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El 8 de marzo no debería ser únicamente una fecha para recordar; debería ser un momento para reflexionar sobre la realidad que viven millones de mujeres. En el Estado de México, esta fecha no se percibe como una efeméride, sino como una realidad que duele. Muchas mujeres salen cada día de sus casas con una oración y regresan con miedo, conscientes de que la violencia sigue siendo una amenaza cotidiana.

La mexiquense de hoy es la mujer que madruga para trabajar, que se traslada en transporte público, que sostiene a su familia, que cuida, que produce y que contribuye al desarrollo de su comunidad. Es también la mujer que, a pesar de todo ello, tiene que aprender rutas, horarios y silencios para mantenerse a salvo. Y la mexiquense del mañana son las niñas que hoy sueñan en grande y que merecen crecer en un estado que las proteja, que las abrace y que les permita vivir sin miedo.

Esa aspiración es más que un ideal: debe convertirse en una obligación del Estado. En una entidad donde viven cerca de 8.7 millones de mujeres —prácticamente la mitad de la población— su bienestar y su seguridad no son un tema accesorio, sino una condición indispensable para el desarrollo social y económico del estado. Las mujeres no son una cuota ni una concesión; son el corazón de las comunidades y una fuerza imprescindible para construir un país más justo. Sin embargo, la realidad es contundente: el 78 % de las mujeres mayores de 15 años ha sufrido algún tipo de agresión, ya sea violencia física, acoso, humillación o discriminación.

Frente a estas cifras, el mayor riesgo es acostumbrarse al dolor. Cuando los números se vuelven cotidianos, existe la tentación de administrarlos en lugar de transformarlos. Pero la violencia contra las mujeres no puede convertirse en una estadística más; exige justicia que llegue a tiempo, servicios de salud dignos, protección real y autoridades que actúen con decisión. Las mujeres no necesitan más discursos: necesitan resultados.

La discusión sobre los derechos de las mujeres también se desarrolla en espacios internacionales. En lo personal, tuve el honor de participar en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, cuyos trabajos iniciaron el pasado 9 de marzo en Nueva York. En ese espacio quedó claro que avanzar hacia la igualdad requiere decisiones políticas firmes. Escuchar las experiencias de otros países permite comprender que los avances no ocurren por inercia: exigen voluntad política, marcos legales sólidos y políticas públicas sostenidas en el tiempo.

En México, al menos tres desafíos siguen siendo urgentes. El primero es erradicar la violencia feminicida y garantizar mecanismos efectivos de protección para las mujeres. El segundo es cerrar la brecha salarial que limita las oportunidades de desarrollo de millones de mexicanas. El tercero es construir un verdadero Sistema Nacional de Cuidados.

Los compromisos internacionales, sin embargo, no pueden quedarse en declaraciones solemnes. Deben traducirse en leyes, presupuestos y acciones de gobierno capaces de transformar la vida cotidiana de las mujeres. De lo contrario, la igualdad seguirá siendo una promesa pendiente.

En ese contexto, durante el mes de marzo el PRI impulsará diversas propuestas legislativas orientadas a fortalecer la protección de los derechos y la seguridad de las mujeres. Al mismo tiempo, la reciente renovación de la dirigencia estatal del ONMPRI en el Estado de México, encabezada por Aurora González Ledezma, plantea el reto de fortalecer la presencia y organización de las mujeres en todo el territorio mexiquense, mediante trabajo territorial en los 125 municipios, la capacitación de nuevos liderazgos femeninos y la consolidación de una estructura que impulse su participación plena en la vida política del estado.

El desafío de nuestro tiempo es claro: que ninguna niña mexiquense crezca creyendo que el miedo es normal; que las mujeres puedan caminar, trabajar, participar y decidir con libertad; y que el 8 de marzo deje de ser un recordatorio del dolor para convertirse, finalmente, en la celebración de una igualdad que se viva todos los días.

Porque cuando las mujeres avanzan, no solo avanzan ellas: avanza toda la sociedad.

Cada 8 de marzo, el mundo conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que no solo invita a reconocer los avances alcanzados por las mujeres en distintos ámbitos de la vida pública, sino también a reflexionar sobre las persistentes desigualdades que aún limitan el ejercicio pleno de sus derechos. En sociedades democráticas, la igualdad entre mujeres y hombres no puede entenderse únicamente como una aspiración ética; constituye una condición indispensable para la legitimidad de las instituciones y para el funcionamiento mismo del sistema democrático.

En las últimas décadas, México ha registrado avances relevantes en la inclusión de mujeres en la representación política. Un momento decisivo en este proceso fue la reforma político-electoral de 2014 impulsada durante el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto, mediante la cual se incorporó el principio de paridad en la postulación de candidaturas legislativas. Esta reforma representó un parteaguas en la evolución del sistema democrático mexicano y sentó las bases para posteriores ajustes constitucionales y legales que han fortalecido la participación de las mujeres en los espacios de decisión pública. No obstante, los avances normativos aún enfrentan desafíos en su materialización práctica. Persisten brechas estructurales que evidencian que la participación política de las mujeres continúa enfrentando obstáculos de carácter social, cultural e incluso manifestaciones de violencia que limitan el ejercicio pleno de sus derechos políticos.

De acuerdo con datos de ONU Mujeres, una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida, lo que revela la dimensión estructural de la violencia de género como un fenómeno global que afecta directamente la posibilidad de que las mujeres participen libremente en la vida pública y política.

En el ámbito democrático, la desigualdad también se manifiesta en el acceso al poder. Según la Unión Interparlamentaria, en 2025 las mujeres ocuparon el 27.5% de los escaños parlamentarios a nivel mundial, lo que evidencia que, pese a los avances registrados en algunos países, la representación política femenina continúa siendo minoritaria en gran parte del planeta. En contraste, México ha logrado superar en buena medida esta brecha y en la actualidad contamos con un Congreso paritario, uno de los avances más relevantes en materia de igualdad política en las últimas décadas.

Estos avances se ven opacados por la persistencia de un fenómeno cada vez más visible: la violencia política en razón de género. La académica Marcela Lagarde ha señalado que la violencia contra las mujeres, en sus distintas manifestaciones, responde a estructuras históricas de poder que buscan limitar su autonomía y su capacidad de incidencia en la esfera pública. En el ámbito político, esta violencia puede manifestarse mediante amenazas, descalificaciones, obstáculos institucionales o campañas de desprestigio dirigidas a inhibir la participación femenina.

Por ello, la agenda del 8 de marzo no se agota en la conmemoración. Implica renovar el compromiso institucional y social para garantizar condiciones reales de igualdad. Las políticas de paridad, las acciones afirmativas y los mecanismos para prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres constituyen herramientas fundamentales para avanzar hacia una democracia verdaderamente incluyente.

La experiencia reciente demuestra que cuando las mujeres participan en igualdad de condiciones, las democracias se fortalecen. La diversidad en los espacios de decisión amplía las perspectivas desde las cuales se diseñan las políticas públicas y contribuye a construir instituciones más representativas y sensibles a las necesidades de toda la sociedad.

En ese sentido, el 8 de marzo debe entenderse como un recordatorio permanente de que la igualdad de género no es solo una demanda del movimiento de mujeres, sino una exigencia democrática. Alcanzarla implica transformar estructuras, erradicar la violencia y garantizar que ninguna mujer vea limitada su voz o su participación por razón de género.

También debe servir como recordatorio de que las reformas electorales deben concentrarse en remover los obstáculos que enfrentan las mujeres para ejercer plenamente sus derechos políticos y no en debilitar los mecanismos de representación que garantizan el pluralismo democrático. En lugar de centrar el debate público en la eliminación de plurinominales o en reformas orientadas a la consolidación de un partido único, el país debería estar discutiendo cómo erradicar la violencia política contra las mujeres y cómo garantizar condiciones reales de igualdad en el acceso a los cargos públicos. Una democracia auténtica no se construye reduciendo el pluralismo, sino ampliando la participación y asegurando que ninguna mujer sea excluida o silenciada por razón de género.

Sen. Cristina Ruiz Sandoval

Presidenta del CDE del PRI en el Estado de México.

Fuentes de consulta

Lagarde y de los Ríos, Marcela. (2016). Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas, México, Siglo XXI Editores.

ONU Mujeres. (2023). Hechos y cifras: Poner fin a la violencia contra las mujeres. https://unric.org/es/informe-de-onu-mujeres/

Union Interpalamentaria. (2026). Women in national parliaments, https://www.ipu.org/

El 21 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna, proclamado por la Conferencia General de la UNESCO en 1999, efeméride que invita a reconocer la diversidad lingüística como un componente esencial de los derechos culturales, la identidad de los pueblos y la riqueza de las naciones. En una entidad plural como el Estado de México, esta fecha adquiere un significado particular, al reflejar la diversidad cultural que históricamente caracteriza a la sociedad mexiquense.

En efecto, el Estado de México se ubica entre las principales entidades federativas con población hablante de lenguas indígenas, al ocupar el séptimo lugar a nivel nacional con 415,450 personas hablantes en 2020, de acuerdo con datos del INEGI. Por su parte, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) identifica en la entidad la presencia de cinco lenguas: náhuatl, otomí, mazahua, bot'una (matlatzinca) y tlahuica (ocuilteco), las cuales constituyen una expresión viva de la diversidad cultural e histórica del estado. No obstante, algunas de estas lenguas registran una disminución sostenida en el número de hablantes, particularmente entre niñas, niños y jóvenes, lo que compromete su transmisión intergeneracional y coloca en situación de riesgo, de manera especial, al tlahuica y al matlatzinca.

Su eventual desaparición no solo pondría en riesgo el patrimonio histórico y cultural de la entidad, sino que también tendría implicaciones en el ámbito democrático. En la actualidad, la democracia no puede concebirse únicamente como un sistema de reglas electorales, sino como un entramado institucional orientado a garantizar la inclusión efectiva de la pluralidad social. En este sentido, la diversidad cultural y lingüística constituye un elemento esencial del Estado democrático, en tanto reconoce la existencia de múltiples identidades colectivas que deben incorporarse en condiciones de igualdad al espacio público. Bajo esta premisa, la preservación de las lenguas indígenas no solo representa un imperativo cultural, sino también una condición necesaria para el ejercicio pleno de los derechos políticos y la consolidación de una democracia sustantiva.

En México, la riqueza lingüística refleja la profundidad histórica de sus pueblos originarios; sin embargo, también evidencia las brechas estructurales que han limitado su participación en la vida pública. La exclusión lingüística ha operado, durante décadas, como una barrera para el acceso a la justicia, a la educación y a la representación política, generando una ciudadanía diferenciada en detrimento de los hablantes de lenguas indígenas. En este contexto, la agenda de preservación lingüística adquiere una dimensión democrática: garantizar que la lengua no sea un obstáculo, sino un vehículo para el ejercicio efectivo de los derechos.

El Partido Revolucionario Institucional ha desempeñado un papel relevante en la construcción de este enfoque. Desde la consolidación del Estado mexicano en el siglo XX, los gobiernos emanados del PRI impulsaron la creación de instituciones orientadas a la atención de los pueblos indígenas, así como políticas educativas y culturales que, con sus limitaciones, sentaron las bases para el reconocimiento de la diversidad lingüística. La evolución de este paradigma, que transitó de esquemas integracionistas a modelos de reconocimiento de derechos, refleja una adaptación institucional a las exigencias de una sociedad plural.

En etapas más recientes, el PRI ha sostenido una agenda que vincula la preservación de las lenguas indígenas con el fortalecimiento de la democracia. Ello se ha traducido en la promoción de medidas orientadas a garantizar la accesibilidad lingüística en los servicios públicos, particularmente en los ámbitos de la justicia y la salud, así como en el impulso a la educación bilingüe e intercultural. Estas acciones responden a un principio fundamental: sin comprensión lingüística, no puede existir un ejercicio efectivo de los derechos.

No obstante, el desafío de la preservación lingüística sigue siendo significativo. La pérdida progresiva de lenguas indígenas no solo implica la desaparición de formas de expresión cultural, sino también la reducción de espacios de participación para sus hablantes. Frente a este escenario, la consolidación de una democracia incluyente exige redoblar esfuerzos institucionales, fortalecer las políticas públicas y garantizar que los derechos lingüísticos sean plenamente exigibles.

Esta conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna constituye un recordatorio de que la preservación de las lenguas indígenas es un componente central del proyecto democrático mexicano. La experiencia del PRI muestra que la construcción de instituciones, el impulso de políticas públicas y el reconocimiento de la diversidad cultural son elementos indispensables para avanzar hacia una democracia más incluyente. En la medida en que se garantice que todas las voces puedan ser escuchadas en su propia lengua, se fortalecerá no solo el tejido cultural de la nación, sino también la legitimidad y profundidad de su vida democrática.

Sen. Cristina Ruiz Sandoval

Presidenta del CDE del PRI en el Estado de México.

Fuentes de Consulta

UNESCO. (2026). Día Internacional de la Lengua Materna, https://www.unesco.org/
es/days/mother-language

INALI. (2026). Catálogo de las lenguas indígenas nacionales, https://www.inali.gob.mx/

INEGI. (2020). Lengua Indígena, https://www.inegi.org.mx/temas/lengua/

Cada aniversario de la Constitución de 1917 debería propiciar una reflexión profunda sobre el pacto político que dio forma al Estado mexicano moderno. No obstante, en el escenario actual, esta conmemoración se ve atravesada por una paradoja inquietante: mientras el discurso oficial se apropia retóricamente de la Constitución, su contenido normativo y su función como límite al poder se ven progresivamente debilitados. La desaparición de órganos constitucionales autónomos constituye una muestra clara de esa tendencia.

Toda Constitución democrática tiene como función esencial limitar la concentración del poder. La arquitectura institucional de nuestra Carta Magna fue diseñada para garantizar la competencia política, la neutralidad de los árbitros y la vigencia efectiva de los derechos frente a mayorías circunstanciales. Ese equilibrio —siempre frágil— es hoy objeto de una presión constante.

A lo largo del tiempo, la Constitución mexicana ha evolucionado mediante reformas que permitieron ampliar derechos y fortalecer la representación política. En particular, las reformas electorales de las últimas décadas, producto del diálogo entre fuerzas políticas, contribuyeron a la construcción de un sistema plural, con autoridades electorales autónomas y reglas de competencia más equitativas. Estos avances no surgieron de la imposición, sino de la negociación política y de una visión de Estado comprometida con la estabilidad democrática.

Desde el arribo al poder de la llamada Cuarta Transformación en 2018, la Constitución ha sido tratada como un instrumento adaptable a las prioridades del poder político. Las reformas constitucionales, lejos de responder a una lógica de perfeccionamiento democrático, han tendido a ajustar el texto constitucional a una visión política que desconfía de los contrapesos institucionales. Como advertía Hans Kelsen, cuando la Constitución deja de ser un límite para convertirse en una herramienta del gobernante, se vacía de su función garantista y se transforma en un medio de dominación legalizada.

Este fenómeno se manifiesta con especial claridad en el sistema democrático. La deslegitimación sistemática de las autoridades electorales, la presión sobre los tribunales y la narrativa que presenta a los órganos autónomos como élites antipopulares afectan directamente la equidad de la contienda. Luigi Ferrajoli ha señalado que la democracia constitucional se descompone cuando el principio de legalidad es sustituido por la lógica de la mayoría y cuando los derechos políticos dejan de ser garantías para convertirse en concesiones del poder.

Por su parte, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt advierten que el deterioro de los regímenes democráticos suele ser gradual y legalista. Los líderes populistas acceden al poder por la vía electoral y, una vez instalados, erosionan las reglas del juego desde dentro: desacreditan a los árbitros, hostigan a la oposición y reescriben las normas para inclinar el terreno a su favor. El resultado es una democracia electoral cada vez menos competitiva y una Constitución progresivamente subordinada al proyecto político dominante.

La apelación constante al “pueblo” como fuente exclusiva de legitimidad, la estigmatización de quienes cuestionan al gobierno y la pretensión de someter a los organismos electorales a una lógica de obediencia política configuran un escenario en el que la Constitución deja de ser un marco neutral de competencia. En este contexto, las elecciones corren el riesgo de convertirse en ejercicios meramente formales, carentes de las condiciones sustantivas que exige una democracia constitucional.

A 109 años de su promulgación, la Constitución de 1917 enfrenta una amenaza que va más allá del número de reformas: la pérdida de su sentido como límite efectivo al poder político, particularmente en los procesos electorales. Defenderla hoy implica asumir que ninguna mayoría, por amplia que sea, puede colocarse por encima de las reglas constitucionales que garantizan la competencia y la alternancia.

Celebrar su aniversario exige algo más que evocaciones históricas. Exige una defensa activa del constitucionalismo democrático, especialmente en el terreno electoral, cuando la tentación populista de subordinar las instituciones a la voluntad del poder se vuelve más intensa y más peligrosa. Hoy, frente a la discusión de una reforma en esa materia, resulta indispensable recordar que todo cambio debe preservar los principios constitucionales de pluralidad, legalidad y equilibrio de poderes. Modernizar no debe significar debilitar; ajustar no puede implicar retroceder en las garantías democráticas.

En este contexto, el PRI ha asumido, con carácter y determinación, la responsabilidad de ser la única oposición real que defiende el orden constitucional, la legalidad democrática y la pluralidad política, no como un acto de resistencia estéril, sino como una apuesta firme por preservar las instituciones que garantizan la libertad, la competencia política y la gobernabilidad del país. Porque cuando el poder busca desbordar sus límites, la defensa de la Constitución no es sólo una postura política: es un deber histórico.

Sen. Cristina Ruiz Sandoval

Presidenta del CDE del PRI en el Estado de México.

Fuentes de consulta

Ferrajoli, Luigi. Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. Madrid: Trotta, 2011.

Kelsen, Hans. Teoría pura del derecho. México: UNAM, 2009.

Levitsky, Steven y Daniel Ziblatt, Cómo mueren las democracias, Barcelona: Ariel, 2018.

En toda democracia constitucional, la organización de las elecciones no puede quedar sujeta a la voluntad del poder político en turno. La experiencia en otros países demuestra que cuando los procesos electorales son administrados por el gobierno, el resultado suele ser la distorsión de la competencia política, la erosión de la confianza ciudadana y la consolidación de regímenes autoritarios bajo una apariencia formal de legalidad. México no es ajeno a esa historia y, precisamente por ello, la autonomía de sus órganos electorales representa una de las conquistas democráticas más relevantes de las últimas décadas.

Resulta profundamente preocupante que, en días recientes, el presidente de la Comisión de la Reforma Electoral haya sostenido públicamente que el Instituto Nacional Electoral no debería ser un órgano autónomo. Esta postura no sólo desconoce el proceso histórico que dio origen al INE y a su antecesor, el IFE, sino que revela una concepción patrimonialista del poder, en la que el Estado (concretamente el Poder Ejecutivo) pretende afianzar el control de los árbitros electorales.

La autonomía de los órganos electorales no es una ocurrencia administrativa ni una concesión graciosa del poder político. Es una condición estructural de la democracia moderna. Como señalaba Robert A. Dahl, una democracia auténtica exige garantías institucionales que aseguren elecciones libres, justas y competitivas, lo que implica que las reglas del juego no sean definidas ni administradas por quienes compiten en él. Desde esta perspectiva, subordinar al INE a un poder político equivaldría a permitir que uno de los jugadores actúe simultáneamente como árbitro del partido, en otras palabras, el gobierno en turno se convierte en juez y parte.

Giovanni Sartori, por su parte, advirtió que la democracia no se agota en la regla de la mayoría, sino que requiere límites al poder y mecanismos institucionales que impidan su concentración. La autonomía de los órganos electorales cumple precisamente esa función: limitar al poder político, incluso cuando éste se ostenta como representante exclusivo del “pueblo”. Desmantelar esa autonomía bajo el discurso de la voluntad popular no fortalece la democracia; la vacía de contenido.

En el caso mexicano, la creación de un órgano electoral autónomo fue la respuesta a décadas de elecciones organizadas desde el gobierno, por conducto de la Secretaría de Gobernación marcadas por la inequidad y la desconfianza social. El tránsito hacia un árbitro independiente permitió construir condiciones mínimas de competencia real, alternancia en el poder y legitimidad electoral. Pretender revertir ese proceso implica ignorar deliberadamente las lecciones del pasado y abrir la puerta a un modelo de control político de las elecciones que México ya había logrado superar.

Además, la crítica a la autonomía del INE no se concibe como un hecho aislado, sino complementa el discurso que descalifica a las instituciones, presentando a los órganos autónomos como enemigos del pueblo o como élites desconectadas de la realidad social. Este tipo de narrativa es característica de los proyectos populistas que, como advierte Cas Mudde, buscan erosionar los contrapesos institucionales en nombre de una supuesta voluntad popular homogénea, negando el pluralismo que define a la democracia liberal.

Defender la autonomía del INE no significa negar la necesidad de reformas ni sostener que la institución sea perfecta. Significa reconocer que cualquier modificación al sistema electoral debe partir de un principio básico: la independencia del árbitro frente a los poderes políticos. Sin ese presupuesto, cualquier reforma se convierte en una regresión democrática.

En suma, cuestionar la autonomía de los órganos electorales no es una discusión técnica ni administrativa; es una disputa sobre el modelo de democracia que se pretende para México.

En este contexto, la anunciada reforma electoral puede tomar dos caminos. El primero, que sería el más deseable para el país, consiste en optar por una democracia constitucional, con instituciones fuertes, autónomas y capaces de contener al poder. El segundo, que pretende imponer el oficialismo, apunta a consolidar un esquema en el que las elecciones dejan de ser un mecanismo de control ciudadano para convertirse en un instrumento más del gobierno. La historia, la teoría política y la experiencia comparada son claras: sin árbitros independientes, no hay democracia que resista.

Sen. Cristina Ruiz Sandoval

Presidenta del CDE del PRI en el Estado de México.

Fuentes de consulta

Dahl, R. A. (1989). Democracy and Its Critics. Yale University Press.

Mudde, C. (2004). The populist zeitgeist. Government and Opposition, 39(4), 541–563. https://doi.org/10.1111/j.1477-7053.2004.00135.x

Sartori, G. (1994). Ingeniería constitucional comparada. Fondo de Cultura Económica.