecnológica que actualmente estamos viviendo se desarrolló ante la necesidad de mantener comunicada a la humanidad, la evolución del teléfono, la radio, los periódicos, la televisión, las redes sociales, los celulares, son el mejor ejemplo de dicha evolución transformadora de nuestra realidad, sin embargo, el mal uso de dichas herramientas implica gestión constante de este conflicto.

El movimiento mundial en contra del cambio climático es un conflicto global permanente; la demanda y necesidad principal es seguir viviendo en este planeta sin avasallar y agotar los recursos que tenemos en la naturaleza; el respeto a todos los seres vivos y políticas públicas encaminadas al desarrollo sostenible.

Las políticas antiinmigrantes adoptadas por diversas naciones para frenar la entrada de personas a su territorio, es otro de los conflictos globales que lleva consigo una fuerte dosis de violencia directa y estructural; pero también implica contención, apoyo y solidaridad organizada de amplios sectores de la sociedad mundial que rechazan dichas políticas.

En el ámbito electoral, el conflicto se ha gestionado ante la necesidad de transitar hacia procesos electorales confiables, creíbles, pacíficos; las alternativas de solución han estado en constante trasformación para atender la propia dinámica electoral y las demandas de la sociedad; los siguientes ejemplos dan cuenta de ello.

Los recorridos para ubicar casillas se hicieron para conocer y dar certeza del lugar donde se instale la casilla; la lista nominal para saber quiénes tienen derecho a votar; el uso de la tinta indeleble para evitar que se vote más de una vez; el programa de resultados electorales preliminares surgió de la necesidad de conocer resultados el mismo día de la elección; los cómputos distritales y municipales para conocer a los triunfadores; los temas de fiscalización para saber en qué se gastan los recursos públicos los partidos políticos y las candidaturas independientes.

El voto electrónico que poco a poco se ve como una alternativa viable para que la ciudadanía emita su voto; las distintas estrategias implementadas por los órganos electorales para facilitar la emisión del sufragio como el voto anticipado, el voto en prisión preventiva; las cuales se dan gracias al buen uso de los adelantos tecnológicos que la administración electoral ha podido incorporar en sus procedimientos; son solo algunas prácticas implementadas que han contribuido a evitar conflictos electorales.

Pero también las tareas de educación cívica y promoción de la cultura política democrática que los órganos electorales realizan en distintos niveles educativos, implica que los futuros electores acudan a las urnas con voluntad y convencimiento de que su participación en los procesos electorales es importante, pero sobre todo, que la disputa por el poder debe hacerse, necesariamente, a través de elecciones pacíficas.

Ver el conflicto positiva y constructivamente implica un cambio de paradigma.