Comunicación
Social

Parece aventurado afirmar que la violencia política contra las mujeres desaparecerá. Pese a los importantes e innegables avances, aún persisten prácticas que constituyen un reflejo de la discriminación y los estereotipos de género. Sin negar que ahora existen condiciones adecuadas para disminuirla de modo significativo, suena atrevido afirmar que se erradicará. Por desgracia, este proceso electoral pudiera ser particularmente violento.

Las agresiones continúan siendo uno de los principales obstáculos para el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. El aumento de su participación y representación política no está exento de éstas. Los ataques y embestidas hacia las mujeres, por ser mujeres, tienen como trasfondo la descalificación y cuestionamiento sistemático de sus capacidades.

Con profundas raíces, así como otras formas de violencia por razón de género, la agresión política tiene un claro objetivo: preservar las jerarquías y mantener la “minusvalía” femenina. La violencia hacia las mujeres que participan en la esfera pública busca mantenerlas en un rol subordinado. A través de esta clase de violencia se pretende garantizar la hegemonía del orden social patriarcal.

Hoy en día las acometidas no se reducen a campañas machistas o misóginas, también son visibles en renuncias manipuladas o forzadas de mujeres electas. De la calumnia, difamación y el acoso a través de los medios de comunicación, se pasa al bloqueo, la presión y obstaculización en el desempeño normal de sus tareas. Dado el avance de la paridad en la esfera pública, la violencia política contra las mujeres en razón de género se ha incrementado.

Romper esas prácticas discriminatorias es necesario; conseguir la igualdad sustantiva es factible. La implementación de acciones afirmativas revela logros y visibilizar la violencia política por razón de género ayuda a desvanecerla. Después de un proceso electoral especialmente iracundo con las mujeres hace tres años, entre 2018 y 2021 mucho ha cambiado el marco normativo. El compromiso de las autoridades se expresa en un importante número de medidas, tanto administrativas como jurisdiccionales. Los diagnósticos deberían suponer que el Proceso Electoral 2021 sería menos violento y agresivo con las mujeres que el 2018, pero nada lo garantiza.

Las reformas alusivas a la “paridad en todo” y “violencia política contra las mujeres en razón de género” consolidan una normativa específica que regula este tipo de conductas. El sistema de competencias que prevalece otorga a cada orden y órgano la facultad para sancionar conductas que constituyan cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Para brindar atención a los casos de violencia política por razón de género, se han desarrollado diversos procedimientos que toman en cuenta la urgencia de aplicar las medidas pertinentes. Mucho se ha logrado en los años recientes y se ha facilitado el acceso a los mecanismos de protección: protocolos, guías y lineamientos están a la mano. Aunque bastantes mujeres lo conocen, otras no; por ello socializarlos y hacerlos más accesibles es un buen comienzo. Capacitar e insistir en la infraestructura institucional es un complemento. Inculcar la cultura de la denuncia es indispensable; las mujeres deben perder el miedo de perseguir al agresor.

Ante la violencia política por razón de género, lo primero es romper la aceptación social de este fenómeno, fracturar y quebrar el mensaje de que la agresión a la mujer es tolerada. Abolir el sentimiento de inseguridad y desánimo, al tiempo de despertar y fortalecer la confianza en las instituciones.

Parece que el temor político al reclamo de las mujeres que exigen una vida libre de violencia no está a la par de las medidas normativas, administrativas y jurisdiccionales adoptadas. Persuadir a los posibles agresores, necesariamente pasa por hacer efectivas las normas, guías y protocolos vigentes. Solamente aplicando la ley, conseguiremos avances tangibles. La existencia de un marco jurídico que proteja, prevenga o disuada a los agresores es un gran logro, pero no es suficiente. Erradicar la violencia política en razón de género amerita una persecución inteligente que infunda temor de seguir ofendiendo.