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El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) aprobó esta semana la Convocatoria para el Proceso de Selección a una Candidatura Independiente para el Proceso Electoral para la Elección de Diputaciones y Ayuntamientos 2026-2027. Quien quiera competir por una diputación local o integrar un ayuntamiento sin el respaldo de un partido político deberá reunir apoyos de la ciudadanía equivalentes al 3% de la lista nominal de su distrito o municipio, provenientes de al menos la mitad de las secciones electorales y con un mínimo de 1.5% de la lista nominal en cada una. Tres por ciento parece poco. Sin embargo, comparado con otros países, el umbral mexiquense está entre los más exigentes. 

Chile pide el 0.5% de quienes votaron en la elección anterior, tanto para la Presidencia como para una diputación: seis veces menos, y sobre una base más pequeña. Los efectos de esta apertura son visibles. En 2021, los independientes fueron 28% de las candidaturas a diputados, y la convención constitucional contó con 88 independientes frente a 50 militantes. Sin embargo, la apertura también mostró sus límites: la Lista del Pueblo se disolvió y el texto de la convención fue rechazado en las urnas. 

Colombia pide el mismo 3% para la Presidencia, aunque lo calcula sobre los votos válidos de la elección anterior. Para 2026, esto significó un mínimo de 635,216 firmas. De 91 comités –formados por tres personas ciudadanas–, solo 15 acreditaron el mínimo de apoyos válidos, en su mayoría exalcaldes, exlegisladores, exministros o figuras mediáticas. La experiencia pesa. Uno de ellos, Abelardo de la Espriella, hoy es presidente. A nivel local se exige el 20% del censo electoral, con un tope de 50,000 firmas. A pesar del umbral alto, en 2023 se inscribieron 803 comités. La Misión de Observación Electoral, sin embargo, advirtió que ninguno de los que buscaban gobernaciones y alcaldías de capitales había reportado sus gastos. 

¿Por qué parece haber crecido el interés por competir fuera de los partidos? El informe Pulse of Democracy 2026 del Barómetro de las Américas ofrece una pista. Desde 1990, en tres de cada cuatro elecciones presidenciales de la región, el partido en el poder perdió votos. Sin embargo, el movimiento ideológico es prácticamente imperceptible. En Chile, por ejemplos, Kast ganó con 58%, pero solamente el 28% de las personas chilenas se identifica con la derecha. En México, quienes se dicen de derecha pasaron de 29 a 35%. El electorado cambia de gobierno sin cambiar de ideología. Ese votante, sin lealtades partidistas, parecería ser el público potencial de una candidatura independiente. 

Pero el interés por nuevas opciones no siempre encuentra una vía para convertirse en candidatura. El informe sitúa un cuello de botella en el acceso: quién recluta y quién decide dentro de los partidos. La gente no rechaza la llegada de nuevos perfiles al poder; rechaza la perspectiva de dar aún más poder a los intereses establecidos.  ¿Es, entonces, la candidatura independiente una vía para superar ese filtro?

El dilema no se resuelve solo con subir o bajar el umbral. Uno bajo puede canalizar el descontento, pero no garantiza representación duradera. Uno alto puede evitar la dispersión de intereses, aunque deja fuera a quien quiere participar sin una estructura detrás. Chile, con un umbral bajo, mostró que abrir las puertas a las candidaturas independientes no asegura una representación estable. Colombia lo mantiene alto, y quienes cruzan la meta suelen llegar acompañados de estructuras menos visibles, pero con poder. El umbral, por sí solo, no basta. Se necesitan instituciones capaces de equilibrar la seriedad, la experiencia y la profesionalización de las candidaturas con la apertura que la ciudadanía reclama. 

La tensión entre lo público y lo privado también aparece al discutir qué corresponde regular al Estado y hasta dónde puede actuar el sector privado sin restricciones. Típicamente imaginamos a estos actores dentro de un binario moral en donde el Estado debe intervenir en los impulsos capitalistas de las empresas para evitar abusos contra la sociedad, como sucede con las prácticas monopólicas. Sin embargo, ahora estamos ante un escenario que no obedece a esa lógica.

Aunque personas de distintos sectores llevan años advirtiendo de los riesgos del desarrollo desenfrenado de la inteligencia artificial (IA), estos gritos se han topado con pared frente a una audiencia que se rehúsa a atender el llamado. Pero, recientemente, la advertencia cobró fuerza dentro de la propia industria.

El potencial peligro de la IA volvió a discutirse cuando un investigador de Anthropic –desarrollador de Claude– hizo una publicación al respecto después de haber presentado su renuncia. Pero éste no es un caso aislado. El director ejecutivo de la misma empresa, Dario Amodei, llamó a una desaceleración del desarrollo de estas herramientas. A pesar de ser rivales en el mercado, directivos de OpenAI y xAI expresaron apoyo a distintos aspectos de la propuesta.

Aunque hay coincidencias dentro del sector sobre los riesgos de seguir bajo un esquema de desarrollo poco regulado y sin supervisión vinculante de la IA, el eslabón que hace falta para llevarlo a la realidad es voluntad política. Se requiere un liderazgo internacional para que la iniciativa trascienda fronteras. Pero mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insista en priorizar la carrera de la IA frente a China, la desaceleración no se vislumbra en el futuro cercano.

Algunas personas involucradas en su desarrollo incluso advierten sobre riesgos extremos para la humanidad, aunque sus estimaciones son materia de debate. Más allá de los retos actuales que presenta la IA –noticias falsas, alucinaciones, imágenes íntimas falsas creadas sin consentimiento–, el miedo reside en cuestiones más profundas y técnicas.

En diversos estudios controlados se han observado conductas inesperadas de la IA. Se han documentado, por ejemplo, ataques coordinados de agentes de IA para llevar a cabo ciberataques no solicitados por una persona. En el momento en el que las personas dejemos de tener control sobre la tecnología y ésta sobrepase los niveles de inteligencia humana, es ahí cuando podrían materializarse algunos de los riesgos que hoy se advierten.

La propuesta resulta intuitiva: desacelerar el desarrollo de la IA para dar paso a procesos de regulación y pruebas que permitan que solo aquellos sistemas que superen evaluaciones de seguridad salgan al mercado. En un entorno que va a prisa y con presiones geopolíticas abrumadoras, esto no podrá ocurrir sin intervención estatal y coordinación internacional.

El entrelazamiento de estas noticias no ocurre alejado del ámbito político-electoral en lo amplio. Las fakes news y deepfakes son cuestiones que poco a poco hemos entendido y atendido durante los procesos electorales. Pero el análisis más profundo de cuestiones como candidaturas IA en boletas –recordando el caso de Gaitana en las últimas elecciones legislativas de Colombia– o gabinetes con integrantes IA –a propósito de Diella, nombrada ministra en Albania el año pasado– no ha recibido su justa atención. Poco a poco, la IA se infiltra de forma directa o indirecta en nuestros gobiernos y en cómo la ciudadanía es representada, pero la voluntad de regular no termina de permear en nuestras legislaciones.

El movimiento pendular de la historia reciente nos sigue recordando los peligros de olvidar. Mientras hace unas décadas la competencia se disputaba entre las estrellas, ahora la carrera es en otros algoritmos. Más cerca; más silenciosa.

El reto se vuelve más evidente al profundizar en lo que entendemos por paridad y es el propio reporte el que lo demuestra

Lo que no se mide no se puede mejorar. Este mantra de quienes creemos en la capacidad de los datos para generar aprendizajes y orientar esfuerzos vuelve especialmente valiosa la lectura del Reporte Global de Brechas de Género del Foro Económico Mundial (FEM). A 20 años de su primera edición, mirar dónde estamos y qué tan lejos seguimos de alcanzar la paridad de género.

En octubre de 2024, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas definió la representación igualitaria e inclusiva como una paridad 50-50 entre mujeres y hombres, que garantice igualdad en el acceso y en el poder dentro de los sistemas de toma de decisiones. Esto incluye los espacios políticos, públicos, económicos y digitales.

Los hallazgos de la vigésima edición del reporte son, en este sentido, agridulces. La brecha global de género se encuentra cerrada en 69.2% entre las 145 economías incluidas en 2026. En Salud y Supervivencia, así como en Logro Educativo, la paridad está prácticamente alcanzada, con 96.2% y 96.9%, respectivamente. El panorama cambia en Participación Económica, con 61.7%, y se vuelve mucho más distante en Empoderamiento Político, donde apenas se ha cerrado 22.1% de la brecha. A este ritmo, alcanzar la paridad en esta última dimensión tomaría 194 años.

Empoderamiento Político es, al mismo tiempo, la dimensión más rezagada y la que más ha avanzado. Entre 2006 y 2026, su puntuación global aumentó ocho puntos porcentuales, frente a 6.1 en Participación Económica y 6.5 en Logro Educativo. Para las 97 economías incluidas en las 20 ediciones del reporte, la puntuación global pasó de 64.2% en 2006 a 69.4% en 2026. Hay avances, pero el punto de partida importa.

El reto se vuelve más evidente al profundizar en lo que entendemos por paridad y es el propio reporte el que lo demuestra. En los gobiernos, por ejemplo, el número de carteras encabezadas por mujeres aumentó 26% desde 2008, pero su distribución por nivel de influencia cambió poco. En 2026, las carteras de influencia media muestran proporciones similares a 2008, mientras los hombres encabezan casi el doble de las de alta influencia.

Algo parecido ocurre en el mercado laboral. En 57 economías, la representación de las mujeres cae de 46% en posiciones de entrada a 23% en alta dirección. Además, existen diferencias entre sectores: mientras Salud y Cuidados presentan una presencia femenina relativamente alta, Infraestructura y Petróleo, Gas y Minería están entre los sectores con menor representación. Incorporarse al mercado laboral no significa necesariamente romper los patrones que concentran a mujeres y hombres en distintos sectores y niveles de responsabilidad.

En América Latina y el Caribe, además, las mujeres siguen dedicando significativamente más tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, lo que condiciona su participación en igualdad de condiciones en el mercado laboral, y sus posibilidades de alcanzar autonomía económica y posiciones de mayor responsabilidad.

Vale la pena adentrarse en cada aspecto del reporte. Por lo pronto, estas dos décadas de medición dejan una lección: la paridad tiene matices. Podemos avanzar mucho en una dimensión y mantener brechas importantes en otra.

El reto de acceder y ejercer poder en igualdad de condiciones continúa en todos los espacios donde se toman decisiones: en la política, las empresas, la academia, y aquellos sectores donde la presencia de mujeres es menor.

Medir con robustez y consistencia nos permite ver el camino recorrido. Ampliar la conversación sobre paridad permite, además, identificar con mayor claridad los peldaños que todavía faltan.

Hay una cifra que conviene no dejar pasar: en 1996 se instalaron 11 mil 663 casillas; para 2024, se requirieron 20 mil 979. De cara a 2027, se proyectan más de 22 mil. Entre estos números caben tres décadas de una entidad que no ha dejado de crecer y de exigirle más a sus instituciones. Y cabe también una idea que vale la pena discutir ahora que arranca una nueva elección: las instituciones se construyen aprendiendo de lo que funciona y corrigiendo lo que puede hacerse mejor.

El pasado 14 de septiembre, dimos inicio formal al Proceso Electoral para la Elección de Diputaciones y Ayuntamientos 2026-2027. A esta cita llegamos con un historial que respalda el profesionalismo del IEEM. En treinta años, el IEEM ha organizado cinco elecciones de gubernatura, diez procesos para renovar diputaciones y ayuntamientos, comicios extraordinarios y, apenas el año pasado, una elección inédita para integrar cargos del Poder Judicial. En el camino se gestionaron más de 177 millones de boletas, se escrutaron más de 142 millones de votos y participaron más de 81 millones de personas votantes. Son datos que impresionan por lo que representan: procedimientos afinados, imprevistos atendidos y sistemas actualizados. 

Y lo que viene no es menor. 

El próximo 6 de junio de 2027, quienes vivimos en el Estado de México renovaremos las 75 diputaciones del Congreso local y los ayuntamientos de los 125 municipios. Se desplegarán las acciones necesarias para registrar un potencial de más de 17 mil candidatutas de los 10 partidos, recibir el voto de más de 13 millones de personas y la instalación de los 170 órganos desconcentrados. 

Pero detrás de cada número hay algo que ningún sistema sustituye: personas. La experiencia no vive únicamente en reglamentos y procedimientos, sino en quienes los operan. Habitan en quienes llevan años haciendo el registro de candidaturas; en el desarrollo de sistemas; en el resguardo de documentación y material electorales, y en velar por la paridad e inclusión. A ellas se sumarán miles de personas que integrarán las mesas directivas de casilla y observarán la elección.

Pero toda esa maquinaria institucional converge en la emisión del voto. Y ahí aparece uno de los principales retos de 2027: la participación ciudadana. Como Instituto, debemos acercarnos a quienes participan menos y explicar mejor lo que se decide en una elección local. El 6 de junio de 2027 elegiremos autoridades cuyas decisiones inciden en la vida cotidiana y en las comunidades donde vivimos. 

Esa tarea se ha vuelto más exigente. Si en 1996 el desafío era hacer llegar la información a un territorio enorme, hoy el entorno es distinto. La información circula a gran velocidad, las redes sociales transformaron cómo discutimos lo público y la inteligencia artificial, junto con sus posibilidades, facilita la generación de contenidos falsos. Frente a ello, corresponde a la autoridad electoral ofrecer información oficial, verificable y oportuna.

También se suman desafíos que exigen coordinación entre autoridades, como la violencia política contra las mujeres en razón de género, la ciberseguridad y la protección de candidaturas, personal del IEEM e instalaciones.

La experiencia, por supuesto, no evita los problemas, pero sí permite reconocerlos a tiempo y enfrentarlos mejor. En el Instituto nos comprometemos a organizar con rigor, informar con oportunidad y mantenernos abiertos al escrutinio público.

El 6 de junio de 2027 la decisión será de la ciudadanía. Conocer las opciones, formar un criterio propio y expresarlo en las urnas es la parte del proceso que ninguna casilla, ningún sistema ni ninguna autoridad electoral puede hacer en su lugar. Treinta años de instituciones se sostienen, al final, en ese gesto individual.

Cuando pensamos en una elección, es común imaginar el día de la jornada electoral: las casillas, las boletas, los rostros conocidos de quienes participan como personas funcionarias de casilla y el momento de marcar una opción, pero una elección empieza mucho antes. En el Estado de México, el inicio del Proceso Electoral para la Elección de Diputaciones y Ayuntamientos 2026-2027 pondrá en marcha una serie de actividades que, aunque ocurren lejos de las urnas, son indispensables para que ese día podamos votar.

Con la celebración de la Sesión Solemne inicia formalmente el Proceso Electoral y, con éste, una etapa de preparación que se extenderá durante los próximos meses. Para este periodo, quienes integramos el Instituto Electoral del Estado de México, desarrollaremos numerosas actividades encaminadas a garantizar una elección transparente, legal y confiable.

La Jornada Electoral que ocurrirá el 6 de junio de 2027 será el momento en el que la ciudadanía mexiquense decida la integración de 1,291 cargos de elección popular: de los cuales 1,216 son cargos municipales; entre ellos 125 presidencias municipales, 125 sindicaturas y 966 regidurías; mientras que 75 corresponden a diputaciones locales (45 de mayoría relativa y 30 de representación proporcional).

Detrás de esa cantidad de cargos habrá miles de personas que buscarán aparecer en una boleta. La proyección es de más de 17 mil candidaturas a registrar que, con la incorporación de tres fuerzas políticas al Proceso Electoral, reconfiguran los retos para organizar la elección. Para atender este proceso, el IEEM implementará un sistema informático para realizar electrónicamente el registro de candidaturas. Mediante este sistema, los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes deberán realizar la captura de la información, cargar la documentación, validar sus registros y enviar sus solicitudes al Instituto.

Ese número de candidaturas implica un enorme volumen de información y documentación que, en un proceso de registro no digital, se traduciría en expedientes acumulados en papel y en altas exigencias para su revisión. La digitalización permitirá hacer frente a este reto y facilitará el registro y la validación de las candidaturas.

La preparación de la elección también ocurre desde los distritos y municipios. Para ello el IEEM publicará la convocatoria pública para las personas interesadas en ocupar una vocalía de los 170 Órganos Desconcentrados, que serán integrados bajo criterios de paridad de género e inclusión. Esto significa que, mientras la organización electoral avanza simultáneamente en distintas tareas y territorios, cientos de personas servidoras públicas electorales trabajan para hacer posible cada una de estas actividades y construir las condiciones que permitirán a millones de personas ejercer su voto con certeza.

Estas son solo algunas de las tareas que integran la etapa de preparación de la elección. Después vendrá la jornada electoral, cuando la ciudadanía ejercerá su voto. A ésta seguirá la etapa de resultados y declaraciones de validez de las elecciones de diputaciones y ayuntamientos, en la que se realizarán los cómputos, se determinarán las candidaturas que obtuvieron la mayoría o los espacios de representación correspondientes y se entregarán las constancias de mayoría respectivas. Pero quizá la cifra más importante no esté en los cargos, el presupuesto, ni en el número de candidaturas. Está en la participación. En 2024, la participación ciudadana en el Estado de México fue de 64.18%. En 2027, más de 13 millones de personas estarán en condiciones de decidir quiénes ocuparán los cargos que estarán en juego.

Una elección se construye mucho antes de que recibamos una boleta: cuando se planea, se organiza, se revisa, se informa y se generan las condiciones para un proceso con integridad. El propósito de todo este trabajo es uno: garantizar que cada mexiquense pueda ejercer su derecho al voto de manera libre y que su decisión sea respetada. Aunque se prepara meses antes, la elección cobra sentido cuando la ciudadanía participa. Ese es también el propósito de este proceso: Elige. Vota. Decide.