Comunicación
Social

La democracia, al construirse por y para personas, tiene la capacidad permanente de contradecir pronósticos. Así nos recordaron hace unos días dos países que poco tienen en común: uno es gigante, en América del Sur; otro pequeño, en los Balcanes. Pero la lectura de sus resultados no puede hacerse de forma aislada. Menos cuando estamos a unos días de que Estados Unidos acuda a las urnas para sus elecciones intermedias.

Comparar procesos tan distintos exige prudencia, pues las agendas de cada electorado son diferentes y los desenlaces, en apariencia, opuestos. En Brasil, el electorado refrendó al presidente en funciones, mientras en Serbia lo desplazaron. Pero más allá de la superficie y las diferencias obvias, ambos casos comparten tres rasgos que merecen especial atención.

El primero es la sorpresa. Todo apuntaba a que Brasil se sumaría a la tendencia que en los últimos años llevó a la derecha al poder en el resto de América Latina. Luiz Inácio Lula da Silva llegó a la segunda vuelta como gobernante en tiempos de rechazo a los liderazgos conocidos y con una preferencia ampliada por la ultraderecha. Flávio Bolsonaro, contra quien se decidió el balotaje, hijo del expresidente condenado por intentar un golpe de Estado, había ganado la primera ronda por un margen pequeño, pero superior al de Lula.

Entre ese panorama, el resultado cambió el paradigma. Desde que Brasil recuperó la elección presidencial directa en 1989, quien encabezaba la primera vuelta siempre había ganado. Ahora, en tres semanas, Lula sumó más de diez millones de votos y convirtió una desventaja de dos puntos en una ventaja cercana a cuatro.

En Serbia, la sorpresa fue de otra naturaleza. Aleksandar Vučić dominaba la política desde 2012 y controlaba múltiples ámbitos fundamentales para la vida democrática. Frente a dos años de protestas estudiantiles contra la corrupción, el mandatario adelantó las elecciones. Contra -incluso- su propio pronóstico, su partido no salió victorioso de las urnas. La lista integrada por personas docentes, científicas, trabajadoras y activistas, en su mayoría desconocidas, alcanzó 135 de los 250 escaños.

El segundo rasgo común es la participación. En Brasil votó más gente en la segunda vuelta que en la primera, algo inusual. Lula presentó la elección como una defensa de la soberanía nacional, dada la cercanía de Bolsonaro con Donald Trump, y reconectó con sectores golpeados por la economía. Disputó, además, un terreno dominado por la derecha con un canal de WhatsApp llamado “El Ejército de Lula”. En Serbia, la movilización pasó de las calles a las urnas.

El tercer rasgo es el más relevante para el mapa geopolítico. Vučić y Bolsonaro pertenecen a una misma familia: la ultraderecha aliada del movimiento MAGA de Trump y, en el caso serbio, de Vladimir Putin.

Tras la derrota, Flávio Bolsonaro desconoció los resultados y pidió anular los comicios. El único respaldo significativo llegó de Washington, pero en menos de 24 horas, el candidato desistió. Poco después salió del país, pese a una prohibición judicial y a que debía entregar sus pasaportes –italiano y brasileño– por una investigación de lavado de dinero. El Departamento de Estado de EUA anunció que le otorgará visados a él y a su familia.

Todo esto ocurre a una semana de las elecciones intermedias del 3 de noviembre, en las que Trump busca conservar la mayoría republicana. Sería un error leer a Brasil y Serbia como un pronóstico para Estados Unidos, pero sí dejan al descubierto que ninguna fuerza política es invencible cuando la ciudadanía percibe que lo que está en juego es la propia democracia e independencia.

Nada de esto significa que la democracia goce de buena salud. La confianza se construye todos los días, pero cuando millones de personas deciden participar, la democracia demuestra que sigue viva.

La IA puede ser una herramienta para aprender o un atajo que nos lleve a aceptar respuestas sin cuestionarlas

Ante las limitaciones de tiempo y capacidad que tenemos para informarnos sobre lo que ocurre a nuestro alrededor, consciente o inconscientemente, usamos estrategias simplificadas para tomar decisiones o formarnos una opinión. En la literatura especializada se le han llamado atajos mentales y este proceso ha sido estudiado desde el siglo pasado, cuando ya se advertían tanto los beneficios como los riesgos de recurrir a estos atajos.

Si bien los medios de comunicación y las instituciones han cumplido un papel importante al acercarnos información y facilitar su comprensión, no sorprende que la inteligencia artificial (IA), con su capacidad para imitar ciertas funciones cognitivas humanas, haya comenzado a ocupar un lugar cada vez más importante en este terreno.

Pero que la IA facilite el aprendizaje y el acceso a la información no significa que esté libre de contribuir al desorden informativo; es decir, la circulación de información falsa o engañosa, difundida con o sin intención de causar daño. La IA puede ser una herramienta para aprender o un atajo que nos lleve a aceptar respuestas sin cuestionarlas.

En el ámbito político, estos riesgos cobran especial relevancia. La inteligencia artificial -específicamente los chatbots más conocidos como Gemini, Claude, ChatGPT, entre otros- puede ayudarnos a encontrar información electoral, pero ¿qué pasa cuando sus respuestas son incorrectas o están desactualizadas? Un estudio reciente del Institute for Strategic Dialogue, realizado de cara a las elecciones estadounidenses de 2026, puso a prueba seis modelos de IA con preguntas sobre cómo votar y las reglas de los procesos electorales. El hallazgo es una señal de alerta: alrededor del 12% de las respuestas podían inducir a error de manera significativa y afectar la capacidad de las personas para ejercer su derecho al voto.

El modelo con mejor desempeño fue GPT-5.5, de ChatGPT, con un 89% de respuestas precisas. Vale la pena mirar la cifra al revés: incluso en el modelo con mayor precisión, hubo respuestas inexactas o desactualizadas. Que una herramienta responda con seguridad y fluidez no significa que la información sea necesariamente correcta. En materia electoral, esta incertidumbre puede tener consecuencias, entre ellas, debilitar la confianza en las elecciones.

Cuando las personas no encuentran respuestas claras sobre cómo, cuándo o dónde votar, los vacíos de información pueden convertirse en terreno fértil para la desinformación. Por eso, además de advertir sobre los errores de la IA, vale la pena preguntarnos cómo aprovechar estas herramientas para facilitar el acceso a información confiable.

En esa dirección, OpenAI y Anthropic -empresa detrás de Claude- anunciaron una colaboración con Democracy Works, una organización apartidista que facilita el acceso a información electoral para acercarla a quienes consultan sus chatbots, de cara a las elecciones legislativas de Estados Unidos, previstas para noviembre de 2026. En lugar de depender únicamente de la información con la que fueron entrenados sus modelos, estos asistentes utilizarán información electoral específica y verificada para responder las dudas de las personas.

La lección trasciende a la inteligencia artificial. Más allá de las atribuciones y responsabilidades que corresponden a cada actor del ecosistema democrático, combatir la desinformación e información falsa exige, ante todo, garantizar el acceso a información veraz, clara y oportuna.

Las prohibiciones y restricciones pueden formar parte de la respuesta, pero difícilmente serán suficientes si no van acompañadas de información que permita a las personas contrastar lo que escuchan. Frente a la contaminación informativa, informar mejor es proteger la democracia.

Cuando hablamos del inicio de un proceso electoral no nos referimos al día de la jornada. A propósito de la aprobación del proyecto presupuestal 2027 que el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) acaba de aprobar para remitir al gobierno del Estado de México, considero que este instrumento nos permite comprender por qué la organización de una jornada prevista para el 6 de junio de 2027 comenzó el 14 de septiembre de 2026.

Detrás de cada boleta hay una maquinaria de reloj. Coordinación con el Instituto Nacional Electoral; personalización, producción, impresión y traslados sensibles de documentación y material electorales; registros de candidaturas; actualización y desarrollo de sistemas con altas exigencias en seguridad informática como lo es el PREP, y un largo etcétera.

Por eso vale la pena explicar el presupuesto que el IEEM proyectó para 2027, año en que las personas mexiquenses de nuevo seremos convocadas para elegir diputaciones de los 45 distritos locales e integrantes de los 125 ayuntamientos de la entidad. El proyecto asciende a 3 mil 995 millones de pesos y se sustenta en un Programa Anual de Actividades con 13 subprogramas, 85 proyectos y 420 actividades. Cada peso solicitado corresponde a una tarea concreta pero, para que la comparación sea justa, hay que hacer tres precisiones.

La primera: las cifras deben compararse en pesos constantes; es decir, descontando la inflación. Como bien sabemos, un peso de 2021 no compra lo mismo que uno de 2027.

La segunda: un año electoral solo debe compararse con años electorales equivalentes. En este caso, 2021 y 2024. Sería incorrecto equiparar con el presupuesto de las elecciones judiciales de 2025 o con las de gubernatura de 2023.

Y, claro, la tercera menos conocida, pero de mayor impacto: una parte importante del presupuesto del IEEM corresponde al financiamiento público de los partidos políticos. El IEEM únicamente hace el cálculo y los entrega a las distintas fuerzas políticas. Mezclar ambos conceptos impide ver cuánto cuesta, en realidad, organizar una elección.

Bajo ese entendido, el resultado es claro. En términos reales y considerando las prerrogativas, el presupuesto total para 2027 es prácticamente igual al de 2024. Pero, al desagregarlo, la imagen es muy distinta.

En primer lugar, el financiamiento de los partidos políticos no lo decide el IEEM. Se calcula con una fórmula que fija la ley. Para el ordinario, por ejemplo, se multiplica el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente por el número de personas inscritas en el padrón de la entidad. Para 2027 suma mil 447 millones de pesos, lo cual, en términos reales, equivale a 11% más que en 2024.

Ahora, respecto a lo que el Instituto necesita para operar y organizar la elección la tendencia es contraria, pues la solicitud para gasto operativo es, en términos reales, 5.5% menor que en 2024. El aumento de las prerrogativas se absorbió íntegramente con ahorros propios.

Y hacemos esto con la lista nominal más grande del país. El Estado de México suma más de 13 millones 379 mil personas votantes, un millón más que en 2021. Pero el gasto operativo por cada persona en la lista pasó de $218 en 2021 a $207 en 2024, y a $190 en la propuesta para 2027. En otras palabras, el ahorro global aterriza en casi 13% menos de costo por persona votante. El margen para organizar elecciones se ha estrechado, pero en el Instituto lo hemos asumido con planeación, innovación y transparencia.

El presupuesto proyectado parte de una planeación responsable que no desperdicia recursos, pero tampoco compromete calidad. La democracia tiene costos y debe cuidarse en cada tramo. Pero más allá de ceros y partidas, tiene el valor de que cada voto cuenta.

Elige. Decide. Vota.

Lo que sí sorprendió fue el resultado. En la primera vuelta, Flávio Bolsonaro quedó en primer lugar por apenas 1.87 puntos porcentuales frente a Luiz Inácio Lula da Silva

La jornada electoral del pasado domingo en Brasil trajo algunas sorpresas; pero que la elección presidencial se defina en una segunda vuelta no fue una de ellas. Desde la redemocratización en 1989 a la elección de 2022, siete de las nueve elecciones presidenciales se han definido en balotaje.

Lo que sí sorprendió fue el resultado. En la primera vuelta, Flávio Bolsonaro quedó en primer lugar por apenas 1.87 puntos porcentuales frente a Luiz Inácio Lula da Silva(47.03% contra 45.16%), pese a que las encuestas previas daban ventaja a Lula. Ambos nombres suenan familiares. El primero es hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años y tres meses por su implicación en el intento de golpe de Estado entre 2022 y 2023. El segundo es el actual presidente. Ninguno superó el 50% de los votos válidos necesario para ganar en primera vuelta.

Más que hablar de la tendencia hacia la derecha que hemos presenciado desde hace un par de años en la región, el desencanto con las élites políticas tradicionales y la insatisfacción con la situación económica, quiero enfocarme en el reto de la segunda vuelta y en la mayor abstención que han tenido las elecciones brasileñas presidenciales desde 1998.

El reto es mayúsculo. Si bien lo habitual es lo contrario, la experiencia ha mostrado que los resultados de la primera vuelta no siempre se replican en el balotaje. Lo vimos en Chile en 2021, cuando Gabriel Boric revirtió el resultado de la primera vuelta frente a José Antonio Kast, o en 2023 cuando Javier Milei ganó en segunda vuelta, luego de haber quedado en segundo lugar frente a Sergio Massa.

Sin embargo, una tendencia que sí se repite en las segundas vueltas es el abstencionismo. Entre 2002 y 2018, la abstención subió entre la primera y la segunda vuelta de todas las elecciones presidenciales brasileñas. El fenómeno también se observó en Costa Rica en 2014 y, aunque por un margen muy estrecho, en los comicios de Uruguay en 2024. Este comportamiento puede explicarse con la reducción de la oferta electoral a solo dos opciones. En la elección del pasado domingo, las demás candidaturas sumaron poco menos del 8% de los votos. Ese electorado tendrá que decidir entre dos opciones que no fueron sus primeras opciones, y veremos campañas enfocadas en convencer a ese segmento de la ciudadanía.

El mapa no juega del todo a favor de Lula. De acuerdo con un análisis de la revista especializada Nexo, la participación aumentó en el norte y el noreste. En cambio, la abstención aumentó en el sur, el centro-oeste y el sudeste, regiones donde el Partido de los Trabajadores, que abandera a Lula, ha perdido apoyo. Es decir, buena parte del electorado que aún está por movilizarse se encuentra en territorios menos favorables para él. A esto se suma la pérdida de votos en dos estados que Lula ganó en 2022: Minas Gerais, en el sureste, y Tocantins, en el norte.

Desde la perspectiva de la elección racional, votar implica comparar los costos de acudir a las urnas con los beneficios esperados de hacerlo. Estos costos suelen disminuir en países con la figura del voto obligatorio, como sería el caso del país sudamericano. Sin embargo, el pasado domingo dos de cada diez brasileños y brasileñas decidieron no votar.

De cara al próximo 25 de octubre, el desafío será resolver uno de los mayores retos de la acción colectiva: convencerles de que una decisión individual, que puede parecer pequeña frente a la magnitud de una elección nacional, adquiere otra dimensión cuando se suma a la de millones de personas votantes.

Con una diferencia de apenas 1.87 puntos porcentuales entre Bolsonaro y Lula, cada voto cuenta. La participación será la que incline la balanza en Brasil y nos obligará a una reflexión de fondo: cuando una sociedad está fracturada prácticamente por la mitad, ¿el futuro lo deciden las mayorías o también quienes, al no participar, terminan dando forma a ese resultado colectivo?

Treinta años de preguntar a las personas de la región qué piensan de la democracia dejan una lección incómoda: el apoyo a este régimen no es estable. Los datos muestran que ese respaldo se gana y se pierde según lo que los gobiernos entregan. El Latinobarómetro 2026, levantado en 17 países, confirma esa intuición.

En la región, el peor momento de la serie se registró entre 2018 y 2023, cuando el respaldo a la democracia apenas rozó la mitad de la población. Desde 2024 hay una recuperación que se sostiene en un entorno internacional adverso: guerras, genocidios, encarecimiento del petróleo y una Casa Blanca que reescribe las reglas del comercio y la diplomacia. Según el informe, estas sacudidas golpean economías y gobiernos, pero no han movido la convicción democrática de la ciudadanía.

La variación no es homogénea entre países. Argentina encabeza la lista con 73%; Guatemala la cierra con 35%. Casi cuarenta puntos porcentuales separan ambos extremos. Esto refuerza que hablar de la democracia latinoamericana en singular es erróneo.

Lo más interesante del reporte es la lectura de estos datos a la luz del ciclo electoral reciente. Desde 2024 se han celebrado doce elecciones presidenciales con siete alternancias. El saldo es un desplazamiento masivo hacia la derecha que hoy gobierna en once países, mientras la izquierda conserva cuatro, entre ellos México.

Específicamente, Chile, Colombia y Perú eligieron a candidaturas de extrema derecha. En los dos últimos, la diferencia fue menor a un punto porcentual en segunda vuelta.

El Latinobarómetro 2026 presenta una hipótesis que no apunta necesariamente a un giro ideológico. En Perú, Chile y Colombia, donde el giro fue más notorio, el apoyo a la democracia subió de forma significativa. Ese aumento sugiere que la ciudadanía no está votando contra la democracia. Refiere, entonces, a un voto de descarte: a falta de promesas cumplidas, la ciudadanía apuesta por el perfil que sale de lo tradicional en la política.

Aun así, la señal de alarma persiste. La proporción de quienes dicen que no les importaría un gobierno no democrático si resuelve los problemas pasó de 44% en 2002 a 52% en 2026. Y el respaldo a la "mano dura" alcanza 63%, cuatro puntos porcentuales más que hace tres décadas. ¿Y México? Con 45% de apoyo a la democracia, el país registra al mismo tiempo 53% en el indicador de respaldo a gobiernos no democráticos. Más de cuatro de cada diez mexicanas y mexicanos creen que la democracia podría funcionar sin partidos, sin Congreso y sin oposición, y 28% piensa que incluso podría prescindir de elecciones. Son cifras que deberían preocupar a quienes trabajamos por las instituciones, porque sugieren que las personas valoran los resultados por encima de los contrapesos republicanos.

No todo es sombrío. Tres de cada cuatro latinoamericanos sostienen que no hay democracia sin elecciones, y 65% sigue pensando que, con todos sus defectos, es preferible a cualquier alternativa. Cuando el declarado dictador nicaragüense anunció que no volvería a haber comicios, la reacción fue inmediata. El informe nos invita a interpretarlo como un signo de resistencia: no renunciamos a la idea de que el poder emana de las personas que lo eligen.

La democracia en la región no se defiende ni resiste solo con discursos. Lo que la ciudadanía merece son Estados que funcionen, instituciones sólidas, partidos que representen y una justicia sin preferencias. Mientras eso no ocurra, el electorado seguirá buscando fuera de lo conocido, y no siempre quien promete es quien respeta las reglas.