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La renuncia formal de la presidenta de la institución más importante de nuestro país, encargada de la organización de los procesos electorales, ha sacudido no solamente al Instituto Nacional Electoral (INE), sino a todos los organismos públicos locales electorales en los estados (OPL´s) e incluso al sistema electoral mexicano. La sola renuncia de por si es muy desafortunada pues los procesos electorales federales y estatales ya están en curso desde el pasado mes de septiembre; pero las causa que la orillaron han sorprendido enormemente, lo cual es muy lamentable. Junto con la ahora ex presidenta, algunos funcionarios también presentaron las renuncias en las áreas donde venían desempeñándose.

La crisis y el aparente descontrol se ha concentrado en el órgano central del INE; la primera medida para atenuar este desajuste en el máximo órgano de dirección, ha sido acertada al ponerse de acuerdo todas las consejerías, para nombrar por unanimidad, presidenta provisional a una de sus pares. Las representaciones partidistas y los consejeros del Poder Legislativo, aunque no tienen voto, avalaron el nombramiento y el control de daños fue rápido y efectivo.

La propia estructura electoral federal en los 300 distritos, continúa desarrollando los trabajos de organización del proceso electoral federal, así como las tareas de vinculación que debe tener con los organismos electorales en los estados de manera permanente, en virtud de que es una elección concurrente. Por su parte los OPL´s, de igual manera, continúan desarrollando las tareas de los procesos electorales locales.

En el caso del Instituto Electoral del Estado de México, se llevan a cabo entre muchas otras actividades en gabinete y en campo, las siguientes:

1. Designación de vocalías de sus 170 órganos desconcentrados temporales (45 juntas distritales y 125 juntas municipales).
2. Designación de consejerías en cada uno de esos órganos desconcentrados temporales. De estas dos actividades habrán de integrarse a la estructura electoral en el mes de diciembre 1,405 servidores electorales.
3. El sistema informático “Candidatas y Candidatos, Conóceles”, que es una herramienta para que la ciudadanía desde su computadora, conozca propuestas y trayectorias de todas las candidaturas que registren los partidos políticos y las candidaturas independientes.
4. Integración del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares, cuya función será asesorar los trabajos del PREP en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, análisis estadístico y ciencia de datos; fortaleciendo la certeza, transparencia y confiabilidad de la votación durante la jornada electoral.
5. Preparación de materiales de capacitación en coordinación con el INE para funcionarios de casilla única, observadores electorales, voto para mexiquenses en el extranjero, capacitadores, supervisores, monitoristas, así como las respectivas convocatorias para estas tres últimas figuras.

Estas y otras actividades se han visto opacadas por los acontecimientos a nivel nacional, lo que implica que todos los institutos electorales debemos redoblar esfuerzos para que la credibilidad y la confianza ciudadana siga vigente. Si bien es cierto que solo unas cuantas empresas acaparan y se han convertido en un oligopolio nacional en la producción de materiales y documentación electoral, esto no es nuevo, solo basta que se investigue este mercado para confirmarlo.

La contratación y adquisición de bienes y servicios deben estar sujetos al escrutinio público, a la evaluación permanente por parte de los órganos competentes del Estado, debe ponerse a disposición en los portales institucionales o al alcance de quien así lo solicite a través de los cauces que la normatividad establece.

La transparencia, la máxima publicidad, la rendición de cuentas, también son columnas vertebrales de un régimen democrático; las instituciones públicas de nuestro país, deben asumirlas no solo como una obligación legal sino como una convicción en la hechura y ejecución de las políticas públicas.

Lo sucedido en el INE es una llamada de atención para todos los órganos electorales del país, sobre los riegos de la concentración de facultades en una sola persona, pero a su vez nos muestra la solidez y credibilidad con la que cuenta nuestro sistema electoral mexicano.

La elaboración de un presupuesto implica desmenuzar y justificar lo que cuestan cada una de las tareas que cualquier organización o institución planea realizar; la hechura pareciera simple, pero encierra una buena dosis de complejidad y más aún si se trata de una institución pública como el Instituto Electoral del Estado de México.

La minuciosidad con la que se analiza, se prepara y se presenta un presupuesto, sirve para detallar lo que se pretende utilizar en el accionar de la vida institucional electoral, y es de gran utilidad e importancia porque marca la ruta a seguir en la hechura de un proceso electoral, hay claridad en las actividades que tienen que cumplirse, da certeza de lo que se gastará lo cual tiene como finalidad generar confianza en el órgano electoral, y contribuye a fomentar la transparencia en las instituciones.

La complejidad del entramado institucional en el país y en el Estado de México, requiere una renovación periódica de quienes lo integran y una capacitación permanente de quienes tienen la responsabilidad de dicha renovación, que con los años se convierten es especialistas.

La profesionalización y especialización son temas nodales no sólo en la administración electoral; pensemos por ejemplo en el Banco de México o en el INEGI, dos órganos autónomos vitales en el quehacer cotidiano de los mexicanos, que demandan un alto nivel de preparación para atender eficientemente sus tareas constitucionales de controlar la inflación y disponer las estadísticas básicas del país para la toma de decisiones por parte de todas las instituciones públicas.

Los organismos públicos autónomos están integrados por personas con perfiles profesionales específicos, pero para que funcionen requieren de una partida presupuestal aprobada por la Legislatura Federal y por las de cada entidad federativa.

En los organismos electorales una parte de la administración electoral especializada es permanente y otra es temporal; a los órganos temporales se integra la ciudadanía en distintas etapas durante la organización de un proceso electoral, para asumir y cumplir distintas responsabilidades, atribuciones y funciones. La ciudadanía que forma parte de la estructura temporal, en el caso del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), es personal capacitado y especializado que atiende convocatorias públicas, que cumple con una serie de requisitos y procedimientos entre los que se incluyen examen de conocimientos y entrevistas, como en el caso de las vocalías distritales y municipales que actualmente se encuentra en curso. Las consejerías se integrarán a los consejos distritales y municipales a través de otro proceso de selección, que es público, que también está desarrollándose, y en el que habrán de presentar un examen y otros requerimientos. Tendremos más convocatorias públicas para integrar más ciudadanía.

El recurso financiero presupuestado que se destina a toda la estructura permanente y temporal del IEEM, se conduce hacia un mismo fin: trabajar para organizar elecciones pacíficas, imparciales, confiables, certeras y apegadas a la legalidad.

Los partidos políticos forman parte de las instituciones electorales y a ellos se destina otra parte de dinero público a través de las llamadas prerrogativas, las cuales tienen al menos un doble propósito: primero tener una competencia más equitativa mediante la cual se garantice su funcionamiento interno, así como su participación en los procesos electorales; y segundo evitar que los poderes fácticos de este país condicionen a los propios partidos y sobre todo a las instituciones que pretenden representar.

Una de las funciones de nuestro presupuesto una vez asignado, se traduce en gasto, mismo que se ejercerá de manera responsable por las instituciones electorales para seguir garantizando que las elecciones sean la mejor vía para la transmisión pacífica del poder público.

Si buscamos en el diccionario o en internet la definición de lo que es un conflicto encontraremos las siguientes ideas: 1. el conflicto es confrontación; 2. es negativo; 3. las posiciones en un conflicto son incompatibles; 4. es una pelea; 5. es un enfrentamiento. Bajo esta visión somos educados tanto en la familia como socialmente, por lo que de inmediato lo rechazamos o por lo menos nos ponemos en alerta e intentamos resolverlos mediante el diálogo o en muchas ocasiones los evadimos.

Sin embargo, existe un enfoque diferente de los conflictos y es el que se propone en los Estudios para la Paz y el Desarrollo; el cual nos invita para que los asumamos de una manera constructiva y positiva; bajo este enfoque, el conflicto se define como una tensión permanente que existe en cualquier ámbito de nuestra actividad social, lo que ha permitido y motivado el desarrollo de la humanidad.

Desde esta perspectiva, el conflicto es la posibilidad de plantear soluciones constructivas individuales, colectivas o plurales donde no existe una verdad o una visión única y se regula a través del diálogo, confrontando ideas, intereses y percepciones.

Con esta concepción, en el ámbito electoral podemos anotar ejemplos de conflictos durante la organización de una elección, o en los periodos interproceso, a los cuales se busca una solución pacífica a través del diálogo, el consenso, pero también considerando el disenso.

Las reformas electorales registradas en diferentes periodos históricos han mejorado la calidad de nuestras elecciones y han permitido trazar la ruta de la certeza, la transparencia y la confiabilidad tanto en los órganos electorales como en los instrumentos que utilizamos para tal propósito.

Los nudos existentes en materia electoral son fenómenos complejos y la tensión manifiesta durante un conflicto debe ser aprovechada para transformar dicho conflicto positivamente y de manera colectiva. Los conflictos que no se regulan, que no se administran, o no se atienden, pueden conducirnos a situaciones de violencia velada y de intolerancia. La pluralidad, la inclusión y el reconocimiento de que existen distintas visiones de una realidad son condiciones para la gestión pacífica de los conflictos.

Con esta visión pacífica y constructiva del conflicto, podemos asumir que durante la organización de una elección se transita por caminos de conflicto en todo momento, y la administración electoral está en permanente gestión a todos ellos, muchos se tienen previstos y de antemano están planteadas las alternativas: atención a observadores electorales, designación de vocalías, designación de consejerías, búsqueda de inmuebles para la instalación de órganos desconcentrados, organización de debates, registro de candidaturas, selección de monitoristas, de supervisores, de capacitadores, capacitación a funcionarios de mesas directivas de casilla, entrega de documentación y material electoral a dichos funcionarios, recolección de paquetes al finalizar la jornada electoral, programa de resultados electorales preliminares, cómputos distritales y municipales, por mencionar solo algunos.

La responsabilidad de atender y gestionar los conflictos pacíficamente corresponde a los órganos electorales con una buena planeación y ejecución de funciones y atribuciones que tienen sustento en la ley; a los partidos políticos reconociéndose en la pluralidad y a la ciudadanía con su participación en cualquiera de las figuras que durante todo el proceso conlleva la preparación de una elección y naturalmente el día de la elección acudiendo a emitir su voto.

Seguramente junto a la computadora, el celular es uno de los instrumentos que en las últimas tres décadas ha revolucionado significativamente actividades en los ámbitos sociales, políticos, económicos, culturales; solo se requiere que hagamos un ejercicio de retrospectiva de cómo era la comunicación hace cuatro décadas: el procesamiento de datos, el acceso a la información en general o la localización de algún lugar en particular, para darnos cuenta del vertiginoso cambio que tal vez aún no dimensionamos.

Antaño, para realizar una llamada telefónica tenía que hacerse en el teléfono fijo de casa o en las casetas telefónicas que de manera estratégica se colocaban en las esquinas, o las que se instalaban en algún lugar específico en localidades rurales donde una operadora era la encargada de gestionar la llamada. Qué decir de la comunicación por escrito a través del telegrama o de la carta, el primero transcrito en el momento por la operadora, que además debía ser un mensaje corto ya que el cobro se determinaba por el número de palabras utilizadas; la segunda depositada en un buzón o en la oficina de correos, que, dependiendo del domicilio del destinatario podía ser enviada vía terrestre o por avión, con lo cual el tiempo de entrega variaba.

Para el procesamiento de datos numéricos se contaba con una sumadora y en el mejor de los casos con una calculadora; hasta que llegaron las hojas de cálculo de Excel y otras similares que en cuestión de segundos procesan miles de datos de manera certera y confiable.

Con el desarrollo del Internet y la aparición-evolución del celular se han podido simplificar todos aquellos procesos de comunicación y obtención de información, ya que de manera virtual, podemos consultar miles de documentos o datos sin necesidad de ir a una biblioteca o a una librería a buscar los insumos deseados; podemos trasladarnos a distintos lugares sin detenernos a preguntar a algún poblador por la dirección que se busca, porque las aplicaciones existentes no sólo trazan el camino sino que calculan el tiempo de llegada; la llamada por celular no solo da la posibilidad de conversar, tiene la capacidad de establecer contacto visual entre las personas aunque se encuentren en distintos continentes.

Estas consideraciones hablan de los aspectos positivos del celular, sin embargo, actualmente se puede observar un rostro negativo que distorsiona los fines para los que fue creado y que afecta sobre todo a los niños, niñas y adolescentes de todo el mundo por el uso indiscriminado, sin supervisión y sin control de este medio de comunicación. Al respecto varios países están empezando a establecer medidas para restringir el uso del celular en este sector de la población.

En nuestro país la Secretaría de Educación Pública (SEP), publicó el pasado 21 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 09/09/26 que entrará en vigor a partir del 3 de noviembre del presente año, para regular el uso responsable del celular y otros dispositivos electrónicos en las escuelas de educación básica públicas y privadas. La medida es acertada porque se pretende favorecer el aprendizaje y la convivencia durante el horario escolar y también contribuir a proteger la salud mental de niñas, niños y adolescentes.

Esta decisión de la SEP es positiva porque como se ha señalado en la conversación pública, es de vital importancia que los centros educativos sigan siendo los espacios de formación en sana convivencia, mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje/educando-educador en un ambiente responsable, atendiendo además los contextos y necesidades de las propias escuelas.

Quedan pendientes disposiciones legales sobre el uso de las redes y plataformas a las cuales se accede sin límites ni controles, particularmente en aspectos tan sensibles como el de la violencia en todas sus modalidades, por mencionar solo un tema. En conclusión, el reto que tenemos como sociedad es hacer del celular una herramienta de trabajo y recreación constructiva, puesta al servicio de la paz individual y colectiva.

El pasado 14 de septiembre dio inicio formal el proceso electoral Congreso local y los 125 Ayuntamientos en el Estado de México, el cual es concurrente con el proceso electoral federal 2026-2027, lo que significa que la organización, desarrollo y vigilancia de esta elección habrá de realizarse de manera coordinada con el Instituto Nacional Electoral para dar cumplimiento al modelo de elecciones diseñados desde la reforma de 2014.

Este proceso electoral tiene una especial relevancia, no es un acto administrativo ni una tarea mecánica más, en un engranaje que lleva ya 30 años caminando y cuyo significado ha sido trabajo, profesionalismo, experiencia, legalidad y vocación de servicio de los trabajadores del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM). La elección del próximo 6 de junio se da en el marco de una reforma electoral que ha precisado, entre otros temas, disposiciones constitucionales y legales sobre la re-configuración en la integración de los Ayuntamientos.

El escenario también cuenta: el grado de polarización entre las fuerzas políticas, el encono generado por temas de corrupción y violencia que no terminan, incluso los conflictos sociales y económicos en el ámbito internacional, acompañan este proceso electoral; bajo esta perspectiva, los retos más relevantes se encuentran no sólo en la adecuada organización del mismo, lo cual sin duda así se hará, sino en lograr una mayor participación ciudadana, no solo el día de la elección, sino en el desarrollo del proceso a través de las figura de observadores electorales.

Si bien la ciudadanía se integra paulatinamente en la administración electoral a través de vocalías, consejerías, monitoristas, supervisores asistentes electorales, capacitadores, auxiliares en las juntas distritales y municipales, la participación ciudadana a través de los observadores implica un acompañamiento permanente y vigilante desde fuera de la estructura electoral administrativa, que da certeza y legalidad a todas las actividades que desarrolla el órgano electoral; la observación electoral es un derecho de la ciudadanía establecido en la norma.

A partir del inicio del proceso electoral tanto federal como local, se publicó la convocatoria donde se establecen los requisitos para registrarse y obtener la acreditación respectiva para participar en las tareas de observación, el procedimiento de solicitud de registro concluirá el 10 de mayo del 2027. El procedimiento de registro puede realizarse en línea y el curso de capacitación que deben acreditar pueden realizarse de manera virtual.

La inclusión es uno de los valores que implica igualdad de oportunidades; en este sentido, la autoridad electoral federal aprobó la emisión de una convocatoria en formato Braille para personas con discapacidad visual; se tiene prevista su difusión entre las organizaciones que dan atención a este sector poblacional. De igual manera, se tiene contemplado diseñar y difundir cápsulas informativas en lenguas indígenas para invitar a la ciudadanía de los pueblos originarios a participar en la observación electoral. Estas acciones también son impulsadas y atendidas por el IEEM durante el proceso electoral que está en marcha.

La participación ciudadana en los procesos electorales como observadores ha jugado un papel relevante y es importante re-valorar esta figura; ha cumplido la función de contención de conflictos; de ser testigo social en materia electoral, pero sobre todo de difundir y en su caso cuestionar o legitimar un proceso comicial, por lo que debemos impulsar y fomentar el involucramiento ciudadano en la fiscalización de una elección donde los partidos, órganos electorales y la propia ciudadanía son los principales actores.