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Hay una cifra que conviene no dejar pasar: en 1996 se instalaron 11 mil 663 casillas; para 2024, se requirieron 20 mil 979. De cara a 2027, se proyectan más de 22 mil. Entre estos números caben tres décadas de una entidad que no ha dejado de crecer y de exigirle más a sus instituciones. Y cabe también una idea que vale la pena discutir ahora que arranca una nueva elección: las instituciones se construyen aprendiendo de lo que funciona y corrigiendo lo que puede hacerse mejor.

El pasado 14 de septiembre, dimos inicio formal al Proceso Electoral para la Elección de Diputaciones y Ayuntamientos 2026-2027. A esta cita llegamos con un historial que respalda el profesionalismo del IEEM. En treinta años, el IEEM ha organizado cinco elecciones de gubernatura, diez procesos para renovar diputaciones y ayuntamientos, comicios extraordinarios y, apenas el año pasado, una elección inédita para integrar cargos del Poder Judicial. En el camino se gestionaron más de 177 millones de boletas, se escrutaron más de 142 millones de votos y participaron más de 81 millones de personas votantes. Son datos que impresionan por lo que representan: procedimientos afinados, imprevistos atendidos y sistemas actualizados. 

Y lo que viene no es menor. 

El próximo 6 de junio de 2027, quienes vivimos en el Estado de México renovaremos las 75 diputaciones del Congreso local y los ayuntamientos de los 125 municipios. Se desplegarán las acciones necesarias para registrar un potencial de más de 17 mil candidatutas de los 10 partidos, recibir el voto de más de 13 millones de personas y la instalación de los 170 órganos desconcentrados. 

Pero detrás de cada número hay algo que ningún sistema sustituye: personas. La experiencia no vive únicamente en reglamentos y procedimientos, sino en quienes los operan. Habitan en quienes llevan años haciendo el registro de candidaturas; en el desarrollo de sistemas; en el resguardo de documentación y material electorales, y en velar por la paridad e inclusión. A ellas se sumarán miles de personas que integrarán las mesas directivas de casilla y observarán la elección.

Pero toda esa maquinaria institucional converge en la emisión del voto. Y ahí aparece uno de los principales retos de 2027: la participación ciudadana. Como Instituto, debemos acercarnos a quienes participan menos y explicar mejor lo que se decide en una elección local. El 6 de junio de 2027 elegiremos autoridades cuyas decisiones inciden en la vida cotidiana y en las comunidades donde vivimos. 

Esa tarea se ha vuelto más exigente. Si en 1996 el desafío era hacer llegar la información a un territorio enorme, hoy el entorno es distinto. La información circula a gran velocidad, las redes sociales transformaron cómo discutimos lo público y la inteligencia artificial, junto con sus posibilidades, facilita la generación de contenidos falsos. Frente a ello, corresponde a la autoridad electoral ofrecer información oficial, verificable y oportuna.

También se suman desafíos que exigen coordinación entre autoridades, como la violencia política contra las mujeres en razón de género, la ciberseguridad y la protección de candidaturas, personal del IEEM e instalaciones.

La experiencia, por supuesto, no evita los problemas, pero sí permite reconocerlos a tiempo y enfrentarlos mejor. En el Instituto nos comprometemos a organizar con rigor, informar con oportunidad y mantenernos abiertos al escrutinio público.

El 6 de junio de 2027 la decisión será de la ciudadanía. Conocer las opciones, formar un criterio propio y expresarlo en las urnas es la parte del proceso que ninguna casilla, ningún sistema ni ninguna autoridad electoral puede hacer en su lugar. Treinta años de instituciones se sostienen, al final, en ese gesto individual.

Cuando pensamos en una elección, es común imaginar el día de la jornada electoral: las casillas, las boletas, los rostros conocidos de quienes participan como personas funcionarias de casilla y el momento de marcar una opción, pero una elección empieza mucho antes. En el Estado de México, el inicio del Proceso Electoral para la Elección de Diputaciones y Ayuntamientos 2026-2027 pondrá en marcha una serie de actividades que, aunque ocurren lejos de las urnas, son indispensables para que ese día podamos votar.

Con la celebración de la Sesión Solemne inicia formalmente el Proceso Electoral y, con éste, una etapa de preparación que se extenderá durante los próximos meses. Para este periodo, quienes integramos el Instituto Electoral del Estado de México, desarrollaremos numerosas actividades encaminadas a garantizar una elección transparente, legal y confiable.

La Jornada Electoral que ocurrirá el 6 de junio de 2027 será el momento en el que la ciudadanía mexiquense decida la integración de 1,291 cargos de elección popular: de los cuales 1,216 son cargos municipales; entre ellos 125 presidencias municipales, 125 sindicaturas y 966 regidurías; mientras que 75 corresponden a diputaciones locales (45 de mayoría relativa y 30 de representación proporcional).

Detrás de esa cantidad de cargos habrá miles de personas que buscarán aparecer en una boleta. La proyección es de más de 17 mil candidaturas a registrar que, con la incorporación de tres fuerzas políticas al Proceso Electoral, reconfiguran los retos para organizar la elección. Para atender este proceso, el IEEM implementará un sistema informático para realizar electrónicamente el registro de candidaturas. Mediante este sistema, los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes deberán realizar la captura de la información, cargar la documentación, validar sus registros y enviar sus solicitudes al Instituto.

Ese número de candidaturas implica un enorme volumen de información y documentación que, en un proceso de registro no digital, se traduciría en expedientes acumulados en papel y en altas exigencias para su revisión. La digitalización permitirá hacer frente a este reto y facilitará el registro y la validación de las candidaturas.

La preparación de la elección también ocurre desde los distritos y municipios. Para ello el IEEM publicará la convocatoria pública para las personas interesadas en ocupar una vocalía de los 170 Órganos Desconcentrados, que serán integrados bajo criterios de paridad de género e inclusión. Esto significa que, mientras la organización electoral avanza simultáneamente en distintas tareas y territorios, cientos de personas servidoras públicas electorales trabajan para hacer posible cada una de estas actividades y construir las condiciones que permitirán a millones de personas ejercer su voto con certeza.

Estas son solo algunas de las tareas que integran la etapa de preparación de la elección. Después vendrá la jornada electoral, cuando la ciudadanía ejercerá su voto. A ésta seguirá la etapa de resultados y declaraciones de validez de las elecciones de diputaciones y ayuntamientos, en la que se realizarán los cómputos, se determinarán las candidaturas que obtuvieron la mayoría o los espacios de representación correspondientes y se entregarán las constancias de mayoría respectivas. Pero quizá la cifra más importante no esté en los cargos, el presupuesto, ni en el número de candidaturas. Está en la participación. En 2024, la participación ciudadana en el Estado de México fue de 64.18%. En 2027, más de 13 millones de personas estarán en condiciones de decidir quiénes ocuparán los cargos que estarán en juego.

Una elección se construye mucho antes de que recibamos una boleta: cuando se planea, se organiza, se revisa, se informa y se generan las condiciones para un proceso con integridad. El propósito de todo este trabajo es uno: garantizar que cada mexiquense pueda ejercer su derecho al voto de manera libre y que su decisión sea respetada. Aunque se prepara meses antes, la elección cobra sentido cuando la ciudadanía participa. Ese es también el propósito de este proceso: Elige. Vota. Decide.

De acuerdo con el informe Las mujeres en el multilateralismo 2026, desde la creación de la ONU en 1945, ninguna mujer ha ocupado su cargo más alto

El 31 de diciembre de 2026 concluye el mandato del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, y el proceso de sucesión ya está en debate. Compiten ocho aspirantes, aunque una votación informal del Consejo de Seguridad el 21 de agosto apuntaló a tres favoritos: Carolyn Rodrigues-Birkett (Guyana), Rebeca Grynspan (Costa Rica) y Rafael Grossi (Argentina).

De acuerdo con el informe Las mujeres en el multilateralismo 2026, desde la creación de la ONU en 1945, ninguna mujer ha ocupado su cargo más alto y sólo ocho de las 56 candidaturas oficiales han sido de mujeres. En 2016, cuando más de la mitad de las postulaciones eran de mujeres, ninguna logró superar el cuarto lugar. Diez años después, la elección abre una nueva oportunidad para quienes creemos en una mayor presencia de mujeres en posiciones de poder.

La inclusión de las mujeres en organizaciones multilaterales es un eje central de la gobernanza global feminista, que comenzó a tomar forma en 1975 con la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer y se consolidó en 1995, con la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing. Ha habido avances: en 2025, 46% de las 62 organizaciones multilaterales estaban lideradas por una mujer y sólo una tenía menos de 25% de mujeres en su equipo directivo.

Sin embargo, la representación de las mujeres en el multilateralismo sigue siendo insuficiente, pues 21 organizaciones nunca han tenido una mujer al frente y otras 20 lo han hecho solo una vez. Además, la presencia femenina en los órganos de gobierno, donde se toman las decisiones clave, apenas alcanza 28% y, en la diplomacia internacional, sólo 23% de los representantes permanentes ante la ONU en Nueva York son mujeres, con 72 países que jamás han designado a una embajadora (GWL Voices, 2026).

Los enfoques feministas sobre la gobernanza global destacan las contribuciones de las mujeres a los procesos de paz y su papel en la seguridad y el desarrollo, así como en la garantía de los derechos humanos. Desde una perspectiva de género, un liderazgo feminista puede impulsar nuevas prioridades y enriquecer la toma de decisiones desde la pluralidad. Contar con una mujer del sur global al frente de la ONU sería un hito que permitiría cuestionar cómo se entiende y defiende la igualdad de la que la Carta de las Naciones Unidas es garante.

Como exponente de la gobernanza global, la ONU vivió avances importantes desde mediados del siglo pasado, pero los últimos años han mostrado un retroceso en el alcance de su mandato, su capacidad para resolver problemas y su legitimidad ante los Estados miembros. El organismo se enfrenta a retos como la retirada de Estados Unidos, su principal donante, la guerra en Ucrania, la crisis humanitaria en Gaza, las amenazas sistemáticas a la población iraní y la extensión de mandatos constitucionales en Centroamérica para perpetuar el autoritarismo político. Tener una mujer al frente del organismo multilateral más importante de nuestro tiempo abriría puertas que, desde hace un par de años, parecían cerrarse.

Es cierto, como advierten sus críticos, que la ONU es, a fin de cuentas, una representación de los Estados que la componen. Sin embargo, cuenta con reglas, normas y ámbitos de actuación propios. Por ello, el papel de las mujeres en la gobernanza global importa tanto por el espacio que han logrado abrir para ocupar posiciones de poder, como por el valor que añade a los procesos de formulación de políticas en organizaciones internacionales, mismo que abona a cuestionar normas y prácticas que suelen darse por sentadas. Como máxima representante administrativa y diplomática de la organización, una mujer al frente de la Secretaría General podría transformar la forma en que los Estados miembros piensan el mundo y sus coyunturas.

En el Estado de México, el registro de candidaturas es uno de los mayores desafíos operativos de cada proceso electoral. La cantidad de diputaciones locales, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías que se renuevan, así como la revisión de los expedientes de las personas propietarias y suplentes, convierten esta etapa en una de las más intensas para el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).

El número de candidaturas varía en cada elección. Depende de las fuerzas políticas que participan y de las coaliciones o candidaturas comunes que acuerdan los partidos. En 2018 se recibieron 13 mil 595 candidaturas; en 2021 fueron 13 mil 146, y en 2024 la cifra fue de 7 mil 780.

Para 2027, el número de registros podría superar las 17 mil candidaturas. La estimación considera la incorporación de dos partidos políticos nacionales y uno local, con los cuales el Estado de México contará con diez fuerzas políticas. Además, de acuerdo con la normatividad, los tres partidos de reciente registro deberán participar individualmente en su primera elección, por lo que no podrán integrar coaliciones ni candidaturas comunes.

Cada postulación implica recibir y revisar información y documentos, verificar los requisitos de elegibilidad y, en su caso, formular requerimientos. Pero la labor del IEEM no termina ahí. También debe comprobar que el conjunto de postulaciones cumpla con la paridad en sus tres dimensiones: horizontal, vertical y transversal; los bloques de competitividad; las acciones afirmativas y la distribución prevista en los convenios de coalición o candidatura común.

La reforma al Código Electoral del Estado de México, publicada el 3 de junio de 2026, amplió de quince a treinta días el periodo para el registro de candidaturas. El cambio brinda mejores condiciones para revisar la documentación, detectar inconsistencias y permitir que los partidos atiendan oportunamente los requerimientos de la autoridad.

La ampliación del plazo coincide con una transformación más profunda. Durante décadas, el registro se sustentó en la entrega física de miles de expedientes: carpetas y cajas que debían recibirse, clasificarse y distribuirse en periodos muy breves. Esa dinámica exigía coordinación entre distintas áreas del Instituto para determinar la procedencia de cada postulación.

Esa imagen quedará atrás en 2027. El 31 de agosto, el Consejo General del IEEM aprobó un nuevo Reglamento para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular, que sustituye los expedientes físicos por un procedimiento desarrollado mediante un sistema informático.

Las solicitudes de registro y la documentación de las candidaturas serán presentadas electrónicamente ante el Instituto. El cambio no consiste únicamente en trasladar documentos de una carpeta a una pantalla. Implica replantear el procedimiento para ordenar la información desde su origen, incorporar validaciones, identificar omisiones o inconsistencias y dar seguimiento a cada postulación.

El sistema concentrará elementos que antes se revisaban por separado, como los bloques de competitividad, los espacios asignados en los convenios de coalición o candidatura común, la paridad, las acciones afirmativas y los requisitos individuales de cada candidatura. Así, los partidos podrán conocer con mayor claridad el estado de sus solicitudes y el Instituto contará con información estructurada para efectuar sus revisiones.

Después de décadas de recibir miles de expedientes en papel, 2027 abrirá una nueva etapa en el registro de candidaturas en el Estado de México. El objetivo permanece: garantizar que quienes aparezcan en las boletas cumplan los requisitos constitucionales y legales y que se respete la paridad. Lo que cambia es la manera de hacerlo, mediante un modelo que ofrecerá mayor certeza, trazabilidad y transparencia.

La experiencia comparada muestra una preocupación común: reducir el riesgo de que personas vinculadas con actividades delictivas accedan a una candidatura.

El pasado 2 de junio de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto que reforma y adiciona la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) para crear la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). Se trata de un esfuerzo relevante frente a un problema poco reconocido hasta ahora: la violencia político-electoral en el país.

Esta Comisión contempla un análisis de riesgo sobre posibles actividades delictivas vinculadas con quien aspire a una candidatura, federal o local. La verificación se realiza previo al registro y sólo puede solicitarse a petición del partido político o de la candidatura independiente. No es vinculante y busca articular el trabajo de instituciones de seguridad, financieras, de inteligencia y de protección ciudadana.

Otros países cuentan con mecanismos semejantes. Colombia tiene desde 2015 la Ventanilla Única Electoral Permanente, a cargo del Ministerio del Interior. Partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos pueden solicitar la revisión de sus precandidaturas antes de avalarlas. El Ministerio canaliza consultas sobre antecedentes penales, disciplinarios, fiscales y judiciales. La Misión de Observación Electoral (MOE), además, ha planteado ampliar el catálogo de conductas para incorporar delitos sexuales y hechos de corrupción.

Perú creó ese mismo año su Ventanilla Única de Antecedentes. El Jurado Nacional de Elecciones cruza información y entrega a los partidos una ficha jurídica y patrimonial de sus precandidaturas. Como en México, la revisión no obliga a descartar una postulación.

La experiencia comparada muestra una preocupación común: reducir el riesgo de que personas vinculadas con actividades delictivas accedan a una candidatura. En México, esa preocupación adquiere especial relevancia frente a la violencia político-electoral documentada por distintos estudios. Los datos del proyecto Votar entre Balas permiten dimensionar este fenómeno y muestran cómo la competencia criminal por los territorios puede incidir en los procesos políticos locales.

Frente a esto escenario, ¿qué papel corresponde a las autoridades electorales en la defensa de la representación democrática? Su actuación debe respetar la vida interna de los partidos políticos y, al mismo tiempo, contribuir desde sus competencias a la construcción de mecanismos que se acompañen, coordinen y complementen para atender, a la vez, la seguridad de las candidaturas, la calidad de la competencia y el ejercicio de una democracia representativa.

Un ejemplo de esa colaboración es el convenio entre las secretarías General de Gobierno y de Seguridad de la entidad, la Fiscalía General de Justicia y el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), por medio del cual se pudieron brindar tres modalidades de protección para personas candidatas: auxilio inmediato al momento de solicitarlo, vigilancia domiciliaria y protección policial en el lugar en el que se encuentren. En todos los casos, la Secretaría de Seguridad, a través de la Subsecretaría de la Policía Estatal, otorga medidas de protección precautorias por 48 horas. Entre abril y junio de 2024 se recibieron 156 solicitudes de protección y se iniciaron 76 carpetas de investigación. Del total de solicitudes, 48 candidaturas resultaron electas.

Las instancias electorales, sin embargo, no pueden actuar solas. Se necesitan mecanismos coordinados entre autoridades. Hay avances, pero es necesario dotarlos de más herramientas. Insisto, la nueva Comisión es un paso en esa dirección. A quienes integramos el servicio público y a la ciudadanía nos corresponde seguir pensando en el alcance de los mecanismos que buscan fortalecer, al mismo tiempo, la seguridad, la calidad de las candidaturas y la representación democrática.