Comunicación
Social

Resulta interesante hacer un recuento de algunos temas trascendentes en estos primeros 18 meses del gobierno federal encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que han impactado lo electoral; las conexiones de movilidad poblacional; y los ajustes en su gabinete y en el partido gobernante.

Los cambios iniciaron con un conjunto de reformas legislativas para contar con las bases jurídicas que le garanticen desde ese ámbito, la consolidación de lo que se ha llamado el segundo piso de la cuarta transformación de México. La primera de ellas fue la materialización de la reforma al Poder Judicial cuyo objetivo central fue la elección de personas juzgadoras a través del voto directo y secreto de los ciudadanos para tener un Poder Judicial más cercano a la gente.

Sobre este tema, he de insistir en la necesidad de que el proceso electoral de personas jugadoras, se realice en momento distinto al de las elecciones de gubernaturas, diputaciones federales y locales, así como de integrantes de ayuntamientos. El Poder Legislativo, tiene la decisión y sabe la fecha límite, sobre este asunto. Veremos si se puede poner en práctica la construcción de la imperfecta paz electoral, donde el diálogo, el respeto y el consenso, logren un buen acuerdo en beneficio de los electores, de las propias candidaturas al Poder Judicial y de la sociedad.

En un segundo momento la prohibición de la reelección y el nepotismo en los cargos de elección popular; han puesto punto final a la reforma constitucional del 2014, que permitía a legisladores y alcaldes repetir en el cargo hasta por tres y una ocasiones consecutivas respectivamente; e impedir que los gobernantes en turno hereden el cargo a algún familiar para evitar cacicazgos políticos sobre todo en las entidades del país, aunque estas disposiciones entrarán en vigor hasta el año 2030.

Un tercer bloque de reformas ha sido para atender y garantizar la movilidad poblacional en mejores condiciones, al respecto, se recupera la utilización de vías férreas para el transporte público de pasajeros. Recordemos que durante el periodo de 1995 a 1998 se reformaron diversas leyes para poder concesionar a empresas privadas (Grupo México y Kansas City) el uso de la red ferroviario de transporte de carga que tuvo como consecuencia la desaparición del transporte de pasajeros, con lo que el Estado perdió la posibilidad de aprovechar este medio de transporte como elemento de desarrollo estratégico.

Sin embargo, se retoman las vías férreas y los proyectos se materializan. Actualmente se han puesto en funcionamiento total, los trenes El Insurgente que conecta la zona de la capital del Estado de México con la Ciudad de México (Zinacantepec – Observatorio y viceversa); el Tren Felipe Ángeles, que va de la antigua estación de Buenavista en la Ciudad de México hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en la antigua base aérea militar de Santa Lucía en el municipio mexiquense de Zumpango y que pretende llegar a Pachuca; se encuentran en proyecto de desarrollo el tren interurbano que saldrá también de Buenavista en la Ciudad de México hacia las ciudades de Querétaro e Irapuato.

Por otra parte, el gobierno federal hace los ajustes necesarios con miras al proceso electoral del 2027 con el fin de mantener la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. El enroque de dos figuras del gabinete hacia el partido y la salida de la presidenta de ese partido hacia el gabinete federal, apuntan hacia este objetivo.

Para el mes de septiembre, fecha coincidente con el inicio del proceso electoral, se han anunciado otra serie de reformas que muy probablemente seguirán en la fehaciente ruta de consolidar lo que se ha denominado la construcción del segundo piso de la cuarta transformación en México.

Algunas de las preocupaciones que los órganos electorales tienen cuando se avecina un proceso electoral tiene que ver, primero, con que las reglas del juego estén listas y sean claras para todos aquellos que piensan competir por algún cargo de elección popular; y segundo, para quienes se encargan de la organización, desarrollo y vigilancia de una elección, son de suma importancia los ordenamientos legales, para evitar cuestionamientos sobre el proceder y las determinaciones que asuma la administración electoral.

Otra inquietud es la participación ciudadana en la propia estructura electoral; es decir, la ciudadanía que se incorpora paulatinamente en las distintas áreas de dicha estructura, para poder llevar a cabo todos los trabajos que implica una elección en todo el territorio mexiquense.

La integración de los órganos desconcentrados, en su vertiente de vocalías, consejerías, el personal administrativo de juntas, o bien, los capacitadores asistentes electorales, los supervisores electorales, los capturistas, los observadores electorales, los funcionarios de mesas directivas de casilla, son ciudadanos con la disposición de coordinarse entre sí y con la estructura del órgano central, para llegar al día de la jornada electoral con el compromiso de instalar casillas, garantizar el sufragio de los electores, contar los votos para dar a conocer resultados y ganadores de la contienda; y ser vigilantes no únicamente de la jornada electoral, sino de todo el proceso.

Otro tema que preocupa, tiene que ver con el número de ciudadanos que acuden a las urnas, en este sentido, cobra importancia el preguntarnos ¿a qué se debe la falta de más ciudadanía en las casillas donde deben emitir su voto? Distintos argumentos pueden darse para acercarnos a una respuesta convincente, y al respecto, es conveniente revisar el reciente estudio sobre participación ciudadana elaborado por el Colegio Mexiquense donde se analizan las causas de una baja participación en las tres últimas elecciones de gubernatura (2011, 2017, 2023). Los resultados de esta investigación arrojan datos interesantes sobre diversos factores que explican este fenómeno.

Cultura cívica y participación ciudadana, son temas que preocupan a los órganos electorales y éstos ponen especial atención en distintos espacios educativos desde nivel primaria hasta la educación superior, con el único fin de contribuir en la formación de una ciudadanía más participativa, a través de una serie de acciones y programas nacionales y estatales.

Las actividades de los organismos electorales encaminados a este fin se multiplican no solo en los centros educativos con capacitaciones a personal docente y al alumnado, sino con distintas organizaciones de la sociedad civil, asociaciones, o grupos históricamente olvidados, a través de conversatorios, cursos, pláticas, encuentros, conferencias, talleres comunitarios, foros juveniles, ejercicios sobre una jornada electoral.

En ellos, se habla de la importancia de la participación ciudadana en los asuntos públicos, haciendo especial énfasis en lo que significa que la disputa por el poder político se haga a través de elecciones pacíficas, al mismo tiempo en estos encuentros formativos, aprender valores como la tolerancia, el respeto, la igualdad, la solidaridad, el pluralismo, la responsabilidad, el diálogo, la legalidad, la no-violencia, es una invitación a ejercer derechos para poder ser ciudadanía participativa y generar mejores condiciones de convivencia.

Las preocupaciones en el ámbito electoral, son los retos permanentes que los órganos electorales gestionan, atienden, resuelven, teniendo en cuenta los principios institucionales; y en esta tesitura se ubica, impulsar una mayor participación ciudadana en los procesos electorales.

En la segunda mitad de la década de los años noventa y con la inercia que a nivel federal había tomado la ciudadanización de los órganos electorales, en 1996 se creó el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM). El proceso de ciudadanización implicó simple y llanamente que poco a poco el Poder Ejecutivo dejara de tener injerencia directa en la organización de las elecciones tanto a nivel federal como a nivel local y que la ciudadanía con conocimiento y experiencia electoral formara parte de toda la estructura de los órganos electorales.

No fue un proceso fácil el hecho de perder el control de la vía que se había encontrado para dirimir pacíficamente la disputa por el poder político, es decir, las elecciones. La nueva ley electoral determinó que el IEEM contaría con un órgano de dirección llamado Consejo General, electo por la Legislatura del Estado.

En ese primer Consejo de 1996, todavía el Ejecutivo tenía la facultad de mandar una terna a la Legislatura para elegir a la Presidencia, el Poder Legislativo también formaba parte del Consejo con cuatro integrantes, dos propuestos por la fracción mayoritaria, uno de la primera minoría y uno más de la segunda minoría; los consejeros electorales (ciudadanos) también eran electos por la Legislatura a partir de una lista que integraban los legisladores en la que cada fracción podía hacer hasta tres propuestas. Todas estas figuras tenían derecho a voz y voto. Los representantes de partido, el Director General y el Secretario General formaban parte del Consejo, pero únicamente con voz. Las dos últimas figuras eran electas por el Consejo General.

La reforma constitucional del 2 de octubre de 1998 modificó la integración del Consejo General y la forma de designación en las consejerías; los consejeros del Poder Legislativo dejaron de formar parte del Consejo; la Presidencia ya no fue a propuesta del Ejecutivo, ahora debía ser propuesta y electa por las fracciones legislativas al igual que las otras consejerías, el resto de sus integrantes se mantuvo sin cambios. Mención importante dentro de esta reforma fue la determinación de que el Consejo General, y no la Legislatura del Estado, sería quien calificara la elección del Poder Ejecutivo estatal.

Se trataba de dar certeza, confiabilidad e imparcialidad a la hechura y resultados de los procesos electorales, en un clima de paz, tolerancia y respeto.

Con la reforma federal del año 2014, se modificó el procedimiento de designación de las consejerías electorales; al recién creado Instituto Nacional Electoral (INE) se le otorgó la facultad de designarlas en todos los órganos electorales de los estados. La nueva disposición legal dio un cambio significativo en la forma de organizar elecciones, al centralizar algunas atribuciones y funciones de los órganos electorales de los estados, al órgano electoral nacional.

La profesionalización y especialización que había adquirido la administración electoral a nivel federal y estatal, permitieron que a partir de entonces los procesos electorales en el país se organizaran de manera coordinada con el Instituto Nacional Electoral, de acuerdo a las nuevas reglas establecidas, pero respetando los ámbitos de competencia y sobre todo apegadas a los principios y valores institucionales.

La Historia electoral del Estado de México, registra en los últimos treinta años un total de 24 elecciones, de las cuales cinco han sido de gubernatura, diez de diputaciones y ayuntamientos, ocho extraordinarias (ayuntamientos) y una elección de personas juzgadoras. Esta última fue un gran reto que puso a prueba no únicamente la experiencia acumulada, sino la creatividad y el compromiso de los servidores electorales para atender y sacar adelante la compleja responsabilidad.

De cara al proceso electoral del año 2027, muy sano sería que la elección del Poder Judicial no se mezclara con las de los otros poderes a nivel federal y estatal y las de integrantes de ayuntamientos. Pero la Historia no se detiene; en cualquier escenario, los órganos electorales seguiremos cumpliendo con la función de organizar elecciones creíbles, confiables y pacíficas; y en nuestro registro, seguiremos acumulando un año más de trabajo institucional.

La ausencia de violencia o de conflictos es la definición que tenemos del concepto de paz en una primera respuesta; pero la visión desde los “Estudios para la Paz y el Desarrollo”, es que la paz son los momentos en los que se gestionan y transforman las tensiones de manera positiva y constructiva para favorecer el desarrollo de la sociedad; de ahí la importancia de utilizar las fortalezas que tenemos como Entidad federativa, para hacer frente a la distinta problemática que enfrentamos hoy en día.

Lo anterior implica necesariamente atender los conflictos desde lo local, lo mismo que su estrategia para abordarlos, bajo el entendido que es el Estado el responsable de su diseño e implementación con un enfoque incluyente, de la mano de las instituciones y la sociedad.

Hace ya varias décadas, el historiador michoacano Luis González y González planteó la necesidad de estudiar y escribir lo que denominó “la microhistoria”, para entender y abordar las particularidades de los acontecimientos locales; lo anterior, significaba dar un sentido distinto a la Historia en general, que se investigaba, se escribía y tenía que ver con grandes acontecimientos nacionales o universales.

Este método, esta propuesta, se puede asumir para estudiar, analizar y abordar distintos aspectos de la vida social y política en un país tan diverso y plural como el nuestro, mediante su deconstrucción desde cada entidad del país.

De lo que se trata es de entender y admitir que los actuales problemas que vivimos, por sus singularidades, deben ser abordados desde lo local y no necesariamente con una visión general y centralista que resta eficacia a las políticas públicas. Esto implica cambiar de paradigma el modelo de resolución de conflictos, dotando de herramientas económicas y jurídicas a las entidades federativas que les permitan tener competencias y recursos para hacerse cargo y enfrentar responsabilidades con una mayor posibilidad de acción y eficacia.

Al respecto, un ejemplo de algo muy cotidiano y simple, es el caos vehicular que se vive diariamente en la zona norte de la capital del Estado de México ocasionado por el paso del tren; la movilidad se vuelve un fuerte conflicto vial, pero, al ser las vías de comunicación férreas y la estación competencias federales, las autoridades municipal y estatal no pueden resolver unilateralmente este problema ya añejo; de ahí la importancia de reformas legales.

El desconocimiento de la Federación de cómo se vive esta situación y los problemas sociales, ambientales, económicos y de estrés que ocasiona dicha circunstancia; refuerzan el planteamiento de saber y entender la problemática desde lo local; y el diálogo es la primera herramienta para buscar soluciones locales pacíficamente, entre las autoridades competentes.

Como este, muchos otros ejemplos de la difícil cotidianidad que nos toca vivir, seguramente están en la agenda, pero las alternativas con perspectiva de paz y desarrollo deben estar presentes.

Si los conflictos tienen sus características propias según la región que se trate, las medidas y soluciones serían mucho más eficaces, si se diseña y adopta un modelo de micro política pública desde el ámbito local.

El 4 de marzo de 2026, la Presidenta de la República presentó ante la Legislatura Federal su propuesta de reforma electoral la cual incluyó solo una parte de lo que originalmente anunció, dejando fuera temas que son estratégicamente importantes para su proyecto de gobierno.

Al conocerse la propuesta oficial, el debate público se centró en la disminución de los dineros para los procesos electorales con la eliminación de la lista senadores plurinominales y en la nueva forma de elegir los doscientos diputados de representación proporcional.

Pero muy poca atención se puso a lo que por voluntad presidencial se excluyó en esta iniciativa y que son temas fundamentales en su estrategia político-electoral como la consulta sobre revocación de mandato; el rediseño de la estructura de los órganos electorales y el aplazamiento de la elección de personas juzgadoras.

Estos últimos temas de haberlos incluido, podrían haber sido contaminados por los primeros que son mal vistos y rechazados por la oposición y por sus aliados, perdiendo de esta forma la posibilidad de incluirlos en una propuesta de reforma a las leyes secundarias correspondientes.

La votación del Proyecto de Dictamen en el seno de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política Electoral de la Cámara de Diputados el pasado 10 de marzo, fue de 45 votos a favor y 39 votos en contra; quedó pendiente su discusión y aprobación en el Pleno de San Lázaro. El día 11 de marzo en la Cámara de Diputados, la propuesta de reforma electoral registró 259 votos a favor, 234 votos en contra y una abstención, por lo que la propuesta no alcanzó la mayoría calificada.

Queda claro que la no aprobación de la reforma electoral constitucional no puede ser leída solo en claves de derrota, en breve, estaremos conociendo los ajustes en las respectivas leyes secundarias en materia electoral, las cuales solo requieren de mayoría simple para ser aprobadas. También quedó muy claro que en ciertas coyunturas se pueden tomar caminos distintos, pero las alianzas se volverán a retomar; veremos nuevamente la fortaleza de la fracción mayoritaria y sus aliados.

La siguiente tarea es la configuración del llamado Plan B, que ya anunció la Presidenta Claudia Sheinbaum, va en el sentido de disminuir lo que llamó “los privilegios que persisten en los congresos locales y en los municipios”; y al mismo tiempo “fortalecer la consulta popular”; de los primeros, el planteamiento es que se puedan establecer topes máximos a los Congresos en los estados y al Senado de la República, así como la disminución del número de regidores en los ayuntamientos de todo el país. De las consultas populares la propuesta es que la revocación de mandato se realice en el tercero o cuarto año de gobierno, es decir, en 2027 o en 2028, además de que se permitan en dichas consultas algunos temas electorales.

La ruta inicial nuevamente está trazada, los acuerdos y las alianzas volverán a tejerse para impulsar y aprobar éstas y otras propuestas en materia electoral.