La democracia también se trata de quiénes están en la mesa
El pasado 9 de agosto se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una fecha que, más allá de su significado cultural, constituye una oportunidad para sensibilizar a la sociedad y llamar la atención de los gobiernos sobre los desafíos que aún requieren respuestas y medidas concretas. En este caso, la efeméride invita a reflexionar sobre uno de los grandes retos de las democracias contemporáneas: lograr que la diversidad de una sociedad encuentre un verdadero espacio de participación y representación en las instituciones públicas.
Esta reflexión resulta particularmente relevante para México, un país cuya identidad, historia y riqueza cultural están profundamente vinculadas con sus pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, la riqueza de esa diversidad no siempre se ha visto reflejada en los espacios de representación política. De ahí la necesidad de continuar impulsando mecanismos que permitan que los pueblos indígenas no sólo sean reconocidos como parte fundamental de nuestra identidad nacional, sino que tengan una participación efectiva en las decisiones públicas y una representación auténtica en las instituciones democráticas.
Durante mucho tiempo entendimos la igualdad desde una perspectiva esencialmente formal: si la ley reconoce a todas las personas el derecho a votar y ser votadas, entonces todos somos iguales frente a la democracia. Pero reconocer un derecho no siempre significa garantizar las condiciones necesarias para ejercerlo.
Por ello, las democracias contemporáneas han desarrollado mecanismos destinados a corregir desigualdades históricas. Entre ellos se encuentran las acciones afirmativas, cuyo propósito es generar condiciones que permitan a grupos que han enfrentado situaciones de exclusión acceder efectivamente a los espacios de representación y toma de decisiones.
La aplicación de acciones afirmativas no tiene el propósito de incrementar el número de personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad únicamente para que ocupen cargos de elección popular, su finalidad no se agota en una cuestión cuantitativa, como si la inclusión democrática pudiera medirse únicamente por el número de candidaturas o de cargos obtenidos.
El verdadero propósito debe ser mucho más ambicioso; garantizar que las personas de los grupos vulnerables tengan una representación auténtica por conducto de los integrantes de esos grupos. Tratándose de comunidades indígenas se precisa que las personas beneficiarias de las acciones afirmativas sean auténticos representantes, personas vinculadas con sus pueblos y comunidades, capaces de llevar al ámbito institucional sus necesidades, sus aspiraciones y su propia visión del desarrollo.
La representación política debe convertirse, así, en un instrumento para impulsar la agenda de los pueblos ancestrales y para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. Esto implica defender su identidad, sus territorios, sus formas de organización comunitaria, sus prácticas ancestrales, sus sistemas normativos y, de manera muy especial, sus lenguas originarias, que constituyen una parte esencial del patrimonio cultural de México.
Esta reflexión cobra particular importancia ante el proceso electoral de 2027, que está próximo a iniciar. Esto representa una nueva oportunidad para fortalecer las medidas afirmativas que garanticen el acceso efectivo de las personas indígenas a los cargos de elección popular.
También constituye una oportunidad para revisar críticamente la manera en que esas medidas se implementan. No basta con reservar determinados espacios en las candidaturas; Es indispensable que esos espacios sean ocupados por personas que tengan un vínculo auténtico con las comunidades que pretenden representar y que, una vez electas, asuman la responsabilidad de defender sus derechos e impulsar sus legítimas demandas.
La inclusión de las personas indígenas en los congresos y ayuntamientos no debe verse únicamente como una cuestión de números. Necesitamos más representación indígena auténtica; representantes que conozcan las comunidades, que comprendan sus problemas, que respeten sus prácticas ancestrales, que reconozcan el valor de sus lenguas originarias y que entiendan que representar a un pueblo no significa hablar en su nombre desde fuera, sino llevar su voz a las instituciones y contribuir a que sus derechos sean plenamente reconocidos y respetados.
Desde esta perspectiva; el PRI tiene claro que las acciones afirmativas son una herramienta mediante la cual la democracia busca corregir sus propias desigualdades y hacerse más incluyente. El trabajo que hemos desarrollado en el territorio nos permite identificar a quiénes pueden competir en condiciones de igualdad sustantiva y quiénes son las personas que efectivamente representan el sentir de su comunidad que impulsarán la agenda indígena en los espacios de toma de decisiones.
Quizá esa sea una de las reflexiones más importantes que podemos extraer de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas: una democracia verdaderamente incluyente no es aquella en la que todos pueden observar desde afuera cómo se toman las decisiones, sino aquella en la que quienes históricamente estuvieron fuera de la mesa también tienen la posibilidad de sentarse a ella y hacer escuchar su propia voz y representar efectivamente a los grupos de los que fueron emanados.
Sen. Cristina Ruiz Sandoval
Presidenta del CDE del PRI en el Estado de México.
Fuentes de Consulta
ONU (2026). Día Internacional de los Pueblos Indígenas 9 de agosto, https://www.un.org/es/observances/indigenous-day
La libertad de expresión frente a la tentación de la censura
La democracia no se agota en el acto de votar. Requiere un entorno de libertades que permita a la ciudadanía informarse, deliberar, cuestionar al poder y participar en la vida pública en condiciones de igualdad. Sin libertad de expresión, el sufragio pierde su sentido sustantivo, pues se convierte en un ejercicio formal sin debate ni contraste de ideas.
En México, este sistema de libertades se encuentra protegido por la Constitución y por los tratados internacionales. Los artículos 6º y 7º constitucionales establecen una protección reforzada a la libertad de expresión, prohibiendo la censura previa y garantizando la difusión de ideas por cualquier medio. A su vez, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho a buscar, recibir y difundir información, permitiendo únicamente responsabilidades ulteriores bajo condiciones estrictas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara al respecto: la libertad de expresión es un pilar estructural de la democracia y no sólo protege el derecho individual de quien se expresa, sino también el derecho colectivo de la sociedad a recibir información. En su jurisprudencia ha sostenido que cualquier restricción debe superar un test estricto de legalidad, finalidad legítima, necesidad y proporcionalidad, y que la censura previa es, en principio, incompatible con una sociedad democrática.
Desde esta perspectiva, los derechos político-electorales no pueden entenderse de forma aislada. Su ejercicio depende de un ecosistema de libertades civiles que haga posible la deliberación pública. No puede hablarse de elecciones libres si existen restricciones que inhiben el debate, limitan la crítica o condicionan la difusión de ideas.
En este contexto se inserta el debate sobre la llamada “Ley Censura” y los lineamientos en materia de derechos de las audiencias. Si bien su protección puede responder a una finalidad legítima (en tanto busca distinguir entre información, opinión y publicidad, así como tutelar a determinados sectores de la población), lo cierto es que esos derechos se pervierten cuando sirven de justificación para una regulación que confiere a la autoridad facultades excesivamente amplias o discrecionales, capaces de incidir en los contenidos o generar efectos inhibitorios sobre la libertad de expresión.
El riesgo no siempre se materializa en una orden directa de censura. Una de las formas más sutiles de afectación es el llamado chilling effect o efecto inhibidor, que se produce cuando la ambigüedad normativa o la amenaza de sanciones induce a periodistas, medios o ciudadanos a autocensurarse para evitar consecuencias jurídicas. En estos casos, la restricción no es explícita, pero sí efectiva.
La Corte Interamericana ha advertido precisamente sobre este tipo de riesgos al señalar que las normas vagas o excesivamente discrecionales pueden generar un impacto desproporcionado en el debate público, inhibiendo el flujo de información y debilitando el control democrático sobre el poder.
Por ello, el análisis constitucional no debe limitarse a verificar si existe o no una prohibición expresa, sino a evaluar si el diseño normativo puede producir efectos equivalentes a la censura. La pregunta relevante es si la regulación fortalece el debate público o si, por el contrario, lo condiciona mediante incertidumbre o temor a sanciones.
En materia político-electoral, esta cuestión adquiere una relevancia aún mayor. La libertad de expresión es indispensable para la crítica al poder, la fiscalización de las autoridades y la confrontación de proyectos políticos. Sin ella, se debilita la rendición de cuentas y se empobrece la deliberación democrática. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha reconocido en diversos precedentes que la crítica severa y vehemente se encuentra amparada por la libertad de expresión y debe ampliarse en el curso de los debates políticos o cuando verse sobre cuestiones de interés público.
La protección de las audiencias y la libertad de expresión no son derechos incompatibles. El desafío consiste en armonizarlos mediante regulaciones claras, necesarias y proporcionales, que no se traduzcan en mecanismos indirectos de control del discurso público.
México ha construido un marco constitucional y convencional orientado a la expansión de las libertades. Cualquier intervención estatal en este ámbito debe ser examinada con especial rigor, a la luz de los estándares interamericanos y del principio de máxima protección de la libertad de expresión.
En última instancia, la democracia no comienza en la urna, sino en el espacio público de las ideas. Una sociedad en la que los ciudadanos pueden informarse, disentir y expresarse sin temor fortalece sus instituciones; por el contrario, cuando esas libertades se restringen, se erosiona la esencia misma del sistema, aun cuando se celebren elecciones. Sin libertad de expresión puede haber procesos electorales, pero nunca habrá democracia.
Sen. Cristina Ruiz Sandoval
Presidenta del CDE del PRI en el Estado de México.
Fuentes de consulta
Corte IDH (2008), Caso Kimel vs. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 2 de mayo de 2008, Serie C No. 177, https://campus
.eco.unlpam.edu.ar/pluginfile.php/55358/mod_resource/content/1/CIDH._Caso_Kimel_vs._Argentina.pdf
Urías, J. (2023). El efecto disuasorio (chilling effect) sobre el ejercicio de los derechos en nuestra jurisprudencia constitucional. Revista Española de Derecho Constitucional, https://www.cepc.gob.es/sites/default/files/2023-12/40295redc12910urias.pdf
La integridad de la información: un nuevo pilar de la democracia en la era de la inteligencia artificial
Durante décadas, la defensa de la democracia se concentró en garantizar elecciones libres, sufragio universal y pluralismo político. Hoy, esos principios enfrentan un desafío inédito. La revolución tecnológica democratizó el acceso a la información como nunca antes en la historia, permitiendo que cualquier ciudadano comunique ideas a millones de personas en cuestión de segundos. Pero esa misma capacidad ha facilitado la propagación masiva de la desinformación, ahora potenciada por algoritmos e inteligencia artificial (IA), que amenaza la integridad del contexto informativo sobre el que descansa toda sociedad democrática.
La UNESCO ha advertido que el concepto tradicional de fake news resulta insuficiente para explicar la complejidad del problema. Por ello propone abandonar esa expresión y sustituirla por una clasificación mucho más precisa: información errónea, desinformación e información maliciosa. La diferencia no es menor. La primera surge cuando alguien comparte información falsa creyendo que es verdadera; la segunda implica la difusión deliberada de mentiras para manipular; mientras que la tercera utiliza hechos reales fuera de contexto con el propósito de causar daño.
Esta distinción permite comprender que el verdadero problema no es únicamente la falsedad del contenido, sino la existencia de estrategias sistemáticas orientadas a modificar el comportamiento de las personas mediante emociones como el miedo, la indignación o la polarización.
En materia electoral, el riesgo adquiere dimensiones particularmente sensibles. Como ha señalado IDEA Internacional, las campañas de desinformación buscan deteriorar la confianza ciudadana en las instituciones, cuestionar anticipadamente la legitimidad de los resultados y profundizar la polarización política. El objetivo muchas veces no consiste en convencer al electorado de una mentira específica, sino en generar incertidumbre suficiente para que nadie confíe plenamente en ninguna fuente de información.
La aparición de la IA generativa ha elevado exponencialmente ese riesgo. Los llamados deepfakes permiten fabricar videos, audios e imágenes prácticamente indistinguibles de los auténticos. Hoy resulta técnicamente posible atribuir declaraciones inexistentes a candidatos, crear fotografías de hechos que nunca ocurrieron o reproducir la voz de cualquier persona con un grado de realismo que hace apenas unos años parecía imposible.
Consciente de este escenario, la UNESCO, mediante su Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial, ha sostenido que el desarrollo tecnológico debe estar guiado por principios de transparencia, responsabilidad, protección de los derechos humanos y supervisión humana. La IA no puede convertirse en un instrumento para manipular la voluntad democrática ni para debilitar la confianza pública; por el contrario, debe colocarse al servicio del bienestar social y del fortalecimiento institucional.
En el mismo sentido, la Unión Europea ha construido uno de los modelos regulatorios más avanzados del mundo mediante el Reglamento de Servicios Digitales (Digital Services Act) y la Ley Europea de Inteligencia Artificial publicada en 2023. Ambos instrumentos parten de una premisa esencial: las plataformas digitales deben asumir responsabilidades proporcionales al enorme impacto que ejercen sobre la circulación de información en las sociedades democráticas. Al mismo tiempo, advierten que cualquier regulación debe preservar un principio igualmente indispensable: la libertad de expresión.
La experiencia internacional demuestra que el combate a la desinformación no puede basarse únicamente en la censura de contenidos, pues una regulación excesiva puede utilizarse para restringir la libertad de expresión y silenciar voces críticas. Por ello, la UNESCO sostiene que la respuesta más eficaz es la Alfabetización Mediática e Informacional (AMI), orientada a formar ciudadanos capaces de evaluar críticamente las fuentes de información, identificar contenidos manipulados y comprender el funcionamiento de los algoritmos.
Esta estrategia resulta especialmente relevante en los procesos electorales, donde la confianza pública constituye un elemento esencial para la legitimidad democrática. En un contexto como el mexicano, marcado por el uso intensivo de redes sociales y herramientas de IA, es indispensable fortalecer la verificación de información, la cooperación entre autoridades, medios, universidades y plataformas digitales, así como promover una cultura de responsabilidad digital.
La defensa de la democracia ya no depende únicamente de proteger las urnas, sino también de preservar la integridad del espacio informativo donde se forma la opinión pública. El verdadero desafío consiste en lograr que la IA fortalezca el conocimiento y la libertad, y no se convierta en un instrumento de manipulación y desinformación.
Sen. Cristina Ruiz Sandoval
Presidenta del CDE del PRI en el Estado de México.
Fuentes de consulta
IDEA Internacional (2021), The Global State of Democracy 2021, Building Resilience in a Pandemic, https://www.idea.int/gsod/sites/default/files/
2021-11/the-global-state-of-democracy-2021_1.pdf
UNESCO (2020), Periodismo, “Noticias Falsas” & Desinformación, Manual de Educación y Capacitación en Periodismo, https://unesdoc.unesco.org/
ark:/48223/pf0000373349
_____ (2021), Recomendación sobre la ética de la Inteligencia Artificial, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380455_spa
Orgullo, Igualdad y Derechos
El Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, conmemorado cada 28 de junio, es mucho más que una celebración de la diversidad. Representa una oportunidad para reflexionar sobre los avances alcanzados en materia de derechos humanos, igualdad y no discriminación, así como sobre los desafíos que aún enfrentan millones de personas para ejercer plenamente sus libertades y vivir con dignidad.
Esta conmemoración tiene su origen en los acontecimientos ocurridos el 28 de junio de 1969 en el bar Stonewall, cuando la comunidad LGBTIQ+ en Nueva York se levantó contra la represión policial y se convirtió en un hito para el movimiento de liberación homosexual.
A partir de entonces, diversos países comenzaron a impulsar reformas legales, políticas públicas y mecanismos de protección orientados a garantizar la igualdad de derechos, combatir la discriminación y promover sociedades más incluyentes. Lo que inició como una demanda de reconocimiento se convirtió en una causa internacional vinculada directamente con la defensa de los derechos humanos.
En México, los avances han sido significativos. Durante las últimas décadas se han fortalecido los marcos jurídicos para proteger el derecho a la igualdad y la no discriminación, se han ampliado los derechos civiles de las personas de la diversidad sexual y se han generado mecanismos institucionales para promover una sociedad más incluyente y respetuosa de la pluralidad.
Sin embargo, los desafíos persisten. De acuerdo con diversos organismos nacionales e internacionales, muchas personas de la comunidad LGBTIQ+ continúan enfrentando situaciones de discriminación en espacios laborales, educativos, familiares y sociales. Estas condiciones limitan el acceso pleno a oportunidades y afectan el ejercicio efectivo de sus derechos.
Las cifras del INEGI revelan una realidad preocupante: la orientación sexual es el tercer motivo de discriminación más frecuente en México. Solo la superan la clase social, que encabeza esta lamentable estadística, y la apariencia o forma de vestir, que incluye desde tatuajes y rastas hasta el uso de indumentaria tradicional.
Por ello, el Día del Orgullo no debe entenderse únicamente como una celebración, sino también como un llamado a fortalecer la cultura del respeto, la tolerancia y la inclusión. Una sociedad democrática se construye reconociendo la dignidad de todas las personas, independientemente de su orientación sexual, identidad o expresión de género.
La democracia encuentra uno de sus pilares fundamentales en el respeto a las libertades individuales. Cuando una persona puede vivir libremente, expresarse sin temor y participar plenamente en la vida pública, se fortalece no solo su desarrollo personal, sino también la calidad democrática de una nación.
La defensa de estos principios también exige el compromiso permanente de las instituciones públicas, las organizaciones sociales y los partidos políticos. Desde esta convicción, el Partido Revolucionario Institucional sostiene que la construcción de una sociedad más justa requiere impulsar políticas públicas que garanticen igualdad de oportunidades, eliminen cualquier forma de discriminación y fortalezcan una cultura de respeto a la dignidad humana.
En congruencia con estos principios, el Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de México cuenta con una Secretaría de la Diversidad, cuya labor consiste en impulsar acciones de inclusión política desde el territorio, promover la participación de las personas de la diversidad sexual en los espacios públicos y deliberativos, así como atender sus principales demandas desde una perspectiva de derechos humanos, igualdad sustantiva y participación ciudadana.
En el PRI estamos convencidos de la necesidad de continuar fortaleciendo la participación de todas, todos y todes en la vida política, social y comunitaria del país. La democracia se enriquece cuando incorpora la pluralidad de voces, experiencias y perspectivas que conforman nuestra sociedad.
El orgullo no es únicamente una expresión de identidad; es también la afirmación de un principio democrático fundamental: que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
Construir un país más incluyente es una tarea permanente. Avanzar hacia la igualdad significa fortalecer nuestra democracia, ampliar las libertades y garantizar que ninguna persona quede excluida por su orientación sexual, identidad o expresión de género. Porque cuando una sociedad reconoce la dignidad de todas las personas, no solo hace justicia: también fortalece los cimientos de la democracia.
Sen. Cristina Ruiz Sandoval
Presidenta del CDE del PRI en el Estado de México.
Fuentes de Consulta
INEGI (2020). Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI), https://www.
inegi.org.mx/programas/encuci/2020/
UNAM Global (2023). El Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+: celebrando la diversidad y luchando por la igualdad, https://unamglobal.unam.mx/global
_revista/el-dia-internacional-del-orgullo-lgbtiq-celebrando-la-diversidad-y-luchando-por-la-igualdad/
La democracia se construye todos los días
Con frecuencia se piensa que la democracia se limita a los procesos electorales. Sin embargo, votar constituye apenas una parte de un sistema mucho más amplio que descansa en la participación ciudadana, la fortaleza de las instituciones y la capacidad de una sociedad para resolver pacíficamente sus diferencias.
La democracia no es algo que se obtiene una vez y permanece intacta. Requiere cuidado, participación y compromiso constante. Cada generación tiene la tarea de proteger las libertades que recibió y de fortalecer los espacios donde las y los ciudadanos puedan hacer escuchar su voz.
El politólogo Robert Dahl sostenía que la característica clave de una democracia es la continua capacidad del gobierno para responder a las preferencias de sus ciudadanos. Esta afirmación conserva plena vigencia. Una democracia saludable no se mide únicamente por la celebración periódica de elecciones, sino por la capacidad de las instituciones para escuchar, representar y atender las demandas de la sociedad.
México enfrenta hoy un desafío que trasciende la competencia electoral: reconstruir la confianza pública. Diversos estudios muestran que una parte importante de la ciudadanía percibe una creciente distancia entre las instituciones y los problemas cotidianos que afectan su vida. El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) advierte la representación política y la confianza institucional enfrentan importantes desafíos en diversas democracias del mundo, lo que obliga a generar mayores espacios de participación, diálogo y rendición de cuentas.
Ante este escenario, la respuesta no puede ser el debilitamiento de los contrapesos institucionales ni la concentración del poder. Por el contrario, la experiencia internacional demuestra que las democracias más exitosas son aquellas que cuentan con instituciones sólidas, transparentes y capaces de generar certeza jurídica para gobernantes y gobernados.
La participación ciudadana constituye otro elemento indispensable. Una democracia vigorosa requiere ciudadanos informados, críticos y comprometidos con los asuntos públicos. Participar no significa únicamente acudir a las urnas; implica involucrarse en la comunidad, exigir rendición de cuentas, defender las libertades y contribuir a la construcción de soluciones colectivas.
Asimismo, resulta indispensable recuperar la cultura del diálogo. En una sociedad plural es natural que existan diferencias ideológicas, políticas y sociales. El problema no es la diversidad de opiniones, sino la incapacidad para procesarlas mediante acuerdos y mecanismos institucionales. La polarización permanente debilita la convivencia democrática y dificulta la construcción de consensos duraderos.
Desde la visión del Partido Revolucionario Institucional, el fortalecimiento democrático pasa por una ruta clara: instituciones autónomas y fuertes, participación ciudadana efectiva, respeto al Estado de Derecho y capacidad de construir acuerdos que permitan atender los grandes desafíos nacionales. Ninguna transformación duradera puede edificarse sobre la descalificación sistemática de quienes piensan distinto.
México necesita una democracia que produzca resultados, pero también una ciudadanía que participe activamente en su defensa. La historia demuestra que las libertades, los derechos y las instituciones no son patrimonio de una generación ni de un gobierno; son conquistas colectivas que requieren vigilancia permanente.
Por ello, la democracia no se construye únicamente durante las campañas electorales ni se ejerce exclusivamente el día de la votación. Se construye todos los días, desde el territorio, cuando participamos, cuando dialogamos, cuando respetamos la ley y cuando defendemos las instituciones que garantizan nuestras libertades. En una época de incertidumbre y polarización, fortalecer la democracia sigue siendo la mejor forma de construir un futuro de estabilidad, desarrollo y oportunidades para México.
Sen. Cristina Ruiz Sandoval
Presidenta del CDE del PRI en el Estado de México.
Fuentes de Consulta
Dahl, R. A. (1971). Polyarchy: Participation and Opposition. New Haven: Yale University Press.
International IDEA. (2025). The Global State of Democracy 2025: Democracy on the Move. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
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