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Hay una escena que se repitió al final de cada partido decisivo del Mundial de Fútbol 2026. Mientras un equipo celebraba el pase a la siguiente ronda, el otro abandonaba la cancha con el peso de la derrota. Es una imagen tan cotidiana que pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre ella y, sin embargo, encierra una de las lecciones más profundas del deporte.

Lo verdaderamente extraordinario de un torneo no es solo que alguien gane, sino que quien pierde acepte el marcador.

Perder nunca es sencillo, y menos cuando lo que está en juego es un campeonato del mundo. Aun así, la mayoría de las selecciones estrechan la mano del rival y continúan, no porque la derrota deje de doler, sino porque existe la convicción de que compitieron bajo las mismas reglas y ante un arbitraje imparcial. Por supuesto, cuando una decisión genera dudas, la conversación deja de girar en torno al talento para concentrarse en la sospecha; entonces, el juego limpio y la confianza en la competencia comienzan a resquebrajarse.

La democracia enfrenta exactamente el mismo desafío.

Como ha explicado el politólogo Adam Przeworski (1998), una de las mayores fortalezas de un régimen democrático consiste en que quienes no obtienen la victoria acepten los resultados porque confían en el proceso. Esa aceptación no implica renunciar a las convicciones ni abandonar la crítica; significa reconocer que la contienda se desarrolló en condiciones de equidad e imparcialidad.

Esa confianza no surge por generación espontánea. El economista Douglass North (1990) refería que las instituciones son las "reglas del juego" creadas para dar orden y certidumbre a la interacción humana. Pero las reglas por sí solas no bastan: requieren de un arbitraje firme capaz de hacerlas cumplir sin importar el peso de los contendientes. La democracia no funciona cuando se le trata como una batalla donde todo se vale para ganar, sino cuando es entendida como un pacto donde el respeto al marco normativo está por encima de cualquier interés particular.

En el Estado de México, la preparación de ese terreno de juego ya está en marcha. Rumbo al Proceso Electoral 2027, la labor del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) no consiste en jugar para ningún equipo ni decidir quién triunfa, sino en garantizar una cancha pareja donde cada candidatura compita bajo las mismas condiciones y con estricto apego a la legalidad.

En tiempos de creciente polarización, la calidad de una elección no dependerá únicamente de la autoridad que arbitra, sino del compromiso ético de quienes aspiren a competir. La certidumbre democrática se construye cuando las y los actores políticos entienden que la legitimidad de un triunfo no se exige con estridencia, sino que se gana respetando las reglas de principio a fin.

Ninguna institución puede evitar la tristeza de quien no obtiene los votos, del mismo modo que ningún árbitro puede evitar la frustración del equipo eliminado. Lo que sí debe garantizarse es que el resultado sea reconocido como legítimo por todas las partes.

Quizá esa sea la lección más urgente que el deporte le regala a la política: la verdadera victoria no pertenece a quien levanta el trofeo, sino al sistema que hace posible volver a competir mañana. Cuando el arbitraje es imparcial y las reglas se honran con ética, el silbatazo final no marca un punto de quiebre ni una división; se convierte en el cimiento sobre el cual se construye la paz democrática.

BIBLIOGRAFÍA:

• North, D. C. (1990). Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. Cambridge University Press, pág 14-17. DISPONIBLE EN: https://storage.e.jimdo.com/file/d2205ed9-ae8d-468f-922b6a9503ca3fad/Douglas%20Nort%20Instituciones.pdf

• Przeworski, A. (1998). ¿Por qué los partidos políticos obedecen los resultados electorales? POSTData. Revista de Reflexión y Análisis Político, (4), pág. 27-29. Disponible en: https://revistapostdata.com.ar/index.php/postdata/en/article/view/473/447

En medio de la discusión pública que han suscitado las recientes reformas en materia electoral, pocas veces se vuelve la mirada hacia uno de los procesos más importantes —y menos visibles— para la vida democrática: el reclutamiento y la selección de las personas que integran los órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), responsables de organizar y dar seguimiento a las elecciones en los 45 distritos electorales y 125 municipios de la entidad.

Con frecuencia, el debate sobre democracia se concentra en las campañas, las candidaturas o los resultados electorales; sin embargo, la solidez de una elección comienza mucho antes de la jornada comicial. Detrás de cada proceso existe una estructura técnica y humana encargada de garantizar legalidad, imparcialidad, certeza y transparencia en cada etapa de la elección.

Por ello, la integración de estos órganos no responde a designaciones discrecionales ni a decisiones improvisadas. Por el contrario, el IEEM ha consolidado un modelo de reclutamiento sustentado en convocatorias públicas abiertas y transparentes, orientadas a privilegiar el mérito, la experiencia y las capacidades técnicas de quienes aspiran a integrar los órganos desconcentrados.

Las personas aspirantes deben acreditar distintas etapas de evaluación. Entre ellas destaca la aplicación de un examen de conocimientos, una valoración curricular que considera la trayectoria académica y laboral de las personas participantes, así como entrevistas dirigidas a identificar habilidades, competencias e idoneidad para ocupar el cargo.

El propósito es asegurar que quienes resulten designados cuenten con las capacidades necesarias para conducir tareas fundamentales antes, durante y después de la jornada electoral.

Y es que el trabajo de las vocalías no se limita a labores administrativas. De ellas depende buena parte de la organización operativa de las elecciones en cada distrito y municipio, desde el acompañamiento en la identificación de los espacios donde se instalarán las casillas, en coordinación con el INE, hasta actividades clave como los cómputos electorales y la entrega de constancias de mayoría a las personas electas.

La relevancia de estas responsabilidades exige personal altamente calificado y en constante actualización, por lo que en cada proceso electoral las vocalías son sujetas a evaluaciones de desempeño con metas específicas de acuerdo con sus atribuciones. Asimismo, reciben capacitación permanente y acompañamiento mediante herramientas tecnológicas que fortalecen su labor institucional.

Además de privilegiar el mérito y la capacidad profesional, el procedimiento de selección incorpora principios fundamentales para la vida democrática contemporánea. Entre ellos destaca la paridad de género en la integración de los órganos desconcentrados, así como la inclusión de personas jóvenes mayores de 25 años, impulsando así espacios más representativos e incluyentes.

En un contexto donde la confianza pública en las instituciones enfrenta desafíos constantes, fortalecer mecanismos abiertos, transparentes y competitivos de reclutamiento resulta fundamental para consolidar la legitimidad democrática. Como lo señala la literatura especializada “la democratización se debe materializar en que la ciudadanía sea un actor clave y activo en la toma de decisiones de los asuntos públicos” (Díaz Avellaneda, 2013). Bajo esa premisa, abrir el acceso a la función electoral mediante concursos públicos fortalece tanto la participación ciudadana como a las instituciones encargadas de garantizar elecciones confiables e íntegras.

Bibliografía.

Díaz Avellaneda, I. C. (2013). La democratización y la participación ciudadana, fundamentos para el fortalecimiento del alto gobierno en la construcción y desarrollo de políticas públicas. Administración & Desarrollo, pág. 15, disponible en:  https://revistas.esap.edu.co/index.php/admindesarro/article/view/115/pdf

La Unidad Técnica para la Administración de Personal Electoral (UTAPE) tiene como atribución formular las propuestas de reclutamiento, evaluación, selección y capacitación de las personas que ocuparán una vocalía en los órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México en el marco de los distintos procesos electorales que se desarrollan en la entidad.

Para el cumplimiento de estas funciones, la Unidad ha diseñado e implementado procesos que garantizan certeza, transparencia y trazabilidad durante las diferentes etapas de los concursos para aspirantes a las diferentes vocalías. En este contexto, en 2026 la UTAPE cumple veinte años de contar con la certificación de la norma ISO 9001, estándar internacional que establece los requisitos para implementar un Sistema de Gestión de la Calidad, asegurando la consistencia y mejora continua en los procesos, productos y servicios de las organizaciones. Durante este periodo, los procesos de:

1. Reclutamiento;
2. Evaluación;
3. Selección;
4. Capacitación; y
5. Apoyo logístico de las comisiones en las que la Unidad participa como Secretaría Técnica.

Han sido documentados conforme a los criterios que exige la norma internacional referida, lo que ha permitido su estandarización, control y permanente mejora.

A lo largo de estas dos décadas de certificación, la UTAPE —por determinación del Consejo General— ha experimentado diversas denominaciones. En ese sentido, el 6 de marzo de 2006, la entonces Dirección del Servicio Electoral Profesional obtuvo la certificación bajo la norma ISO 9001:2000. Posteriormente, el 30 de octubre de 2009, se llevó a cabo la auditoría correspondiente para la transición a la versión ISO 9001:2008.

Más adelante, el cinco de agosto de 2014 la Dirección del Servicio Electoral Profesional cambio su denominación a Unidad Técnica para la Operación y Administración de Personal Electoral en Órganos Desconcentrados (UTOAPEOD), manteniendo durante su vigencia la operación de los procedimientos certificados bajo la norma ISO 9001:2008.

A partir del catorce de agosto de 2016, se determinó el cambio de denominación de la UTOAPEOD para quedar en definitiva como UTAPE, denominación que lleva la Unidad actualmente y en cumplimiento a sus atribuciones sigue fortaleciendo sus procedimientos relativos a los concursos para ocupar los cargos en las vocalías, las cuales atienden actividades clave en los órganos desconcentrados relativas a la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales del Estado de México. Asimismo, la UTAPE da seguimiento puntual a las actividades del Sistema de Gestión de Calidad, atendiendo las auditorías de mantenimiento, recertificación y transición bajo los estándares señalados en la norma ISO 9001. En este marco, el 21 de marzo de 2018 se llevó a cabo la auditoría correspondiente para la transición a la versión vigente ISO 9001:2015.

En este vigésimo aniversario de su certificación, la UTAPE ha cumplido, de manera sistemática con las actividades inherentes al Sistema de Gestión de la Calidad requeridas por la norma ISO 9001, en sus distintas versiones ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015. En total ha atendido veintitrés auditorias: una de certificación, seis de recertificación y dieciséis de mantenimiento, mismas que han sido desahogadas por el Organismo Certificador de Sistemas de Gestión: American Trust Register, S.C. (ATR). El cual ha determinado que se cuenta con los elementos establecidos en la norma de manera satisfactoria, por lo que ha recomendado continuar manteniendo certificación.

Este aniversario adquiere una relevancia especial, toda vez que el Instituto Electoral del Estado de México cumple también treinta años organizando elecciones en la entidad. En este marco, la certificación de la UTAPE representa una muestra tangible del compromiso institucional con la calidad, la excelencia, la mejora continua y la profesionalización de la función electoral, elementos esenciales para fortalecer la confianza ciudadana y garantizar procesos electorales íntegros y transparentes.

La reforma al Poder Judicial contenida en el Decreto publicado el 15 de septiembre de 2024 representó una transformación profunda en el sistema de justicia mexicano, buscando modernizar, democratizar y fortalecer la impartición de justicia en el país. Entre sus principales modificaciones destacan la elección popular de jueces, magistrados y ministros, la reducción del número de ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por un Tribunal de Disciplina Judicial.[1]

Esta reforma entró en vigor en 2024 y tuvo como finalidad garantizar en mayor medida el acceso a una justicia expedita, imparcial y cercana a la ciudadanía. El Proceso Electoral Judicial 2025 México estableció un proceso inédito que implementó la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces, renovando totalmente el Poder Judicial en elecciones extraordinarias en junio de 2025.

En el Estado de México, derivado de las reformas a la Constitución Estatal el pasado 14 de enero de 2025, a través del Decreto 65 por el cual se reforman y adicionan disposiciones en el Código, se otorgó al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) la facultad para organizar, desarrollar, supervisar y vigilar los procesos electorales judiciales, y para esa elección, el transitorio TERCERO establece que para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial, el Instituto podrá integrar los órganos desconcentrados por medio de designación directa de vocalías y consejerías, emitiendo la normativa necesaria para su ejecución.[2]

Por ser una elección histórica en nuestro país e inédita para el IEEM, la designación directa, permitió que se integraran en tiempo y forma, los órganos desconcentrados en un periodo más corto de lo habitual, a diferencia de lo que se espera para las próximas elecciones del poder judicial, ya que se tendrá que recurrir al procedimiento que se desarrolla para los Procesos Electorales ordinarios de Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos, es decir, mediante un Concurso por medio del cual, se convocará a la ciudadanía del Estado de México a participar para ocupar una vocalía.

En este sentido, mediante las etapas de Reclutamiento, Evaluación y Selección, a las personas interesadas que realicen su registro, cumplan con los requisitos para participar en el Concurso y obtengan las mejores calificaciones podrán ser designadas por el Consejo General en las diferentes vocalías.

Mediante este procedimiento, ocuparán las vocalías las personas con el mejor perfil para realizar sus funciones en el ámbito de su competencia, dentro de la Elección que, por sus características, puede ser la más grande de la historia de México en el 2027, debido a que se llevará a cabo la elección de diputados federales, diversos gobiernos estatales. ayuntamientos y Congresos locales, así como la segunda elección judicial de cientos de cargos.

[1] https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5738985&fecha=15/09/2024#gsc.tab=0

[2] https://www.ieem.org.mx/consejo_general/cg/2025/AC_2025/a017_25.pdf

En la vida democrática moderna, el bienestar social no depende únicamente de las instituciones ni de las leyes que las sustentan, sino también de la calidad ética de quienes las integran. La democracia, entendida como un sistema vivo, necesita más que estructuras formales: requiere principios, valores y una práctica constante de la empatía y la responsabilidad moral.

En ese sentido, la ética pública —y en particular la deontología del servicio público— se presenta como un pilar esencial para fortalecer la confianza ciudadana y consolidar una gobernanza orientada al bien común.

Se puede entender a la deontología como el conjunto de deberes, principios y normas que guían la conducta profesional. En el ámbito de la función pública, esta ética del deber cobra especial relevancia, quienes ejercen cargos institucionales no solo representan a la administración, sino también los valores democráticos de legalidad, imparcialidad, honestidad y respeto a los derechos humanos. La observancia de estas normas éticas no debe verse como una carga, sino como un instrumento de fortalecimiento institucional y humano. 

En las últimas décadas, el servicio público en México ha avanzado en la construcción de marcos normativos y códigos de conducta que orientan la toma de decisiones bajo criterios de transparencia y rendición de cuentas. Estos avances reflejan un compromiso creciente con la ética institucional. No obstante, el reto actual consiste en trascender el cumplimiento formal de la norma para alcanzar una ética vivida, es decir, una práctica cotidiana en la que el servidor público actúe con empatía, congruencia y sentido de responsabilidad hacia la sociedad.

La empatía, entendida como la capacidad de comprender las necesidades del otro, es una virtud que humaniza la gestión pública. Gobernar con empatía no implica renunciar a la objetividad o a la legalidad, sino complementarlas con sensibilidad social.

La toma de decisiones empáticas considera las consecuencias humanas de las políticas públicas y fomenta la inclusión, el respeto y la equidad. Una administración empática y ética no solo mejora la eficiencia institucional, sino que fortalece el vínculo entre el Estado y la ciudadanía. 

En este marco, la gobernanza emerge como el espacio donde convergen los esfuerzos del gobierno, la sociedad civil y el sector privado para dar respuesta a los desafíos colectivos. No se trata únicamente de gobernar, sino de gobernar con y para las personas, mediante la colaboración y la corresponsabilidad. La gobernanza moderna entiende que las soluciones sostenibles requieren diálogo, coordinación y cooperación entre los tres órdenes de gobierno —federal, estatal y municipal— junto con la participación activa de las comunidades. 

El trabajo comunitario, cuando se articula con políticas públicas incluyentes y éticamente sustentadas, se convierte en un motor del desarrollo humano. En este sentido, los mecanismos de participación ciudadana —como los comités vecinales, los consejos consultivos o las asambleas locales— son expresiones concretas de la gobernanza democrática. Estas instancias no solo fortalecen el tejido social, también amplían los canales de confianza entre la ciudadanía y sus instituciones.

La democracia requiere servidores públicos comprometidos con el deber, ciudadanos vigilantes y una sociedad que reconozca el valor de la honestidad como base del bienestar colectivo. 

En conclusión, la gobernanza democrática se construye con empatía, ética y compromiso compartido. El reto no es solo administrar con eficacia, sino hacerlo con conciencia moral, coordinación institucional y participación social. Así, la deontología del servicio público se convierte en un faro que guía el ejercicio de la autoridad hacia un horizonte común: una democracia más humana, más confiable y más cercana a las personas, donde la participación ciudadana y la colaboración intergubernamental sean los cimientos del bienestar duradero.